3.   Los Sismos de Octubre de 1992 en el Atrato Medio, Colombia

Fernando Ramírez y Mauricio Bustamante

 Presentación

Este trabajo busca integrar el análisis de los procesos de gestión desplegados como respuesta a los efectos e impactos de los sismos del 17 y 18 de octubre de 1992, con las características, relaciones y procesos sociales desarrollados en las zonas afectadas y que, directa o indirectamente, inciden y determinan dicho proceso de gestión.

Se pretende recoger la experiencia obtenida en el desarrollo de dicho proceso y presentar algunas conclusiones y recomendaciones que puedan servir para mejorar la eficiencia y eficacia de la gestión de eventos similares.

Más allá de los sismos en sí y de sus efectos, interesa conocer el contexto social que determina tanto al desastre como a su gestión. En este sentido el trabajo se enmarca en un conjunto de preocupaciones que se pueden resumir de la siguiente forma:

 

 

 

la ausencia de memoria histórica e institucional sobre los procesos desarrollados para la gestión de desastres y sobre los programas y procesos de recuperación;
la ausencia, desde el punto de vista de las ciencias sociales, de un proceso de reflexión coherente, seria y permanente sobre los determinantes sociales de los desastres y, por consiguiente, sobre su ubicación dentro de un contexto económico, social, político y cultural que incide y determina las formas y maneras de actuar frente a los mismos; y,
la necesidad de generar, con base en el análisis de las experiencias propias y ajenas, políticas, instrumentos de intervención y normas que se adecúen de la mejor manera a las condiciones imperantes en nuestra sociedad.

Realizar el análisis con base en las consideraciones anteriores lleva, en el caso colombiano, a tener en cuenta algunos aspectos relevantes social y políticamente, que pueden ser resumidos de la siguiente manera:

· . Desde el punto de vista de la gestión de los desastres, en los últimos 8 años se han venido realizando esfuerzos importantes para formular una política coherente al respecto y desarrollar el "Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres" como herramienta estatal y social en este campo. Un análisis de la gestión de los desastres del Atrato Medio hace referencia necesariamente a la actuación del Sistema, sus potencialidades y debilidades frente a dicho caso concreto. En este sentido, el tratamiento de lo institucional se realizará en el marco de la acción de dicho Sistema.

· . Desde el punto de vista del sismo en sí, de sus efectos y de su gestión, este cubrió una buena parte de la zona noroccidental del país. En dicha zona confluyen una serie de realidades económicas, sociales y políticas que permiten establecer una regionalización de la zona afectada, basada tanto en el impacto del sismo como en las diferencias económicas, sociales, políticas, étnicas y culturales de las diversas zonas identificadas.

· . Desde una perspectiva global, vale la pena presentar un panorama de conjunto, de carácter sintético, sobre la situación generada por el sismo en la totalidad de la región afectada y sobre la gestión global del mismo. En este sentido deben destacarse los diversos niveles en los cuales puede desarrollarse el análisis o, para decirlo de otra manera, los diversos niveles de resolución del mismo: por una parte, es posible realizar un análisis micro de la región escogida, atendiendo particularmente a sus características especificas, o puede hacerse un análisis de un nivel de generalidad tal que, aunque proponga elementos importantes sobre el problema que se trata de resolver, no permite una aprehensión detallada del mismo. En este trabajo se ha tratado de combinar ambas aproximaciones, con la creencia de que esta manera de abordar las cosas enriquece el análisis y permite sacar una serie de conclusiones útiles para quienes están involucrados en la gestión de los desastres.

· . Una característica que más adelante se subrayará en la respuesta inmediata a los sismos del 17 y 18 de octubre, es su carácter básicamente estatal (del Sistema), siendo bastante pobre, a este nivel, la participación de las organizaciones de la llamada "sociedad civil", especialmente de los organismos no gubernamentales que existen en el país. Sin embargo, para la etapa de reconstrucción se logró una amplia participación de organismos de este corte, con una buena coordinación y trabajo conjunto con el Estado, dentro de las políticas de recuperación y reconstrucción definidas por este. El análisis de este punto parece relevante, particularmente cuando en muchos países de América Latina, buen número de ONGs son "antiestatales" y, en caso de desastres, buscan crearse sus propios espacios de acción sin coordinar con las demás ONGs y menos aun con el Estado.

· . El análisis de otros agentes o actores sociales se hace igualmente a dos niveles: En una primera aproximación, cuando se da cuenta de la caracterización de las diversas regiones afectadas y, en particular de los criterios que se tuvieron en cuenta para escoger el caso del Atrato Medio. En una segunda aproximación, a nivel de los que intervinieron o intervienen en los actuales procesos de reconstrucción.

 Elementos para una Regionalización

 Criterios Generales

Los sismos de octubre de 1992 produjeron un profundo impacto sobre el medio ambiente, la infraestructura, los medios y modos de producción y sobre una serie de centros poblados de diferentes jerarquías urbanas en los departamentos de Antioquia y Chocó. En conjunto, se presentaron daños significativos en 33 municipios del país, correspondiendo 30 al Departamento de Antioquia y 3 al Departamento del Chocó.

La amplitud del impacto de los dos sismos abarca una amplia zona del noroccidente colombiano, en la cual los efectos tanto ambientales como sobre los asentamientos fueron diferenciales, concentrados en su amplitud y en su intensidad relativa más en la zona del Atrato Medio propiamente dicha (compartida por los departamentos de Chocó y Antioquia), pero abarcando además otras zonas del departamento de Antioquia.

Esto implica que dentro de la zona de impacto es posible encontrar áreas con diferencias importantes tanto desde el punto de vista de las características ambientales y socioeconómicas como desde el punto de vista de la concentración de los efectos directos e indirectos del sismo y de las formas de gestión que se presentaron.

En este sentido se hace necesario realizar una regionalización de la zona afectada que permita comprender el impacto diferencial y las diversas condiciones que determinaron la respuesta al mismo, la cual también fue diferencial. Para ello se han tenido en cuenta los siguientes elementos:

· . Las diferentes características físicas y geográficas de la zona considerada. En este sentido encontramos al menos tres zonas bien determinadas: la primera, correspondiente a la región andina de las cordilleras central y occidental colombianas; la segunda, correspondiente al valle del río Atrato en sus partes media y baja (desde Quibdó hasta su desembocadura en el Golfo de Urabá); y, la tercera, correspondiente a la planicie de Urabá. Los criterios para esta regionalización son en principio de tipo fisiográfico y geomorfológico (Mapa 1). Sin embargo, esta diferenciación no basta. Como se señaló en el primer capítulo de este libro, los rasgos físico-geográficos y naturales de una determinada zona no son estáticos y cobran relevancia social en la medida que se han constituido históricamente en un espacio en el cual se desarrollan relaciones y procesos sociales. En este sentido, esta característica está mediada y depende del carácter de dichas relaciones.

· . Las diferentes características socioeconómicas presentes en el área afectada. Aquí aparecen tres zonas importantes y bien caracterizadas tanto económica como socialmente: (a) la correspondiente a la economía cafetera de vertiente, que cubriría los municipios de ladera de la cordillera occidental en Antioquia; (b) la correspondiente a la zona de Urabá, con su economía bananera, y (c) la correspondiente a la zona del Atrato Medio, con dos municipios en Antioquia y dos municipios en el Chocó, caracterizados por una economía básicamente extractiva y de supervivencia. Adicionalmente a lo anterior, a estas tres zonas corresponden características sociales y culturales particulares, como se verá más adelante.

· . Los impactos directos de los sismos también se presentan diferenciados: por una parte, los efectos directos más intensos se presentan en los municipios del Atrato Medio y, en menor medida, en algunos municipios del Urabá antioqueño. Por otra parte, los efectos menores se dan en los otros municipios del occidente de Antioquia.

· . Las características de la organización política y administrativa y la capacidad de gestión de los diversos niveles territoriales permiten incluir otros factores de regionalización, presentándose diferencias notables entre los departamentos de Chocó y Antioquia en esta materia.

· . Finalmente, aunque no constituyen una región en el sentido que se ha definido, el caso de las capitales de los dos departamentos (Quibdó y Medellín) ameritaría un análisis particular.

MAPA 1

(INSERTAR AQUÍ MAPA 1 APROXIMADAMENTE)

 Características Generales de las Regiones Identificadas

De acuerdo con los criterios anteriormente esbozados, en la zona de impacto de los sismos pueden identificarse claramente tres regiones principales:

· . la correspondiente al Urabá antioqueño, que incluye los municipios afectados de Apartadó, Chirogodó, Mutatá (que realmente es un municipio de transición entre el Urabá antioqueño y el Atrato Medio), Turbo, Necoclí, San Juan de Urabá y Carepa;

· . la correspondiente a la zona andina occidental del departamento, que incluye los municipios de Dabeiba, Frontino, Buruticá, Abriaqui, Cañasgordas, Giraldo, Peque, Sopetrán, Uramira, Santafé de Antioquia, Caicedo, Ebejico, San Andrés, Andes, Urrao, Betulia y Concordia;

· . la correspondiente al Atrato Medio, que incluye los municipios de Riosucio y Bojayá (Chocó) y los municipios de Murindó y Vigía del Fuerte (Antioquia).

La Región de Urabá

Desde un punto de vista físico la zona de Urabá puede asimilarse a una planicie aluvial conformada por ríos como el León y otras corrientes menores que descienden de la serranía de Abibe, Las Palomas, prolongación norte de la Cordillera Occidental.

Se caracteriza por suelos altamente productivos que actualmente son objeto de explotación intensiva para ganadería, plátano y banano para exportación (agroindustria tecnificada). La región en su mayoría corresponde jurídico-administrativamente al departamento de Antioquia.

El proceso de poblamiento relativamente intensivo de la región se inicia después de la segunda guerra mundial y el modelo de colonización desarrollado no se aparta en sus rasgos principales de los generados en otros sitios del país, aunque cuenta con características particulares que bien pueden dar cuenta de la situación de conflicto permanente de la región. Dentro de este proceso pueden distinguirse dos etapas:

La primera etapa fue típicamente campesina, compuesta por grupos provenientes de diversas zonas del país, especialmente negros chocoanos, "chilapos" cordobeses (campesinos del departamento de Córdoba, descendientes de los indígenas zenúes), antioqueños y pobladores de la costa atlántica (costeños), y que respondió a diversos factores entre los cuales vale la pena mencionar: por una parte, agotamiento de tierras cultivables aptas para el café; por otra, fenómenos sociales y políticos más generales tales como la presión ejercida por el crecimiento demográfico, lo cual implicaba la ampliación de la frontera agrícola, y la primera violencia política (época que va entre 1948 y 1964), que incitó a mucha gente de diversas regiones ya sea a emigrar a las ciudades o a buscar nuevas tierras en regiones apartadas y "tranquilas".

El principal rasgo de esta oleada colonizadora fue su heterogeneidad cultural, su carácter relativamente reciente y el hecho de que se trataba de una zona de selva húmeda tropical, en la cual, especialmente los colonos de origen antioqueño y costeño, tenían que enfrentar un medio ambiente radicalmente diferente al conocido por ellos y que no contaba con redes importantes de caminos o poblados que sustentaran su actividad.

Durante esta etapa, el problema no era la tierra. Esta existía en abundancia y no estaba ocupada por nadie, siendo como era, baldíos pertenecientes a la nación. El colono subsistía mediante la caza y la pesca en tanto tumbaba monte y abría espacio para siembras de pancoger (plátano, yuca, maíz). Su vivienda la construía con materiales naturales de la región, rica en maderas y palmas. Poco a poco se fueron creando poblados y un mínimo de intercambio entre ellos (desarrollo de mercados locales). Los problemas principales que se enfrentaban eran de tipo logístico (comunicaciones) y, después, con el crecimiento de la población en la zona, de servicios básicos.

La instalación de nuevos colonos durante esta etapa se vio favorecida por la existencia de núcleos de pobladores que organizaron redes de solidaridad para recibir a los nuevos migrantes bajo la creencia de que entre más gente llegara a la región y más se poblara esta, los terrenos adquirirían mayor valor y sería posible realizar una serie de obras básicas en común para las cuales no bastaba el esfuerzo individual o de unos pocos.

La segunda etapa, iniciada en los años sesenta tuvo un carácter muy diferente. Se inicia con la llegada a Urabá de la United Fruit Company y el desarrollo del proceso de producción y comercialización del banano en gran escala. Ya no se trataba de establecer un enclave bananero tradicional como el que hasta aproximadamente la misma época había existido en la zona de Santa Marta (departamento del Magdalena), sino más bien de promover el cultivo del banano entre los nacionales, encargándose la United Fruit de su comercialización internacional. Esta situación desató un proceso especulativo en torno a la tierra en Urabá e inició el proceso de desalojo y desplazamiento del colono inicial, campesino, de las tierras mejor situadas.

A partir de la implantación del banano la colonización campesina sería desplazada principalmente a las áreas más apartadas e inhóspitas y la tierra bananera sería desde ese momento propiedad de inversionistas urbanos, provenientes mayormente de Medellín. Correlativamente se presenta un intenso flujo de mano de obra migrante, proveniente de otras regiones del país, especialmente de Antioquia, atraída por las posibilidades de encontrar trabajo como obrero agrícola de las bananeras.

Los asentamientos humanos constituidos a través de este proceso lo hacen de una manera espontánea, en buena parte a lo largo de la carretera que une la región con Medellín, y en condiciones muy precarias. El proceso de urbanización es acelerado en el conjunto de la región y ciertos poblados, como el caso de Apartadó, que pasa de ser una cabecera corregimental con menos de 2.000 habitantes a principios de los años sesenta, a contar en pocos años con más de 50.000 habitantes (actualmente cuenta con 100.000 aproximadamente, en su casco urbano).

El proceso de asentamiento y de conformación de los núcleos urbanos, así como de desarrollo de la economía bananera y ganadera de la región se hace sin el acompañamiento del Estado. Esta ausencia del Estado en sus funciones tradicionales de inversión en infraestructura física y social, justicia, arbitramento de conflictos, seguridad, etc., lleva a dos situaciones críticas paralelas: por una parte, al desarrollo de movimientos sociales fuertes, reivindicando especialmente servicios públicos y vivienda digna, y por otra, a la agudización de los conflictos latentes y a la confrontación directa entre sectores antagónicos, sin la mediación o la intervención de alguien distinto a las partes en conflicto. Adicionalmente, y como parte del desarrollo de movimientos sociales, los trabajadores bananeros se organizan en sindicatos con muy alta capacidad de movilización y de confrontación con el patronato bananero.

La existencia del movimiento guerrillero se remonta a principios de la década de los sesenta, con presencia especialmente en las zonas de colonización más alejadas e inhóspitas, dentro del fenómeno que algunos autores colombianos han llamado la "colonización armada". Sin embargo, en un primer período su presencia era poco preocupante y, en general, no tenía mayor influencia en la zona bananera.

A partir de 1980 y del cambio de estrategia de algunas de estas organizaciones (en especial del EPL, Ejército Popular de Liberación), la acción política de la guerrilla se orienta más hacia la zona bananera y a ganar a su causa al obrero agrícola. Esto da lugar a un enfrentamiento violento y abierto entre el EPL y las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia), en el episodio denominado la "guerra sindical del Urabá", y a las profundas rencillas aún subsistentes entre ellos. La reciente masacre del barrio La Chinita de Apartadó, en que las FARC asesinaron a 35 personas, en su mayoría simpatizantes del movimiento Esperanza, Paz y Libertad, nombre que adoptó el EPL luego de su desmovilización en 1991, es una muestra de ello.

Este complejo panorama de la situación del Urabá, que combina una amplia tradición del movimiento sindical y popular en lucha por sus reivindicaciones básicas (vivienda, servicios públicos, salarios, especialmente) con los enfrentamientos entre diversas fuerzas relativamente identificadas (colonos antiguos desplazados con colonos nuevos, obreros agrícolas con el patronato bananero, movimiento guerrillero contra movimiento guerrillero, presencia de paramilitares y situación de militarización permanente de la zona por el Estado), ha hecho del Urabá una de las zonas más violentas del país.

El desarrollo económico evidente de la región, con presencia de un producto de exportación importante para el país y especialmente para el Departamento de Antioquia (aproximadamente 20.000 hectáreas sembradas, con unos 12.000 trabajadores directos y unos 20.000 indirectos, con exportaciones que representan el 80% de las exportaciones de banano del país y el 50% de las exportaciones menores del Departamento de Antioquia), ha estado acompañado de la generación de condiciones de vida precarias para los pobladores, de la generalización de la pobreza en amplios sectores, especialmente en los cuatro municipios más urbanizados de la región (Apartadó, Turbo, Chigorodó y Carepa), lo cual se convierte en el telón de fondo de la situación de crisis social y política y de los conflictos armados y violentos que allí se presentan.

El resultado de este proceso ha redundado en el desarrollo eficiente de un producto legal de exportación (a diferencia de otras zonas del país donde ha primado la coca, por ejemplo), paralelo al cual el Estado no desarrolló un proceso de acompañamiento (a partir de construcción de infraestructura y arbitramento de conflictos), hecho que ha generado diversos factores de violencia que van desde el enfrentamiento patronos-obreros hasta el enfrentamiento entre contrapoderes y parapoderes y el manejo del orden público.

En estas condiciones, los efectos de los sismos de 1992 son sólo un factor que se agrega a la situación de violencia social en la zona y constituye un problema con un peso específico menor, en comparación con todos aquellos otros enunciados en este recuento.

De acuerdo con las evaluaciones adelantadas, en los municipios de San Juan, Necoclí, San Pedro y Turbo se presentaron daños leves, en los de Apartadó, Carepa y Chigorodó se presentaron daños moderados y sólo en el municipio de Mutatá se presentaron daños severos. La región no tuvo pérdidas productivas importantes (no fueron mayormente afectadas las plantaciones de banano). Los daños, en los casos moderados y severos, se hicieron sentir básicamente sobre la vivienda y la infraestructura, incluyendo la vía que une al Urabá con Medellín.

El municipio de Mutatá (el único de la región que sufrió daños severos) es lo que se puede considerar, desde el punto de vista económico y social, como un municipio de transición entre el Urabá y el Atrato Medio, reuniendo características de las dos regiones.

La región Andina del Occidente de Antioquia

Está conformada por rocas antiguas, tanto ígneas como metamórficas y sedimentarias en relieves abruptos que corresponden a masas cordilleranas denominadas occidental y central, separadas por un valle interandino correspondiente al río Cauca.

Presenta abundantes procesos erosivos y formaciones geológicas superficiales diversas que le imprimen características particulares a las sub-regiones en que puede dividirse de acuerdo a criterios de pendiente, erosión y materiales constitutivos.

El área afectada por el fenómeno sísmico está dedicada básicamente a prácticas de explotación agropecuaria de ladera, con el minifundio como forma de propiedad predominante y poca especialización, con excepción de algunas áreas dedicadas al café y cultivo de frutales.

Las actividades agropecuarias, en particular la apertura de nuevas tierras dentro de procesos de colonización y la expansión de la frontera agrícola hacia el occidente de Antioquia y, en menor medida, la actividad minera, sobre todo la explotación del oro, conllevaron al crecimiento y consolidación de pequeños caseríos e importantes concentraciones en varios municipios de la zona andina en el occidente antioqueño. La caficultura ha sido un motor importante en este proceso.

La construcción de la carretera al mar en la década de los cuarenta y su correspondiente red de vías auxiliares se convirtió en arteria de acceso vital para Antioquia y conectó a Medellín con las zonas cafeteras y ganaderas del occidente y sudoeste antioqueño (Betulia, Concordia, Urrao) y zonas mineras, bananeras y madereras (Frontino, Cañasgordas y todo el Urabá) que apenas estaban en proceso de crecimiento.

