Segunda Parte.  ESTUDIO DE CASOS

 

 1.  Los Desastres del Alto Mayo, Perú, de 1990 y 1991

Eduardo Franco y Andrew Maskrey

 

 Desastres Sucesivos: Amenaza, Impacto y Vulnerabilidad

 

El Sismo de Mayo de 1990

  A las 9.34 de la noche del martes, 29 de mayo de 1990, la población del Alto Mayo, en el nororiente del Perú, se vio sorprendida por un sismo de 6.0 en la escala de Richter (Huaco y otros 1990). La historia sísmica de la región no impidió que la población fuera sorprendida y que se encontrara sin preparación alguna para afrontar esa situación. Los testimonios relatan la sorpresa, la imprevisión, el pánico.

Los daños fueron cuantiosos: 70 muertos, la mayor parte de ellos sepultados bajo las construcciones de tapial (barro apisonado) y adobe, tipos característicos de la construcción urbana en la región; más de 1,600 heridos (Torres y otros 1990: 1); 9,277 viviendas dañadas de un total de 30,600, lo que significa el 30% (INDECI 1990: 2; Zambrano y Medina 1991: 17) y, según un cálculo del Instituto Nacional de Defensa Civil, un saldo de 47,700 damnificados (INDECI 1990: fig 1).

Los efectos destructores de este primer sismo, de los dos que trataremos en este capítulo (el segundo se produjo sólo once meses después), fueron sentidos por una población total de 139,670 habitantes (Censo Nacional 1993) en una área aproximada de 8,667 Km2. Las tres provincias más afectadas fueron Rioja y Moyobamba, pertenecientes al departamento de San Martín, y Rodríguez de Mendoza del departamento de Amazonas, ambos en la selva alta peruana.

Los efectos más severos se produjeron sobre todo en las ciudades y centros urbanos en general, en donde se concentra la mayor parte de la población de esta zona. Aproximadamente el 58% de la población del Alto Mayo tenía residencia urbana cuando ocurrieron los sismos (Censo Nacional 1993), resultado de un antiguo proceso de urbanización en la región (del que se da cuenta más adelante), así como de sus actuales variaciones.

Entre las ciudades más afectadas se encontraron Rioja y Moyobamba, capitales ambas de las provincias referidas. De las primeras evaluaciones resultó que en la ciudad de Rioja sufrieron daños el 41% de las 5,207 viviendas que existían, lo que significaba en cifras absolutas 2,151 casas (Zambrano y Medina 1991:17). En un estudio posterior que evaluó 2,387 viviendas en esa ciudad seleccionadas según los tipos de construcción, se concluía que de éstas 465 habían colapsado, 390 habían sufrido daños severos, 708 daños leves y sólo 824 (un 34.40%) habían quedado sin daño (Chariarse y otros 1991: 15, 25). En Moyobamba –más alejada del epicentro– el porcentaje de daños fue menor: algo más del 22%; sin embargo, el número de viviendas en la ciudad (6,000) daba como resultado una cifra alta: 1,325 viviendas afectadas (Zambrano y Medina 1991:17).

Sin embargo, en los distritos de ambas provincias los daños fueron proporcionalmente mayores. De la provincia de Rioja, en el distrito de Yorongos, fueron dañadas 493 de las 665 casas (más del 74%), en Elías Soplín sufrieron 830 de las 1,138 casas (casi el 73%), en Posic fueron dañadas 283 de las 433 existentes (más del 65%) y en Awajún sufrieron 277 de las 581 (47%). De esta misma provincia, Nueva Cajamarca –que sería tan afectada en el siguiente sismo– tuvo también daños importantes (320 casas afectadas); y, así, en menor medida todos los distritos de Rioja (Zambrano y Medina 1991: 17).

En la provincia de Moyobamba, excepto por su capital, los pueblos alcanzaron las cifras y proporciones más altas en daños debido a dos de sus capitales de distrito que se encontraban cerca del epicentro: Habana con un 83% de casas dañadas y Soritor con un 80%. En Habana, una población de 1,850 habitantes y 400 casas, eso significaba 332 viviendas dañadas. En el caso de Soritor, en cambio, con una población de 10,959 habitantes, la proporción de viviendas afectadas significaba 2,000 casas de un total de 2,500. El número de casas destruidas en Soritor –una capital distrital– casi alcanzaba a las 2,151 dañadas en Rioja –la capital provincial más afectada (Zambrano y Medina 1991:17). El estudio pormenorizado por tipo de vivienda al que hemos aludido, que en Soritor se realizó sobre un número de 1,135 casas, dio como resultado 533 casas colapsadas (casi 47%), 268 con daños severos (cerca al 24%), 205 con daños leves (sólo un 18%), habiendo quedado sin daños únicamente el 11% (205 casas) (Chariarse y otros 1991: 23).

El caso de Soritor es ilustrativo respecto a los factores que incidieron en el alto impacto del sismo. Del total de casas colapsadas en este estudio, el 87% corresponden a muros de tapial. Todos los estudios realizados, como la opinión del conjunto de los actores luego de los dos sismos, coinciden en afirmar que este tipo de construcción tiene una resistencia sísmica sumamente baja y en cambio contiene todas las características de riesgo humano al ser dañada: bloques pesados de 1.50 metros de largo por 1.00 metros de alto los más grandes, y con un espesor de 40 cm. los más recientes y 80 cm. los más antiguos; construcciones sin ningún elemento de refuerzo vertical ni horizontal, un sistema de techado también pesado compuesto por un entramado de madera y caña, cubierto con torta de barro y sobre ella tejas de barro cocido; a lo que se suma cimientos compuestos del mismo material colocados en zanjas de 50 a 80 cm. de profundidad, proclives a debilitarse en una zona húmeda como es el área (1,600 mm. de precipitación media anual) (Torres y otros 1990: 4 y 5; Cuadra y otros 1991: 7; Zambrano y Medina 1992:135).

Rioja, la otra localidad altamente afectada también tiene las mismas características. En el estudio mencionado, el 53% de las construcciones colapsadas corresponden al tapial. En Moyobamba corresponden al 60% (Chariarse y otros 1991: 24, 25).

Sin embargo, éste no es el único sistema constructivo que fue afectado por los sismos en la región. Las construcciones con muros de adobe le siguen en proporción. El adobe es, sobre todo, el sistema trasladado a la región por los migrantes de la sierra norte del país que constituyen uno de los rasgos más saltantes del proceso social regional en las dos últimas décadas (ver siguiente capítulo). El caso más saltante lo constituye Nueva Cajamarca, una nueva ciudad creada en 1974 por 40 familias provenientes en su mayoría de la provincia de Cutervo, departamento de Cajamarca, sierra norte. Actualmente tiene una población aproximada de 21,207 habitantes (Censo Nacional 1993). Allí el 26% de las construcciones seleccionadas correspondían a muros de adobe, de las cuales colapsaron nada menos que un 82% (Chariarse y otros 1991: 26). Es decir, al sistema tradicional de construcción con tapial en la región se suma el recientemente extendido por las poblaciones migrantes.

Es menester, enfatizar en este punto que el sistema de construcción rural más típico del Alto Mayo y de San Martín en su conjunto y de muchas otras regiones tropicales del mundo, conocido en el Perú como la quincha, casi no sufrió daños a raíz del sismo. Este sistema constructivo, que consiste en un armazón de madera, muros de caña y barro y techos normalmente de palma, es flexible y liviano. Sin embargo, se restringe sobre todo a la zona rural y a algunas construcciones, como cocinas y almacenes, en los patios y huertos de las viviendas urbanas. Es por la presencia de la quincha en el medio rural que los efectos del sismo en la vivienda fueron concentrados casi exclusivamente en los centros urbanos.

Los daños producidos en las viviendas tuvieron su correlato en las edificaciones públicas y comunales. La Prefectura de Moyobamba, la edificación jerárquica de mayor importancia en la capital departamental, y la municipalidad quedaron seriamente dañadas. La municipalidad de Rioja colapsó; igual ocurrió con la mayoría de los locales de los concejos distritales en toda el área. Lo mismo se produjo con las iglesias y capillas, como es el caso de Soritor. Normalmente los edificios más antiguos de las distintas localidades, acusaban falta de mantenimiento y contenían los efectos parciales de los anteriores sismos. En las viviendas había ocurrido igual. Muchas de las casas que colapsaron habían sido dañadas y reparadas sólo superficialmente luego del sismo de 1968, el más fuerte de la historia reciente de la región (Zambrano y Medina 1992: 135 y 138). La falta de mantenimiento y la reparación inadecuada fue un factor de vulnerabilidad en el primer sismo, y se haría más patente en el segundo con relación al primero.

En el sector Educación, los datos de Rioja son reveladores: 207 aulas fueron dañadas, de un total de 148 centros educativos. Más de 7,207 alumnos debieron suspender sus actividades.

Los sistemas de agua y alcantarillado y electricidad también fueron afectados de forma importante. Datos generales en los primeros informes, provenientes de los gobiernos locales, consideraban que el 85% de las redes de fluido eléctrico habían quedado inservibles (Torres y otros 1990:12). De hecho, ciudades que sufrieron más en este primer sismo que en el segundo, como es el caso de Rioja, tuvieron que reparar al siguiente año sus redes primarias y secundarias y el propio grupo electrógeno para restituir el servicio. Rioja y Moyobamba requirieron de más de cien postes y más de 5,000 m. de conductores que debían ser reemplazados para volver a contar con ese servicio.

El estudio de las intensidades sísmicas, sin embargo, muestra un panorama más complejo. El Alto Mayo es una zona de riesgo sísmico también por la formación y calidad de sus suelos. Los efectos más severos en Rioja, Soritor y Habana por ejemplo, asentados en depósitos residuales de composición arcillosa, arenosa y limosa, con un espesor variable que alcanza hasta los 20 m., se explican también por esta razón (Zambrano y Medina 1992: 136), no sólo por su cercanía al epicentro y por el sistema constructivo en sí mismo. Asimismo, en el caso de los suelos blandos saturados de agua, la intensidad del sismo fue amplificada por la interacción de dichos suelos con la rigidez de las construcciones de tapial y adobe (ibídem).

Por otro lado, a esta calidad de los suelos se deben también los efectos de licuefacción de suelos o pérdida de su capacidad portante que generó hundimientos de edificaciones así como agrietamientos y surgimientos de arena (ibídem). Los estudios muestran cómo en determinadas zonas de las ciudades los fenómenos de licuefacción elevaron la intensidad hasta un orden del VIII (MM), especialmente en Rioja, Moyobamba y Soritor en donde la intensidad generalizada fue del VII (MM) (Huaco y otros 1990: 4-5). En estos últimos casos, la mayor parte de estas áreas han sido pobladas en la últimas décadas por población inmigrante, que ha marcado un crecimiento de las ciudades con barrios marginales sobre zonas más vulnerables. Un caso especialmente representativo lo constituye el barrio de Asungue, en Moyobamba, creado por migrantes de la sierra en la parte baja de una quebrada con el nivel freático casi en superficie, que es uno de los casos en donde se produjeron daños del orden del VIII (MM) (Huaco y otros 1990: 4). Sin embargo, allí mismo fueron construidos por la propia ciudad, partes vitales de los sistemas de desagüe del alcantarillado (caseta de bombeo de desagües, por ejemplo) cuyo colapso afectó al sistema general. La calidad de los suelos, el sistema constructivo, la urbanización acelerada y sin planificación y el fenómeno de la migración han sido factores que se han ido sumando en el proceso de acumulación de vulnerabilidades frente a la amenaza sísmica.

Si bien los daños se produjeron sobre todo en las ciudades y centros urbanos, hubo también daños que afectaron a la agricultura. Especialmente en un contexto regional de deforestación y deterioro de los suelos, se produjeron derrumbes y deslizamientos de tierras de cultivo en laderas además de una destrucción significativa de zonas de bosque primario. Se dañaron también canales de riego que imposibilitaron el riego de 5,000 Ha. de arroz y anegaron partes bajas (Torres y otros 1990: 139; Zambrano y Medina 1992: 139). Por otro lado, se produjeron daños en los caminos y carreteras (agrietamientos, afloramiento de relleno en el acceso a puentes, etc.) que afectaron la comunicación y el transporte e incidieron sobre otros aspectos de la economía. Igual significado tendría la destrucción del local de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones en Moyobamba y la caída de postes, que agravó el estado del servicio de comunicaciones (ibídem).

Los efectos destructores, sin embargo, no se produjeron con un solo movimiento sísmico. Un gran número de réplicas se prolongaron por más de 20 días. Tanto el número de víctimas como de viviendas y locales públicos destruidos, así como otras infraestructuras fueron incrementándose con estas réplicas (Zambrano y Medina 1992: 35). El caso de nuevas víctimas expresa hasta qué punto la población se encontraba poco preparada para afrontar los riesgos.

 

Un Nuevo Sismo Asola la Región: el Sismo de Abril de 1991

Producidos los daños por el sismo de mayo de 1990, recién superadas las situaciones más graves de la emergencia, cuando la rehabilitación de los servicios públicos aún no había prácticamente comenzado y cuando recién se había iniciado algunos de los pocos programas de reconstrucción de viviendas que tuvieron incidencia regional, la zona del Alto Mayo sufrió un nuevo sismo.

En efecto, el 4 de abril de 1991 a las 11.22 de la noche, a sólo once meses del anterior, un sismo de 6.2 en la escala de Richter afectó a las pocas localidades que no habían sufrido mayor impacto en el anterior (Yantaló, Calzada, Jepelacio en la provincia de Moyobamba; Pardo Miguel en la provincia de Rioja), asoló a las que habían sufrido un relativo impacto en ese sismo (Moyobamba en la provincia de Moyobamba; Nueva Cajamarca, San Fernando, Yuracyacu en la provincia de Rioja) y volvió a golpear a aquellas que habían sido las más afectadas (Soritor y Habana en la provincia de Moyobamba; Rioja, Elías Soplín, Awajún, Posic y Yorongos).

Hubo, sin embargo, tres diferencias importantes con el anterior desastre. Una fue que contrariamente al de 1990, en donde el primer sismo que se produjo a las 9:34 de la noche fue el más destructor, imprevisto y sucedido por múltiples réplicas, en esta segunda ocasión ocurrió un primer sismo premonitor a las 10:24 de la mañana de grado 5.4 que generó los primeros daños pero puso en alerta a la población. Luego de producido éste la población comenzó a esperar la réplica. En la noche, cuando se produjo, la población había decidido dormir en la calle o en los "tambos", cocinas o almacenes levantados en la huerta en la parte posterior de las casas. Estos tambos están normalmente construidos de quincha, que tal como se menciona líneas arriba, fue el tipo de construcción que mejor resistió el anterior movimiento. Eso evitó, por ejemplo en la ciudad de Moyobamba, que un sismo que causó la destrucción de 3,080 casas en esa ciudad (un 51% del total de las casas que vino a sumarse al 22% del anterior) no produjera el número de víctimas que podría haberse producido por la dimensión de los daños. Aun así, esa ciudad debió contar 11 muertos y 137 heridos entre su pobladores. En Soritor, en donde el nuevo sismo dañó 69 casas, no hubo muertos ni heridos. Eso se reprodujo en la mayor parte del Alto Mayo y lo expresan las cifras globales: considerando el total de las provincias, la destrucción causada por este segundo sismo fue de casi el 34% de las construcciones, cifra algo mayor que la del anterior sismo que fue de un 30%. Sin embargo, los 70 muertos del primero se redujeron en esta ocasión a 35. Igualmente el número de heridos que fue de 1,600 en el primero y, mediando un destrucción mayor, fueron 233 en el segundo.

La segunda diferencia importante a considerar consiste en que, en buena parte de los casos, el impacto del sismo se redujo en cifras absolutas porque ya el primero había destruido lo más vulnerable. Eso debe ser tenido en cuenta para aquilatar el impacto que supuso las 69 casas afectadas de Soritor (2.8% del total del pueblo), en donde ya se había producido un 80% de daños el año anterior; las 75 casas de Habana (18.7%), en donde ya había un daño del 83%; y, sobre todo, para colocar en su debida dimensión el 51.3% de viviendas dañadas en este segundo sismo en Moyobamba y el 47.1% de Rioja. Estas cifras deben sumarse a los daños de 1990. De esta forma, por una lado, estas cifras muestran el verdadero impacto de este segundo sismo pero, por otro, dan como resultado un panorama desolador en el Alto Mayo.

Por eso mismo entonces, si bien el número de víctimas humanas se vio reducido, no puede decirse lo mismo del número de damnificados, que se encuentra en relación directa a los daños materiales producidos: esa relación entre fuerza del evento y la debilidad de las construcciones. La cifra recogida de Defensa Civil llega a sumar para abril de ese año 92,954 damnificados (de los cuales un 48% corresponden al segundo sismo), lo que significa un 61% del total de población del Alto Mayo. Esto, por otro lado, coincide con el 62% de edificaciones dañadas. Estos porcentajes no sólo muestran el impacto de los dos sismos sobre esta región sino el grado de vulnerabilidad de la que es víctima una región a pesar del comportamiento sísmico señalado por su historia.

Cuadro 1

DAÑOS PRODUCIDOS POR LOS TERREMOTOS DEL 29 DE MAYO DE 1990 Y DEL 4 DE ABRIL DE 1991

 

Fuente: Comités de Defensa Civil de Moyobamba y Rioja (Tomado de Zambrano y Medina 1991: 17)

El análisis de lo ocurrido tanto en las zonas que ya habían sido afectadas por el primer sismo como en las que lo fueron en mayor medida en este segundo, vuelve a mostrar los mismos rasgos ya vistos. Algunos estudios sostienen que en Rioja casi el 100% de las construcciones de tapial quedaron inhabitables, puesto que presentaban daños severos o habían colapsado y que en Moyobamba el 90% de las edificaciones de tapial fueron destruidas (Cuadra y otros 1991:3-4). En Nueva Cajamarca, esta vez más afectada por su mayor cercanía al epicentro, los daños producidos por la poca resistencia sísmica del adobe se acrecentaron.

Por otro lado, cabe destacar los factores de vulnerabilidad que descubrió la ocurrencia de dos sismos mediando poco menos de un año. Entre ellos aparece con particular precisión el que se deduce del colapso que se produjo de edificios ya debilitados por el primer sismo y que no habían sido apropiadamente reparados. Eso ocurrió con la Municipalidad y Prefectura de Moyobamba que, como dijimos líneas arriba, quedaron seriamente dañadas en el anterior sismo, pero también con muchas viviendas (Cuadra y Chang 1991:7; Zambrano y Medina 1991:16, 17). La cercanía de los dos eventos no llega a explicar la incapacidad de responder adecuadamente a los daños del primer sismo en previsión de un nuevo evento. Esto debe entenderse más bien por la dificultad de la sociedad para asumir la dimensión del riesgo instalado por el proceso de acumulación de vulnerabilidades.

En el caso de las localidades que ya habían sido afectadas en el primer sismo pero que lo fueron en mayor medida en este segundo, este factor mostró nuevas dimensiones: no sólo muchas de las edificaciones dañadas por el terremoto anterior y reparadas de forma deficiente colapsaron sino que hubo construcciones con el mismo sistema constructivo (tapial y adobe) que fueron levantadas después del primer sismo y que también fallaron por deficiencias técnicas.

Estas deficiencias incluso pudieron notarse en las construcciones de ladrillo y cemento o de bloques de concreto. En muchos de estos casos también se trataba de construcciones insuficientemente reparadas luego del primer sismo. El comportamiento social frente a los desastres descubre factores que no se ubican únicamente en los sistemas de construcción en sí mismos sino que remiten a la adopción y persistencia de estos sistemas y de otras prácticas; y también, a la manera en que las poblaciones organizan su vida y se relacionan con sus necesidades. Esto no sólo marca los efectos de este segundo sismo sino que nos obliga a pensar en ese proceso que ha generado esta configuración de la vulnerabilidades en la región.

Hubo, sin embargo, una tercera diferencia entre el impacto del primer y el segundo sismo, que analizaremos con más detenimiento más adelante. Por medio del único programa de reconstrucción que se estaba implementando en la región después del primer sismo, se había construido en el distrito de Soritor aproximadamente 70 viviendas con un sistema constructivo llamado quincha mejorada. Este sistema consistió en mejorar la calidad de la tradicional quincha de caña y barro de los medios rurales de San Martín y que tiene un buen comportamiento sísmico. Ninguna de las viviendas nuevas de quincha mejorada sufrieron ni daños leves en el segundo evento. El segundo evento, por lo tanto, sirvió para legitimar ante la población una nueva tecnología sismoresistente para la reconstrucción de viviendas, y demostrar una alternativa viable y plausible para reducir la vulnerabilidad de la vivienda regional frente a futuros sismos.

 Amenazas y Vulnerabilidad en la Conformación Histórica del Alto Mayo

 Una Breve Reseña Geográfica

El Alto Mayo es el nombre geográfico de la cuenca alta del valle del río Mayo. El Mayo es uno de los afluentes más importantes de la margen izquierda del Río Huallaga que a su vez aporta sus aguas al río Amazonas en el litoral Atlántico del Perú. Administrativamente abarca las provincias de Moyobamba y Rioja de la Región San Martín. Con una extensión aproximada de 5,970 Km2 el Alto Mayo comprende una amplia planicie cuya divisoria de aguas son las cordilleras de Angaisa y Pucatambo. Su clima es tropical con un promedio anual de precipitación de 1,600 mm. y una temperatura promedio de 22 grados a 1,000 m.s.n.m. La provincia de Moyobamba está a 860 m.s.n.m. y Rioja promedia los 1,200 m.s.n.m. El ecosistema predominante es de bosque tropical húmedo. El río Mayo define el relieve de la región transcurriendo de Noroeste a Sureste. Paralela al río está la Carretera Marginal de la Selva, la única vía de comunicación entre la región, la costa y el resto de la selva amazónica peruana.

Políticamente el Alto Mayo está dividido en dos provincias (Rioja y Moyobamba) y 15 distritos. Dado la heterogeneidad de las dos provincias, hemos preferido basar nuestro análisis en tres zonas relativamente homogéneas, que reflejan los procesos de ocupación territorial de la región. Dichas zonas están ilustradas en el mapa 1:

MAPA 1

 

INSERTAR MAPA DEL SIG MOSTRANDO TRES ZONAS Y LOS LIMITES DISTRITALES

Zona I: comprendida por las ciudades coloniales de Moyobamba y Rioja, actuales capitales de provincia. Concentran casi el 50% de la población urbana de la región y gran parte del comercio, actividades manufactureras y servicios.

Zona II: comprendida por los distritos de Calzada, Habana, Soritor, Yantaló, Posic y Yorongos. Esta zona fue ocupada para la agricultura desde la época colonial y concentraba casi la totalidad de la población rural de la región hasta la década de 1970.

Zona III: comprendida por los distritos de Yuracyacu, Awajún, Elías Soplín Vargas, Nueva Cajamarca, Pardo Miguel, San Fernando y Jepelacio. Antes de la construcción de la Carretera Marginal en la década de los setenta, Yuracyacu y Jepelacio (al igual que los distritos de Zona II) tuvieron históricamente pequeños núcleos de población. Los demás distritos fueron zonas de bosque no intervenida. Desde la apertura de la Carretera Marginal todos estos distritos fueron colonizados en forma intensiva por pobladores migrantes provenientes de los Andes. Dicho proceso de ocupación territorial implicó la creación de numerosos caseríos además de nuevas ciudades como Nueva Cajamarca, que concentra actividades de comercio, servicios y manufactura asociadas a la Carretera Marginal.

La población total del Alto Mayo en 1993 fue de 139,670 habitantes, cuya distribución en las tres zonas se refleja en el cuadro 2. Tal como se aprecia, la población urbana se concentra sobre todo en las ciudades de Moyobamba y Rioja. Sin embargo, se aprecia una diferencia notoria entre la Zona II, donde el asentamiento de la población mantiene un patrón oriundo de la selva de agricultores que viven en pequeñas ciudades, y la Zona III, donde se impone el patrón andino de viviendas aisladas y pequeños caseríos ubicados en el campo.

Cuadro 2

DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN DEL ALTO MAYO EN 1993 POR ZONAS

 

POB 93

% POB. URB.

Moyobamba

38,880

63.8

Rioja

18,632

84.3

 ZONA I

57,512

70.4

Calzada

3,418

63.4

Habana

1,259

63.1

Soritor

10,959

62.1

Yantaló

1,859

51.9

Posic

971

56.5

Yorongos

2,254

65.3

ZONA II

20,720

61.6

Yuracyacu

4,624

96.9

Awajun

2,903

16.1

Elías Soplín Vargas

5,198

54.1

Nueva Cajamarca

21,207

55.7

Pardo Miguel

9,602

37.2

San Fernando

4,336

34.5

Jepelacio

13,568

21.5

ZONA III

61,438

37.6

TOTAL

139,670

54.7

FUENTE: INEI, Censo Nacional de Población, 1993.

La mayoría de la población económicamente activa (PEA) de la región se dedica a la agricultura. Sin embargo, en las ciudades de Moyobamba, Rioja y Nueva Cajamarca se encuentran porcentajes significativos de la población que se dedica a actividades urbanas como el comercio, servicios y manufactura. En Moyobamba se concentra la mayoría de dependencias de la administración pública, no sólo del Alto Mayo sino de San Martín, de la cual Moyobamba es capital. En Nueva Cajamarca en cambio, la PEA urbana se encuentra ocupada en actividades relacionadas con el comercio a través de la Carretera Marginal. En el cuadro 3 podemos apreciar la distribución de la PEA agrícola y urbana en los distritos de las tres zonas.

Cuadro 3

DISTRIBUCIÓN POR ZONAS DE LA PEA AGRÍCOLA Y URBANA DEL ALTO MAYO

 PEA

PEA

URBANA 93

% PEA URBANA

PEA AGRÍCOLA 93

% PEA AGRÍCOLA

PEA

TOTAL

Moyobamba

6,959

51

5,960

43

13,706

Rioja

3,828

55

2,584

37

7,013

 ZONA I

10,786

52

8,544

41

20,719

Calzada

275

22

887

69

1,277

Habana

20

4

357

79

452

Soritor

792

21

2,650

71

3,738

Yantaló

56

9

514

87

594

Posic

28

8

304

92

332

Yorongos

115

15

632

82

775

ZONA II

1,286

18

5,344

75

7,168

Awajún

121

11

946

86

1,100

E. Soplín

258

15

1,309

77

1,711

N. Cajamarca

2,660

39

4,158

60

6,878

P. Miguel

930

29

2,238

70

3,194

San Fernando

178

12

1,324

86

1,536

Yuracyacu

220

14

1,380

85

1,615

Jepelacio

589

13

3,523

77

4,571

ZONA III

4,956

24

14,878

72

20,605

TOTAL REGIÓN

17,028

35

28,766

59

48,492

FUENTE: INEI, Censo Nacional de Población, 1993.