En la región del occidente antioqueño se sintió con gran fuerza la violencia política que sacudió al país a partir de los años cincuenta, convirtiendo regiones predominantemente rurales en concentraciones urbanas de diversas jerarquías con un gran movimiento demográfico.

El resultado de estas condiciones del entorno físico, la actividad productiva, las obras de infraestructura y los conflictos sociales que se sintieron en la región andina al occidente de Antioquia permitió el desarrollo de centros poblados con diversas jerarquías urbanas: Medellín, como capital del departamento y con casi 2 millones de habitantes; municipios como Dabeiba, Frontino, Andes y Urrao como centros sub-regionales, con poblaciones urbanas entre 20.000 y 40.000 habitantes urbanos, y otras concentraciones de menor jerarquía conforman el escenario de los 18 municipios afectados de manera diferencial en la zona andina por los fenómenos sísmicos de octubre de 1992.

Desde el punto de vista de la sub-regionalización administrativa que maneja el Departamento de Antioquia, en lo que llamamos el Occidente Antioqueño se incluyen dos regiones relativamente semejantes: el occidente propiamente dicho y el sudoeste.

De los 18 municipios afectados en esta región, de los tres que limitan con el Atrato Medio dos sufrieron daños moderados (Dabeiba y Frontino), mientras que uno sufrió daños severos (Urrao). De los otros quince, todos menos uno (Cañasgordas, con daño moderado) fueron clasificados en las evaluaciones como con daños leves.

La Región del Atrato Medio

El Atrato Medio hace parte del llamado Chocó Biogeográfico, el cual incluye una área enmarcada entre el litoral Pacífico colombiano (aproximadamente 1.300 km. de costa) y las crestas de la cordillera occidental, incluyendo las serranías del Baudó y del Darién, las cuencas de los ríos Atrato y San Juan y las zonas de las cuencas altas de los ríos Sinú y San Jorge (Departamentos de Antioquia y Córdoba). Cubre un área cercana a los 71.000 Km. cuadrados (6,2% del territorio nacional), de los cuales aproximadamente las tres cuartas partes están cubiertas por bosque tropical.

Desde un punto de vista natural, el Chocó Biogeográfico se caracteriza por ser una de las regiones del mundo con mayor grado de biodiversidad y excepcionalmente rica en especies endémicas. Esto es favorecido por su ubicación en la zona de transición entre norte y sur América, por la rápida transición de zonas de vida entre ecosistemas litorales hasta formaciones subandinas y andinas y por la confluencia de diversos factores climáticos, físicos y biológicos (niveles de precipitación entre los más altos del mundo, presencia abundante de agua bajo forma de ríos, quebradas, ciénagas y pantanos, la cordillera como factor de protección y aislamiento, entre otros).

Su contexto socioeconómico general está caracterizado por la existencia de una población escasa y dispersa, actividades económicas básicamente extractivas, comunicaciones por vía fluvial y un alto porcentaje de necesidades insatisfechas.

Aproximadamente el 40% de una población cercana a los 900.000 habitantes está concentrada en cuatro centros urbanos importantes (Buenaventura, Tumaco, Quibdó e Istmina), mientras el 60% habita en pequeños poblados dispersos ubicados especialmente a lo largo de los ríos principales. Cerca del 90% de la población es negra, un 6% indígena y el resto mestiza.

Si se excluyen Buenaventura y Quibdó, la actividad económica general se caracteriza principalmente por su naturaleza extractiva (minería, maderas, pesca) y de agricultura de subsistencia. La explotación minera y forestal que orientó el poblamiento de la región desde la época de la conquista fue realizada artesanalmente, por poblaciones de origen negro principalmente, en el marco de una economía mixta que respondía a los ciclos de la oferta natural (pesca en época de subienda, agricultura de subsistencia en las vegas de los ríos en períodos secos, tala de árboles, caza y "mazamorreo de oro").

La población negra, libertos descendientes de esclavos negros huidos y refugiados en la selva (cimarrones), provenientes generalmente del Cauca o de Antioquia y en parte de la costa atlántica, fueron poblando poco a poco la región en los últimos tres siglos, siguiendo los cursos de los ríos y los yacimientos auríferos y desplazando a las comunidades indígenas originales a zonas más aisladas, especialmente hacia las cabeceras de los ríos principales y de sus afluentes.

La dependencia de un medio natural selvático, común a la mayoría de grupos asentados en el Pacífico, como hábitat, como fuente única de recursos y abastecimiento y como eje de la organización social, produjo una cultura estrechamente ligada al bosque y a la explotación minera artesanal, a la vez que generó un fuerte sentimiento de pertenencia a sus territorios. El conjunto de estos factores se han visto reforzados por el aislamiento de la zona en su conjunto (ausencia de vías de comunicación tipo carreteras, comunicación básicamente fluvial) y por el poco interés que hasta hace poco tiempo se manifestó por la región tanto desde el punto de vista de la población "andina" en general como del Estado.

Las condiciones de vida, medidas en términos convencionales, son probablemente las peores del país. Teniendo en cuenta los indicadores de pobreza (vivienda, servicios básicos de energía, agua potable y disposición de excretas, niveles de educación e ingresos) que maneja el DANE (Departamento Nacional de Estadística), el 80% de la población tiene sus necesidades básicas insatisfechas (carencias en uno o dos de los indicadores) y el 60% está en la pobreza absoluta (carencias en tres o más de los indicadores). Cerca del 37% de la población es analfabeta, una de las tasas más altas del país.

Aunque desde hace muchos años se ha venido hablando esporádicamente de grandes proyectos en el Chocó (el canal interoceánico Atrato-Truandó, por ejemplo), sólo hasta épocas recientes ha cobrado realmente una gran importancia: por una parte, como ventana a la cuenca del Pacífico y la posibilidad de montar toda una infraestructura para el comercio internacional (puerto alterno a Buenaventura y vías de comunicación entre el interior, especialmente Antioquia y el Viejo Caldas, y el nuevo puerto), y por otra, desde el punto de vista ambiental, dado su alto grado de biodiversidad prácticamente inexplorada y la importancia que ha nivel mundial tanto política como económicamente ha tomado el tema.

Esta importancia creciente de la región se ha expresado, particularmente, en la formulación y desarrollo de planes específicos para ella, dentro de los cuales se destacan dos: Plaidecop (Plan Integral de Desarrollo de la Costa Pacifica), diseñado en la primera mitad de la década de los ochenta y que trabajó especialmente en la costa pacífica desde Nariño hasta el Chocó, y el Plan Pacífico, actualmente en ejecución, que incluye programas y proyectos de mejoramiento de las condiciones de vida de la población, programas macro de desarrollo de infraestructura y producción, y programas relacionados con la protección ambiental y la explotación productiva de la biodiversidad.

A pesar de esto, la presencia del Estado ha sido sumamente débil. El departamento del Chocó, que cubre un poco más de la mitad del Chocó Biogeográfico y al cual pertenecen tres de los municipios afectados por el sismo (Riosucio, Bojayá y Quibdó), es no sólo el departamento más pobre del país, mirado desde el punto de vista de indicadores de pobreza, sino el de más bajo nivel de gestión institucional local y regional y con poca presencia del Estado Central.

En lo que corresponde a otras zonas del Pacífico, incluyendo Buenaventura, pese a que este municipio constituye un caso especial por ser el principal puerto del país, han estado tan o más abandonadas por el Estado, tanto en su expresión regional (departamental), e incluso local, como nacional.

En estas condiciones generales se enmarca la zona específica del Atrato Medio. La planicie del Atrato se extiende desde el sur de Quibdó hasta el Golfo de Urabá, alcanzando más de 80 km. de ancho en algunos lugares.

Se caracteriza por un relieve plano, bajo y pantanoso. Incluye dos zonas importantes, una de pantanos permanentes o aluviones bajos con escasa cobertura vegetal y que por su susceptibilidad a las inundaciones periódicas es poco explotada, y otra de aluviones ligeramente levantados que forman gran parte de las orillas de los ríos actuales, las cuales facilitan el drenaje y, por lo tanto, la ubicación de asentamientos humanos y prácticas agrícolas estacionales.

Posee una cobertura predominante y característica de bosques húmedos tropicales. Como procesos naturales se aprecian la dinámica fluvial con socavación de orillas localizada, depósito de sedimentos finos así como inundaciones periódicas lentas de las tierras bajas.

La explotación económica es básicamente de tipo extractivo: maderas finas y duras que comercializan los campesinos a grandes empresas madereras concesionarias de terrenos con autorización del Estado, así como algunas prácticas agrícolas en las orillas altas, principalmente de plátano, maíz, arroz y yuca, destinadas al autoconsumo, con muy pocos excedentes comercializables, con excepción del arroz y del plátano. La pesca artesanal y, en el caso de los indígenas, la caza, se constituyen en actividades de subsistencia.

En la actualidad algunas zonas de esta región están siendo afectadas por procesos de colonización reciente con generación de conflictos interétnicos: chilapos, negros chocoanos, indios e inmigrantes paisas (colonos tradicionales antioqueños), generando una trama compleja de relaciones sociales y factores de violencia interna que no repercuten en el concierto nacional.

Los ríos Sucio y Jiguamiandó constituyen un frente de penetración de colonos paisas, el río Atrato, aguas arriba, el frente de penetración de chilapos, y el río Atrato, aguas abajo desde Quibdó, el frente de entrada de los negros chocoanos, frente de entrada ancestral, desde hace más de 200 años, a diferencia de los otros dos.

Los indígenas, pobladores tradicionales de la zona, están siendo desplazados progresivamente hacia la cabecera de los ríos de montaña, afluentes del Atrato, a pesar de la existencia legal de algunos resguardos que les permiten la propiedad colectiva sobre la tierra.

De los cuatro municipios que componen la región del Atrato Medio, tres (Murindó, en el departamento de Antioquia, destruido completamente en su caso urbano, y Riosucio y Bojayá, en el departamento del Chocó) sufrieron daños severos y uno (Vigía del Fuerte, en Antioquia) daños moderados.

Es la región donde el impacto ambiental fue más notorio y en donde las condiciones de vida de sectores de la población, por ejemplo, las comunidades indígenas, fueron notoriamente afectadas tanto por los efectos directos de los sismos sobre su vivienda e infraestructura como por el impacto ambiental en la posibilidad de vivir en sus acostumbrados territorios y de sus actividades productivas tradicionales.

 Impacto General de los Sismos

Los sismos del 17 y 18 de octubre de 1992 con intensidades de 6,6 y 7,2 grados en la escala de Richter, respectivamente, (Mapa 2) afectaron a una amplia zona del noroccidente colombiano y fueron sentidos, especialmente el segundo, en casi todo el país. Este último fue seguido por una serie de réplicas algunas de las cuales alcanzaron magnitudes superiores a 5.0.

Mapa 2

(INSERTAR AQUÍ MAPA 2 APROXIMADAMENTE)

La zona del Atrato Medio, donde ocurrieron y tuvieron su epicentro, está clasificada como de alto riesgo sísmico, aunque todas las fuentes técnicas coinciden en afirmar que es una de las regiones sismotectónicas menos comprendida del globo debido a su complejidad geológica, a las grandes dificultades de acceso y a lo incipiente de los programas de evaluación técnica y científica de este tipo de fenómenos en el país.

Aunque el país ha venido desarrollando instrumentos para el monitoreo de la amenaza sísmica (el Instituto Geofísico de los Andes cuenta con varias décadas de funcionamiento, el Observatorio Sismológico del Suroccidente (OSSO) opera desde mediados de la década de los ochenta en el montaje y desarrollo de una red regional para el suroccidente), sólo en años recientes se ha venido manifestando una clara voluntad política de dotarlo con los instrumentos necesarios en este campo (Proyecto de una Red Sismológica Nacional, actualmente en proceso de montaje), en el marco del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres.

Adicionalmente, el conocimiento y el análisis histórico de desastres sísmicos en la zona es prácticamente inexistente. Aunque se cuenta hasta 1972 (Ramírez 1975) con el registro de 13 eventos que pueden asociarse a actividad sísmica en la zona, siendo probablemente los más importantes el del 8 de marzo de 1883 y el de diciembre de 1903, la documentación histórica es bastante pobre y, en general, no se ha desarrollado investigación al respecto.

Sondeos parciales realizados con pobladores y autoridades de los tres municipios del departamento del Chocó afectados (Quibdó, Riosucio y Bojayá) permiten pensar que en la memoria colectiva no existen rastros de eventos de similares características e intensidad como los presentados en octubre de 1992. La ausencia de estudio y conocimiento tanto sobre las características sísmicas de la zona como sobre los sismos históricos ocurridos en ella y sobre el comportamiento de la población al respecto, es un primer elemento que muestra la vulnerabilidad de la zona afectada a este tipo de eventos.

En términos generales puede hablarse entonces, a nivel de los pobladores y de las autoridades locales, regionales e incluso nacionales, de un desconocimiento relativo de la amenaza y, por consiguiente, de la sorpresa que generaron los eventos y de la ausencia de experiencia local de las comunidades afectadas al respecto de su gestión.

Un desastre afecta en general las condiciones normales de existencia de una comunidad o sociedad pero el impacto de un evento y los daños por él causados pueden mirarse desde diferentes ópticas. Lo más evidente tiene que ver con sus impactos directos e inmediatos, en términos de muertos, heridos y pérdidas materiales en lo que se refiere a edificaciones e infraestructura física y medios y condiciones de producción y con lo que estas pérdidas implican desde el punto de vista de la vida "normal" de las comunidades. En este sentido, el acceso a una serie de bienes (alimentación y vivienda, por ejemplo) y servicios básicos (agua, energía, salud, educación, etc.), son elementos contemplados en la mayor parte de evaluaciones de daños que se realizan.

El tipo general de evaluaciones que se realizan tiende a ser puntual y a realizarse a escala de cada uno de los asentamientos (poblados, aldeas, pueblos y ciudades). La inclusión de una evaluación de los efectos del evento sobre el medio natural (efectos ambientales) amplía el espacio de análisis y, por consiguiente la dimensión en que debe realizase la evaluación. Incluye ya un factor territorial adicional que permite empezar a plantearse el problema del impacto sobre una o varias regiones. Las evaluaciones realizadas por el Sistema Nacional en el caso de los sismos del Atrato Medio llegan hasta este nivel del análisis.

Aunque implícitamente contemplado en algunos casos (indígenas, por ejemplo), el impacto de los sismos sobre las condiciones más generales de vida (relaciones sociales) y sobre los procesos sociales en marcha en las distintas regiones no ha sido considerado aún como elemento importante de la evaluación de los daños o del análisis de los impactos.

Efectos sobre el Ambiente

El efecto de los sismos sobre el medio natural fue notorio, tanto en términos de eventos de orden secundario generados por ellos (deslizamientos, taponamientos de ríos, avalanchas e inundaciones) como en términos de afectación de un territorio propio de diversas comunidades y de su relativa inutilización para el mantenimiento y reproducción de las mismas. Vale la pena destacar aquí los efectos del sismo sobre los bosques. Dichos efectos, que en este tipo de eventos siempre han aparecido como poco típicos, se presentan en este caso como altamente significativos.

Tradicionalmente se han correlacionado los sismos más con pérdida de infraestructura urbana y vivienda, elementos medibles económicamente que con las pérdidas ambientales que ellos pueden generar y con el impacto de la afectación ambiental sobre las condiciones de vida de determinado tipo de comunidades. En el caso que nos ocupa, un impacto importante sobre la región del Atrato Medio y de la vertiente occidental de la Cordillera Occidental ha sido el que se dio en zonas de bosque natural.

Aunque dicho tipo de efectos han sido relativamente poco estudiados, se han presentado también en otros casos como Limón y Alto Mayo y la frontera colombo-panameña, en zonas de alta biodiversidad y en la que en general habitan comunidades indígenas. El arrasamiento de amplias zonas de bosque natural y la evaluación de dicho impacto cobran, al menos en estas zonas, una gran importancia.

Aunque los daños ocasionados en el medio natural son de difícil evaluación, entre otras razones por falta de información y conocimiento sobre muchas de las zonas afectadas, una visión general de dichos impactos se presenta a continuación.

Sobre las cuencas hidrográficas de los ríos Coredó y Murindó (parte alta), Jiguamiandó (alto), Amparradó y Sucio (parte media), se presentaron deslizamientos superficiales que cubren entre el 5% y el 40% del área. Puntualmente se observan áreas con una afectación mayor del 80% (Mapas 3 y 4). Desde el río Arquía al suroccidente de Antioquia hasta Chigorodó en el Urabá antioqueño, sobre el flanco occidental de la Cordillera Occidental y la Serranía de Abibe, se presentaron deslizamientos puntuales mayores y deslizamientos pequeños aislados o concentrados sobre colinas abruptas de bajo relieve (Mapa 5).

Mapa 3

 

Mapa 4

Mapa 5

 

(INSERTAR AQUÍ MAPAS 3, 4 Y 5 APROXIMADAMENTE)

Los efectos de los deslizamientos inducidos por los sismos son: destrucción de cobertura boscosa en una zona de gran diversidad biológica, destrucción y arrasamiento del suelo agrícola, aporte masivo de sedimentos a los drenajes con problemas colaterales para su aprovechamiento para abastos y transporte fluvial, represamientos temporales, cambios en el régimen hidrológico y obstrucción de drenajes con troncos y empalizadas en los ríos navegables con grave obstáculo para la navegación fluvial: río Murindó, río Sucio, río Jiguamiandó y río Atrato, como drenajes mayores (Mapa 6).

Mapa 6

(INSERTAR AQUÍ MAPA 6 APROXIMADAMENTE)

Además de estos problemas de transporte fluvial, en las partes altas y medias de las diversas cuencas se vieron afectadas en sus medios de subsistencia (caza y pesca) múltiples comunidades, especialmente indígenas, las cuales tuvieron que emigrar de su territorio y localizarse al menos provisionalmente en otras zonas.

Además de la destrucción por movimientos de masa de la cobertura vegetal y del suelo de soporte en las áreas boscosas de Antioquia y Chocó, los suelos limosos recientes (no consolidados y saturados) ubicados en las márgenes de los ríos principalmente el Atrato, Murindó y Sucio y otros suelos de planicies en el Urabá antioqueño sufrieron procesos de licuación debido a la vibración sísmica.

Este fenómeno se ha identificado desde el río Arquía y su confluencia con el Atrato en el sur, población de Vegaéz, hasta Currulao y Turbo en el Golfo de Urabá (Mapa 7). En las márgenes de los ríos, las zonas afectadas por licuación de suelos, marcada por grietas abiertas y eventualmente escalonadas, varían en fajas paralelas a los cauces desde pocos metros al sur y norte del epicentro (caserío Opogadó) hasta un centenar de metros en Murindó.

Mapa 7

(INSERTAR AQUÍ MAPA 7 APROXIMADAMENTE)

El efecto principal de la licuación, marcado por el agrietamiento, es la generación de asentamientos diferenciales y pérdida de la capacidad de soporte del suelo: esto se refleja en basculamientos y eventual colapso de estructuras con confinamiento y refuerzo deficiente. Otro efecto colateral de la licuación es la socavación y erosión de orillas agrietadas en los ríos.

Los suelos blandos en zonas de ciénagas sufrieron procesos de deformación por la vibración, que también afectaron estructuras que soportaban. Este caso se hizo evidente en Quibdó y en las cabeceras urbanas de Bojayá y Riosucio, donde una serie de viviendas sufrieron asentamientos grandes y desplazamientos en suelos pantanosos.

Adicionalmente, se presentaron dos fenómenos relacionados con los sismos o provocados por ellos (Mapa 8). El primero fue la erupción de un volcán de lodo en la vereda Cacahual del municipio de Turbo. La emisión súbita de lodo y gases por efecto de la liberación de presiones ocasionada por el sismo y la explosión de los gases afectaron a unos potreros e incineraron cinco casas de madera y techo de palma ubicadas a pocas decenas de metros de la boca del volcán. Algunos pobladores fueron sepultados por el lodo y otros fueron quemados gravemente con la explosión subsiguiente. El segundo fue la emergencia de una isla, a unos cien metros de la costa, frente al corregimiento de Damaquiel, en San Juan de Urabá.

Mapa 8

(INSERTAR AQUÍ MAPA 8 APROXIMADAMENTE)

 Efectos sobre Asentamientos Humanos

Los sismos de octubre de 1992 produjeron daños y destrozos sobre una serie de asentamientos humanos de diverso orden y tamaño: desde la segunda ciudad del país, Medellín, en la cual fue particularmente afectada la infraestructura educativa de la ciudad, hasta pequeños corregimientos y caseríos rurales ubicados a lo largo de los ríos del Chocó, en el Atrato Medio.

Estos efectos fueron principalmente sobre las viviendas y otro tipo de construcciones (escuelas, puestos de salud, edificaciones institucionales) y sobre aspectos importantes de la infraestructura de servicios y de transporte (taponamiento de ríos y daños en algunas de las carreteras de comunicación entre Medellín y el Urabá antioqueño). A continuación se presenta una síntesis de dicha afectación y de los costos aproximados calculados para su recuperación.

Para efectos de valorar los niveles de afectación de una manera cualitativa se ha propuesto una escala que define tres niveles de afectación por municipios:

· afectación leve, que corresponde a municipios que sólo fueron afectados en pocas construcciones aisladas, sin daño apreciable en su conjunto;

· afectación moderada o media, que a corresponde municipios que fueron afectados en su infraestructura o donde se deterioraron construcciones que limitan el funcionamiento normal de los centros poblados; y,

· . afectación grave, que corresponde a municipios que se vieron severamente afectados en viviendas, construcciones e infraestructura y cuyo funcionamiento normal, por esta causa, se vio gravemente modificado y comprometido.

Daños en Medellín

Medellín fue afectada de manera leve a moderada por los sismos. Estos produjeron deterioro en 243 inmuebles privados (establecimientos comerciales, iglesias, teatros y residencias) de los cuales 25 tuvieron daños severos; adicionalmente fueron afectados 20 edificios públicos y cerca del 64% (247) de las escuelas existentes en la ciudad.

En lo que corresponde a las edificaciones públicas afectadas, su costo de reparación ha sido calculado en aproximadamente 587 millones de pesos. En lo que se refiere a las escuelas, el costo de reparación alcanzaría a 1.368 millones de pesos y el refuerzo del resto de escuelas de la ciudad ante futuros eventos se ha calculado en 3.843 millones de pesos. Ello significaría una inversión de 1.995 millones de pesos (aproximadamente 2,45 millones de dólares) en reparaciones y de 3.843 millones de pesos (4,8 millones de dólares) en refuerzo preventivo de edificaciones escolares.

En términos de pérdidas, la evaluación presentada por Juan Diego Jaramillo de la EAFIT de Medellín, incluyendo información de compañías aseguradoras, arroja pérdidas del orden de 11.000 millones de pesos en Medellín, aproximadamente 13.7 millones de dólares.

Daños en Quibdó

Quibdó fue afectada de manera relativamente leve por los sismos. La evaluación realizada da cuenta de cinco colegios y trece escuelas urbanas y de cuatro escuelas rurales afectadas, cuyos costos de reparación alcanzan los 166 millones de pesos (un poco más de 200.000 dólares). Sin embargo, debe considerarse que no se cuenta con información detallada sobre otras edificaciones afectadas aunque se conoce del deterioro de varios edificios y de la presencia de grietas en varias viviendas y otras construcciones deterioradas por el asentamiento y deformación de suelos blandos.

Daños en el Resto de Antioquia

En la región de Urabá, de los ocho municipios afectados, uno lo fue en forma severa (Mutatá), tres en forma moderada (Apartadó, Carepa y Chigorodó) y cuatro en forma leve (San Juan, Necoclí, San Pedro y Turbo). El total de viviendas afectadas en la región fue de 1.515 y su costo de reparación y/o reconstrucción alcanza a 1.731 millones de pesos.

En la región del Atrato Medio (parte antioqueña), de dos municipios uno fue afectado de manera severa, Murindó, cuyo casco urbano fue totalmente destruido) y otro, Vigía del Fuerte, de manera moderada. Fueron afectadas 749 viviendas en total y su costo de reparación y/o reconstrucción llega a 857 millones de pesos.

En la región occidental, de 18 municipios afectados sólo uno (Urrao) lo fue de manera severa, cuatro (Caicedo, Dabeiba, Frontino y Cañasgordas) de manera moderada y, el resto, de manera leve. El total de viviendas afectadas fue de 1.677 y el costo de reparación y/reconstrucción fue calculado en 1.748 millones de pesos.

Adicionalmente, en el conjunto de las tres regiones fueron destruidos 104 edificios y averiados 67 entre establecimientos educativos, centros de salud, iglesias, salones y casetas comunitarias. El valor de la reconstrucción y reparación del equipamiento comunitario afectado es 1.698 millones de pesos.

El costo total de la reconstrucción y reparación de las edificaciones y viviendas destruidas en el departamento, excepto Medellín, es 6.034 millones de pesos, aproximadamente 7,5 millones de dólares.

Daños en el Resto del Chocó

Los municipios de Bojayá y Riosucio fueron severamente afectados por el desastre sísmico. La evaluación consolidada para sus cabeceras municipales, sus corregimientos y sus áreas rurales indican que fueron destruidas 1.801 viviendas (de las cuales 128 corresponden a cascos urbanos, 1.618 a corregimientos y zonas rurales y 55 a comunidades indígenas), calculándose el costo de reconstrucción de las mismas en aproximadamente 2.760 millones de pesos. (Mapa 9)

El costo de reconstrucción de establecimientos educativos, centros de salud y otros servicios comunitarios afectados se calcula en 742 millones de pesos.

Es así como el total estimado para la reconstrucciónen los dos municipios es de 3.502 millones de pesos (aproximadamente 4,3 millones de dólares).

Mapa 9

(INSERTAR AQUÍ MAPA 9 APROXIMADAMENTE)

Efectos sobre las Vías de Transporte

Las vías de transporte afectadas por los sismos son básicamente de dos tipos: fluviales y terrestres.

En el caso de las vías fluviales el arrastre de sedimentos y las arboledas destruidas por los movimientos de masa generó problemas de taponamiento y cierre de caños y la obstrucción de la navegación por empalizadas en quebradas y ríos.

El caso más grave se presentó en la jurisdicción de Murindó, Antioquia, donde una empalizada de unos 2 Km. de longitud obstruyó, en el sitio Bocas de Murindó, el acceso fluvial desde el río Atrato hasta la cabecera urbana.

El río Murindó es la única vía de comunicación con la cabecera municipal y su taponamiento generó graves dificultades de abastecimiento y comunicación con la población. Con la maquinaria disponible en la zona (malacones, palas, grúas, motosierras) se calculó en varios meses el restablecimiento de la navegación, siendo necesario además un trabajo de mantenimiento a más largo plazo para evitar la repetición del problema.

Los daños presentados en las vías regionales se concentraron en el departamento de Antioquia y se debieron especialmente a derrumbes, fallas en terraplenes, hundimientos de la banca y agrietamientos que requieren reparación. Tres puentes presentaron algunas averías estructurales que ponen en peligro la estabilidad de los mismos. El costo de la recuperación se ha estimado en unos 200 millones de pesos. La red vial nacional presentó fallas de diversa índole en los tramos Chigorodó-Mutatá, Mutatá-Dabeiba, Mutatá-Pavarondocito y Mutatá-Chocó, cuyos costos de recuperación fueron estimados en 670 millones de pesos.

Entre vías departamentales y nacionales, los costos de recuperación alcanzan los 870 millones de pesos (un poco más de un millón de dólares).

Otros Aspectos del Impacto

Aunque las pérdidas ambientales y buena parte de los costos sociales (producción, empleo, migración, abandono de la territorialidad e, incluso, a partir del sismo, introducción de nuevas relaciones de los indígenas, por ejemplo, con el medio y con el entorno social) no han sido y algunos no son cuantificables en términos económicos, los costos calculados de la recuperación, producto de las evaluaciones de daños realizadas entre octubre y diciembre de 1992 dan cuenta del impacto del sismo. Estos costos sumados ascienden a 12.567 millones de pesos (aproximadamente 15.7 millones de dólares).

Aunque estas cifras son parciales, de todas maneras permiten señalar que el costo económico, por importante y alto que sea, no siempre da cuenta de los efectos de un desastre. En las cifras anteriores, Medellín y el occidente antioqueño representan un porcentaje relativamente alto del costo. Sin embargo, con la excepción de Urrao y otros tres o cuatro municipios, el sismo sólo los afectó levemente, no interrumpió de manera permanente y duradera sus condiciones normales de vida y no afectó las modalidades y condiciones mismas de producción y reproducción de las comunidades.

Igualmente ocurre si comparamos, por ejemplo, el número de viviendas destruidas. En Urabá este número es similar, grosso modo, al del Atrato Medio. Sin embargo, el impacto social es probablemente mayor, por las condiciones y características de las regiones ya expuestas más arriba, en el Atrato Medio. La destrucción del casco urbano de Murindó, con sus cien casas y su pequeña infraestructura institucional y comunitaria es, dadas las condiciones de la región, más "desastrosa" que la destrucción de 100 casas en Apartadó.

Otro elemento que puede sacarse de los resultados de la evaluación de daños y que tiene que ver con la vulnerabilidad global frente a los desastres, es la manera relativamente rápida como se realiza dicha evaluación en Antioquia (por razones de capacidad institucional y de relativamente fácil comunicación) y la manera lenta (difícil acceso a ciertas regiones, por ejemplo, lo cual meses más tarde, en la formulación de proyectos de recuperación va a aumentar el número de comunidades rurales afectadas) e incompleta (caso de Quibdó) en que se realiza en el Chocó.

Pero además, esto tiene que ver con la "voluntad política" de hacer las cosas local y regionalmente y con la actitud asumida en ciertos momentos por la población y las autoridades locales.

Este último punto nos remite a otra característica del proceso de evaluación de daños: el papel principal jugado por los organismos regionales (comités regionales y entidades regionales) y nacionales del Sistema. Se contó de una manera rápida con una evaluación global de daños (la primera a finales del mismo mes de octubre) gracias a la movilización de recursos humanos y financieros de estos niveles.

Con excepción de Medellín y tal vez de algunos municipios de Antioquia, el operativo de evaluación de efectos y daños correspondió básicamente a los niveles regionales y nacionales. La incapacidad y ausencia de recursos locales para ello fue notoria.

 La Gestión de los Desastres

Independientemente de las particularidades de cada una de las regiones afectadas y de los impactos diferenciales causados por el evento, los procesos de gestión de los desastres obedecen a las condiciones, herramientas y políticas con que cuenta un país para hacer frente a dichas situaciones.

Es cierto que la población afectada es no sólo la primera en sufrir los efectos sino la primera que tiene que responder, de manera espontánea o de manera organizada según los casos, a un desastre. Pero, en general también es cierto que toda población que sufre una calamidad necesita y espera, en un tiempo muy corto, el apoyo venido de "afuera", para poder superar y manejar la situación.

Este "afuera" pueden ser muchas cosas: desde los niveles más locales de la estructura estatal (las municipalidades, por ejemplo) hasta el gobierno nacional, pasando por las ONGs o por la ayuda internacional. Y para cada nivel, este "afuera" es distinto.

Hablar de un análisis global en este contexto implica valorar la actuación de los diversos actores que tienen que ver con la gestión de desastres en su actuación frente al evento, así como el comportamiento de diversas fuerzas sociales que de una u otra manera tuvieron que ver con él.

Por otra parte, habiendo diferenciado las diversas regiones afectadas por el sismo, cada una de las cuales tuvo su propio desastre y su propia manera de resolverlo, se escogió la del Atrato Medio como caso de análisis particular, a partir de la consideración de los siguientes aspectos:

· . el carácter marginal y/o periférico de la zona afectada. Por diferencia con Urabá, el Occidente de Antioquia y las capitales, que fueron las otras zonas afectadas por los sismos del 17 y del 18 de octubre de 1992, la región del Atrato Medio presenta, casi se podría decir que de una manera exagerada, las condiciones de marginalidad y de distanciamiento de los centros regionales y/o nacionales de poder económico, político y social, que la hacen destacarse frente a las otras en este sentido. Esto no quiere decir que no presente una importancia para el país, importancia que veremos más adelante, y que se estén apenas iniciando procesos conducentes a su integración más directa. Sin embargo, es relativamente claro su carácter marginal, como región.

· . el impacto de los sismos no produjo gran número de muertos o heridos y las pérdidas materiales, aunque importantes, por las mismas condiciones de vida y desarrollo de la región no pueden compararse con las causadas por otros eventos más grandes e, incluso, con las causadas en términos económicos en Medellín, por ejemplo. Esto hace pensar que el caso puede ser ubicado dentro de lo que se ha llamado "desastre típico", que afecta al país y a América Latina todos los años y que por no recibir la atención y propaganda de los "grandes desastres" no son menos significativos en términos de la acumulación de vulnerabilidades en nuestro medio.

· . la región escogida comparte con los otros dos casos analizados el de estar ubicada en una zona ambiental de bosque húmedo tropical, contar con una baja densidad demográfica y prácticamente sin concentraciones urbanas importantes (ninguno de los poblados de mayor tamaño, especialmente las cabeceras de los cuatro municipios de la región supera los 3.500 habitantes) y, por consiguiente, con una gran dispersión de la población en zonas rurales alejadas y de difícil acceso.

· . la complejidad de rasgos y procesos sociales presentes en la región, desde las características de las comunidades negras e indígenas y sus relaciones hasta el análisis de los diversos tipos de procesos migratorios y de colonización, el grado alcanzado por ellos y la presencia de grupos armados, permiten visualizar una trama de relaciones y actitudes que en diversa forma y de varias maneras va a influir en el desarrollo de la gestión del desastre.

· . el hecho de que la región, desde un punto de vista político-administrativo corresponda a dos jurisdicciones distintas, que están en polos opuestos de una escala de capacidad de gestión, fortaleza y recursos (Antioquia, el departamento probablemente más fuerte del país, Chocó, el más débil), permite ver, sobre un mismo escenario, la actuación compleja y diferente de un mismo Estado y de un mismo Sistema Nacional.

· . se quiere destacar, a partir de esos elementos y para tres momentos del proceso de gestión que consideramos centrales (la evaluación de daños, la atención de la emergencia y el proceso de reconstrucción y recuperación), los criterios, políticas y acciones de participación institucional (pública y privada), sus impactos y consecuencias, incluyendo esferas no relacionadas directamente con la zona, así como la participación de las comunidades afectadas (cuando la hubo), o al menos, algunas impresiones dejadas en dichas comunidades por la acción de los otros actores.

Por estas razones, el análisis que a continuación se presenta de las fases de impacto y recuperación desarrolladas con ocasión de los sismos de octubre de 1992 incluye, para cada fase, un análisis global de lo desarrollado y un análisis específico del caso del Atrato Medio y va precedido de una caracterización más específica de dicha región.

Las Condiciones Existentes en la Región del Atrato Medio

En el apartado anterior se ha hecho una primera aproximación a la caracterización de la región del Atrato Medio. A continuación se complementa esta caracterización con algunos rasgos más específicos de la región.

Compuesta por cuatro municipios, dos en Antioquia (Vigía del Fuerte y Murindó) y dos en el Chocó (Bojayá y Riosucio), la región tiene una extensión de un poco más de 17.000 km2. De acuerdo con los datos del Censo de octubre de 1993, su población tiene un total de 44.179 habitantes, de los cuales apenas un 16.9% viven en las cuatro cabeceras municipales y el resto en pequeños poblados, generalmente a orillas de los ríos principales o de manera dispersa.

Proceso de Poblamiento y Tipo de Asentamientos

El proceso de colonización y, por consiguiente, de poblamiento negro se inició en forma continua hacia la década de 1920, siguiendo el río Atrato hacia el norte de Quibdó y estableciéndose a orillas de dicho río o de sus afluentes. Esta corriente colonizadora provenía de los municipios del sur de Quibdó abriendo platanares en las riberas de los ríos Atrato, Murrí, Arquía, Murindó, Bojayá, Bete, Tagachí, Bugadó, Napipí y Opagadó.

Aunque en forma directa este proceso no fue violento y los niveles de conflictividad fueron relativamente bajos ante la disponibilidad de tierras ocupables, contribuyó al desplazamiento de las comunidades indígenas, en algunas zonas, hacia las partes altas de las cuencas tributarias del Atrato.

Una primera fase del proceso se caracteriza por el hábitat disperso aislado, correspondiente a una familia migrante. De este núcleo familiar se desprende la generación siguiente de casas vecinas de los hijos y de los nietos: así va surgiendo la aldea. De este tipo de aldeas llegaron a fundarse hasta cincuenta, de las cuales persistían unas 30 en 1986.

Las colonias iniciales son "a la vez permanentes y continuas, pero también móviles, cíclicas y rotatorias, si se puede decir. Muy a menudo se comprueba la recolonización de una misma labranza por un nuevo colono, en tierras que fueron anteriormente desmontadas por un labrador que luego migró a otra zona, dejando la primera estancia abandonada, la cual volvió a su estado selvático en poco tiempo, y así quedó disponible" (Aprile-Gniset 1992: 267-268). Caso similar ha sucedido ya no con viviendas o labranzas aisladas sino con pequeños poblados.

Las condiciones de la zona auspician la radicación del colono sobre el río, en aldeas compuestas por hileras de casas con acceso directo al río (transporte, pesca), con un espacio para una parcela ubicada entre la selva y el agua. Esta tipología lineal inicial corresponde en las posibilidades de explotación agrícola (entre la selva y el río) y a la necesidad de sacar algún excedente hacia otros mercados, por mínimo que este sea.

En el naciente pueblo se van conformando zonas de uso: "El talud del río y el terraplén configuran un paseo comunal de estricto uso público que no obstaculiza ninguna construcción privada. Está bordeado por la fachada principal de las casas, cada una de las cuales está rodeada por un pequeño espacio de libre circulación, semiprivado y semipúblico. En la parte posterior, detrás de las cocinas, se extiende un amplio solar-huerta con frutales, gallinero y marranera, el cual puede tener hasta 40 ó 50 metros de profundidad" (Aprile-Gniset 1992: 267-268).

Esta tipología inicial de los asentamientos ha ido variando con el tiempo, con la llegada de nuevos pobladores y con la aparición de nuevas necesidades y de nuevos servicios.