Las tres zonas también se diferencian según el nivel de vida de sus pobladores. El concepto de población con Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI) integra un conjunto de indicadores socioeconómicos, que en su conjunto señalan la existencia de un determinado grado de pobreza. En el cuadro 4 se puede apreciar que, mientras en la Zona I el 64.6% de la población tenía sus Necesidades Básicas Insatisfechas, este porcentaje se extendía a 79.8% en la Zona II y a 85.3% en la Zona III. En determinados distritos de la Zona III, como en el caso de Awajun, esta cifra llegaba a representar 97.3% de la población. Son los migrantes andinos en las zonas rurales quienes presentan mayores grados de pobreza en el Alto Mayo, comparado con la población urbana y oriunda de la región. El mapa 2 indica la distribución espacial de los distritos con mayores índices de pobreza en la región y que corresponde, a grandes rasgos, a las áreas de asentamiento de los migrantes. Es en estas zonas donde también se encuentra la presencia de iglesias y sectas protestantes, a diferencia de las ciudades y zonas de ocupación histórica, donde la presencia de la iglesia católica es mucho más notoria.

 

Cuadro 4

 DISTRIBUCIÓN POR ZONAS DE LA POBLACIÓN DEL ALTO MAYO
 CON NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS

 DISTRITO

POB. 1993

% POB. NBI

Moyobamba

38,408

65.2

Rioja

18,147

63.2

 ZONA I

56,555

64.6

Calzada

3,418

77.4

Habana

1,259

77.9

Soritor

10,859

81.0

Yantaló

1,859

75.2

Posic

971

90.1

Yorongos

2,254

77.8

ZONA II

20,620

79.8

Awajun

2,963

97.3

Elías Soplín Vargas

5,197

91.6

Nueva Cajamarca

21,159

80.5

Pardo Miguel

9,554

90.6

San Fernando

4,324

87.5

San Fernando

4,324

87.5

Yuracyacu

4,568

74.3

Jepelacio

13,549

87.4

ZONA III

61,314

85.4

FUENTE: INEI, Censo Nacional de Población, 1993.

MAPA 2

Insertar Mapa de Necesidades Básicas Insatisfechas

La población del Alto Mayo también tiene grandes diferencias según el grado de vulnerabilidad que presenta. Para medir la vulnerabilidad se ha construido un índice apropiado a las características de la región, incorporando factores como la tasa de crecimiento demográfico, la tasa de analfabetismo, la densidad poblacional, el promedio de años de estudio, el porcentaje de niños en el primer grado de la escuela primaria con desnutrición crónica, el porcentaje de hogares sin artefactos electrodomésticos y el porcentaje de población en hogares con necesidades básicas insatisfechas. Según este índice, los distritos con más vulnerabilidad serían aquellos con menos capacidad de absorber el impacto de una amenaza y de recuperarse de un desastre. En el mapa 3 se puede apreciar que según este índice toda la región del Alto Mayo podría considerarse vulnerable, con una acumulación de vulnerabilidades en los distritos de Nueva Cajamarca y Jepelacio. Obviamente la vulnerabilidad en sí no expresa la magnitud de un desastre. Para ello habría que considerar también la amenaza y los elementos expuestos a ella.

MAPA 3

Insertar Mapa de Vulnerabilidad

En lo referente a los sistemas constructivos utilizados para la vivienda, en las Zonas I y III, antes de ocurrir los sismos de 1990 y 1991, las viviendas urbanas fueron construidas tradicionalmente con paredes de tapial y techos de teja y barro, mientras que las viviendas rurales mayormente con quincha. A ello hay que sumar la construcción en madera que predominaba sobre todo en la Zona III, por ser una forma rápida de construcción (que va de la mano con la deforestación). En la Zona III predominaba un sistema constructivo andino con paredes de adobe y techos de calamina. En todas las zonas urbanas existía además una proporción significativa y creciente de construcción en ladrillo y concreto, un fenómeno que se daba sobre todo desde la construcción de la Carretera Marginal, y que permitió la importación de cemento de la costa peruana. A diferencia de la vulnerabilidad de su población, entonces, las viviendas más expuestas a las amenazas sísmicas se concentraban en las ciudades de las Zonas I y II, además de las viviendas con paredes de adobe de la Zona III.

El uso de la tierra del Alto Mayo también está fuertemente diferenciado. Desde la llegada de la Carretera Marginal en los años setenta se cultiva intensamente el arroz en la planicie central del valle. En 1990 este grano era cultivado en 12,514 Ha. en la región, comparadas con sólo 676 Ha. de yuca, 286 Ha. de frijol y 451 Ha. de plátano. Una gran parte de las áreas intervenidas en las laderas y valles afluentes del Alto Mayo no son aptos para la agricultura y son tierras clasificadas como de protección. Esto significa que se excede su capacidad de uso, generando serios problemas de erosión, pérdida de fertilidad y alteración del régimen hídrico. En el mapa 4 se puede apreciar el uso actual de las tierras en el Alto Mayo con respecto a su capacidad de uso.

MAPA 4

Insertar Mapa de Uso de Tierras según su Capacidad de Uso

Desde los años setenta con la llegada de la Carretera Marginal la economía de la región está dominada por el monocultivo del arroz y las actividades de comercio, transporte, servicios e industria, que abarca esta última desde su el acopio de materias primas, su transformación hasta su comercialización. Dichas actividades están concentradas sobre todo en las ciudades de Moyobamba, Rioja y Nueva Cajamarca. En Moyobamba, asimismo, se encuentran asentadas la mayoría de las dependencias gubernamentales regionales, lo que significa la existencia de un sector importante de burócratas como parte de la PEA urbana.

 

Las Amenazas en el Alto Mayo

Según se puede apreciar en el cuadro 5, la región San Martín y las zonas circundantes de la amazonía nororiental del Perú han sido escenario de numerosos sismos a lo largo de los últimos siglos, desde inicios de la colonia. De una inspección de los últimos 110 años de la historia sísmica del área sismogénica conformada por la zona sur del Departamento de Amazonas y norte de San Martín, se ha obtenido un período promedio de ocurrencia sísmica de 22.5 años; es decir, que según esto se esperaría que en el área se produzcan sismos destructores cada 20 ó 25 años (Deza y Chang 1990).

 

Cuadro 5

SISMOS FUERTES OCURRIDOS EN SAN MARTÍN Y ZONAS VECINAS

 

 FECHA

LUGAR

ESCALA RICHTER

EFECTOS/COMENTARIOS

1746

Moyobamba

 

Destrucción de la antigua ciudad de Moyobamba. Reubicación de la misma.

29-11-1877

Chachapoyas

 

Recia sacudida de tierras.

28-09-1906

Moyobamba y Chachapoyas

7.0

Desplome de muros y colapso de viviendas. Intensidad de VII MM.

14-05-1928

Chachapoyas y Moyobamba

7.3

25 muertos, destrucción casi total de la ciudad de Chachapoyas, grandes derrumbes en Moyobamba, se sintió en Colombia, Brasil y Lima.

18-07-1928

Chachapoyas

 

Fuerte réplica que desploma casas ya debilitadas por el terremoto anterior.

06-08-1945

Moyobamba

6.0

Destructor, intensidad de VII MM en Moyobamba, licuefacción de suelos en Shango, Tahuisco.

15-06-1954

Moyobamba y Chachapoyas

 

Daños ligeros en Moyobamba, Chachapoyas, Celendín.

 19-06-1968

Moyobamba

6.4

15 muertos, sacudió todo San Martín, mayor destrucción en Moyobamba y Yantaló. Licuefacción de suelos en terrenos bajos. Epicentro en falla Angaisha.

20-03-1972

Juanjuí y Saposoa

6.5

Destructor, 10 muertos, 22 heridos, 500 casas destruidas, licuefacción, asentamientos, derrumbes, agua.

18-09-1973

San Martín

5.8

 

24-08-1975

San Martín y Loreto

5.1

 

20-12-1976

San Martín

5.0

 

30-03-1977

Amazonas

5.0

 

13-05-1977

San Martín

5.0

 

29-05-1990

Alto Mayo y

Rodríguez de Mendoza

6.0

(Este estudio)

14-04-1991

Alto Mayo

6.2

(Este estudio)

FUENTE: ONERN, IGP, CISMID (Cuadro compuesto con base en Zambrano y Medina, 1991:9 y 1992:150).

Sin pretender más que reseñar brevemente la sismología de la región, es preciso reconocer que el Alto Mayo se encuentra ubicado en una zona de fallas geológicas que se desplazan de noroccidente al suroriente, que forman parte de un sistema de fallas que parten del sur del territorio ecuatoriano cruzando los Andes, y que es allí donde toma el nombre de "Deflexión de Huancabamba". Este gran accidente tectónico parece tener gran influencia en la evolución de la cordillera de los Andes y probablemente también en la concentración de sismos fuertes en el segmento nororiental de la faja subandina, sobre todo en las zonas de convergencia con fallas geológicas activas que acompañan longitudinalmente a los Andes. Merece especial atención los hipocentros detectados de los sismos anteriores en la región, que en su mayoría muestran profundidades que van de los 20 a 30 kilómetros, lo cual nos permite asociarlos a fallas geológicas superficiales o de reciente formación, más aun si se toma en cuenta las características estructurales y tectónicas de toda la faja subandina en pleno proceso de levantamiento.

MAPA 5

 

Insertar Mapa 1 de Juvenal mostrando fallas tectónicas en el Alto Mayo.

 

En el mapa 5 se puede apreciar que el epicentro del sismo del 29 de mayo de 1990 estaba asociado a la Falla Pucatambo, al sur del Alto Mayo y el epicentro del sismo de 4 de abril de 1991 a la Falla de Angaisa al norte del Alto Mayo. La ubicación de estos epicentros en dos fallas geológicas distintas ayuda a explicar en parte la distribución diferenciada de las intensidades producidas por ambos sismos: el primero produciendo intensidades máximas en ciudades como Soritor, en el sur de la zona, y el segundo produciendo intensidades máximas en ciudades como Moyobamba y Yantaló al norte de la zona.

Este escenario sísmico en el Alto Mayo nos da el marco para entender la ocurrencia de desastres anteriores en la zona. Debido a un fuerte sismo, la ciudad de Santiago de los Ocho Valles de Moyobamba se destruyó por primera vez el 28 de octubre de 1746, siendo reubicada luego en el lugar que hoy se conoce, distante 4 Km. de su ubicación original, en Oxapampa. El 14 de mayo de 1928 otro sismo originó la caída de unas 150 casas en Moyobamba, la formación de grietas y derrumbes en el perímetro de la ciudad. El siguiente terremoto destructor en Moyobamba fue el 6 de junio de 1945, con intensidad de hasta VII (MM). El 19 de junio de 1968 se produjo un nuevo terremoto que, al igual que el anterior, alcanzó hasta VII (MM) de intensidad. Esta vez se registraron un total de 15 muertos, caída de casas de tapial y adobe, licuefacción de suelos y deslizamientos en las zonas de pendientes.

Tal vez lo que resalta de esta historia sísmica de la zona es que han ocurrido anteriormente sismos con características muy parecidas a las de 1990 y 1991. Sin embargo, los daños materiales y humanos registrados (sobre todo en los terremotos de 1928, 1945 y 1968, para los cuales existen registros documentales) fueron significativamente menores a los daños producidos por los terremotos de 1990 y 1991. Por otro lado, es evidente que a pesar de la repetida destrucción de viviendas y otras construcciones a raíz de los sismos, no se había producido en la zona un cambio en el sistema constructivo. Después de cada sismo se volvió a reconstruir con el mismo sistema constructivo, recreando las condiciones de vulnerabilidad frente al próximo sismo.

En relación a otras amenazas naturales que se presentan en la zona, habría que mencionar los flujos aluviónicos, conocidos en el Perú también como "huaicos". Estos ocurren principalmente circunscritos al ámbito de las quebradas o subcuencas torrenciales. Se presentan como flujos de barro compuestos de sedimentos heterogéneos en tamaño y naturaleza. Tienen mayor incidencia en las quebradas que han sido deforestadas. Los factores que facilitan su ocurrencia son la inestabilidad morfodinámica de las subcuencas enmarcadas en ecosistemas frágiles, la presencia de lluvias intensas, abundante material suelto depositado sobre laderas de fuertes pendientes, así como la deforestación como tal.

El 16 de febrero de 1989 los poblados ribereños de San Miguel y Shucshuyacu, en las orillas del río Gera, fueron inundados, lo que ocasionó grandes pérdidas materiales, la muerte de 80 personas, el colapso del puente Gera de la Carretera Marginal (al interrumpir la vía Tarapoto-Moyobamba), y la alteración de la estabilidad de la represa de la Central Hidroeléctrica del Gera, postergando su puesta en servicio por más de dos años.

El 27 de febrero de 1990 el caserío de San Miguel del río Mayo, provincia de Lamas (en el Bajo Mayo), fue destruido parcialmente por un aluvión que causó 27 muertos y 556 damnificados y la pérdida de 40 Ha. de área agrícola sembrada.

  El hecho de que los registros históricos de la ocurrencia de esta amenaza en la cuenca del río Mayo daten de hace pocos años indica su estrecha relación con el proceso de deforestación y ocupación territorial que se ha producido en la región desde la llegada de la Carretera Marginal.

Otra amenaza de reciente impacto en el Alto Mayo son los vientos huracanados. Dichos vientos se han ido registrando con mayor frecuencia e intensidad en la última década, probablemente debido a la progresiva deforestación que se viene practicando en la extensa llanura de la cuenca, lo que permite que los vientos logren alcanzar grandes velocidades. En el Alto Mayo tanto Soritor como Habana fueron seriamente afectados por estos vientos en el año 1989, no habiéndose registrado similar fenómeno anteriormente.

El Proceso de Acumulación de Vulnerabilidades en el Alto Mayo

Escenario de sismos anteriores y de amenazas de otro tipo, la zona donde ocurren los terremotos del 29 de mayo de 1990 y 4 de abril de 1991 tiene características sui géneris de vulnerabilidad.

En la medida que el riesgo de desastre evoluciona en función tanto de la vulnerabilidad como de las amenazas y los elementos expuestos, podríamos afirmar que los desastres no sólo ocurren en espacios naturales, determinados por características geográficas y climáticas sino también en espacios sociales, económicos y culturales que son conformados históricamente. En realidad los desastres no son sino momentos específicos dentro de procesos históricos de larga maduración. Es por eso que es clave analizar la conformación histórica del espacio regional donde ocurren los desastres de 1990 y 1991, para poder entender su causalidad, su impacto y las formas y mecanismos de gestión desplegados por las diferentes instituciones y organizaciones involucradas, y por la sociedad regional en su conjunto.

Hay varios procesos históricos superpuestos que en 1990 y 1991 terminan determinando la configuración de los desastres ocurridos. Durante más de cuatrocientos años el Alto Mayo presenta el caso de una región amazónica históricamente periférica al desarrollo político y económico del Perú y con marcadas diferencias respecto de las culturas predominantes de la costa y la sierra. Pero a esto hay que agregar los resultados no previstos de un modelo de desarrollo aplicado desde afuera, durante las dos décadas anteriores a los desastres, que partió de una visión distorsionada de la realidad regional. La aplicación de este modelo significó cambios demográficos, espaciales, económicos, ecológicos y culturales radicales en la región. Cinco años antes de que ocurrieran los terremotos de 1990 y 1991 se rompe el espejismo del desarrollo prometido y la región entra en una crisis económica sin precedentes con una secuela de violencia e inestabilidad política. Se pone de manifiesto un proceso acelerado de acumulación de vulnerabilidades en la región. En el marco de estos procesos históricos ocurren otros más coyunturales pero que también configuran los desastres y su gestión. El año en que ocurre el primer terremoto coincide con la peor crisis económica de la historia del Perú y con el recambio del gobierno central. En la región misma coincide con un proceso fracasado de regionalización.

La configuración histórica de la zona del Alto Mayo, su relación política y económica con el resto del país y la coyuntura excepcional en la cual se producen los desastres condiciona el impacto de las amenazas que se producen además de la respuesta de los diferentes actores que intervienen en su gestión.

En la época prehispánica la región del Alto Mayo fue habitada por diferentes grupos indígenas amazónicos, conocidos genéricamente con el nombre de los motilones o cráneos rapados (Scazzochio 1989). Estos grupos indígenas fueron el resultado de migraciones este-oeste de corrientes culturales Caribe, tupi-guaraní, y arahuac en épocas prehistóricas. En la época del inca Túpac Yupanqui en la primera mitad del siglo XV (Rostworowski 1987) se habría producido contactos y probablemente relaciones de intercambio con las incas pero es claro que la región del Alto Mayo nunca estuvo sujeta al Estado Inca.

Poco después de la conquista del Perú los primeros españoles ingresaron a la selva del Alto Mayo en busca de El Dorado. Allí fundaron la ciudad de Santiago de los Ocho Valles de Moyobamba en 1540, en un lugar denominado Oxapampa, a 4 kilómetros de la actual ciudad de Moyobamba, marcando así el inicio de la urbanización del espacio regional. Con los españoles se introduce la construcción de las viviendas con muros masivos de barro (tapial) y techos de teja de barro, generando una primera acumulación de vulnerabilidades frente a los sismos que periódicamente asolaban la región. Durante la colonia Moyobamba se convirtió en la puerta de entrada de los misioneros jesuitas y militares españoles para la colonización de la selva nororiental del Perú. La población indígena fue reducida en las encomiendas y misiones, despoblándose la mayor parte de la región. Políticamente, entre 1717 y 1802 Moyobamba fue capital de la Comandancia de Maynas, parte del Virreinato de Nueva Granada (actualmente Colombia y Ecuador). Como no se encontró oro u otros recursos de interés, la economía de la región tuvo poco desarrollo y se limitó al cultivo del algodón y a un obraje real en Moyobamba, donde eran ensambladas las velas de los barcos.

En 1767 fueron expulsados los jesuitas y empezó la penetración de relaciones económicas extractivas y mercantiles en la región, formándose nuevas ciudades y pueblos por españoles, mestizos e indios, con un nuevo patrón espacial y económico. La ciudad de Rioja fue fundada en 1772 por el Obispo de Trujillo, Baltazar Jaime Martínez de Compañón. Soritor, Habana y Calzada también tuvieron su origen en la época colonial. A finales de la colonia la región se encontraba estructurada sobre la base de una red de pequeñas ciudades, sustentada en una agricultura básicamente de subsistencia. Una red de caminos de herradura vinculaba Moyobamba con la costa y con otras ciudades selva adentro. Fue en este período que se produjo el primer sismo histórico en la región del cual tenemos noticias. El 28 de octubre de 1746 se destruyó la ciudad de Santiago de los Ocho Valles de Moyobamba, reubicándose la ciudad en la zona que actualmente ocupa.

El siguiente hito en la conformación histórica de la región fue la inauguración de la navegación fluvial a vapor en el río Amazonas, a partir de un convenio firmado por Perú y Brasil en 1851. Este hecho, junto con la independencia del Perú, permitió una mayor integración económica del Alto Mayo con el resto de la Amazonía y, por ende, con los mercados de Europa a través de un camino de herradura de Moyobamba a los puertos fluviales del río Huallaga. Esta nueva integración económica y espacial dio lugar al desarrollo de una industria artesanal de fabricación de "sombreros de Panamá", en base a la explotación de la paja bombonaje, que fueron exportados a Brasil, Argentina, Italia y Francia. La intensidad de los flujos comerciales puede apreciarse por el hecho de que en 1870 se exportó 191,521 sombreros del Alto Mayo a Brasil y que varios países abrieron consulados en Moyobamba. En esta época Moyobamba tuvo una población de 11,346 habitantes (Rodríguez 1992) y una floreciente producción artesanal. La integración económica indudablemente creó un corto auge en el poblamiento y desarrollo de la región que hubiera significado una acumulación de vulnerabilidades frente a los sismos. Sin embargo por no existir registros de terremotos en el siglo XIX en la región es imposible comparar la magnitud de un hipotético desastre comparado con el de 1746.

El desarrollo artesanal-industrial de la región fue truncado bruscamente por el "boom" del caucho en la amazonía entre 1880 y 1920, hecho que además llevó al despoblamiento de la región. La ausencia de navegación en el Mayo en su curso medio (que condujo a la desintegración del Alto Mayo de las redes fluviales amazónicas) causó la pérdida del peso económico y político alcanzado a mediados del siglo XIX. En 1887 la capital política de la amazonía peruana fue transferida de Moyobamba a Iquitos en la selva baja y se inició una etapa de decadencia y letargo en el Alto Mayo. Para principios de siglo la población de Moyobamba había bajado a 7,000 habitantes (Rodríguez 1992) y la producción de sombreros había decaído significativamente.

El aislamiento y el estancamiento económico persistió hasta 1940 cuando se inaugura el servicio aéreo, uniendo a Moyobamba y Rioja con la costa y con los puertos fluviales del Huallaga y permitiendo impulsar el cultivo comercial del café. Sin embargo, este periodo no se debe considerar como uno de auge económico. Ninguna ciudad del Alto Mayo tuvo una tasa de crecimiento anual por encima del 1% en el periodo censal 1940 a 1961 (Maskrey y otros 1991) y en 1961 la población de 9,616 habitantes de Moyobamba fue inclusive inferior a su población de mediados del siglo XIX. En este periodo ocurren dos nuevos sismos. El 14 de mayo de 1928 un movimiento de magnitud 7.3 causa la caída de 150 casas en Moyobamba. El 6 de agosto de 1945 ocurre otro sismo destructor con una intensidad de VII (MM) en Moyobamba. El 19 de julio de 1968 ocurre otro sismo de magnitud 6.9, con una intensidad de VII (MM) en Moyobamba, esta vez muriendo 15 personas.

En resumen, el panorama de la región a principios de la década del 70 fue de una población mestiza selvática bastante homogénea y con residencia básicamente urbana, dedicada a una agricultura de subsistencia y un comercio con base en el café. La región se mantenía económica y culturalmente aislada del resto del país, sin ningún vínculo terrestre con la costa. Como es típico, los agricultores manejaban predios en terrenos planos o con poca pendiente, con una amplia variedad de cultivos alimenticios y medicinales, criaban animales y practicaban la caza y la pesca. El sistema de roce y quema de los bosques tropicales no significaba mayor problema ambiental por la baja densidad poblacional. Se producía en la región los materiales como caña y madera, utilizada esta última en la construcción de viviendas. En las ciudades había población dedicada al comercio y una pequeña empleocracia que trabajaba en las dependencias estatales, sobre todo en Moyobamba. Había una tasa neta de emigración debido a las pocas oportunidades económicas. Habían ocurrido desastres sísmicos en la región incluyendo el de 1968. Sin embargo, el impacto de estos sismos fueron mucho menores que los de 1990 y 1991 y por el aislamiento de la región no fueron significativos en términos económicos o políticos a nivel nacional. Por el aislamiento de la región tampoco condujeron a cambios en el patrón de construcción, en la economía o en la ocupación territorial.

En 1974 se culminó la construcción de un tramo de 450 Km. de la Carretera Marginal de la Selva, que vinculó al Alto Mayo con la costa peruana. La construcción de "La Marginal" fue resultado de una política de desarrollo de la selva alta por el gobierno peruano con el apoyo de diferentes organismos internacionales de desarrollo. Se buscaba potenciar la producción agropecuaria comercial para el mercado nacional mediante la ampliación de la frontera agrícola y el cambio tecnológico acompañado por un proceso de colonización por migrantes de la sierra andina. "La Marginal" fue el eslabón clave de esta política, que permitió tanto la salida de la producción agropecuaria como la entrada de los colonizadores. El desarrollo de la región fue apoyado por un sistema de préstamos agrarios, acopio y comercialización de la producción agropecuaria, subsidiada por entidades gubernamentales. A raíz de esta política se produjo cambios radicales en el poblamiento, ocupación territorial, economía, cultura y medio ambiente de la región.

En primer lugar, se dio una inmigración sin precedentes. El Alto Mayo se convirtió en la puerta de entrada a la selva para colonizadores campesinos de los Andes del norte de Perú. Mientras que en 1972 en San Martín sólo habían 21,354 inmigrantes, para 1981 esta cifra había subido a 70,272 y para 1993 a 175,363. En el cuadro 6 se puede apreciar el crecimiento poblacional del Alto Mayo desde 1940 a 1993, sobre todo el salto cualitativo que se dio entre 1972 y 1993.

 

Cuadro 6

CRECIMIENTO POBLACIONAL DEL ALTO MAYO DE 1940 A 1993

 

POB 40

POB 61

POB 72

POB 81

POB 93

Moyobamba

8,341

9,616

12,228

21,112

38,880

Rioja

3,833

4,580

6,689

11,688

18,632

 ZONA I

12,174

14,196

18,917

32,800

57,512

Calzada

832

1,250

1,476

2,039

3,418

Habana

400

418

606

1,054

1,259

Soritor

1,461

1,941

2,949

6,388

10,959

Yantaló

 

227

636

1,096

1,859

Posic

306

427

522

841

971

Yorongos

904

345

608

1,212

2,254

ZONA II

3,903

4,608

6,797

12,630

20,720

Yuracyacu

507

1,287

2,625

24,194

4,624

Awajún

 

 

 

 

2,903

Elías Soplín Vargas

 

 

 

 

5,198

Nueva Cajamarca

 

 

 

 

21,207

Pardo Miguel

 

 

 

 

9,602

San Fernando

 

 

 

 

4,336

Jepelacio

1,030

2,398

2,864

4,596

13,568

ZONA III

1,537

3,685

5,489

28,790

61,438

 FUENTE: INEI, Censos Nacionales de Población: 1940, 1961, 1972, 1981, 1993.

El proceso de asentamiento de los colonos abarcó, en primer lugar, la margen derecha del río en la provincia de Rioja (Zona III) para luego extenderse a distritos como Soritor en la Zona II y a la margen izquierda del río Mayo en el distrito de Moyobamba. En 1972 la población de los actuales distritos de Yuracyacu, Awajun, Elías Soplín Vargas, Nueva Cajamarca, Pardo Miguel y San Fernando fue de sólo 2,625 habitantes. Nueve años después, en 1981, fue de 24,194 habitantes y en 1993 había crecido a 47,870 habitantes. En el periodo 1981-93, sin embargo, la tasa de crecimiento disminuyó considerablemente debido a la saturación del espacio disponible. En el siguiente Gráfico se puede apreciar la tasa de crecimiento poblacional de las tres Zonas entre 1940 y 1993, apreciando el espectacular repunte del crecimiento de la Zona III entre 1972 y 1981 y su posterior estabilización entre 1981 y 1993.