Al decir de Aprile (Aprile-Gniset 1992: 268 y ss.), "la red regional de aldeas presenta un amplio abanico de tipologías, según la fase de desarrollo alcanzado por los distintos asentamientos. Con unas diez casas el núcleo muestra su primera tendencia de hacerse sedentario; alcanzando unas treinta viviendas, se advierte su consolidación. Agrupando entre 50 y 100 familias ha logrado éxito y persistencia, adquirió marcada estabilidad durante el transcurso de tres o cuatro generaciones de moradores y a veces se convirtió en pequeño centro comercial de consumo, acopio, mercadeo y servicios de corregimiento. Reuniendo unas 200 familias fácilmente adquiere autoridad y el papel de cabecera de un nuevo municipio, tal como ocurre en Bojayá (Bellavista), Vigía del Fuerte y Riosucio". Cuando la aldea sobrepasa las 30 ó 40 casas el modelo lineal encuentra sus límites, ya sea debido a distancias o a obstáculos físicos que encuentra para su expansión (caños, por ejemplo).

La consolidación del asentamiento inicial, el "éxito" de la producción agrícola o maderera, la llegada de comerciantes y transportadores o de nuevos colonos y la correlativa ampliación del mercado, es decir, el paso de la economía de subsistencia a una economía más marcada por el intercambio mercantil y por las necesidades de nuevos espacios tanto en términos de vivienda como de actividades económicas, lleva a la transformación de la estructura lineal en estructura con varias calles, plaza y espacios para actividades institucionales que antes no existían.

Estos cambios implican un uso del espacio y un manejo distinto del medio: ocupación de zonas bajas distintas a las tradicionales (diques naturales de los ríos), ubicación definitiva de los asentamientos y desaparición de los poblados "migrantes" en autoajuste con las condiciones del medio físico (traslado de pueblos frente a inundaciones y búsqueda de recursos de subsistencia), hasta configurar poblados de tipología similar al de cualquier región andina.

El proceso anterior se da de Quibdó hacia el norte. De las bocas del Atrato hacia el sur se presenta, en una época más reciente (años 1950 y 1960) otros tipos de procesos de colonización, vinculados en forma inicial a la explotación de la madera y con la presencia de empresas madereras relativamente grandes. La corriente migratoria proviene de la zona del Urabá antioqueño, desplazados por la actividad bananera, y otras regiones de la costa Atlántica y está compuesta principalmente por chilapos y blancos-mestizos con vocación agrícola, que tumban monte inicialmente y luego constituyen parcelas para explotación agrícola o pecuaria y se constituyen, con el tiempo, en pequeños campesinos.

Finalmente, está el caso de Murindó en su casco urbano, el cual representa, de alguna manera, la cabeza de colonización antioqueña en la región y el ejemplo de traspaso de una tipología urbana y constructiva propia de la zona andina antioqueña a la zona del Atrato Medio.

Condiciones Socioeconómicas Generales

Como se señaló anteriormente, la explotación económica es básicamente de tipo extractivo, maderas finas y duras que comercializan los campesinos a grandes empresas madereras concesionarias de terrenos con autorización del Estado, así como algunas prácticas agrícolas en las orillas altas, principalmente de plátano, maíz, arroz y yuca, destinadas al autoconsumo, con muy pocos excedentes comercializables, con excepción del arroz, del plátano y algo de maíz. La pesca artesanal y, en el caso de los indígenas, la caza, se constituyen en actividades de subsistencia.

Mientras los indígenas sostienen prácticas económicas básicamente de subsistencia, las comunidades negras y mestizas desarrollan aquellas que, en parte, están destinadas al mercado. Los canales de comercialización y de transporte están, en general, en manos de mestizos y blancos.

La madera y el bosque han sido objeto de una intensa explotación por grandes empresas, dado su alto valor comercial y el mercado para ello existente tanto en otros departamentos del país como en el exterior. Buena parte de la explotación es realizada por campesinos con maquinaria pequeña (motosierras y sierras manuales) y es vendida a las principales empresas de la zona.

Estas empresas (Pizano y Cía., Maderas del Darién), tienen adicionalmente concesiones para la explotación, en las cuales utilizan maquinaria relativamente pesada para explotación, arrastre y transporte. Los principales puntos de comercialización están en Urabá (Turbo y Apartadó) y en Medellín, Barranquilla y Cartagena. Existe transformación primaria realizada con motosierra y secundaria elaborada en los siete aserríos existentes en el municipio. En algunas zonas de bosque talado se realizan quemas para establecer parcelas para cultivos de pancoger y pastos para ganadería.

El transporte es básicamente por vía fluvial, tanto el de pasajeros como el de los productos, sea hacia Quibdó, centro importante de comercialización de los municipios de Murindó, Vigía del Fuerte y Bojayá, sea hacia el Urabá Antioqueño y otras regiones de la Costa Atlántica, centros de comercialización de la madera y de productos agrícolas, especialmente provenientes del municipio de Riosucio.

Un alto porcentaje de la población vive de manera dispersa o en pequeños caseríos que no cuentan prácticamente con ningún tipo de infraestructura de servicios básicos (acueducto, alcantarillado, energía). En las cabeceras municipales, cuando estos existen, son de mala calidad y de escaso cubrimiento. La vivienda es construida básicamente en madera y materiales de la zona, con excepción de algunas cabeceras municipales donde los materiales principales son el cemento y el ladrillo. A este respecto existe una gran diferencia entre las cabeceras municipales del Chocó y las de Antioquia: por ejemplo, Murindó contaba desde 1990 con acueducto, mismo que fue destruido por el sismo.

Presencia y Organización del Estado

Desde un punto de vista general, la presencia del Estado ha sido supremamente débil en la región, particularmente en el Chocó, siendo este departamento el que presenta probablemente los más bajos niveles de capacidad de gestión local y regional en el país.

Son municipios con una débil estructura político-administrativa, con bajos recursos presupuestales, la mayor parte de los cuales se van en gastos de funcionamiento de la pequeña burocracia local. Dependen en el desarrollo de su infraestructura de servicios públicos y sociales de los aportes de los departamentos o de la región. Sus fuentes presupuestales provienen en buena medida de trasferencias del gobierno central y sus recursos propios son prácticamente nulos.

Las alcaldías y otras funciones públicas constituyen una de las pocas fuentes de empleo distintas a las actividades agropecuarias y forestales. En este sentido el ejercicio del poder formal a nivel local (alcaldía, concejos municipales) se basa en reducidas clientelas, pertenecientes generalmente a los dos partidos tradicionales (liberal y conservador) quienes de una manera u otra se alternan en la alcaldía y en la repartición de cargos públicos. La elección popular de alcaldes, a partir de 1988 ha permitido el nacimiento de movimientos cívicos o de negritudes, todavía muy poco fuertes, que tienden a disputar esas posiciones políticas a los políticos tradicionales de la región.

En general, lo que podemos llamar clase política del Atrato Medio, particularmente en los municipios de Bojayá y Riosucio está conformada por miembros de la comunidad negra que han tenido acceso a puestos públicos del nivel local y/o regional, y que han establecido su clientela dentro de sus comunidades de origen. Las comunidades indígenas están completamente marginadas del ejercicio del poder formal y tradicional, mientras los mestizos y blancos sólo participan tangencialmente, con excepción de los municipios antioqueños (Murindó y Vigía del Fuerte), donde su presencia política es mayor.

Adicionalmente a los reducidos puestos públicos, buena parte de la clientela de los políticos y líderes tradicionales de estas comunidades se ha constituido a través de mecanismos tales como las juntas de acción comunal, existentes en la mayor parte de las cabeceras y corregimientos y cuyo sustento se derivaba de la aplicación de los llamados "auxilios parlamentarios", consistentes en partidas del presupuesto nacional, departamental o municipal, puestos a libre disposición de concejales, diputados o parlamentarios, con objetivos de "beneficencia y obras comunales".

A través de las partidas entregadas a juntas comunales para pequeñas obras e incluso para comprar votos en épocas electorales, se consolidaron lazos de dependencia y dominación política, base del ejercicio local del poder. Sin embargo, a partir de 1991 con la supresión de los auxilios, es probable que estos lazos tiendan a aflojarse y que las juntas de acción comunal puedan cumplir un papel más claro e independiente de representación de las comunidades y de organización de las mismas.

Un elemento a tener en cuenta en términos de evolución de los lazos políticos existentes y de las formas de ejercicio del poder lo representan las innovaciones introducidas por la Constitución de 1991 en lo que tiene que ver con las comunidades negras e indígenas. El reconocimiento de la propiedad colectiva de la tierra y del derecho a organizarse territorialmente con autoridades propias, probablemente, de aplicarse, abrirá nuevas perspectivas.

A pesar de lo anterior, en el caso de las comunidades negras no puede hablarse de la existencia de un amplio movimiento social por sus reivindicaciones. Aunque existen pequeñas organizaciones sociales y culturales que a nombre de las negritudes levantan algunas reivindicaciones, al menos localmente, es poco el impacto que hasta ahora ha tenido, por ejemplo, la Ley de Negritudes.

La presencia departamental en los municipios es diferenciada: mientras en los dos del Chocó esta es prácticamente inexistente, dado que el departamento comparte las mismas características de recursos y de gestión que los municipios, en los antioqueños la presencia es mayor, particularmente en lo que tiene que ver con salud, educación y servicios públicos básicos (acueductos y hospitales, por ejemplo, financiados en buena parte y construidos por el departamento).

En el caso de este último departamento, su presencia institucional se ha incrementado en los últimos años, debido al interés político de Antioquia por una salida al Pacífico, presencia que no se reduce a los municipios de su jurisdicción sino también a sus vecinos de la parte chocoana. Así por ejemplo, un buen porcentaje de la población de Bojayá acude a Murindó y a Vigía del Fuerte por servicios de salud, ante la ausencia de los mismos en su departamento.

La presencia del nivel nacional en la región se ha dado principalmente a nivel de la existencia de una serie de instituciones del Estado, principalmente en las cabeceras municipales y con una baja cobertura en el conjunto de la zona.

Esta presencia tradicional se ha dado a través por ejemplo, del Instituto Nacional de Bienestar Familiar (ICBF) en las cabeceras, del Servicio Nacional de Aprendizaje-SENA en Quibdó y con algunos programas móviles, de sucursales de la Caja de Crédito Agrario en las cabeceras o de puestos de mercadeo agropecuario del IDEMA (Instituto de Mercadeo Agropecuario) o de algún tipo de asistencia técnica del ICA (Instituto Colombiano Agropecuario).

La existencia de esta presencia no oculta el profundo abandono político y económico de la región por el nivel central, el desconocimiento de su importancia y de sus recursos. Pese a las acciones de éstas y otras instituciones puede hablarse de una ausencia política y económica del nivel central en la región, la cual se expresa en los escasos recursos a ella destinados.

Sólo hasta hace poco tiempo (últimos diez años) se ha venido dando un reconocimiento de la importancia estratégica de la región (salida al Pacífico, posibilidades de puertos y vías terrestres alternativos al existente –Buenaventura–, explotación de recursos naturales, biodiversidad, resolución de conflictos existentes) y de la necesidad de intervenir en ella de manera más decidida.

Esta intervención se articuló inicialmente a través del Plan Nacional de Rehabilitación (PNR) y las actividades de CODECHOCÓ (Corporación Autónoma Regional del Chocó), entidades dependientes de la Presidencia de la República y del Departamento Administrativo de Planeación, respectivamente. Además, se ha dado una relativa presencia de la región Occidente, a través del Consejo Regional de Planificación (CORPES), que agrupa a los departamentos de Antioquia, Chocó, Caldas, Cauca, Nariño, Quindí, Risaralda y Valle del Cauca.

Adicionalmente la formulación y desarrollo del llamado Plan Pacífico y la inversión prevista a través de un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo por aproximadamente 50 millones de dólares, probablemente va a permitir una mayor presencia y acción del Estado en la región, para nuestro caso especialmente en los municipios de Riosucio y Bojayá.

Organización de la Comunidad

Los niveles de organización de la comunidad varían de acuerdo con las diferentes zonas y/o localidades, así como de acuerdo con el tipo de población de que se trate.

Quienes presentan aparentemente un nivel más alto de organización son las comunidades indígenas, que además de sus estructuras tradicionales propias correspondientes a la organización en resguardos (cabildos y gobernadores indígenas), hacen parte y cuentan con el apoyo y la solidaridad de organizaciones indígenas regionales, especialmente la Organización Indígena de Antioquia (OIA) en el caso de Murindó y Vigía del Fuerte, y de la Organización Indígena Regional Emberá-Wuanana (OREWA) en el caso de los municipios del Chocó.

Se estima que para el caso del Chocó existen unos 28.000 indígenas, de los cuales aproximadamente 6.000 corresponden a las zonas media y baja del Atrato. En el caso de Antioquia, el número de indígenas de los dos municipios contemplados puede alcanzar la cifra de unos 6.500.

Como veremos más adelante, el proceso de atención, pero sobre todo el de recuperación de las comunidades indígenas contó con la participación de estas organizaciones y tuvo una dinámica diferente al del resto de comunidades.

Los indígenas han permanecido relativamente aislados, conservando en lo fundamental sus características étnicas y culturales. Habiendo sido desalojados por los procesos de colonización hacia las zonas altas de los ríos afluentes del Atrato, han mantenido vigente conflictos con los colonos mestizos, blancos o negros, conflictos que en algunas oportunidades han revestido carácter violento.

Las principales reivindicaciones de las comunidades indígenas tienen que ver con la solución de problemas de tierras en dos sentidos principales: primero el saneamiento de los resguardos y reservas indígenas actualmente existentes (es decir, la devolución al resguardo de las tierras del mismo actualmente ocupadas por colonos) y la ampliación de los actuales resguardos o la creación de nuevos.

Las comunidades negras, que representan la mayoría de la población de la región, se encuentran ante una doble alternativa: por una parte el mantenimiento de sus formas de vida tradicionales y de su cultura y, por otra, la asimilación a la cultura de blancos y mestizos.

Aunque por razones culturales y familiares existen una serie de lazos de solidaridad y apoyo, maneras de comunicarse, entenderse y compartir visiones propias sobre el mundo, presentan desde el punto de vista organizativo tal vez los menores niveles de desarrollo. La existencia de organizaciones sociales y culturales en el departamento que de alguna manera reivindican a las negritudes no son representativas, hasta el momento, de un amplio movimiento negro en el país o en los municipios analizados. Como se dijo anteriormente, sus estructuras organizativas "formales" siguen siendo principalmente las Juntas de Acción Comunal de cabeceras y corregimientos, con las características ya analizadas.

Movimientos cívicos realizados en años recientes muestran la amplitud de las posibilidades de movilización de las comunidades (Paro Cívico de 1987), pero al mismo tiempo sus limitaciones: el enfrentamiento reivindicatorio se hace principalmente contra el Gobierno Nacional y no contra las estructuras políticas tradicionales del departamento o de los municipios, lo cual permite un espacio para la recuperación del movimiento por los políticos tradicionales, quienes buscan aparecer como voceros de dichas comunidades. Al mismo tiempo demuestra en alguna medida la desconfianza en las estructuras políticas regionales y locales, las cuales ni siquiera aparecen como interlocutores válidos para dichas reivindicaciones.

Además de las Juntas de Acción Comunal existen otro tipo de organizaciones cuya importancia va creciendo y que, si en buena parte tuvieron un origen gremial, algunas apuntan a una representación más amplia de los intereses de las comunidades. Estas organizaciones son en buena parte de carácter mixto (negros-mestizo-blancos) y pueden agruparse en dos tipos principales: las organizaciones campesinas (Organización Campesina del Bajo Atrato –OCABA– y la Asociación Campesina Integral del Atrato –ACIA), con presencia la primera en Riosucio y la segunda en Bojayá; y las organizaciones gremiales, con presencia fundamentalmente en Riosucio (Asociación de Plataneros de Riosucio, Cooperativa Multiactiva de Pescadores, Unión de Maestros).

La zona del Atrato Medio es, en general, considerada por la Iglesia Católica como una zona de misiones. En este sentido se encuentra una amplia presencia eclesial, especialmente en el municipio de Riosucio, presencia eclesial que se manifiesta en una amplia red de "grupos eclesiales de base", tanto en la cabecera como en los corregimientos, los cuales han jugado un papel importante en el proceso de reconstrucción pos-sismo. Estos grupos, dirigidos por la Parroquia de Riosucio, están ligados a los procesos de organización y desarrollo de las comunidades de la región. Igualmente existe presencia en Bojayá de misioneros claretianos y de algunas iglesias protestantes.

La presencia de ONGs en la región es relativamente limitada. A nivel local prácticamente no existen, o constituyen pequeñas asociaciones deportivas, educativas o culturales. A nivel regional, existe un número significativo de ONGs con vocación "ambientalista", pero muy pocas con trabajos de desarrollo económico y social. Las que tienen una presencia más general son ONGs del orden nacional que por trabajos adelantados han obtenido presencia en la zona (por ejemplo, ACTUAR en el caso de Bojayá) o que están empezando un trabajo de largo aliento en la región (FIDHAP en Riosucio). Es interesante anotar, por ejemplo, que en el caso de la reconstrucción pos-sismo, buena parte de las ONGs que participan no tenían trabajos previos en la región.

Más aun, en la región del Atrato Medio, especialmente en la vertiente occidental de la cordillera occidental y en los límites con el Urabá antioqueño, existe presencia de organizaciones guerrilleras (FARC, ELN, EPL), que si bien no son muy activas hasta el momento en la región, en términos de acciones militares no dejan de ejercer una presión sobre las condiciones de la población.

Políticas e instrumentos existentes en el país

En el caso colombiano el proceso de gestión de la emergencias suscitadas por los sismos tiene una característica central: es un proceso básicamente articulado por la respuesta estatal ante el problema.

Esta respuesta se da fundamentalmente a través de las diversas instancias del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, el cual en el curso de los últimos cinco o seis años ha venido desarrollando una política, unos instrumentos y unas relaciones de coordinación entre instituciones y sectores tanto públicos como privados que tienen que ver con el tema.

La articulación de agentes y actores públicos y privados busca hacerse respetando y desarrollando una política descentralizada en la cual la responsabilidad fundamental está en los niveles locales, y los niveles regionales y nacional juegan un papel de apoyo técnico y financiero, de coordinación institucional, de complementariedad de las acciones y de subsidiariedad en la medida en que los niveles locales son sobrepasados por los acontecimientos.

En este sentido la respuesta es dada por los diversos niveles territoriales en que se articula el Sistema Nacional de Prevención de Desastres del país (comités locales y regionales de emergencia), Sistema a través del cual el Estado interviene en materia de prevención, atención y recuperación en casos de desastres, buscando articular en esta acción al sector privado, a las ONGs y a las organizaciones de la comunidad afectada.

Coordinados en buena medida por la Dirección Nacional para la Prevención y Atención de desastres, concurren al proceso de atención y recuperación una serie de instancias e instituciones que pueden caracterizarse globalmente de la siguiente manera:

Comités Locales para la Prevención y Atención de Desastres

Son la organización de base del Sistema Nacional y los encargados de responder en primera instancia a un desastre que se presente en su jurisdicción. Su desarrollo y existencia ha dependido en gran parte de la presencia de eventos desastrosos en su territorio y/o de la voluntad política del alcalde para crearlos, organizarlos y mantenerlos. Aunque la situación varía mucho de municipio a municipio en cuanto a perfil, características y funcionalidad de los mismos, en buena parte de los casos existen sólo como figuras jurídicas, en el papel, que se activan cuando se presenta una calamidad.

Papel fundamental dentro de estos comités corresponde a cada administración municipal, ya que la responsabilidad sobre el comité y sobre el tema de la prevención y atención de desastres recae en el alcalde municipal. Cuentan en general con una baja capacidad de manejo del tema y de gestión institucional (especialmente en los municipios más pequeños), recurriendo en la mayoría de los casos al nivel inmediatamente superior del Sistema o directamente al nivel nacional.