 

GRÁFICO 1

FUENTE: INEI, Censos Nacionales de Población: 1940, 1961, 1972, 1981, 1993.

La colonización del Alto Mayo por campesinos andinos trajo consigo un verdadero proceso de "ruralización" de la región. A diferencia de la población selvática oriunda, quienes tradicionalmente vivían en las pequeñas ciudades de la región, los migrantes formaron nuevos caseríos y pequeñas agrupaciones de viviendas en el campo. Entre 1972 y 1981 aumenta la población rural del Alto Mayo de 20.8% a 41% de la población total. La Zona III, donde se concentran los migrantes andinos, reporta el 75.6% de la población rural de la región en el Censo de 1993. Desde 1981 hasta 1993 esta dinámica se estabiliza, elevándose a "sólo" un 45.3% la población rural en este periodo debido a la menor disponibilidad de terrenos aptos para el cultivo. Sin embargo, en paralelo a la "ruralización" de la región se da un proceso de "urbanización" de las ciudades. Antes de la Carretera Marginal, Moyobamba y Rioja fueron predominantemente ciudades de agricultores con un pequeño núcleo de comerciantes y, en el caso de Moyobamba, también de empleados públicos. Después de 1972 se integró la agricultura del Alto Mayo al mercado nacional y se inició un proceso de modernización de las ciudades consistente en un aumento en el comercio, cambios en los patrones de consumo (mediante la introducción de alimentos importados) y de construcción (a través de la introducción del cemento y el fierro, anteriormente no disponible en la región), la creación de pequeñas industrias ligadas a la producción agrícola y forestal y al sector de transportes. Para medir el grado de urbanización hemos sumado la población económicamente activa en actividades propiamente urbanas (servicios, comercio, manufactura) como un porcentaje de la población urbana para las dos provincias de Moyobamba y Rioja. Tal como se puede apreciar en el cuadro 7, las ciudades del Alto Mayo se han vuelto considerablemente más urbanas en el periodo 1972 a 1993, puesto que la PEA urbana ha crecido a una tasa muy superior a la población urbana en ambas provincias.

 

Cuadro 7

GRADO DE URBANIZACIÓN EN EL ALTO MAYO DE 1972 A 1993

  GRADO DE URBANIZACIÓN %

 PROVINCIA

1972

1981

1993

Moyobamba

9

14

22

Rioja

8

20

22

FUENTE: INEI, Censos Nacionales de Población: 1972, 1981, 1993.

Mediante la introducción del riego se impulsó el monocultivo del arroz, lo que constituyó un verdadero "boom" de la agricultura comercial. En el Alto Mayo la producción del arroz aumentó de 2,665 TM en 1971, a 63,308 TM en 1990. Dicho cambio tecnológico en la agricultura tuvo un impacto dramático en la producción de cultivos alimenticios. En la cuadro 8 se puede apreciar cómo la superficie sembrada de yuca, frijol y plátano (los alimentos básicos de la dieta regional) cayó significativamente entre 1973 y 1990, un periodo en el cual la población de la región aumentó de forma acelerada.

Cuadro 8

SUPERFICIE SEMBRADA EN EL ALTO MAYO DE 1967 A 1990

 ALTO MAYO

1967

Ha.

1971

Ha.

1972

Ha.

1973

Ha.

1988

Ha.

1989

Ha.

1990

Ha.

 Arroz

600

1,479

1,203

2,764

15,430

15,302

12,514

Maíz

1,900

1,730

1,017

2,286

7,844

6,381

5,887

Yuca

1,700

 

1,307

2,232

603

579

676

Frijol

1,000

1,752

633

2,232

925

764

286

Plátano

2,911

 

1,712

2,493

897

451

494

FUENTE: Ministerio de Agricultura.

La introducción del monocultivo del arroz bajo riego también significó un acelerado proceso de deforestación a favor de la agricultura de subsistencia, la ganadería y la coca. Mientras que en 1963 existían apenas 9,215 Ha. de bosque intervenidas en la provincia de Rioja, en 1987 esta cifra había aumentado a 93,304 Ha. Ello significaba que cada año durante este periodo se había destruido un área de bosque correspondiente al 1.3% de la superficie de la provincia. En la provincia de Moyobamba la tasa anual de deforestación en el mismo periodo fue de 0.97%, aumentando el área intervenida de 23,850 Ha. en 1967 a 121,969 Ha. en 1987. Una vez copadas las tierras arcillosas, el proceso de deforestación se extendió a áreas no aptas en laderas de pendiente muy pronunciada. Esto trajo consigo agudos problemas de erosión y cambios en el régimen hídrico, con fuertes épocas de sequía e inundaciones en época de lluvias.

Por otro lado, la construcción de la Carretera Marginal generó una serie de cambios sociales y políticos en la región. Antes de la construcción de la Marginal no existieron mayores expresiones organizativas de la población, pero con la centralización del financiamiento y la comercialización de la agricultura bajo el auspicio estatal y la urbanización de la economía regional empezaron a surgir un conjunto de organizaciones reivindicativas, primero de los agricultores y luego de la población en su conjunto. Factores como insuficiencia de créditos, altos intereses, precios por debajo de los costos de producción, déficit de almacenes, descuentos arbitrarios y demora en los pagos dieron razón de ser a organizaciones como la FASMA (Federación Agraria Selva Maestra), que realizó importantes huelgas, algunas a nivel departamental, incluyendo el bloqueo de carreteras y el establecimiento de barricadas. Posteriormente, en los años ochenta se generaron nuevas formas organizativas conocidas con el nombre de Frentes de Defensa de los Intereses del Pueblo (FEDIP) a nivel distrital, provincial y regional, que agrupaban a todos los sectores de la sociedad civil.

Este conjunto de cambios en la región a partir de los años setenta generó una rápida acumulación de vulnerabilidades en la región. El crecimiento demográfico, la degradación del medio ambiente, la creación de nuevos asentamientos construidos en forma precaria, el flujo de inmigrantes con patrones culturales ajenos a la región, los cambios económicos asociados al crecimiento de la agricultura comercial y la existencia de un gran porcentaje de la población con necesidades básicas insatisfechas son sólo manifestaciones parciales de un proceso de vulneración de la sociedad regional. La vulnerabilidad empezó a hacerse patente cuando a mediados de los años ochenta empezaron a manifestarse los primeros síntomas de agotamiento del modelo de desarrollo iniciado con la apertura de la Carretera Marginal.

Las causas de este agotamiento estuvieron directamente relacionadas con la crisis fiscal del gobierno peruano que se inició en 1983 y se ahondó entre 1985 y 1990, culminando en la peor crisis hiperinflacionaria conocida en país alguno. La producción agrícola del Alto Mayo dependía directamente de subsidios estatales tanto para créditos y comercialización como para el mantenimiento de la Carretera Marginal: única vía de salida para la producción. Cuando el gobierno central empezó a incumplir sus obligaciones con los agricultores con cada vez mayor frecuencia y abandonó el mantenimiento de la carretera y demás infraestructura, los agricultores comenzaron a quedarse sin ingresos y el arroz cosechado empezó a amontonarse en los almacenes de la región. A nivel de San Martín en su conjunto el crecimiento del PBI agropecuario se estancó en 1984 y alcanzó cifras negativas a partir de 1985 hasta 1991. La crisis de la agricultura comercial afectó la economía regional en su conjunto.

La respuesta de los agricultores a la crisis presentó varias facetas. Por un lado, se intensificaron las huelgas y medidas de protesta frente al gobierno a través de los Frentes de Defensa. En setiembre de 1989 y entre febrero y abril de 1990, sólo meses antes del terremoto de 1990, se dieron huelgas departamentales de gran magnitud que paralizaron totalmente las actividades productivas y las vías de comunicación. Sin embargo, en ese entonces el gobierno ya no estaba en capacidad de atender ni mínimamente sus demandas. Otra respuesta a la crisis de los agricultores fue la extensión del cultivo de la hoja de coca y su transformación ilegal en pasta básica de cocaína. Junto con la crisis económica surgió la violencia política. Aparecieron en el Alto Mayo columnas armadas de movimientos subversivos y como secuela se decretó el Estado de Emergencia, iniciándose una etapa de militarización y de violencia generalizada que erosionó la autoridad y capacidad de actuación de autoridades civiles, organizaciones poblacionales y Frentes de Defensa.

Por otro lado, el gobierno central dio una serie de leyes orgánicas entre 1987 y 1989 para la creación de nuevos gobiernos regionales. Se pretendió anexar San Martín al departamento costeño de La Libertad. Debido a que no existían vínculos históricos, culturales o económicos o vías de comunicación entre ambos la propuesta fue rechazada por la población regional que reclamó una región autónoma. Se creó así un nuevo frente de conflicto que aglutinó al conjunto de la sociedad regional en contra del gobierno central. A pesar de las protestas y huelgas organizadas por el Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo de San Martín, el Gobierno central persistió en la creación de la nueva región. El 8 de abril 1990, dos meses antes del primer terremoto, se realizaron elecciones generales y regionales. En San Martín las elecciones para la nueva Asamblea Regional tuvieron que ser anuladas, pues el 72.2% de los votos emitidos en San Martín fueron nulos (señal de protesta de la población). En las elecciones generales no hubo ganador en la primera vuelta. Esto llevó a que los dos candidatos con más votación, Mario Vargas Llosa y Alberto Fujimori, tuvieran que disputar una segunda vuelta electoral en junio de 1990. Es así como en el momento de ocurrir el terremoto había un vacío político a nivel del gobierno central. Los organismos del gobierno quedaron efectivamente paralizados por varios meses, sin presupuesto ni dirección política.

En otras palabras, el terremoto de 1990 sucedió en una coyuntura particular de crisis económica y política a nivel nacional que cobró ribetes extremos en el ámbito regional. Ocurrió en un momento de elecciones, de transición de un régimen a otro; en otras palabras, de inestabilidad política y a nivel de todos los funcionarios y entidades estatales. Esto se agravó por la crisis de un proceso de regionalización que causó tensiones entre la población regional y el Gobierno central. A esto hay que agregar el Estado de Emergencia y la suspensión de las garantías por la situación de violencia política causada por la presencia de grupos subversivos y el narcotráfico, además de la crisis económica, con una inflación que había erosionado por completo el poder adquisitivo de la población. En solo un mes, agosto de 1990, tres meses después del primer terremoto, se registró una inflación de 400% debido a las primeras medidas de ajuste del nuevo gobierno.

Entre los terremotos se produjeron nuevos cambios en la coyuntura. El nuevo gobierno implementó una política agresiva de liberalización de la economía que incluyó la eliminación de los subsidios y el desmantelamiento total de los organismos de crédito y comercialización agrícola. Como resultado tuvieron que parar virtualmente organizaciones poblacionales como la FASMA y el FEDIP. Sencillamente, ya no había un interlocutor en el gobierno a quien reclamar. El 24 de febrero el gobierno realizó un plebiscito sobre la conformación de la región que dio como resultado poco sorprendente una votación en favor de la creación de la Región Autónoma San Martín. Posteriormente se creó en forma transitoria la administración regional, que quitó otra razón de ser a las reivindicaciones de las organizaciones poblacionales. Esas últimas habían utilizado la cuestión regional como un canal principal de aglutinación de la sociedad regional. La desmovilización de las organizaciones poblacionales se terminó de rematar en 1991, al empeorarse la situación de violencia en la región, debido a la realización de acciones de mayor envergadura por los movimientos subversivos y la consiguiente respuesta militar. Fue en este contexto que sucedió el segundo terremoto de abril 1991.

En resumen, los desastres que ocurrieron en el Alto Mayo en 1990 y 1991 tienen que entenderse en el contexto de las amenazas que se presentaron en la región; las ciudades, pueblos y viviendas expuestos a las amenazas sísmicas; y el proceso de acumulación de vulnerabilidades en la región, que significó que en el momento de ocurrir los terremotos la sociedad regional tuviera seriamente mermada su capacidad de absorber el impacto de las amenazas y recuperarse de ellas. Dicha acumulación de vulnerabilidades ya había empezado a manifestarse en desastres anteriores ocurridos en la región, en cierta forma premonitorios de los desastres sísmicos de 1990 y 1991. Debido a la deforestación se habían producido los primeros desastres por inundación en la región, en el río Gera en 1989, y en 1990, meses antes del sismo de 1990, en San Miguel del río Mayo. Los terremotos son características naturales de las zonas donde ocurren y el Alto Mayo es históricamente sísmico. Sin embargo, en cierta forma el impacto de los terremotos de 1990 y 1991 sorprendió a propios y a ajenos. La acumulación de vulnerabilidades en la región había sucedido tan rápidamente que ni la sociedad regional ni el gobierno central fueron conscientes de ella. Los procesos acelerados de cambio económico, demográfico y de urbanización en el Alto Mayo no habían sido incorporados en el imaginario nacional de una manera que pudiera permitir prever los desastres de 1990 y 1991.