Aunque no tengan, como sucede en muchos casos, una permanencia y un trabajo continuo, constituyen un primer nivel de organización de la gestión y articulan a diferentes instituciones presentes en el nivel local y a algunos sectores de la sociedad (organizaciones comunitarias locales). En este sentido aparecen como un primer espacio de coordinación y organización.

Comités Regionales para la Prevención y Atención de Desastres

Estos comités, organizados a nivel departamental, presentan un mayor nivel de organización, capacidad de acción y de convocatoria que los comités locales. Están presentes en ellos tanto organismos operativos (Cruz Roja, Defensa Civil, Sector Salud) como organismos técnicos, de planificación y de gestión.

Deben apoyar y soportar la acción de los niveles locales y, en buena parte de los casos llegan a asumir directamente la acción, ante la carencia de recursos humanos, técnicos y financieros del nivel local. Es el nivel territorial el que ha debido actuar de manera más permanente, ya sea como apoyo a los niveles locales o, ante la incapacidad de estos, directamente en los desastres que de manera común y permanente se presentan en el país.

En algunos casos cuentan con una oficina o dependencia encargada permanentemente de la coordinación del comité, de las relaciones interinstitucionales y del conjunto de actividades de gestión de desastres.

Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres

Es la coordinadora general del sistema y oficina de apoyo para el desarrollo de la labor de las diferentes instancias del organismo nacional del mismo, tales como el Comité Nacional, el Comité Operativo Nacional y el Comité Técnico Nacional.

A través de su coordinación y de su labor se define la presencia, los niveles de apoyo y las actividades que se desarrollan en el nivel nacional, a solicitud y requerimiento de los comités locales o regionales. Cuando el desastre sobrepasa al nivel municipal o regional, ya sea por su dimensión e impacto, ya sea porque sobrepasa la capacidad de estos, la Dirección Nacional coordina y dirige la intervención del nivel nacional.

Cuenta con algunos mecanismos de apoyo técnico, financieros y jurídicos, entre los cuales cabe destacar las redes nacionales de monitoreo y seguimiento a diversos fenómenos (en este caso la Red Sísmica Nacional), el Fondo Nacional de Calamidades como organismo de financiación y apoyo a las actividades en prevención y atención de desastres, y la posibilidad de declarar zona de desastre o de calamidad pública, lo cual permite tomar medidas de carácter inmediato y facilitar la intervención de las diversas entidades.

Las diferentes entidades nacionales, regionales y municipales

Diferentes entidades tanto municipales como departamentales y nacionales participan en las labores de respuesta o reconstrucción. A nivel local varían de acuerdo con el grado de desarrollo institucional de los municipios, encontrándose municipios más o menos fuertes y con mayor o menor capacidad y recursos institucionales. En general, dichas entidades pertenecen al Sistema local (son miembros de los comités o comisiones del mismo en los diversos niveles territoriales) o están articuladas a este a través de acuerdos específicos.

A nivel regional tiende a existir una mayor homogeneidad en los instrumentos institucionales (secretarías e institutos descentralizados) aunque su capacidad igualmente varía de acuerdo al desarrollo relativo de su capacidad institucional. En este nivel existe presencia de las instancias regionales de entidades de carácter nacional. En el caso que analizamos nos encontramos prácticamente con los dos extremos existentes en Colombia: una de las más altas capacidades institucionales (la del departamento de Antioquia) y tal vez la más baja (la del departamento del Chocó).

A nivel nacional, y bajo la coordinación de la Dirección Nacional, participan un conjunto de entidades miembros del Comité Técnico, del Comité Operativo o de alguna de las comisiones asesoras.

Su participación se da en el campo de su vocación institucional: así, por ejemplo, las entidades operativas, a través de sus seccionales o a veces directamente, participan en la atención inmediata (caso de la Defensa Civil, la Cruz Roja, los Cuerpos de Bomberos y el sector salud); las entidades técnicas en la evaluación de daños, en el monitoreo de los fenómenos y en el análisis técnico de lo sucedido (Instituto de Investigaciones en Geología, Minería y Química –INGEOMINAS–, Observatorio Sismológico del Sur Occidente –OSSO); las entidades de planificación y desarrollo y financiación, en los planes de recuperación, rehabilitación y reconstrucción (Instituto Nacional de Reforma Urbana y Vivienda de Interés Social –INURBE–, Oficinas de Planeación de diversos niveles, Corporaciones Regionales de Desarrollo, Ministerios).

Entidades privadas y ONGs

Con la excepción del Socorro Nacional de la Cruz Roja, que siendo considerada una ONG es miembro y participa en las instancias principales del Sistema, es relativamente limitada la presencia de ONGs y de entidades privadas o corporaciones profesionales en los organismos del mismo. En el marco de los comités nacional, regional y local deben existir, por ley, representantes de organizaciones profesionales y de las comunidades, pero esto no siempre se cumple.

Sólo recientemente, y como parte de los resultados y de las experiencias del proceso de reconstrucción pos-sismos de 1992, se incorporó en el Comité Nacional para la Prevención y Atención de Desastres a la Confederación Nacional de Organizaciones No Gubernamentales. Adicionalmente también participa en este máximo organismo del Sistema la Sociedad Colombiana de Ingenieros, la cual es estatutariamente un órgano consultivo del Gobierno Nacional.

El proceso de recuperación, que en buena parte es coordinado y dirigido por el propio Estado, cuenta con una mayor participación del sector privado y de algunas ONGs, como veremos más adelante.

Esto en general responde a ciertos niveles de gestión estatal (políticas de articulación con el sector privado y las ONGs) y a la voluntad privada y de las ONGs de participar, pero es relativamente claro a nivel de Colombia que el sector privado y el de las ONGs (salvo casos contados) no cuentan ni con estructuras, ni con experiencia, ni con tradición, ni con políticas y propuestas que le permitan jugar un papel de primer orden en esta materia.

Probablemente la única ONG que puede mostrar una clara tradición y permanencia en el tema de la recuperación posdesastre es Antioquia Presente, creada en 1983 luego de ocurrido el terremoto de Popayán y que en forma permanente ha venido desarrollando labores de reconstrucción, durante diez años, en las diferentes coyunturas de desastres presentados en diversas zonas del país. En menor medida que la anterior, pero con relación directa al tema de la vivienda, el Minuto de Dios también cuenta con una cierta experiencia al respecto.

En general la forma de articulación del sector privado y de las ONGs es todavía muy espontáneo y muy local, muy enfocado hacia la caridad y la respuesta inmediata y sin constituirse en ningún caso alternativa social frente al Estado (menos cuando la política estatal busca articularlo, para el caso de desastres, en un solo sistema).

Una vez se manifiesta la voluntad de hacerlo, la participación de este sector se da a través del desarrollo de proyectos puntuales, generalmente financiados por el Estado y con un nivel más o menos grande, según el caso, de coordinación y cooperación con éste.

En el caso de desastres "comunes", que podemos calificar de pequeños o medianos, pocos son los casos significativos de aportes propios de las ONGs o del sector privado, más allá de las donaciones tradicionales en el momento del impacto, y de la recolección o canalización de aportes nacionales o internacionales.

 La Fase de Impacto

 La Respuesta Global

De acuerdo con el Informe Ejecutivo presentado en julio de 1993 por la DNPAD, los sismos produjeron 26 muertos, 80 heridos, 3.500 personas en albergues y ranchos de plástico, 28.500 afectados directos y 5.500 familias que perdieron bienes y enseres.

Los daños estimados en la infraestructura física ascienden a más de 14,5 millones de dólares y la situación, en su conjunto, obligó a la declaratoria de "estado de calamidad pública" en 12 municipios de Antioquia y 2 del Chocó, mediante la Resolución 001 del 15 de enero de 1993, como un reconocimiento del Gobierno Nacional a la gravedad de la situación presentada y una convocatoria a todas las entidades de los niveles nacional, regional y municipal para concertar acciones y esfuerzos en el desarrollo del Programa de Recuperación.

La fase de atención directa se inició en el mismo momento de la ocurrencia del primer sismo y se consideró superada en febrero de 1993, es decir, casi cuatro meses después de ocurrido el desastre, una vez estabilizada la situación de emergencia misma.

Previa evaluación de las necesidades más sentidas de las comunidades afectadas, los comités regionales para la prevención y atención de desastres de los dos departamentos, acordaron con la Dirección Nacional los mecanismos y el tipo de apoyo necesarios para superar la fase inicial de esta crisis.

Esta fase incluyó: la revisión de las zonas afectadas, la evaluación de daños, la elaboración de censos de afectados y de necesidades inmediatas (lo cual se realizó tanto por vía aérea como fluvial), la asistencia alimentaria y en salud a la población afectada, el refuerzo de la capacidad operativa de los comités regionales a través del envío de comisiones de trabajo de distinto tipo, la dotación de los centros regionales de reservas para emergencias, y las acciones de reubicación provisional y alojamientos de emergencia, entre otras. La participación de los diferentes organismos y actores en esta fase puede sintetizarse de la siguiente manera:

 Nivel Nacional

El Gobierno Nacional, a través del Fondo Nacional de Calamidades, aportó directamente poco más de 362 millones de pesos (aproximadamente 450.000 dólares), con base en los requerimientos de apoyo formulados por los comités locales y regionales de emergencia.

Cuadro 1
APORTE DEL GOBIERNO NACIONAL
A TRAVÉS DEL FONDO NACIONAL DE CALAMIDADES

 CONCEPTO

CHOCÓ

$

ANTIOQUIA

$

APORTE COMPARTIDO

$
Suministros

16.409.764.00

8.267.885.00

3.967.754.00
Servicios

1.665.000.00

3.382.500.00

99.407.748.00
Acciones de atención y recuperación

18.171.438.00

55.065.567.00

3.384.750.00
Herramientas y equipos

76.953.167.00

44.086.645.76

  
Honorarios y viáticos

6.669.666.66

  

6.364.820.00
Impresos e información    

18.247.724.00
TOTAL

119.869.035.66

110.802.597.00

131.374.796.25
     

362.046.429.67

Por su parte, otras entidades nacionales pertenecientes al Sistema aportaron cerca de 100 millones de pesos (125.000 dólares):

Cuadro 2
APORTE DE OTRAS ENTIDADES NACIONALES AL SISTEMA

 ENTIDAD

VALOR*
INGEOMINAS

Fuerza Aérea Colombiana (FAC)

Cruz Roja

Defensa Civil

Universidad del Valle (OSSO)

Ministerio de Salud

DNPAD

18.644.000

12.000.000

30.710.018

15.175.016

7.197.200

2.578.869

4.000.000
TOTAL

90.305.103

* No se cuantificaron los apoyos de la Policía Nacional y el Ministerio de Obras Públicas. Se evaluaron parcialmente los apoyos en honorarios del personal, los viáticos y costos de viaje de Minsalud y de la FAC.

para un total de aproximadamente 452 millones de pesos (565.000 dólares) aportados por el nivel nacional. Estos recursos permitieron en buena parte costear los recorridos de revisión de la zona afectada, evaluación de daños, dotación de centros de reserva y apoyo alimentario a la población durante el período de atención.

Adicionalmente –y esto no es cuantificable desde el punto de vista económico– está el apoyo que a nivel de coordinación y gestión realizaron las entidades nacionales del Sistema, incluyendo a la DNPAD.

 Niveles Regionales y Locales

La coordinación operativa en Antioquia corrió por cuenta del Programa Aéreo de Salud y la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad. Estas entidades coordinaron la evaluación preliminar de daños y los censos de afectados, actividades efectuadas con participación de todas las secretarías e instituciones operativas con que cuenta el departamento. En menos de un mes se produjo una evaluación detallada, que cubría aspectos técnicos y sociales y que se constituyó en la base para proyectar posteriormente los apoyos y programas de recuperación.

En el caso del departamento de Antioquia se presenta un esquema de intervención sui géneris en relación con el de otros departamentos. Existe en Antioquia desde hace unos seis o siete años un Fondo de Prevención de Desastres (FOPREVE), que inicialmente funcionó como tal pero que algunos años después se constituyó como una dependencia de la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad del departamento.

En la práctica, esta dependencia ha jugado el papel de Oficina Departamental de Prevención de Desastres y cuenta con personal técnico (ingenieros, geólogos y trabajadores sociales) para adelantar sus labores, y a su alrededor ha constituido comités o comisiones de trabajo que le permiten la interacción y coordinación con otras entidades y con otros servicios de la gobernación.

Frente a FOPREVE el Comité Regional como tal ha jugado un papel secundario y de alguna manera ha existido básicamente sobre el papel. Se ha considerado que con la presencia y actividad de FOPREVE, el tema de la gestión de desastres se puede manejar.

El enfoque desarrollado por FOPREVE en los últimos años ha estado centrado más en la atención y en las acciones inmediatas frente a la inminencia de un riesgo que en una política de prevención y mitigación de más largo plazo, reconociendo que la labor desarrollada ha sido importante para el departamento y para varios de sus municipios.

Sin embargo, poco tiempo antes de los sismos (septiembre de 1992), el señor gobernador, mediante decreto, había reconstituido el Comité Regional de Emergencia y asignado a la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad el papel de dependencia coordinadora del mismo, entrando a jugar en esta coyuntura un papel importante el sector salud. Es esta la razón, por ejemplo, de que sea el Programa Aéreo de Salud y no la Defensa Civil –como es tradicional– quien en la práctica coordine y dirija el proceso de atención inmediata.

En el departamento del Chocó la Comisión Operativa del Comité Regional, a la cabeza de la Defensa Civil, asumió la evaluación general de los daños, identificó el apoyo necesario para superar la fase inicial de la emergencia e identificó en noviembre de 1992 (un mes después de los sismos), una serie de perfiles de proyectos necesarios para la recuperación física de los afectados.

En este caso nos encontramos con un comité regional débil tanto operativa como financieramente, con problemas de coordinación interna y en el cual las entidades operativas, agrupadas en la comisión operativa del mismo, están de alguna manera separadas del resto del comité y en alguna medida de su cabeza: el Gobernador.

Frente al primer sismo, según reconoce el Director Seccional de la Defensa Civil, en entrevista hecha para este trabajo, no hubo ninguna respuesta, dado que el sismo se sintió muy poco o no se sintió en Quibdó. Frente al segundo se organizaron comisiones de reconocimiento y evaluación de daños (transportadas por vía fluvial), que permitieron la identificación de los apoyos necesarios y urgentes a las comunidades más afectadas.

Los niveles locales y regionales aportaron aproximadamente 160 millones de pesos (200.000 dólares), sin haber cuantificado el aporte de la mayoría de los municipios afectados, y las entidades del nivel regional aportaron aproximadamente 250 millones de pesos (312.000 dólares):

 

Cuadro 3
Aporte de los niveles locales y regionales

 ENTIDAD

VALOR
Antioquia

Chocó

Medellín

Bojayá

Entidades regionales

130.394.714

4.071.537

24.605.000

500.000

250.000.000
TOTAL

359.571.251

 

 Otros Apoyos

El Gobierno del Japón donó en especie 15 plantas eléctricas y 10 purificadores de agua, así como unos 50 millones de pesos en efectivo, de los cuales aproximadamente 40 millones se destinaron al apoyo de programas de recuperación (25 millones para los proyectos canalizados y ejecutados por la Corporación Antioquia Presente en Antioquia y 14 millones para el apoyo al proyecto con comunidades indígenas en el Chocó).

 

 La Respuesta en el Atrato Medio

 Antioquia

En el caso de Antioquia, la movilización de respuesta a los sismos fue ágil y con un cubrimiento relativamente amplio. Inicialmente se concentra en el área epicentral (Murindó) y zonas aledañas, para luego, en la medida en que se iba recibiendo información, ampliarla al conjunto de los municipios afectados.

El primer sismo tuvo lugar el 17 de octubre a las 04:33. A las 06:00 la Alcaldía de Murindó alerta a la central de comunicaciones de la Cruz Roja sobre la emergencia que se vive en el municipio y se informa, a través de ella, a los oficiales de enlace de las diferentes dependencias departamentales y de las entidades de socorro. Se reúne el Comité Local de Emergencia de Murindó, con el apoyo de una comisión de salud oral que estaba en el municipio, la cual establece la comunicación de enlace con Medellín (FOPREVE) y canaliza las solicitudes de dicho comité.

A partir de este momento se inicia un operativo, básicamente aéreo, que transporta personal técnico para la evaluación de daños, personal de la Cruz Roja y del Servicio Seccional de Antioquia para la atención de las personas, organización de albergues y organización de evacuaciones donde fuera necesario. Se constituyen cuatro comisiones de trabajo: transporte, coordinada por el Programa Aéreo de Salud (PAS); información, coordinada por FOPREVE; suministros, coordinada por el Servicio Seccional de Salud de Antioquia; y atención médica, coordinada por la Cruz Roja de Antioquia.

Básicamente se cubrió el casco urbano de Murindó (aproximadamente el 30% del mismo fue afectado por este primer sismo) y algunas aldeas o zonas rurales cercanas. Igualmente se organiza el abastecimiento alimentario de los afectados y se reciben los primeros 800 mercados del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA), autorizados por la DNPAD.

El segundo sismo tiene lugar al día siguiente, a las 11:12 horas. Es más fuerte que el anterior, afecta nuevamente Murindó, destruyendo lo que quedaba del casco urbano y cerca de 32 municipios más. Al finalizar la tarde, se tiene evaluación detallada de la afectación en el casco urbano y corregimientos de Frontino, Vigía del Fuerte, Murindó, San Pedro de Urabá, Urrao y Mutatá.

Para apreciar la magnitud del esfuerzo realizado por el Departamento de Antioquia en esta emergencia, vale la pena señalar los siguientes apartes de la "Cronología" ya citada: "En los primeros cuatro días de la emergencia se han realizado 28 vuelos de apoyo a la zona (55 horas 44 minutos); se han llevado 161 mercados (4.315 lbs); 366 lbs de drogas; 86 funcionarios para evaluaciones técnicas y apoyo; se llevaron 2.350 lbs de equipos (motores, plantas, etc.,); 264 galones de combustible. La movilizada hasta el momento por vía aérea son 15 toneladas. En cuanto a la afectación, los datos todavía fragmentarios indican que son 532 las viviendas destruidas; 1.316 averiadas y 622 en peligro de derrumbarse. En edificios públicos: 11 destruidos, 66 averiados, 4 en peligro. Se registraron 7 muertos, 77 heridos, 22.496 afectados. Se reportan, igualmente, 4 acueductos dañados, 1 alcantarillado, 2 sistemas de comunicación telefónica. Un total de 4.520 albergados en 10 albergues de diferentes localidades."

La Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres estuvo informada desde el día 18 de la situación presentada en la zona y coordinó desde el principio, con FOPREVE, una serie de aspectos importantes para el trabajo regional, especialmente en lo que se refiere a la consecución de helicópteros y su paga, al abastecimiento alimentario a través del Convenio con el IDEMA y a la evaluación técnica de lo sucedido. La primera comisión nacional viaja a la zona en la mañana del día 19 de octubre.

Durante estos primeros cuatro días, la DNPAD sacó seis comunicados informando a la población y a los medios de comunicación sobre lo sucedido, comunicados basados en la información recibida de Antioquia. A su vez, la Gobernación de Antioquia produjo, en el mismo tiempo, 16 comunicados (cuatro por día) en los cuales se informa paso a paso sobre las medidas tomadas, las acciones realizadas y la evolución de la situación.