 

 La Respuesta: Diversidad, Paralelismo, Integración

Introducción

Analizar la gestión del desastre del Alto Mayo supone diferenciar actores. Cada uno de ellos, desde su propia situación, reaccionó de distinta manera o cumpliendo un distinto papel. Supone también diferenciar lugares, es decir, no ocurrió lo mismo en todas las ciudades y poblaciones. No fueron los mismos actores los que cumplieron un mismo papel. Supone también diferenciar en qué momento actuaron: si en la emergencia, en la rehabilitación, o en la reconstrucción. O, más claro aun, si el carácter de sus acciones era de atención de la emergencia, de rehabilitación de los servicios públicos, o de reconstrucción. Es decir, a qué tipo de acción luego del desastre se abocan. Y, finalmente, si se trata del primer o del segundo sismo. Esto último también es importante porque en el caso del Alto Mayo las etapas se superponen: veremos aparecer a algunos actores sólo en los momentos de emergencia y actuar sobre ella, y no participar en las tareas de reconstrucción que ya se venían ejecutando, por ejemplo, en el intervalo entre el primero y el segundo. Eso aclarará en mucho el tipo de acción frente a los desastres a la que se limitan algunos actores. Se irá perfilando así la gestión del desastre como un proceso, en el que se transparenta la naturaleza de los actores y de las acciones; la gestión del desastre como un conjunto de problemas, no sólo como una suma de acciones o de funciones bien o mal ejecutadas sin poder explicarnos por qué.

En cuanto a los actores, la diferenciación debe hacerse por tipos pues son muchos los involucrados. Sólo el análisis de la información transmitida por los medios de comunicación nacional sobre estos tres momentos u aspectos de los dos desastres (emergencia, rehabilitación y reconstrucción) nos dan un número total de por lo menos 231 actores: Veinte del Gobierno central, entre ministerios o sectores del Estado, institutos armados, y el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI); 22 organismos especializados del Estado realizando acciones relativas a sus funciones particulares y con cierto grado de autonomía: desde el Instituto Geofísico del Perú, que registraba los movimientos sísmicos e instalaba sismógrafos, hasta el Jurado Nacional de Elecciones, que debía decidir si las elecciones nacionales que debían realizarse al poco tiempo del primer terremoto podrían llevarse a cabo, pasando por los médicos del Instituto Peruano de Seguridad Social, los hospitales del Estado que recibían los heridos, la Oficina Nacional de Apoyo Alimentario que enviaba alimentos, el Instituto Nacional de Desarrollo Urbano, etc.; 9 empresas estatales; Gobiernos regionales de otras regiones; y el propio Gobierno o administración regional. 12 organismos y agencias internacionales entre multilaterales, bilaterales y de socorro; 20 gobiernos extranjeros; por lo menos, 12 ONGs internacionales, además de las organizaciones internacionales ya referidas. En cuanto a actores del sector no gubernamental nacional que tienen su centro localizado en la capital del país, participaron 16 empresas privadas, 10 gremios profesionales y sindicatos, 29 instituciones de ayuda, civiles y religiosas, agencias e instituciones de ayuda nacionales; 2 ONGs nacionales; 18 actores entre partidos políticos y personalidades. Actuaron de alguna manera frente al desastre también los dos movimientos insurreccionales que existen en el país (Sendero Luminoso dinamitó el local del Centro de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres de la Universidad Nacional de Ingeniería que se beneficia de la cooperación japonesa). Desde la sociedad local, por otro lado –considerando sólo la información periodística– aparecen actuando 27 actores, que corresponden a los gobiernos locales, distritales o provinciales, organizaciones sociales de base o populares, gremios profesionales, instituciones y personalidades de las iglesias e instituciones de socorro con sede o establecidas en la región, y ONGs regionales.

Independientemente del mayor número de actores externos a la región, cuya acción es destacada por los medios frente a una menor atención a los actores locales y regionales (lo que expresa la percepción de los medios sobre lo que constituye la gestión de un desastre), la infinidad de actores requiere ser agrupados en tipos o categorías y analizar su distinto papel en los distintos momentos y casos, su relación con los otros actores, y revelar el significado de esos hechos. En las secciones posteriores se han escogido un conjunto de casos representativos de intervención de actores que muestran los tipos de respuesta al desastre y el tipo de gestión del mismo. Pero antes de desarrollar estos puntos, se hará una descripción de lo que ocurrió en la escena del desastre.

 

La Imprevisión, la Sorpresa y las Primeras Respuestas Locales

El primer hecho a registrar es la sorpresa, la imprevisión y el desorden inicial luego de producido el primer sismo. Esto es importante porque ocurre en todos los lugares y a todos los actores locales. Los testimonios al respecto son elocuentes: "... el primer terremoto fue una experiencia totalmente nueva. No estábamos de ninguna manera preparados para un desastre de esa magnitud." (Alcaldesa de Rioja) "En el primer sismo del 29 de mayo, en realidad nadie pensó que iba a suceder." (Alcalde de Soritor) "Pensábamos que era un movimiento sísmico más por el promedio ... a veces estamos acostumbrados ... total iba aumentando de severidad ... a la final nos dimos cuenta que las casas empezaron a derrumbarse, a caerse, había gritos en la calle, las mamás, los niños, un desorden completo." (Alcalde de Habana). Cómo se sobrepone la población a esta situación, y la intervención de qué actores supone, es elocuente.

Materialmente, el desastre era, sobre todo, muertos y heridos, daño de viviendas y edificios. Cada uno de estos hechos generaba una necesidad. Había que tranquilizar a la población, organizarla, buscar a los muertos, sacarlos de entre los escombros, atender a los heridos. Los escombros de las casas derrumbadas ocultaban a los muertos, entre ellos podían haber heridos. Los escombros debían ser removidos.

En el pueblo de Soritor (distrito de la provincia de Moyobamba a la que ya hemos hecho referencia), proporcionalmente más afectado (25 muertos, 80% de casas dañadas de un total de 2,500), el terremoto encontró reunida a la dirigencia del Frente de Defensa del distrito. Luego que cada cual averiguó sobre la situación de su familia se volvieron a concentrar y dirigieron las acciones comunes: colocaron altoparlantes a nivel de todo el pueblo, dieron indicaciones. Reunidos los muertos, atendidos los heridos, inmediatamente iniciaron una colecta para ayudar a las víctimas. Algo interesante, sin embargo, es que según testimonio de los dirigentes, la población, en medio de la sorpresa, a quienes primero recurrieron fue a sus dirigentes de barrio.

El daño de los edificios consistía en destrucción total, derrumbe, o los ponía en situación de peligro. Había que hacer una evaluación. Los escombros de las casas derrumbadas interrumpían las calles. Había que hacer limpieza. Cuando llegaron los primeros agentes del exterior estas tareas ya habían sido realizadas o, por lo menos, iniciadas.

Los primeros que llegaron al subsiguiente día de producido el sismo fueron los dirigentes de un frente político conservador, en ese momento en campaña electoral, que tradicionalmente consideraba a la región como una de sus plazas políticas. Venían con ingenieros para hacer la evaluación. El Frente de Defensa ya la había hecho. Con sus pocos recursos técnicos sabían el número de muertos, heridos, casas y edificios derrumbados, aquellos que habían quedado en peligro de derrumbarse y tenían una lista de necesidades. El Frente de Defensa contaba con una organización por barrios que hizo posible no sólo la evaluación rápida sino la ejecución sistemática de las primeras medidas.

En Habana, el otro distrito de Moyobamba más afectado (85% de un total de 400 casas), fueron los propios comités de barrio los que asumieron inicialmente la responsabilidad de la evaluación de los daños, hicieron la lista de damnificados e iniciaron la recepción y distribución de la ayuda. Los primeros en llegar -a la mañana siguiente- fueron las Fuerzas Policiales desde la capital de la provincia. Más tarde llegaría el Alcalde de Moyobamba trayendo ayuda. Por razones que veremos más abajo, el proceso iniciado por los comités de barrio se truncaría en forma lamentable. De hecho, fue uno de los lugares en donde la demolición de las casas en peligro demoró más.

En Rioja, la capital de provincia en la que el Concejo Provincial tuvo una actuación más decidida, salir a la calle a saber qué había pasado, a tranquilizar a la población, a evaluar los daños fue también la primera preocupación de las autoridades ediles. Para hacer la evaluación recurrió a los maestros organizados en el Sindicato Único de Trabajadores en la Educación Peruana (SUTEP) con quienes el Concejo elaboraría las listas de damnificados. Más tarde las autoridades saldrían con el Colegio de Ingenieros de la provincia a conocer la situación de los distritos. Paralelamente el Concejo se comunicó con el Gobierno central y con el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), órgano rector del Sistema Nacional de Defensa Civil (SINADECI). Mientras tanto, algunos barrios comenzaron a organizarse e hicieron su propia lista de damnificados. A Rioja llegó también la delegación del frente político conservador ya mencionado y nombró sus propios delegados de barrio para distribuir su ayuda. En algún momento la población llegaría a confundir a los delegados de barrio con los de este partido. Finalmente los delegados de los barrios tendrían gran dificultad para coordinar con el Concejo Provincial.

En una aparente paradoja, la capital de la provincia de Moyobamba, a su vez capital del departamento de San Martín y la ciudad con mayor población del Alto Mayo, fue la que reaccionó con mayor desorden y la que demoraría más en implementar las primeras acciones. De hecho, las primeras acciones fueron ejecutadas más por algunos regidores del Concejo Provincial que por el propio Alcalde. De algunos de ellos nació la iniciativa de convocar al Colegio de Ingenieros para hacer una evaluación de los daños. Entre las primeras acciones estuvo también comunicarse con el INDECI. Las dificultades que tuvo la ciudad para remover los escombros y demoler las casas dañadas y en peligro de derrumbarse, no hace sino confirmar las impresiones que dejan la mayor parte de los testimonios de una ciudad sin autoridad central. Por ejemplo, luego de la rápida evaluación que hizo el Colegio de Ingenieros y por el peligro que suponían las casas seriamente afectadas, se decretó un plazo de 72 horas para demoler las casas en riesgo inminente. Sin ningún apoyo del Concejo para realizar esa labor, el sismo del año siguiente encontraría a algunas de ellas todavía en pie. De hecho fue la ciudad en que menor participación orgánica hubo de los barrios a pesar de que algunos de ellos desarrollaron acciones de gran significado que retomaremos más adelante. La actuación de éstos, sin embargo, fue prácticamente paralela a la débil actuación del Municipio. Finalmente, se trató del Municipio en que mayores quejas hubo respecto a la transparencia y eficiencia con que se distribuyó la ayuda. En las elecciones municipales siguientes (enero de 1993) éste fue uno de los temas electorales.

La Ayuda de Emergencia a la Zona y la Respuesta Local. Ayuda Foránea y Recursos Endógenos

Vistas las reacciones fundamentalmente locales, las primeras reacciones de las víctimas del desastre, el siguiente actor que apareció fue el organismo nacional responsable por la gestión de los desastres: INDECI. El INDECI llegó, en un primer momento, con ayuda para la emergencia y con técnicos para hacer la evaluación de los daños y determinar las necesidades. De hecho, fue con su llegada que se constituyeron los órganos de emergencia previstos por la ley de Defensa Civil: los comités provinciales y distritales de Defensa Civil. Éstos están presididos por el Alcalde e integrados por el sub-Prefecto en la Provincia o el Gobernador en los distritos. Forman parte de él los titulares de las sectores públicos o dependencias estatales que actúan en la jurisdicción, los representantes de las organizaciones no públicas campesinas, laborales, culturales o gremiales y las que realizan labores de bienestar y, finalmente, el jefe de la Oficina de Defensa Civil, que debiera teóricamente existir en cada gobierno local. Tanto esta oficina como el Comité local debieran funcionar permanentemente. Sin embargo, estos no son creados sino en los momentos de las emergencias, normalmente a instancias del INDECI, y dejan de funcionar no bien pasa la emergencia o deja de llegar la ayuda de fuera para ser distribuida. El análisis de lo que significan estos comités dentro del Sistema Nacional de Defensa Civil (SINADECI) y de su relación con el INDECI (institución rectora y coordinadora de aquél), así como de su funcionamiento, puede encontrarse en las siguientes secciones. Basta saber por ahora que en el Alto Mayo estos comités recién se formaron con la llegada del INDECI a la zona.

La incidencia local de la llegada del INDECI y de la ayuda que trajo, y la respuesta a la conformación de los comités locales de Defensa Civil, fue distinta en las diferentes localidades. Lo importante del caso es que todo indica que las características de esta incidencia dependen del grado y tipo de organización que encuentró en la población. En donde la población se hallaba bien organizada no hubo mayores problemas en la distribución de la ayuda.

En efecto, en Soritor el Comité Distrital de Defensa Civil fue rápidamente incorporado a la dinámica organizativa del Frente de Defensa de los Intereses de Pueblo (FEDIP-Soritor). Este Frente tenía en los comités de barrio el mejor canal para distribuir la ayuda en forma adecuada. Desde el inicio de la formación del Comité Distrital de Defensa Civil (presidido por el Alcalde), el Frente de Defensa fue incorporado como una de las organizaciones sociales de base del distrito. Teóricamente, el Frente pasaba a formar parte del Comité de Defensa Civil. En la práctica, lo que ocurrió fue lo contrario. Siendo la Municipalidad parte de la organización del Frente, y estando subordinada políticamente a él, el Comité de Defensa Civil pasó a formar parte del Frente. El Frente era representativo del sentir de la población, tenía una organización que lo conectaba con la base, lideraba y, de hecho, dirigió todas las tareas.