El 19 de octubre en reunión del Comité Regional de Emergencia se precisan las comisiones de trabajo definitivas para la atención de la emergencia. Estas realizaron un trabajo permanente hasta aproximadamente febrero de 1993, fecha en la que entra a desarrollarse el programa de reconstrucción, el cual se dota de sus propios instrumentos de trabajo. Dichas comisiones fueron las siguientes:

· Atención a las personas: Coordinado por la Cruz Roja de Antioquia. Lo integran: CIMSS (Comité Interinstitucional Metropolitano del Sector Salud, de Medellín), Instituto de Seguros Sociales, Metrosalud, Hospital San Vicente, Hospital General, Servicio Seccional de Salud de Antioquia, Hospital La María y Defensa Civil.

· Comité de Agua y Saneamiento: Coordinada por el Servicio Seccional de Salud. Lo integran Acueductos de Antioquia (Acuantioquia) y el Servicio Seccional de Salud.

· Comité de suministros: Coordinado por FOPREVE. Lo integran: Cruz Roja, Servicio Seccional de Salud y el Idema.

· Comité de Evacuación y Albergues: Coordinado por la Secretaría de Desarrollo de la Comunidad. Lo integran Secretaría de Gobierno, Universidad de Antioquia, Defensa Civil, Cruz Roja y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

· Comité de Transporte. Coordinado por la Defensa Civil. Lo integran el Programa Aéreo de Salud, la Secretaría de Servicios Administrativos y la Cruz Roja.

· Comité de Comunicaciones Técnicas: Lo coordina la Cruz Roja. Lo integran el Servicio Seccional de Salud, el Radio Club, Radioaficionados y EDA.

· Comité de Información y Educación. Lo coordina la Dirección de Comunicaciones de la Gobernación y FOPROVE.

Aunque en otros municipios afectados el acceso en gran parte podía hacerse por vía terrestre, el conjunto del operativo en el Atrato Medio antioqueño tuvo que realizarse por vía aérea (para llegar a Murindó y a Vigía del Fuerte), y en parte por vía fluvial, para llegar a los corregimientos y zonas rurales dispersas.

Es necesario igualmente señalar que en alguna medida, la acción del Departamento de Antioquia cubrió sobre todo en los primeros días, de manera parcial al menos, la atención de zonas del municipio de Bojayá afectadas por el sismo y que no habían sido atendidas desde Quibdó.

Lo anterior permite apreciar una relativamente alta capacidad institucional del Departamento de Antioquia para asumir y responder los retos planteados por la atención de la emergencia, la cual cubrió 30 municipios del departamento.

Aunque de hecho no existía un Comité Regional de Emergencia, tal como es concebido por el Decreto 919 reglamentario del Sistema Nacional (había sido conformado apenas en septiembre de 1992), el departamento contaba con la capacidad de convocatoria y de acción y con la experiencia de otras situaciones de atención para hacer frente al evento.

A esto se suma la voluntad política del Gobernador y, en alguna medida, de los alcaldes, para enfrentar la situación, voluntad política que no solo garantizó la disponibilidad oportuna de recursos, el desplazamiento de funcionarios y la coordinación interna sino también la coordinación con la Dirección Nacional y, a través de ella, con los organismos nacionales del Sistema que tenían que ver con la atención de la emergencia.

Otro elemento a considerar es la existencia, al menos formal, de los comités locales de Emergencia tanto en Vigía del Fuerte como en Murindó. Aunque no funcionaban con anterioridad al sismo de manera permanente, y teniendo en cuenta las limitaciones propias de la capacidad de gestión de estas alcaldías de municipios pobres y apartados, vale la pena rescatar el hecho de que, ocurrida la emergencia, se reunieron y permitieron agrupar a las entidades y organismos locales, coordinar las acciones con el departamento y participar en el proceso de atención constituyéndose en actores e interlocutores importantes.

Sobre este último punto vale la pena rescatar la labor de organización de comités locales realizada en los últimos años por FOPREVE. No sólo por la manera sistemática de convocar a su constitución o a su funcionamiento cada vez que se elige un nuevo alcalde, y por algunos eventos de capacitación desarrollados, sino por el hecho de haber ya trabajado en otras emergencias, particularmente en el caso de inundaciones en ambos municipios, lo cual facilitó la relación, el conocimiento de las formas de trabajo de FOPREVE y de otras instancias del Sistema y las necesidades de coordinación y complementación de acciones

 Chocó

La gestión de la emergencia en los municipios del departamento del Chocó presenta un panorama muy distinto al de Antioquia. Frente al primer sismo no hubo ninguna respuesta. Aparentemente, como lo reconoce el Director Seccional de la Defensa Civil, no hubo ningún impacto sobre Quibdó y no se reportó ningún daño de otra localidad. Sin embargo, en el primer boletín emitido por la DNPAD ya se señalaban daños en algunas zonas de Bojayá, reportados por alguna de las comisiones desplazadas por Antioquia a Murindó. La única medida reconocida fue la de preparar una escuadra de la Defensa Civil para "ayudar a Antioquia".

El sismo del 18 se sintió mucho más fuerte. Inmediatamente después del sismo Defensa Civil realizó una evaluación de los daños en Quibdó y convocó a reunión al Comité Operativo de Emergencia del Chocó. Este decidió conformar dos comisiones de evaluación: una para Bojayá y otra para Riosucio, las cuales salieron por vía fluvial con algunos auxilios (mercados fundamentalmente) a cumplir sus tareas en la tarde del 19, demorándose en ello al menos una semana.

A finales del mes se pudo contar con una evaluación más o menos precisa de los daños en edificaciones y vivienda de las cabeceras municipales y de los principales corregimientos, aunque hubo zonas, especialmente en el municipio de Riosucio, que no fueron visitadas hasta diciembre o enero. Cuando la parroquia de Riosucio realizó una visita de evaluación a 23 asentamientos de diversas zonas del municipio en diciembre de 1993 y enero de 1994 encontró que varios de ellos habían sido afectados por el sismo pero no atendidos en dicha fecha.

Las labores de evaluación y de atención inmediata fueron apoyadas desde el 19 por el nivel nacional a través de algunas comisiones de trabajo transportadas vía aérea, aunque el Comité Operativo del Chocó y, en particular la Defensa Civil señalan que no se les dio el apoyo helicoportado necesario para responder de manera más rápida y eficiente.

La respuesta en estas condiciones fue menos intensa y menos oportuna que en el caso de Antioquia. En las diversas entrevistas realizadas (Secretario de Gobierno, Director Seccional de la Defensa Civil) pueden descubrirse algunos elementos de dicha situación.

El Comité Regional como tal, funcionando, no existía. Se había reorganizado un mes antes y apenas estaba buscando definir un plan de trabajo.

Su reorganización tuvo lugar debido a problemas de coordinación institucional básicamente entre las entidades operativas (en general seccionales de organismos nacionales: Defensa Civil, Cruz Roja, Seccional de Salud) y entidades departamentales (Gobernación, secretarías departamentales, institutos departamentales, CODECHOCO, etc.), problemas de coordinación y entendimiento que se prolongaron luego de la reestructuración, creándose roces institucionales que no permitieron coordinar claramente la acción una vez sucedidos los sismos. Adicionalmente a lo anterior, los niveles de voluntad política de la administración, frente al tema de desastres, eran bastante bajos.

Desde el punto de vista operativo, los organismos de socorro y, especialmente la Defensa Civil, carecen de los recursos necesarios para la gestión de la emergencia, pero tampoco cuentan con ningún tipo de plan para hacerlo, así fuera con recursos mínimos. Adicionalmente, la intervención del nivel nacional en la atención es vista, por los organismos operativos y especialmente por el presidente del COE, como una intervención que le quita espacio a su propio accionar, que no está coordinada con él y que no obedece a las necesidades por él planteadas. Esto lleva a que se den prácticamente dos procesos paralelos tanto de atención como de evaluación de los daños.

Aunque hubo movilización regional y local, esta se vio entorpecida por la situación anterior y dio como resultado una serie de acciones sin coordinación, permitiendo que los roces y diferencias, especialmente entre la administración departamental y el COE no sólo se mantuvieran sino que se acrecentaran en mutuas recriminaciones sobre la politización del operativo, el manejo de los recursos de ayuda y el papel de dirección de la atención.

En el nivel local no existían comités locales de emergencia funcionando –ni siquiera, sobre el papel. Según el Director Seccional de la Defensa Civil, una de las tareas de las comisiones enviadas el 19 "fue la de organizar o constituir los comités locales". Las respuestas de los organismos locales fue diversa: mientras en Bojayá la alcaldesa asumió un papel relativamente protagónico (no solo en la cabecera sino en los corregimientos) y movilizó los escasos recursos con que podía contar para la atención de la emergencia, en Riosucio la participación de la administración local se limitó en buena parte a la cabecera municipal, dejando a los niveles regionales y nacional la atención en los corregimientos y zonas dispersas.

Adicionalmente, y como rasgo que reitera las estructuras tradicionales de poder y de gestión, los niveles locales y regionales adoptaron en general, pero más marcadamente a nivel de Riosucio y del departamento, la actitud de petición al gobierno central y de no movilización de los recursos propios existentes.

A pesar de lo anterior, a finales de noviembre ya se contaba con una buena aproximación a la evaluación de los daños y con algunos perfiles de proyectos de recuperación, así como con una valoración general del costo de los mismos.

 

 El Proceso de Reconstrucción

Aspectos Generales

La experiencia colombiana ante situaciones de desastre ha permitido definir un esquema descentralizado, complementario, subsidiario y con responsabilidad por niveles, articulado a la planificación y el desarrollo de las regiones y las localidades. Esto es particularmente válido para el desarrollo de los procesos de reconstrucción y recuperación posdesastre.

Dicho esquema se basa en los comités regionales y locales para la prevención y atención de desastres como instancias donde confluyen esfuerzos interinstitucionales, intersectoriales e interdisciplinarios que permiten definir mecanismos de trabajo concertado, estableciendo competencias y responsabilidades en todos los niveles en las tareas de gestión de emergencias y de recuperación posdesastre.

Ante la magnitud de la calamidad generada por los sismos del Atrato Medio los comités regionales y locales de los departamentos y municipios afectados definieron, de común acuerdo con la DNPAD, unos procedimientos para la formulación de los planes y proyectos de recuperación, acuerdos que incluían un esquema de coordinación, un esquema de financiación y un esquema de ejecución.

Frente a la necesidad de fortalecer los Comités Regionales, particularmente el del Chocó, y garantizar una gestión adecuada de los programas y proyectos de reconstrucción, el esquema de coordinación definido se basó en:

· . Una Coordinación Nacional del Proceso de Reconstrucción, compartida entre la DNPAD y la Confederación Colombiana de Organismos No Gubernamentales, quienes han venido cumpliendo funciones de asesoría, seguimiento y evaluación de planes y proyectos generados en las regiones y localidades. A su vez, la Confederación Colombiana de Organismos No Gubernamentales fue responsable de formular los componentes del programa correspondientes a los aspectos económicos, productivos y sociales de la reconstrucción;

· . A nivel regional, se crearon dos unidades coordinadoras, una para Antioquia y una para el Chocó, conocidas como Gerencias del Proyecto de Reconstrucción, las cuales, articuladas al Comité Regional de Emergencia y dependiendo del Despacho del Gobernador, cumplen funciones de concertación y elaboración de programas y proyectos, coordinación de la ejecución y seguimiento y evaluación de los mismos. Este esquema se ha aplicado durante todo el período de reconstrucción en Antioquia, mientras en el Chocó ha tenido que sufrir ajustes y modificaciones.

· . A nivel local, se buscó la participación de las alcaldías municipales y de las organizaciones existentes de la comunidad, tanto en la formulación como en la ejecución de los proyectos definidos.

· . El esquema de financiación y de operación está basado en buena parte, aunque con diferencias entre los dos departamentos, en "padrinos municipales", es decir entidades ejecutoras de proyectos municipales, en su mayoría ONGs, que aportan recursos (en pocos casos) o que a través de convenios o contratos con el Estado en sus diferentes niveles (municipio, departamento o nación) ejecutan los proyectos definidos.

En todo el proceso de reconstrucción se ha buscado acentuar la necesidad de contemplar un Programa Integral de Reconstrucción que incluya componentes de reconstrucción física y socioeconómica, bajo un esquema descentralizado de gestión, impulsando una dinámica que conciba que son las comunidades afectadas las que, tras un proceso de participación interna y con el apoyo de entes gubernamentales, organismos no gubernamentales y el sector privado, pueden generar las condiciones para la identificación, formulación y ejecución de los proyectos.

Este esquema tiene la virtud de superar el paternalismo y la beneficencia, el "darle todo a la comunidad", a cambio del intento de una real participación en la toma de decisiones sobre el futuro de su desarrollo, incluyendo la organización, participación y decisión sobre los propios programas y proyectos de reconstrucción.

Sin embargo, una cosa es el esquema y otra la realidad. En términos mismos de la "urgencia" de soluciones, como se verá más adelante, presenta como dificultad principal la duración del proceso. Efectivamente, los procesos participativos, sobre todo en comunidades poco organizadas y con poca o nula tradición participativa, consumen tiempo. Es más fácil entregar los recursos en dinero directamente que impulsar, inducir y desarrollar procesos participativos en los que la concertación y el acuerdo sobre las decisiones ocupan un primer lugar.

El inmediatismo espontáneo o inducido que se manifiesta en ocasiones hace que se desconozcan los tiempos y los plazos necesarios para la formulación de un proyecto o, para una vez formulado, obtener los recursos y encontrar al "padrino" que lo ejecute. En general estos tiempos de gestión son, para las comunidades, tiempo muerto y tienden a manifestarse en frustración o desencanto, por una parte, o en actitudes reivindicativas frente a la lentitud del proceso, por otra.

Adicionalmente hay que entender que mientras para el Estado e incluso para el sector privado y las ONGs la formulación y la gestión son unas realidades y unos logros que hacen parte del proceso de reconstrucción, para las comunidades realmente este proceso se inicia no con las reuniones y los talleres que, por ejemplo, se realicen con ellas, sino con la iniciación real de las obras. En alguna medida son dos "realidades" y dos tiempos distintos los que se viven.

En este sentido el proceso de recuperación y, en general, el proceso de gestión de los desastres va a estar marcado por cuatro períodos generales más o menos claros en todos los casos:

· . primero, la atención directa a las personas, que incluye soluciones provisionales de vivienda, por ejemplo, pero que desde el punto de vista de la reconstrucción permite realizar el análisis y evaluación de daños que van a servir de base para ella;

· . segundo, una etapa que se caracteriza por la formulación inicial de los proyectos y la organización de los esquemas de coordinación, operación y financiación de los mismos. Esta etapa sienta las bases tanto para el trabajo interinstitucional como para el trabajo con las comunidades: significa una primera instancia de consulta y participación;

· . tercero, una etapa caracterizada básicamente por actividades de gestión, complementación de programas y proyectos, búsqueda de financiación y de ejecutores, coordinación tanto con comunidades como con autoridades locales. En esta etapa tienden a manifestarse buena parte de los problemas típicos de estos programas: lentitudes administrativas, bajos niveles de respuesta de las entidades públicas o privadas, trabas en la aprobación de los proyectos y de las financiaciones, etc. Adicionalmente es la etapa menos perceptible para las comunidades y, junto con la anterior, la que frente a las expectativas iniciales crea mayores niveles de frustración.

· . cuarto, la iniciación y desarrollo de las obras, período en el cual, dependiendo de su manejo y desarrollo, o se superan los problemas planteados en las etapas anteriores o se profundiza la frustración y el desencanto, pudiéndose llegar al fracaso del programa.

En Antioquia la coordinación fue asumida en marzo de 1993 por un Asesor del Despacho del Gobernador, responsable del Programa de Reconstrucción de Antioquia, quien viene liderando el Plan Departamental de recuperación de acuerdo con las directrices establecidas por el Comité Regional. El Gerente Regional elaboró un programa de trabajo basado en "proyectos municipales" y "padrinos municipales" para los municipios más severamente afectados por el fenómeno en el Departamento.

El Programa de Reconstrucción se ha planteado y desarrollado a través de Proyectos Municipales (Madrid 1993) formulados con participación de las administraciones locales. Estas, partiendo de los inventarios detallados de daños, definen las actividades requeridas, la prioridad y los costos de las acciones o proyectos propuestos, las formas de participación comunitaria y la asignación de recursos municipales, buscando el apoyo gubernamental y del sector privado para la financiación pendiente.

En septiembre de 1993 estaban formulados y en proceso de gestión la totalidad de proyectos correspondientes a 14 de los 17 municipios con prioridad para la reconstrucción.

Para evitar la dispersión de esfuerzos y recursos y realizar una gestión estatal coherente hacia y con las comunidades afectadas, se adelantaron labores de concertación con otros planes y programas que actúan en la zona con propósitos de desarrollo económico y social. Tal es el caso del Plan Pacífico, el Plan Nacional de Rehabilitación (PNR), el AT-PAS (Asistencia Técnica al Programa de Ajuste Sectorial de Agua Potable) y especialmente el Plan Urabá.

De los 20 municipios considerados, 11 contaban con "padrinos" para el proceso de recuperación, 13 habían formulado proyectos de carácter municipal y 10 estaban comprendidos en zonas de acción prioritaria del Estado a través del Plan Urabá y/o del Plan Nacional de Rehabilitación (PNR).

En el Chocó la coordinación fue asumida inicialmente por un asesor del Despacho del Gobernador y posteriormente por el Secretario de Gobierno, quien a su vez cumple las funciones de Coordinador del Comité Regional. Dada la debilidad institucional del departamento fue preciso fortalecer las labores desarrolladas a través de la contratación de un equipo asesor para la Gerencia de Reconstrucción, equipo que se transformó en la coordinación técnica de dicho programa.

Pese a la definición, desde principios de 1993, de una serie de prioridades basadas en la capacidad técnica y operativa de la región y las localidades comprometidas en el proceso, este se ha desarrollado con bastantes dificultades, centradas en las dificultades de trabajo y toma de decisiones al interior del Comité Regional de Emergencia del Chocó, la relativa ausencia de voluntad política de las autoridades regionales para adelantar el programa y los roces y enfrentamientos entre el Programa de Reconstrucción y sectores del Comité Regional.

El Atrato Medio

Se ha señalado más arriba algunas de las características globales del planeamiento, formulación y organización del proceso de reconstrucción. Sin embargo aquellas formulaciones que, a un nivel macro parecen oportunas y coherentes, se ven confrontadas en los niveles más concretos con las dificultades propias de la región o de la localidad y, sobre todo, con las capacidades existentes para adelantar las propuestas formuladas.

De hecho, al enfrentarse con la realidad, las propuestas de recuperación van siendo transformadas, cambiadas y se van acomodando a las situaciones existentes. Adicionalmente a ello, muchas veces las formulaciones macros, por coherentes que sean, no corresponden o dejan de lado aspectos centrales de la realidad y de las posibilidades regionales.

El proceso de reconstrucción pos-sismo se inicia en firme una vez superada la atención inmediata y conformadas las gerencias de reconstrucción en cada uno de los departamentos (aproximadamente marzo de 1993).

Tiene como base la evaluación de daños realizada por los comités regionales de emergencia, con apoyo del organismo nacional, pero, desde el punto de vista de la elaboración y ejecución de proyectos, se adopta la figura de las Gerencias de Reconstrucción. Estas son conformadas con base en la división jurídico-administrativa del país: una para Antioquia y otra para el Chocó. Esto hace que desde el comienzo del proceso no se le de un tratamiento de región al Atrato Medio y que el presupuesto de la integralidad, al menos en este sentido espacial, sea roto en la formulación misma de la reconstrucción.

Esto tiene como consecuencia inmediata el que una Gerencia, la del Chocó, esté actuando fundamentalmente en el Atrato, mientras la otra tiene a su cargo el conjunto de sectores afectados en Antioquia (Urabá, Occidente y los dos municipios del Atrato). Esto implica, en el caso de Antioquia, un tratamiento general relativamente homogéneo para todas las regiones. y si bien se le ha dado una prioridad al caso de Murindó, especialmente al de la reconstrucción de su casco urbano, es de todas maneras diferente a si estuviera articulado en una perspectiva regional articulada a la de los otros municipios del Chocó.

Adicionalmente, aparte de la Coordinación Nacional (DNPAD y Confederación Colombiana de ONGs), no se previeron mecanismos de coordinación ni de intercambio de experiencias entre ellas, trabajando la coordinación nacional de alguna manera por aparte con cada una.

Como lo señala el asesor técnico de la gerencia de Reconstrucción del Chocó la relación entre las dos gerencias es prácticamente inexistente y, en el mejor de los casos, se da de manera casual, ya sea a través de encuentros en el terreno con diferentes personas, ya sea a través del proyecto que adelanta Antioquia Presente en Turriquitadó (municipio de Riosucio) o ya sea a través de visitas no formales a Medellín. Pero lo importante es que no hay una articulación institucional y técnica entre los dos procesos que se desarrollan en el Atrato Medio.

Antioquia

El proceso de reconstrucción en la zona antioqueña del Atrato Medio se desarrolla bajo el mismo esquema definido para el conjunto del departamento: una gerencia del Proyecto de Reconstrucción, proyectos municipales formulados con participación de las administraciones locales y de las comunidades afectadas y, una vez definido su costo, la búsqueda de financiación y de "padrinos" para su ejecución.

Antioquia contó en la fase pos-sismo con un gerente de reconstrucción que duró poco tiempo y apoyó fundamentalmente la parte de atención. A partir de marzo de 1993 con la nueva gerente de reconstrucción se inició un proceso enmarcado en la necesidad de desarrollar un Programa Integral de Reconstrucción que incluyera componentes de reconstrucción física y socioeconómica, bajo un esquema descentralizado y participativo de gestión. Se partió del principio que son las comunidades afectadas las que, tras un proceso de participación interna y con el apoyo de entes gubernamentales, organismos no gubernamentales y del sector privado, pueden generar las condiciones para la identificación, formulación y ejecución de los proyectos.

En julio de 1993 una evaluación desarrollada por la Coordinación Nacional del Programa de Reconstrucción señalaba como característicos del proceso y de los proyectos en Antioquia, entre otros aspectos, los siguientes (Bustamante 1993):

· .el proceso comunitario desarrollado para la reubicación de poblados, la creación de talleres comunitarios de participación y la definición, dar prioridad y formulación de necesidades locales, en cada uno de los municipios afectados;

· .la estructuración de proyectos con compromiso local y comunitario y apoyo regional y la identificación de los proyectos prioritarios con el fin de buscarles apoyo y financiación para su ejecución;

· .el impulso de los proyectos municipales integrales requirió más tiempo de planificación pero significó una mayor seguridad en sus resultados, por el hecho mismo de tratarse de proyectos concertados tanto local como regionalmente y con una aceptación explícita de las comunidades.

· .los proyectos desarrollados hasta ese momento eran básicamente de reconstrucción física y, en el caso de Murindó incluían la construcción de obras de defensa contra inundaciones. La formulación incluía cobertura, beneficiarios, área de construcción por ejecutar con sus respectivos costos y la discriminación de aportes por niveles (local, regional, nacional). Los proyectos de recuperación económica estaban siendo identificados a esta fecha.

El valor total de los proyectos formulados para el Plan Integral de Reconstrucción al 18 de julio de 1994 (Madrid 1994b) para los dos municipios del Atrato Medio alcanzaba la suma de 4.425 millones de pesos, de los cuales estaba financiado aproximadamente el 73%. El origen de los recursos es el siguiente: a la nación corresponde el 63%, al departamento el 16%, al municipio el 8.7%, a la comunidad local el 6.5% mientras el restante, es decir el 5.8% proviene de aportes de otras entidades (ONGs o sector privado).

Chocó

Las condiciones de desarrollo de los proyectos de reconstrucción en el Atrato Medio chocoano tuvieron unas características diferentes a las de Antioquia. Además de las dificultades generadas por los roces institucionales ya señalados en el análisis de la atención y que siguen manteniéndose en el período de reconstrucción y de las condiciones generales del proceso también señaladas anteriormente, es preciso destacar algunas de las particularidades de este proceso.

El papel del departamento en la identificación y formulación de los proyectos de reconstrucción fue poco claro y con pocos resultados. En enero de 1993 se nombra un gerente del Programa de Reconstrucción, quien comienza a laborar como asesor del gobernador a esos efectos. Inicialmente se identifican una serie de proyectos (alrededor de 20) que tienen que ver básicamente con:

· .reconstrucción y/o reubicación de poblados afectados por el sismo;

· .recuperación y reparación de viviendas afectadas;

· .reconstrucción de infraestructura básica;

· .reconstrucción de establecimientos educativos;

· .reconstrucción de establecimientos de salud y ejecución de proyectos de saneamiento ambiental

· .programa de apoyo a comunidades indígenas.

Este último es formulado y ejecutado por la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, con apoyo y participación de la Organización Regional Embera-Wuanana, y no hace parte del paquete de proyectos coordinados por la Gerencia de Reconstrucción. De hecho, para las comunidades indígenas fue definido un tratamiento distinto al del resto de la población y su formulación y ejecución fue más rápida que en los otros casos.

Como puede observarse, el enfoque inicial del programa en el Chocó era básicamente de reconstrucción física y puesta en marcha de algunos servicios sociales básicos (educación y salud, por ejemplo) a través de la reconstrucción de su infraestructura. Estos programas correspondían en buena parte a los perfiles identificados durante la evaluación de daños, pero no estaban articulados a una perspectiva clara de integralidad y de participación comunitaria. Adicionalmente se definió una prioridad para la acción: primero, los asentamientos que era necesario cambiar de sitio, reubicar; en segundo lugar, aquellos que podían reconstruirse in situs y, tercero, aquellos que era posible mejorar.

Este proceso, desarrollado más o menos entre enero y marzo de 1993, mostró las limitaciones de gestión de la administración departamental. Estas eran expresadas básicamente en la inexistencia práctica de un equipo de trabajo que apoyara al gerente de reconstrucción, en la incapacidad de consultar y concertar procesos con las comunidades y en el mantenimiento de los enfrentamientos con los operativos, especialmente la Defensa Civil, la cual veía el proceso de reconstrucción más como una repartición de tejas de zinc y materiales de construcción que como un proceso articulado al desarrollo de la región.

Ante estas debilidades y para apoyar el proceso de reconstrucción, la DNPAD contrató inicialmente un asesor técnico para el proyecto, quien comenzó labores en marzo de 1993 y se convirtió poco tiempo después (ante la renuncia del gerente del proyecto y la delegación de dicho cargo al Secretario de Gobierno del Departamento) en coordinador técnico del proyecto de reconstrucción. Adicionalmente, la Confederación de Organismos No Gubernamentales empezó por la misma época y por contrato con el Fondo Nacional de Calamidades a realizar un trabajo de diagnóstico socioeconómico de las comunidades afectadas y de formulación de proyectos productivos y de proyectos sociales complementarios a la reconstrucción física.

La situación vigente en marzo puede ser sintetizada de la siguiente manera, de acuerdo con lo encontrado por el asesor al iniciar sus labores a finales de marzo de 1993:

· La gerencia de reconstrucción no presentaba ningún tipo de estructura administrativa, técnica u operativa que le permitiera desarrollar su labor de la mejor forma posible. Está compuesta por una sola persona, dedicada a buscar recursos sin tener proyectos.

· En términos estrictos, en marzo no existían proyectos formulados. Existían una serie de ideas de qué había que hacerse y, en el mejor de los casos, algunos perfiles de proyectos, sin diseños, sin presupuestos detallados, sin estructura o propuesta de ejecución y sin haber sido consultados con las comunidades.

· El apoyo institucional del orden departamental a la gerencia de reconstrucción, delegado en una comisión de trabajo en que participaban planificación departamental, secretaria de obras y otras entidades, no funcionaba.

A partir de marzo, las principales acciones de la gerencia de proyectos y, posteriormente de la coordinación técnica estuvieron articulados en tres ejes principales:

· la reformulación de los proyectos, con base en las ideas y perfiles existentes. Puede considerarse como una labor técnica de diseño urbanístico y arquitectónico, así como de cálculo de costos.

· la realización de visitas a la zona afectada y de talleres con las comunidades, para la presentación, con el fin de consultar, validar y/o reformular las propuestas de reconstrucción.

· la identificación de ONGs u otro tipo de organizaciones existentes en la región que pudieran incorporarse al proceso de formulación y ejecución de los proyectos del plan.

Además se empiezan a realizar gestiones en búsqueda de apoyo técnico o financiero con entidades del orden municipal, regional y nacional, que permitieran garantizar los recursos para la ejecución del programa.

EL proceso anteriormente esbozado lleva su tiempo: para octubre de 1993 (un año después del sismo) estaba formulado aproximadamente un 40% del programa. Es en este momento donde se incorporan tres componentes esenciales en la formulación y ejecución del mismo: El primer componente es la Fundación FIDHAP-CONSTRUOBRAS, quien se encarga de la formulación de los proyectos correspondientes a la cuenca del Río Jiguamiandó (en el municipio de Riosucio), los cuales cubren siete comunidades afectadas (Puerto Lleras, Bijao Medio, Pueblo Nuevo, Remacho-Bellaflor, Caño Seco, Santa Rosa de Limón y Santafé). El segundo componente es la Parroquia de Riosucio y la Organización Campesina del Bajo Atrato (OCABA), quienes se encargaron de la formulación de los proyectos correspondientes a los corregimientos de Montaño y Vigía de Curbaradó y del casco urbano de Riosucio. El tercero lo constituye el contrato realizado con la Corporación Minuto de Dios para el desarrollo del proyecto de reconstrucción en tres corregimientos de Bojayá (San José de la Calle, Veracruz y Pueblo Nuevo).

Para diciembre de 1993 ya se contaba con el 100% de los proyectos formulados y con algunos iniciados (los tres de Bojayá, realizados por la Corporación Minuto de Dios). A los anteriormente señalados hay que agregar: los formulados por el Fondo de Vivienda del Municipio de Bojayá para el mejoramiento de 14 localidades rurales del municipio, el formulado y desarrollado por la Corporación Antioquia Presente en la localidad de Turriquitadó (Riosucio), y el formulado por la Cruz Roja en la localidad de La Grande (Riosucio).

 Algunas Conclusiones

 Sobre el Proceso de Gestión de las Emergencias

Como se ha mencionado previamente, la fase de atención directa a la emergencia generada por los sismos de octubre de 1992 se extendió hasta febrero de 1993.

En este período de casi cuatro meses se realizaron evaluaciones de daños, diagnósticos y acciones de apoyo primario para mitigar el impacto violento tanto del fenómeno natural (los sismos) como de los fenómenos inducidos (taponamiento de ríos y caños, crecientes, inundaciones, etc.), así como se sentaron las bases para la iniciación del proceso de reconstrucción.

En estas actividades participaron de manera diversa múltiples entidades y organismos que trabajaron, en general, de manera coordinada. Ello permitió no solamente la atención misma sino identificar las acciones de rehabilitación y recuperación e iniciar el proceso de conformación de los grupos humanos y técnicos encargados de llevar los perfiles definidos hacia noviembre y diciembre a proyectos diseñados de acuerdo con los formatos y mecanismos establecidos por las distintas entidades que, potencialmente, podrían contribuir con la recuperación. Con estas últimas se iniciaron contactos para que se definieran los procedimientos de interrelación para la recuperación de los afectados.

Con los comités regionales, pese a las limitaciones técnicas y operativas del Comité Regional del Chocó, se logró realizar un inventario de daños y se pudo dar prioridad a los municipios que necesitaban acciones urgentes de recuperación. De este proceso se pudo concluir la necesidad de asistir de manera urgente en la reconstrucción a 17 municipios en Antioquia y a 2 municipios del Chocó, en los que se dio prioridad a los corregimientos en los cuales se realizarían programas de identificación y formulación de necesidades.

Una característica importante del proceso es que, pese a superarse la etapa de atención hacia febrero de l993, durante toda ella se tuvo en mira y se sentaron las bases del proceso de recuperación, a través principalmente de tres instrumentos principales: evaluación de daños y, por consiguiente, de las necesidades de recuperación; dar prioridad a la intervención en los municipios más golpeados (17 sobre 30 en Antioquia y 2 sobre 3 en el Chocó), y construcción de las bases técnicas (perfiles de proyectos y programas) tanto para la ejecución como para la búsqueda de financiación de la recuperación.

Los recursos gastados en esta etapa, incluyendo los diversos rubros ya señalados alcanzan alrededor de 1.165.000 dólares, de los cuales el 48.5% corresponde al nivel nacional; un 16.6% al departamento de Antioquia, incluyendo la ciudad de Medellín, un 26,8% a diversas entidades regionales, especialmente del departamento de Antioquia, un 2,68% al departamento del Chocó y el resto, es decir, el 5,42% a aportes de la comunidad internacional.

En este contexto pueden destacarse los siguientes aspectos:

· En primer lugar, la atención se da diferenciada en el tiempo y en intensidad de acuerdo con la ubicación de los asentamientos. Es más fácil llegar a las cabeceras municipales y a los asentamientos a orillas del río Atrato que a los asentamientos ubicados sobre sus afluentes, más alejados y de más difícil acceso.

· En segundo lugar, se desarrolla diferencialmente dada la correspondiente capacidad de operación de cada uno de los departamentos. Mientras en Vigía del Fuerte y Murindó la presencia regional (FOPREVE y entidades departamentales) se da prácticamente de forma inmediata, en el Chocó la atención es más lenta, las comisiones del Comité Regional se demoran más en llegar y se tienen más problemas operativos.

· En tercer lugar, es importante resaltar el apoyo del organismo nacional, apoyo que es inicialmente de orden financiero pero, posteriormente, implica una presencia y una coordinación importante tanto en términos de la evaluación de daños como en términos de la organización de la atención misma.

· Un ingrediente adicional que diferencia la atención regional y local en ambos departamentos es el hecho de que mientras en Antioquia se cuenta con unos niveles de organización y de experiencia relativamente altos (incluyendo procesos de atención y de recuperación recientes y exitosos realizados en los últimos tres o cuatro años), en el Chocó los niveles de organización son bajos y las experiencias se reducen, en buena medida, al socorro inmediato consistente en llevar alimentos y, en el mejor de los casos, alojar temporalmente a población afectada por algún evento.

· En este sentido, de alguna manera el Chocó no ha salido de una visión directamente relacionada con lo que pueda dársele a la gente inmediatamente (mercados, en el mejor de los casos, tejas), no exenta de intereses y utilización política y fortalecida por un cierto desinterés y descuido de la administración con respecto al comité de emergencia y la primacía en él de concepciones inmediatistas como las expresadas por el comité operativo del Comité Regional y, especialmente por la seccional de la Defensa Civil.

· La voluntad política a nivel departamental, manifestada en la capacidad de movilizar recursos para la gestión de la emergencia, independientemente de los recursos inmediatos de las entidades operativas y del apoyo nacional que pueda recibirse, es otra diferencia entre la zona chocoana y la zona antioqueña del Atrato Medio. Si bien es cierto Antioquia es posiblemente el departamento con mayor capacidad de movilización, llama la atención la ausencia en Chocó de movilizar los recursos disponibles, así estos sean relativamente limitados.

· Esta diferencia se manifiesta igualmente en el funcionamiento de la coordinación institucional, la capacidad del comité regional y de sus comisiones, y la espera y expectativas sobre el apoyo nacional.

 Sobre el Proceso de Reconstrucción

El proceso de reconstrucción se inicia en firme una vez superada la atención inmediata y conformadas las gerencias de reconstrucción en cada uno de los departamentos (aproximadamente marzo de 1993).

Las gerencias de reconstrucción, aunque relacionadas con los comités regionales, especialmente a través de la cabeza de estos –el Gobernador– paulatinamente van a cobrar una relativa autonomía. Los comités regionales van pasar entonces a jugar un papel relativamente secundario en este proceso. Esto no es tan notorio en el caso de Antioquia dada la relativa fortaleza institucional y capacidad de gestión del departamento. De alguna manera existe una "cultura" administrativa que comprende la creación de instancias relativamente independientes y temporales para la ejecución de programas específicos. Ello permite que no se presenten mayores contradicciones y fricciones entre comité y gerencia de reconstrucción.

En el caso del Chocó la situación es diferente. El gerente de reconstrucción nombrado por el Gobernador no logró la capacidad de convocatoria ni contó con la capacidad técnica para elaborar, formular y desarrollar los proyectos. Hubo necesidad de nombrar una asesoría técnica que, en últimas, se convirtió en la real gerencia de reconstrucción. Esta asesoría técnica nombrada por la DNPAD, y que empezó a trabajar a finales de marzo de 1993 no fue bien recibida por sectores del Comité Regional, especialmente por sus componentes operativos, y entró rápidamente en conflictos y contradicciones con el mismo.

Pese a los éxitos de la gerencia en términos de formulación de proyectos e iniciación de ejecuciones, el estado del proceso cuando entró el asesor y los múltiples roces con el Comité Regional o con algunos de sus componentes, causaron necesariamente un desgaste y un retardo en la formulación y ejecución del programa. De hecho, recién en octubre de 1993 se inició la ejecución de programas de vivienda en el municipio de Bojayá (Proyectos de San José de Calle, Pueblo Nuevo y Veracruz), desarrollados por el Minuto de Dios.

La participación de las autoridades locales ha sido desigual tanto desde el punto de vista de la voluntad política como desde el punto de vista de sus aportes al proceso. En el caso de Riosucio, por ejemplo, la administración ha participado un poco a regañadientes en el proceso, desconfiando profundamente de otros actores tales como la Organización Campesina del Bajo Atrato (OCABA) y la Parroquia de Riosucio. Por el contrario, en el caso de Bojayá y Murindó, por ejemplo, ha existido la voluntad política y la participación activa de la municipalidad en el proceso de formulación y en asumir (por lo menos en Bojayá) la ejecución de algunos proyectos.

La participación de ONGs y de otro tipo de organizaciones en el proceso ha sido significativa, tanto por el planteamiento de "padrinos" como por la presencia de organizaciones municipales y regionales existentes en la región. Sin embargo, vale la pena distinguir entre la participación de ONGs de carácter nacional o regional, tales como el Minuto de Dios y Antioquia Presente (sin presencia anterior en la región y resultado de más de una concertación nacional y/o regional), la participación de ONGs de la región o con trabajos previos en la misma (caso de FIDHAP-CONSTRUOBRAS, en Riosucio), y la participación de organizaciones (caso de OCABA, también en Riosucio). Finalmente, también fue importante la presencia de organismos de tipo religioso (la Parroquia de Riosucio, como parte de su acción pastoral, o las diferentes comunidades de misioneros o de iglesias protestantes).

Otra característica de la reconstrucción ha sido la formulación diferencial y no articulada claramente de proyectos, por una parte para las comunidades negras y, por otra, para las comunidades indígenas. El proceso desarrollado con las comunidades indígenas y de alguna manera liderado por la Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno, no está articulado ni relacionado con el conjunto del proceso de reconstrucción. Es posible incluso mostrar que entre la labor con indígenas en el Chocó y la labor con indígenas en Antioquia tampoco ha existido mayor integración.