Abstrayendo y poniendo a un lado la existencia del Frente de Defensa en Soritor, podríamos decir que la ayuda que llegó del INDECI a Soritor encontró en los comités de barrio la organización adecuada para su distribución. Sin embargo, encontramos un problema complejo. En primer lugar, los comités de barrio de Soritor habían sido creados por el Frente durante sus anteriores luchas reivindicativas frente al Estado y, luego de una etapa de reflujo del Frente, recién estaban siendo reactivados por el mismo Frente, apenas unos meses antes del sismo. El sismo encontró al Frente de Defensa en un periodo de reactivación. En segundo lugar, la experiencia de lo que ocurrió con estos mismos comités de barrio en el distrito de Habana (también de la provincia de Moyobamba y contiguo a Soritor), nos deja ver que el tema es más complejo.

En efecto, ya hemos dicho que en Habana, en un inicio después del sismo, algunos comités de barrio asumieron las tareas de evaluación de los daños y distribución inicial de la ayuda. El Comité de Defensa Civil allí, sin embargo, no incorporó a esos comités. Se formó alrededor del Concejo Distrital y designó nuevos delegados. Según testimonios recogidos, los antiguos comités debieron "hacerse a un lado" para no entorpecer la labor y duplicar esfuerzos. La inexistencia en Habana de un Frente, una organización política de nivel superior, que agrupara y consolidara a la organización por barrios, hizo que ésta fuera marginada al conformarse el Comité oficial. Los comités de barrio de Habana también habían sido formados por el Frente de allí. Sin embargo, éste no estaba tan reactivado como en Soritor. La debilidad de su organización por barrios correspondía a la de su Frente. Finalmente, esta debilidad supondría que el Comité de Defensa Civil de Habana (presidido por su Alcalde) no lograra los resultados que en Soritor. La organización que creó el Concejo Distrital, al margen de las organizaciones anteriores, no logró sustituirlas. Como dijimos líneas arriba, Habana fue una de las poblaciones que más demoró -por ejemplo- en demoler sus edificaciones en peligro..

En Moyobamba la situación del Frente de Defensa era más débil aún. Al reflujo producido luego de una etapa de reivindicaciones se sumaba la acusación de subversivos de la que eran objeto sus dirigentes. La conformación del Comité de Defensa Civil allí tampoco incorporó orgánicamente a los comités de barrio ni a las organizaciones de base en general sino hasta muy tarde. Como dijimos, en la ciudad de Moyobamba fue en donde mayor descontento se produjo por la distribución de la ayuda y en donde las más importantes iniciativas de reconstrucción prácticamente no pasaron ni por el Concejo ni por su Comité de Defensa Civil.

En Rioja, con un Concejo más activo, la situación fue más matizada. La llegada del INDECI fue también rápidamente incorporada a la dinámica del Concejo. De hecho, este último se benefició con el apoyo técnico del INDECI para la realización de la evaluación de los daños. Además, con la colaboración de la Corporación de Desarrollo del Departamento de San Martín (CORDESAM), elaboró un Plan de Reconstrucción. Una vez más, la situación de la organización local determinó la capacidad de aprovechar la ayuda que viene de fuera. El seguimiento a las etapas posteriores de rehabilitación de los servicios públicos y la reconstrucción de las viviendas, deja ver un Concejo que no cejó en su empeño de hacer efectiva la colaboración del Estado. Como veremos más adelante, los esfuerzos no fueron siempre coronados por el éxito. En particular, las tareas de reconstrucción se vieron dificultadas por la ausencia de la población de base en las instancias de negociación y en la ejecución de las acciones. Retrospectivamente, esto parecía estar anunciado en las dificultades que hubo para incorporar a esas organizaciones (por ejemplo, los comités de barrio) en el Comité de Defensa Civil.

En Rioja, sin embargo, sí hubo un intento de llegar a las bases. Se buscó a los comités de madres que existían y se incentivó la creación de nuevos (de sólo 10 comités de este tipo que funcionaban en mayo de 1990, pasado el segundo sismo y transcurridos prácticamente 2 años, en enero de 1993 la cifra había llegado a 127 comités). El principio de que "sólo el que está organizado recibe ayuda" contribuyó al efecto. Sin embargo, los comités de madres son organizaciones en función de la alimentación y la salud, no reemplazan a los comités de barrio, de carácter más territorial y con mayores posibilidades de representar a la población no sólo en la distribución de la ayuda sino en la reconstrucción. La organización territorial involucra a todo el núcleo familiar, al conjunto de la dinámica poblacional, no sólo al binomio madre-hijo.

De hecho, el Concejo tenía una capacidad de convocatoria importante. La utilización que hizo del sindicato de maestros (SUTEP), del Colegio de Ingenieros y de la CORDESAM, incluso del INDECI, en la evaluación de los daños y la formulación de un Plan de Reconstrucción, así lo indica. Muestra un Concejo dinámico. El problema más bien parece haber estado en la relación con las poblaciones de base.

 

Los Actores Foráneos: El Desastre más Allá de la Escena Local

Un desastre involucra no sólo a sus víctimas y a la zona en donde se dio. Un desastre es un hecho que trasciende las fronteras de la escena local. En un mundo comunicado como el actual, no es sólo una ciudad o una región la que amanece con sus casas derrumbadas, con pobladores muertos y con heridos; es el país y, a veces, la comunidad internacional entera la que amanece con la noticia de lo ocurrido. El desastre es un hecho del que participan todos aquellos que sufren sus efectos -directa o indirectamente-, los que se enteran y los que reaccionan de alguna forma.

En términos de los actores, la gestión del desastre indica también hasta qué punto es la comunidad nacional e internacional la que resulta comprometida. La ayuda internacional y nacional tanto gubernamental como privada muestra una reacción en la que la escena local del desastre no es sino una parte del hecho.

Es importante señalar ya aquí que, para quienes no son parte de la escena local, la información que reciben sobre lo que ocurre en ella es crucial. Se convierte casi en el hecho mismo. La información sobre el hecho es el hecho sobre el que actúan. De allí la importancia de lo que los medios de comunicación dicen sobre lo ocurrido.

Es verdad que un conjunto de actores tienen sus propios medios de información. El Sistema Nacional de Defensa Civil tiene sus monitores, las autoridades locales se comunican con él para solicitar ayuda. El hecho de que, ocurrido un desastre, la primera acción del INDECI se lleve a cabo con un tipo de ayuda convencional y múltiple y un equipo de técnicos para evaluar los daños y determinar las necesidades, indica que la información que puede recibir por sus monitores y las autoridades, no es suficiente. En cuanto a información, el INDECI no depende tanto de los medios de comunicación masiva. La investigación realizada, sin embargo, muestra que los gobiernos extranjeros y sus agencias de cooperación y los actores extranjeros privados reciben primero información de los medios. La similitud entre la ayuda que envían y la imagen que estos medios dan del desastre corrobora la importancia de esta información, como imagen o información que influye o como expresión de una misma manera de entender los desastres que ambos comparten.

Por otro lado, existen a nivel de muchos países organizaciones que tiene como función, justamente, intervenir con ayuda en los casos de desastre. Un desastre no es únicamente una necesidad de atender sino una oportunidad de entrar en acción. El desastre en un país es oportunidad de relacionarse con él. El desastre se hace parte así de una realidad que lo trasciende. La respuesta a él no pertenece únicamente al ámbito del mismo. Éste es apropiado por una realidad que lo engloba.

Cuando los medios de comunicación destacan un desastre, en ocasiones son los efectos del desastre sobre la economía y la sociedad de un país lo que lo convierte en importante como noticia; en otras, no. En cierto sentido, los desastres son siempre noticia. Los medios no sólo cumplen una función en relación a los desastres, los desastres cumplen una función para los medios. En resumen, existen en la sociedad instancias que se apropian del desastre. Es importante ver en qué medida el "desastre" del que se apropian –para el que envían ayuda o el que comunican– es el mismo que se vive en la escena local.

Finalmente, los medios tienen un público al cual deben responder. Lo ofrecido por los medios no puede contrariar –no del todo, por lo menos– lo que el público espera. No es fortuito, entonces, sostener que lo que los medios ofrecen corresponde en parte a la imagen que la opinión pública tiene de los desastres, lo que espera de ellos. Si la prensa va a influir sobre otros actores, la opinión pública que influye sobre la prensa, entonces, va a tener más injerencia de lo que puede pensarse en la respuesta y el manejo que la sociedad nacional e internacional hace de un desastre.

Los medios de comunicación

Ya se ha dicho que el Alto Mayo –y la región de San Martín en general– había sido siempre una región marginal en el imaginario del país. En el mejor de los casos respondía a una imagen falsa de lo que realmente era. Selva virgen y deshabitada, territorio de colonización, nunca una selva con una larga historia de urbanización como registra la historia. Pues bien, lo primero que ocurre con el sismo de mayo de 1990, es que el Alto Mayo salta a la escena nacional como nunca antes. Si al lector común de los diarios no le había sido difícil entender que los movimientos subversivos hubieran escogido esta zona para sus operaciones –selva virgen al fin y al cabo; si le había sido difícil entender cómo se sembraba arroz entre los enormes árboles amazónicos –que en realidad estaban siendo talados desde dos décadas atrás; le era mucho más difícil entender que en el Alto Mayo pudieran haberse dañado miles de casas de tapial y adobe, levantadas con un sistema constructivo de origen colonial.

A la prensa también le fue difícil. En realidad no analizó demasiado este hecho y el problema resultó prácticamente obviado. Es decir, uno de los problemas que más podía hablar de la especificidad de la región y del desastre producido. El Alto Mayo salta a la escena nacional, es verdad, con un nuevo hecho, pero éste es tratado como lo habían sido los anteriores. El problema de los arroceros y maiceros, y el de la autonomía regional que había alcanzado su máxima expresión en el Paro General de la región de febrero de ese año, el de la extensión de los cultivos de coca y el narcotráfico, y el de la presencia de los movimientos subversivos había sido informado por la prensa sin hacer mención del proceso y contexto regional en el cual se explica. En el caso del sismo, tampoco se insertó la vulnerabilidad de la población y de las construcciones dentro del tratamiento. En realidad, no había sido tanto del Alto Mayo del que se había hablado antes sino de las otras zonas de la misma región en donde estos problemas se presentaban en forma más aguda. La novedad es que aparece el Alto Mayo, aunque sin enfatizar los rasgos de su proceso, que son justamente los que configuran su identidad como región en cuyo interior se explica el desastre. No es la región la que aparece sino sólo efectos del sismo.

Esto es importante porque son justamente los aspectos que privilegian el conjunto de actores numéricamente más amplio, que participa sobre todo en la etapa de emergencia y que, en general, son externos a la región. Tanto el gran número de noticias (150 entre el 31 de mayo, día siguiente del sismo, hasta el 28 de noviembre de ese año en que se produce prácticamente un silencio frente al tema hasta el siguiente sismo), el número de diarios (15 de circulación nacional) y la percepción del desastre que se transmite, corresponde a la numerosa concurrencia de actores, a su tipo de acción y a la abundancia de la ayuda recibida en este primer sismo.

En cuanto a los actores que más aparecen en la prensa, es la acción del INDECI la que ocupa la mayor atención. De las 150 noticias, en por lo menos 70 se menciona su acción. En segundo lugar se encuentran los organismos internacionales (aparecen durante toda esta etapa sobre todo 16 gobiernos, la Comunidad Económica Europea y las Naciones Unidas). A nivel nacional aparecen sobre todo las instituciones de ayuda humanitaria (Cruz Roja Peruana, Cáritas). Pero aparecen también, en un lugar importante, instituciones tan diferentes como el Instituto Geofísico Nacional y el Centro Peruano-Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres, por un lado, y el Frente político conservador varias veces mencionado. En cuanto a los primeros, la prensa busca a las instituciones convencionales que le pueden dar información sobre un hecho geológico que no es de fácil dominio. En cuanto al segundo, no es sólo el interés político y electoral que comporta sino que la prensa parece seguir en la escena del desastre la actuación de los actores ya presentes en el universo de la noticia.

En cuanto a los temas, son los del evento físico que causa el desastre, los efectos directos y la ayuda a la emergencia los que prácticamente copan la noticia. La solidaridad internacional y nacional y –de un modo importante– las dificultades que aparecen en el transporte y la distribución de la ayuda. La prensa registra testimonios de demandas y críticas, cumple un papel fiscalizador desde este tipo de percepción de la problemática de un desastre. Sin embargo, la información geológica y sísmica, la ayuda de los gobiernos (cantidades en dinero o especies), el arribo del INDECI o la instalación de un Comité local de Defensa Civil, no son de por sí noticia suficiente para el lector común. Sólo el lector ilustrado puede encontrar en esas noticias información de interés para su lectura del suceso. La prensa debe entonces "aderezar" sus páginas con titulares tales como: "Rescatan vivo a anciano que estuvo tres días sepultado", que aparecen hasta en los medios más serios. Otros tienen que dar espacio a conjeturas y rumores fáciles de desmentir con sólo una llamada telefónica a uno de los centros de información geofísica: "Podría tratarse del nacimiento de un volcán". Y, finalmente, los vendedores de titulares encabezan su primera plana con: "Se abre la tierra y se traga un niño".

No obstante, la consistencia entre la percepción del desastre para los medios y la acción de la mayoría de los actores indica que hay allí un fenómeno más cultural y social que únicamente periodístico.