El resultado de este proceso ha sido, en el caso del Chocó, el desarrollo de un proceso de reconstrucción con comunidades indígenas, con participación de las mismas, mucho más rápido y oportuno que el realizado con las comunidades negras. Sin embargo, es otro elemento que depende no sólo de la necesidad de trabajo e intervenciones particulares para cada caso, lo cual es cierto, sino también de la ausencia de otro elemento de integralidad en el proceso.

Aunque se plantea la reconstrucción como un proceso relativamente integral ya no solo desde el punto de vista territorial o de articulación de labores con comunidades étnicamente diversas sino desde el punto de vista de los contenidos de los proyectos, se encuentran algunos elementos no tan integrales. En la práctica existe la formulación y desarrollo de proyectos puntuales (tal vez con la excepción del proyecto indígena del Chocó), centrados al menos inicialmente en la vivienda y en algún nivel de equipamiento "urbano" (servicios básicos, caseta comunitaria, escuela, puesto de salud), y cuyo desarrollo no está articulado más allá del espacio inmediato del asentamiento. Esta suma de proyectos puntuales, por una parte, y el proyecto de reconstrucción productiva y socioeconómica que debe formular la Confederación Colombiana de ONGs, por otra, conformarán el programa "integral".

Por otra parte, el propio proceso de identificación, formulación e inicio de ejecución de los proyectos ha llevado a plantear la necesidad de articular y formular de mejor manera la integralidad: caso del río Jiguamiandó, que de tres proyectos iniciales se pasa a ocho luego de un reconocimiento de la zona y que en mayor o menor medida, para el éxito de los mismos, debe articularse a una política de manejo, al menos del conjunto de la cuenca del río, integrando, más allá de la vivienda, los servicios básicos, la escuela y el puesto de salud, la definición sobre manejo productivo de zonas relativamente frágiles y la recuperación y manejo de los daños ambientales ocasionados por el sismo.

El proceso desarrollado en los dos departamentos puede ser caracterizado con los siguientes elementos, tomados, en su mayor parte, del Resumen Ejecutivo, ya citado, de la Gerencia de Proyectos de Antioquia, y de los diversos informes elaborados por la DNPAD:

· La capacidad de gestión de los proyectos por los municipios es en general muy limitada. La etapa de identificación, diseño y de dar prioridad a las obras se prolongó por mucho más tiempo de lo previsto. Ello significó retrasos en la presentación de los programas para la búsqueda de recursos financieros. Además, a las administraciones municipales se les hizo difícil la asignación de recursos, y debieron asumir el liderazgo del programa, en algunos casos por falta de compromiso inicial de los gobiernos regionales y/o locales, por razones primordialmente presupuestales, de organización y sobre todo de coordinación interinstitucional tanto de recursos técnicos como financieros;

· El largo período transcurrido entre la atención inmediata de la emergencia y la iniciación del proceso de reconstrucción originó desconcierto entre las comunidades, que además esperaban la asignación directa de recursos financieros sin necesidad de presentar los proyectos que indicaran las acciones requeridas. Este período originó un escepticismo inicial entre las comunidades, en general acostumbradas a las promesas de los políticos y al anuncio de programas y proyectos que no se realizan o se hacen parcialmente.

· La respuesta de los padrinos no fue tan amplia como se esperaba. Ello debido en parte al tiempo transcurrido desde la ocurrencia de los eventos, y en parte, a cierto escepticismo de las ONGs y del sector privado sobre el cumplimiento del Estado de los compromisos presupuestales, relacionados con el programa de recuperación. Algunos padrinos asumieron con seriedad su papel; otros, sin embargo, sólo acompañaron nominalmente a los municipios.

· El proceso comunitario para la reubicación de poblados, la creación de talleres comunitarios de participación, definición, asignación de prioridad y formulación de necesidades locales, han constituido el primer producto tangible en una gran parte de la zona afectada. Sin embargo, solo hasta la iniciación real de obras las comunidades han percibido que el proceso de recuperación va en serio. Esta situación se ha visto afectada por una relativa falta de agilidad en el dar prioridad a los proyectos y la compatibilización con presupuestos regionales, locales, nacionales y/o internacionales. Adicionalmente el proceso con las comunidades y, en alguna medida, con las ONGs y los "padrinos" también se ha visto afectado por la ausencia inicial y los mecanismos inmediatos de información que retroalimente el proceso de toma de decisiones de manera inmediata.

· Si bien al interior de la administración departamental la figura de un ente coordinador contó con el respaldo de todas las entidades, ha resultado difícil que algunas asuman su papel de ejecutores de las actividades de su competencia y, aún más, que asignen recursos permanentes para el proyecto. Sin embargo, la reiterada voluntad de apoyo del gobierno seccional ha permitido avanzar en la solución de algunos problemas de cooperación que pueden entenderse si consideramos que hasta ahora el trabajo de rehabilitación de comunidades había sido asumido puntualmente por las entidades según el sector a su cargo.

· La respuesta de las entidades nacionales a las cuales se les ha enviado información general del proceso de recuperación pos-sismos y petición sobre definición de mecanismos de interrelación y cooperación para llevar a cabo el programa ha sido diferencial. El tipo de problemas presentados son similares a los enunciados en el punto anterior.

· La participación de organismos de la comunidad se ha presentado básicamente a nivel de las comunidades indígenas (Organización Indígena de Antioquia –OIA, Organización Indígena Regional Emberá-Wuanana) y de algunos sectores campesinos (Organización Campesina del Bajo Atrato –OCABA, en el municipio de Riosucio, Asociación Campesina Integral del Atrato –ACIA), aunque sin tener una presencia protagónica en el proceso. Vale la pena destacar también la participación de la Iglesia Católica, a través de la Parroquia de Riosucio y de organizaciones misioneras presentes en el área del Atrato Medio.

· Pese a la importancia de la participación del Instituto Nacional de Vivienda de Interés Social y Reforma Urbana (INURBE), entidad que canaliza el Subsidio Familiar de Vivienda y que juega un papel político y financiero importante en situaciones de desastres, se han presentado dificultades para hacer efectivo dicho subsidio, aun cuando en este campo se han desarrollado una serie de políticas y acciones en relación con los procesos de reconstrucción, rehabilitación, relocalización y/o mejoramiento de viviendas para asentamientos humanos afectados por la ocurrencia de un desastre, o de aquellos asentamientos que estén ubicados en zonas consideradas de alto riesgo.

· A pesar de que muchos puntos que se consideran como logros aún no son cuantificables ni fácilmente verificables, cabe resaltar que la Coordinación Nacional ha efectuado una importante labor de relaciones interinstitucionales y de proceso de gestión, de búsqueda de asistencia técnica y de acompañamiento al proceso. Estos aspectos se reflejan tanto en la convocatoria de instituciones relacionadas con la emergencia y su reconstrucción, pero también la declaratoria de calamidad pública y en la canalización de recursos tanto humanos como técnicos y financieros a nivel nacional e internacional. Paralelamente cabe destacar el apoyo para el fortalecimiento municipal y de los ONGs.

· Desde el mismo momento en que se estructura el programa nacional y regional, la concepción de las gerencias regionales para utilizar la infraestructura regional y local existente y el evitar la creación de mecanismos paralelos a los existentes, se genera un mayor esfuerzo regional y local tanto de las instancias gubernamentales como de la sociedad civil organizada, a través de las ONGs, organizaciones comunitarias y en general organizaciones civiles y de la empresa privada. De otra parte se estimula la autogestión que actualmente puede verse como un proceso "lento" pero que en un futuro cercano permitirá que él se institucionalice basado en este "aprendizaje" efectuado por los niveles regional, local y comunitario y que, una vez establecidos parámetros claros y metodológicos, generarán agilidad y replicabilidad en casos similares.

· La ubicación de los recursos financieros ha sido lenta, tanto porque se requiere de la presentación de los proyectos debidamente sustentados, como por los trámites que deben efectuarse. Sin embargo, en los últimos seis meses se logró el respaldo financiero para más del 50% del programa, lo que representa un buen logro. Respecto a la ejecución de las obras que ya cuentan con financiación, ellas se han iniciado con algunas dificultades debidas básicamente a la modalidad de contratos de cofinanciación con las administraciones municipales, que poco se ha utilizado hasta ahora y que obliga a verificar con detalle la capacidad operativa de que dispone cada municipio.

 Anexo 1 Los eventos Sísmicos de Octubre de 1992

Los días 17 y 18 de octubre de 1992 ocurrieron dos sismos con magnitudes calculadas en 6.6 y 7.2 en la escala de Richter, respectivamente. Estos fenómenos fueron seguidos por centenares de réplicas, muchas de las cuales fueron sentidas por la población. La zona donde ocurrieron –el Atrato Medio– era reconocida como de riesgo sísmico alto en el Código Colombiano de Construcciones Sismoresistentes (Decreto-Ley 1400 de 1984), y recientemente se estaban adelantando estudios históricos y de monitoreo que permitan catalogarla como fuente sismogénica de primer orden en cuanto a magnitudes y recurrencias.

Dicha zona hace parte de una de las regiones sismotectónicas menos comprendidas del globo debido a su complejidad geológica, a las grandes dificultades de acceso y a lo incipiente de los programas de evaluación técnica y científica de este tipo de fenómenos en el país. Los sismos ocurridos en esta región se sintieron prácticamente en el conjunto del país y generaron daños importantes aunque diferenciados en los departamentos de Antioquia y Chocó, incluyendo las ciudades capitales Medellín y Quibdó.

 El Monitoreo y la Evaluación Científica de los Sismos

El país ha venido desarrollando desde hace unos años instrumentos para el estudio y monitoreo de la amenaza o peligro sísmico en el país. Aunque proyectos como la Red Sismológica Nacional tienen antecedentes anteriores a 1980, Instituto Geofísico de los Andes), sólo con el planteamiento y desarrollo del Sistema Nacional de Prevención de Desastres se ha manifestado una clara voluntad política de dotar al país de los instrumentos necesarios en este campo.

Desde mediados de la década de los ochenta algunos elementos adicionales que hacen parte del Sistema o están interrelacionados con él tienen que ver con el desarrollo del Observatorio Sismológico del Sur Occidente (OSSO) de la Universidad del Valle, como red sismológica regional y de los Observatorios Vulcanológicos de Manizales y Pasto, que aunque diseñados para el monitoreo de los volcanes, pueden registrar alguna información sobre los sismos que se presenten en el país.

En el caso de los sismos del Atrato Medio, cuatro de las cinco estaciones de prueba de la Red Sismológica Nacional operada por el Instituto Nacional de Investigaciones en Geociencias, Minería y Química (INGEOMINAS) detectaron el fenómeno sísmico pero presentaron problemas en el procesamiento de los datos, dado que se encontraban apenas en proceso de instalación. Además, su distribución espacial en ese momento no ofrecía todas las garantías para una evaluación precisa y un monitoreo adecuado.

El Observatorio Vulcanológico de Manizales (OVC), establecido como dependencia del INGEOMINAS a raíz de la actividad volcánica en el Nevado del Ruiz, registró los sismos, pero la localización y especificaciones de sus aparatos no permitió una observación adecuada. El Observatorio Sismológico del Suroccidente (OSSO) captó un sismo precursor y más de 1.500 réplicas en las primeras dos semanas después de los terremotos, a pesar de ocurrir lejos de su área de estudio.

En esas condiciones los registros sísmicos para los días 17 y 18 de octubre fueron obtenidos a través de las diferentes fuentes señaladas anteriormente y de algunos organismos internacionales como el National Earthquake Information Center (NEIC) de los Estados Unidos, que opera uno de los centros sismológicos mundiales y que fue quien definió la magnitud Richter del evento. Un resumen de las características de los sismos, hecho por distintas instituciones es el siguiente:

Cuadro 4
SISMO DEL 17 DE OCTUBRE DE 1992, 4 HORAS 32 MINUTOS (HORA LOCAL)

 

MAGNITUD

LATITUD

LONGITUD

PROFUNDIDAD
INGEOMINAS

6,6

      
OSSO (Red Regional)

6,6

6,72 N

76,95

<33 km.
NIEC (USA)

6,6

6,6 N

76,8 W

---------

Cuadro 5
EVENTO PRINCIPAL, 18 DE OCTUBRE DE 1992, 11 HORAS 12 MINUTOS (HORA LOCAL)

 

MAGNITUD

LATITUD

LONGITUD

PROFUNDIDAD
INGEOMINAS 7,2 6,9 N 76,7 W  
OSSO (Red Regional) 7,2 6,9 N 76,9 W

<33 km.
NIEC (USA) 7,2 6,9 N 77,0 W

---------

Sin embargo, fue necesario complementar el conocimiento de los fenómenos ocurridos. Para ello se diseñó un programa de observaciones sismológicas complementario a partir de una red temporal con dos estaciones en la Isla Murindó y la cabecera de Frontino. El trabajo de campo realizado entre el 29 de octubre y el 14 de noviembre permitió registrar unas 1.000 réplicas, algunas de ellas de magnitud mayor de 4,7, que es el umbral de localización global.

 Sismicidad Histórica

Según INGEOMINAS (1993: 8) la falta de instrumentación en la zona ha sido un escollo para el adecuado conocimiento de la sismicidad en esta área. Sin embargo, existen registros en catálogos (Ramírez 1975) que pueden asociarse a actividades sísmicas en la zona. Aunque la documentación histórica sobre estos sismos es bastante pobre y, en general, no se han desarrollado investigaciones al respecto, los sismos de diciembre de 1903 parecen haber tenido efectos similares a los de 1992, al menos en la población de Frontino, Antioquia, de acuerdo a la descripción de White. En esta señala numerosos deslizamientos, represamientos de ríos y réplicas extendidas en el tiempo que produjeron pánico entre la población y su emigración temporal.

En la fecha de ocurrencia de los eventos se encontraba en edición el "Catálogo Histórico-sísmico para Medellín" (Velásquez y Arango 1993), en el cual se identifica a la región como una fuente sísmica de importancia, con sismos como el de marzo 8 de 1883 y los de diciembre de 1883, con fuertes daños en Frontino. A continuación se presentan algunos de los sismos históricos identificados:

Cuadro 6
SISMOS HISTÓRICOS IDENTIFICADOS

 FECHA

LOCALIZACIÓN

OBSERVACIONES
8 de marzo de 1883   Réplicas 15 y 28
1 de diciembre de 1903    
14 de febrero de 1952 Urrao-Mandé  
1 de septiembre de 1956 Riosucio  
13 de marzo de 1960 Riosucio  
1 de septiembre de 1960 Bojayá  
22 de septiembre de 1960 Coredó  
17 de agosto de 1965 Paimadó  
6 de mayo de 1967 Coredó  
31 de octubre de 1968 Murrí  
14 de febrero de 1969 Bebaramá  
2 de agosto de 1970 Mandé  
15 de abril de 1972 La Isla  

 

 Anexo 2 Fuentes de Información

a. Los investigadores participaron de diversa manera (uno como Jefe de la División de Programas Nacionales de la DNPAD y el otro como consultor de la misma) en el proceso de atención, manejo y recuperación pos-sismos en la zona afectada de Chocó y Antioquia y particularmente en la zona del Atrato Medio. En este sentido no sólo siguieron día a día dicho proceso sino que, particularmente el Jefe de División participó en múltiples reuniones de toma de decisiones, coordinó gran parte del proceso y, en nombre de la DNPAD, intercaló con gran parte de los actores sociales, institucionales y políticos que participaron en las acciones de manejo y reconstrucción.

b. En este sentido se tuvo acceso a toda la información documental (informes actas de reuniones, propuestas de diversos actores, evaluaciones, etc.), incluyendo algunos documentos manuscritos y notas de reuniones no consignados oficialmente en ninguna publicación.

c. Adicionalmente se hicieron reuniones de discusión con diferentes actores y algunas pocas entrevistas abiertas y semiestructuradas con otros.

d. Finalmente se realizó un análisis de la prensa nacional entre la fecha de los sismos (octubre de 1992) y enero de 1993.

 

 Anexo 3 Instituciones y organizaciones participantes en la atención de la emergencia, rehabilitación y reconstrucción de la zona afectada por los sismos de octubre de 1992

 Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres

 Nivel Nacional

 1. Comité Operativo Nacional

Cruz Roja Colombiana

Defensa Civil Colombiana

Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (DNPAD)

Ministerio de Salud

Ministerio de Defensa

Policía Nacional

 2. Comité Técnico Nacional

Cruz Roja Colombiana

Defensa Civil Colombiana

Departamento Nacional de Planeación (DNP)

Empresa Nacional de Telecomunicaciones (TELECOM)

Instituto de Investigaciones en Geología, Minería y Química (INGEOMINAS)

Instituto de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras (HIMAT)

Instituto de Mercadeo Agropecuario (IDEMA)

Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC)

Instituto Nacional de La Reforma Urbana (INURBE)

Instituto Nacional de Recursos Naturales (INDERENA)

Ministerio de Agricultura

Ministerio de Defensa (Ejercito Nacional, Fuerza Aérea Colombiana)

Ministerio de Gobierno

Ministerio de Obras Públicas

Ministerio de Salud

Policía Nacional

Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

 3. Entidades Coordinadoras y/o Financiadoras (Nivel Nacional)

Dirección Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (DNPAD)

Sociedad Fiduciaria La Previsora (Fondo Nacional de Calamidades)

Fondos Nacionales de Cofinanciación

 4. Otras Entidades Nacionales

Dirección de Asuntos Indígenas del Ministerio de Gobierno

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF)

Plan Pacífico

Plan Urabá

Plan Nacional de Rehabilitación (PNR)

 Nivel Regional

 1. Antioquia

Acueductos de Antioquia (Acuantioquia)

Comité Regional de Emergencia

Corporación Autónoma de Urabá (CORPOURABA)

Cruz Roja de Antioquia

Defensa Civil de Antioquia

Empresas Departamentales de Antioquia (EDA)

Fondo de Prevención de Desastres (FOPREVE)

Gobernación de Antioquia

Programa Aéreo de Salud

Secretaría de Agricultura

Secretaría de Desarrollo de la Comunidad

Secretaría de Gobierno

Secretaría de Obras Públicas

Secretaría de Servicios Administrativos

Servicio de Salud de Antioquia

Universidad de Antioquia

 2. Chocó

Gobernación del Departamento

Comité Regional de Emergencia

Secretaría de Gobierno

Servicio Seccional de Salud

Defensa Civil del Chocó

Cruz Roja del Chocó

Corporación Autónoma Regional del Chocó (Corpochocó)

 Niveles Locales

 1. Antioquia

Alcaldías municipales de los municipios afectados

Comité Interinstitucional Metropolitano de Salud, Medellín (integrado por Instituto de Seguros Sociales, Metrosalud, Hospital San Vicente, Hospital General, Servicio Seccional de Salud de Antioquia, Hospital La María y Defensa Civil).

 2. Chocó

Alcaldías municipales de los municipios afectados

 Organizaciones privadas y organismos no gubernamentales

 1. Nivel Nacional

Confederación Nacional de Organismos No Gubernamentales

Minuto de Dios

Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC)

 2. Niveles Regionales y Locales

Antioquia Presente (Antioquia)

Organización Campesina del Bajo Atrato (OCABA) (Chocó)

Asociación Campesina Integral del Atrato (ACIA) (Chocó)

Organización Indígena de Antioquia (OIA) (Antioquia)

Organización Indígena Regional Embera-Wuanana (Chocó)

Pastoral Social Parroquia de Riosucio (Chocó)

Fundación Integral para el Desarrollo del Hábitat Popular (FIDHAP) (Chocó)

Radio Club de Antioquia

Radioaficionados de Antioquia