El que se trate de actores externos señala un tipo de relación con el medio alejado. Titulares tales como: "Se hunde Moyobamba, los pobladores viven en los árboles", parece reflejar más una imagen fantasiosa de la amazonia que únicamente sensacionalismo. Por ejemplo, la importancia otorgada a ciertos informantes científicos muestra que la prensa no siempre accede a la información adecuada en buena medida por la ausencia de una promoción de información alternativa. Ya en el primer sismo comienzan a aparecer actores populares, organizaciones sociales de base reflejando –muy superficialmente aún– aspectos del proceso regional. Y, con un trabajo sistemático de una ONG, comienza a aparecer información sobre tecnologías apropiadas para la reconstrucción y sobre los proyectos iniciados al respecto que inciden en la vulnerabilidad. La prensa no es impermeable, simplemente responde al desastre y cumple un papel convencional desde la sociedad y cultura en su conjunto de la que forma parte.

De hecho, al producirse el segundo sismo puede verse la persistencia de ciertos rasgos de la respuesta de los medios, otros que señalan un proceso de aprendizaje y, finalmente, cómo la respuesta de otros actores al desastre cambia la imagen que los medios dan sobre el conjunto del suceso. En cuanto a lo primero, a pesar que el segundo sismo tuvo una magnitud superior y sus efectos fueron tan destructores como los del primero, sólo se producen en esta ocasión un total de 75 noticias. El periodo en que el terremoto es noticia diaria también se reduce. Luego del primer sismo este periodo se extendió por nueve meses. Luego del segundo este se redujo a seis. El tema parecía haberse "agotado" como noticia. Sin embargo, el tratamiento de la noticia varía: luego del primer sismo la mayor parte de las noticias usa denominaciones territoriales genéricas: "el departamento de San Martín", "el Alto Mayo" y se menciona sobre todo las ciudades principales. En el segundo las denominaciones genéricas dan paso a los poblados más pequeños con nombre propio: "Soritor", "Nueva Cajamarca", etc. El Alto Mayo ha comenzado a ser conocido por la prensa. Pero, además, de las 75 noticias sólo 36 corresponden a la etapa y a los problemas de la emergencia. Luego comienzan a aparecer noticias sobre la rehabilitación y la reconstrucción. En algunos casos se trata del trabajo de información que realiza una ONG como parte de su proyecto, pero en otros se refiere a actores estatales que han iniciado también tareas de reconstrucción: la Empresa Nacional de Construcción y Edificaciones (ENACE), el Instituto Nacional de Desarrollo Urbano (INADUR), el Sistema Nacional de Agua Potable y Alcantarillado (SENAPA), y el Banco de Materiales, todos pertenecientes al sector Vivienda, que fue encargado por el Gobierno central de la reconstrucción del Alto Mayo. La prensa aparece permeable a la realidad. Si debiera cumplir un papel fiscalizador, tendría que hacerlo con respecto a estas acciones. Si la prensa estuviera comunicando motivaciones para la acción, sería también en estas áreas que incidiría.

El problema de la idoneidad de la ayuda a la emergencia

El primer hecho a registrar para el caso del primer desastre del Alto Mayo es la abundancia de la ayuda internacional y nacional que llegó. En cuanto a la ayuda internacional, el Perú concitaba mucha atención internacional en ese momento. El país, sin rumbo y sumido en el descontrol, comenzaba a convertirse en un peligro para sus vecinos y el hemisferio. Sin embargo, la debacle del gobierno aprista, el extremo al que habían llegado la recesión económica, la crisis fiscal y la inflación, el callejón sin salida de la ruptura de sus relaciones con la comunidad financiera internacional, el crecimiento de la acción de los movimientos subversivos, de la producción de la coca y el narcotráfico, parecían encontrar en las elecciones generales que se llevaban a cabo en ese momento una oportunidad de viraje y recomposición. El aislamiento institucional al que había llegado era contrapesado por el interés que concitaban los riesgos de la situación. Los dos candidatos que habían quedado en la justa electoral polarizaban las posiciones. Pero ya eso era algo: el lenguaje se hacía más descarnado, se comenzaba a hablar claro, se sabía que sólo medidas radicales podrían cambiar la situación.

En ese contexto, se entiende que la comunidad internacional se encontrara sensibilizada para enviar ayuda. A nivel nacional, ocurría algo similar. La crisis del Estado generaba en la sociedad civil una cierta conciencia de la necesidad de su protagonismo. Fueron muchos los actores que se sintieron llamados a enviar ayuda. Pero ¿qué ayuda llegó?

Por la Ley del Sistema Nacional de Defensa Civil toda la ayuda para un desastre debe ser centralizada en el INDECI y canalizada a través de los órganos que componen el Sistema: desde el propio INDECI hasta los Comités distritales, pasando por los recursos y medios del Estado para trasladar la ayuda.

La información recogida nos permite tener una idea clara del tipo de ayuda y sus proporciones. El rubro que ocupa el primer lugar son los alimentos, el segundo lo ocupan las medicinas, el tercero la ayuda para abrigo (desde frazadas hasta carpas y colchonetas); luego están las calaminas y, en una proporción similar, un conjunto variado de implementos (que van desde los equipos sismográficos hasta depósitos para agua) y, finalmente, ropa. Todas las entrevistas a informantes claves, tanto de las instituciones centrales como de la localidad, indican que alimentos era lo que menos se necesitaba y abrigo lo que más. El Alto Mayo tenía toda su producción de arroz acumulada sin poder trasladarla a los mercados costeños (a ello se debió en parte el Paro General regional de febrero de ese año) y, siendo en gran proporción población agrícola, contaba con producción de pan llevar (yuca, plátanos, etc.) y crianza doméstica de aves, que sufrieron sólo parcialmente. En cambio, la misma noche del primer sismo comenzó a llover y la población, que había perdido sus casas o eran inseguras, no tenía donde guarecerse. Eso aparece en todos los testimonios.

La mayor parte de la ayuda en alimentos, por otro lado, correspondió a 5,000 sacos de arroz que llegaron de un país amigo y que el INDECI tuvo que trasladar a la zona por presiones políticas a las que debía ceder, por el riesgo de generar un escándalo si la prensa no lo hubiera entendido. En todo caso, las relaciones con ese país se hallaban en juego. Otra importante proporción de los alimentos correspondió a leche en polvo, esta vez proporcionada por una entidad del Estado. Que ésta tampoco se necesitaba, no por lo menos como prioridad en ese momento, lo indica el hecho de que INDECI tuviera que almacenarla a la espera del momento más adecuado para trasladarla y distribuirla. Todo indica que INDECI también sólo trasladó parte del arroz (30 de lo que presumiblemente fueron 250 toneladas) lo que no sólo es comprensible, sino señala a INDECI tratando de adecuar la ayuda a las necesidades. En cambio, entidades de ayuda ligadas a la Iglesia Católica y que tenían comunicación directa con la zona habían recibido demandas de camillas y jeringas que no pudieron trasladar a través del INDECI. La explicación parece provenir del hecho de que se consideraba que el sector Salud estaba asumiendo la responsabilidad de esa área y no se debía intervenir por otro medio. El principio de la centralización parece sólo adecuado cuando los recursos institucionales de quien centraliza permiten asumir el conjunto de las necesidades que plantea.

Finalmente, la mayor parte del abrigo y calaminas provino de la ayuda internacional, aunque también debemos registrar el hecho de que, individualmente, en los primeros 30 días de la ayuda, la mayor cantidad de calaminas la donó una entidad del Estado (Cooperación Popular). Todo ello, sin embargo, no sobrepasa el hecho de que este tipo de ayuda no ocupó más que el cuarto lugar.

En cuanto a los alimentos, a pesar de lo inadecuado de la ayuda, la población hizo largas colas por muchas horas para recibir 1/2 Kg. de arroz. El poco control que la población siente tener sobre la gestión del desastre la hace asumir comportamientos estereotipados: "A un damnificado le toca hacer colas para recibir la ayuda." "¿Cómo saber si no me pierdo algo si no hago la cola?" "¿Por qué desperdiciar algo si no sé qué puede ocurrir mañana?" Son como principios de conducta que resultan de ser objetos y no sujetos del manejo que se hace. La no participación genera desinformación y ésta, a su vez, inseguridad. La inseguridad genera egoísmo o repuestas individuales antes que cooperación o acción común, comportamientos estereotipados antes que creativos.

En el siguiente sismo se presentan cambios importantes en la ayuda. La ayuda internacional es menor. Esto mismo, sin embargo, le permite a INDECI un mayor control sobre la ayuda que lleva. Aparece claramente también que la experiencia del anterior desastre ha sido asimilada. En primer lugar, la mayor proporción de la ayuda consiste en calaminas; la que le sigue es abrigo. En segundo lugar, por lo menos en el primer mes de la ayuda, las calaminas son proporcionadas por el propio INDECI. Por otro lado, debe destacarse que, además de las calaminas, INDECI traslada implementos (reservorios de agua, etc.) y herramientas (palas, picos, etc.). En el sismo anterior la falta de apoyo para la remoción de escombros y demolición de las casas en riesgo inminente había sido un problema. Hay un mayor conocimiento de las características que adquieren los efectos destructores de un sismo en la región por efecto de los sistemas constructivos y de los pocos recursos de las instituciones locales para afrontarlos. El conocimiento de la zona aparece aquí como clave. Cabe en este momento de la reflexión, sin embargo, preguntarse si sólo la virtualidad de dos desastres sucesivos y del mismo tipo es la única posibilidad de que los casos se beneficien de una mejora en la atención, y si existen no sólo los mecanismos en el centro para que la experiencia sea acumulada; si no, si se están creando los componentes de un Sistema que asegure que siempre la respuesta sea adecuada a las necesidades de las zonas. Esto lo retomaremos en el siguiente capítulo.

La Reconstrucción: Una Historia Paralela

 Prcesos que continúan, rasgos que se acentúan

El proceso social anterior al desastre no se paraliza. En algunos casos los conflictos se agudizan, en otros aparecen nuevas formas de colaboración. Hay algunos aspectos que más bien indican que procesos anteriores siguen su curso y los problemas únicamente se repiten.

En efecto, a sólo tres semanas del sismo de 1990, habían seis nuevos asentamientos humanos creados por invasión a terrenos que albergaban a cerca de 300 familias. Una buena parte de ellas se componían de migrantes recientes (de 4 a 6 años) provenientes de la sierra norte del país. La destrucción de viviendas y la Emergencia daba cobertura a estas acciones presentadas como respuestas al desastre. Sin embargo, el grado de organización que tuvieron desde un inicio estos asentamientos, la lotización previa con un plano hecho por un topógrafo, pilones e instalación provisional de agua y hasta letrinas públicas hacen pensar en invasiones que se encontraban ya preparadas.

De hecho, el sismo agudizó el problema de la escasez de viviendas que ya existía, pero estas iniciativas no eran generadas propiamente por el desastre. Más se trató de la ocasión propicia para llevarlas a cabo.

En términos de la gestión del desastre, se creaban problemas que no eran sino repetición de los siempre existentes en relación a los servicios del Estado. INDECI no apoyó a esta población para no avalar la invasión de terrenos de propiedad privada, el Concejo no quiso expropiar los terrenos pues significaba enfrentarse a grupos de poder local y estos asentamientos no pudieron beneficiarse de los programas de ENACE y del Banco de Materiales por tener una situación irregular. Los programas convencionales del Estado encontraban allí un límite. Sin embargo, estos límites no eran sino la repetición de los que se dan en situaciones ordinarias.

Es interesante anotar que el Frente de Defensa de los Intereses de Moyobamba tuvo una actitud cautelosa ante ellos. Un nuevo y creciente sector informal quedaba marginado de la respuesta social al desastre.

Todo lo anterior, sumado por ejemplo al trabajo comunal dominical sistemáticamente realizado, indica las potencialidades organizativas de la población en este tipo de asentamientos. Sin embargo, ni el Estado, ni el Gobierno local, ni tampoco el Frente, logran incorporar de alguna forma este tipo de procesos sui géneris al interior de la situación de desastre.

La respuesta estaba a la espera

En noviembre de 1990, a seis meses de producido el sismo, la respuesta del Estado para la reconstrucción de las viviendas era mínima. ENACE se había hecho presente en la zona pero había estado evaluando más bien la construcción de un conjunto habitacional. El Banco de Materiales había ofrecido créditos únicamente en Rioja a pesar de las reiteradas solicitudes de las autoridades y pobladores de Moyobamba para que se abriera allí una oficina. Esos créditos, por otro lado, encontraban muchas dificultades, especialmente entre los pobladores de menores ingresos. En primer lugar porque muchos de ellos no podían presentar Título de Propiedad, ni siquiera un Certificado de Matrimonio pues eran parejas no formalizadas. En segundo lugar, porque a pesar de que se había considerado otorgar al préstamo un año de gracia por la condición de damnificados, los intereses eran demasiado altos e impedirían el cumplimiento de los compromisos. Y, finalmente, porque los precios de los materiales de la canasta de créditos eran superiores a los del mercado de la zona, los que de por sí ya se hallaban inflados en función de la demanda.

El Concejo Provincial de Moyobamba, por otro lado, no asumía ningún papel en la reconstrucción de las viviendas. Se limitaba a los servicios públicos, en donde obtenía también escasos resultados. La iniciativa, entonces, surgió de otro lado. Con el asesoramiento de la ONG que ya se hallaba implementando en la región un programa de construcción de viviendas con sistemas constructivos adecuados al medio (que más adelante retomamos), un grupo de jóvenes tomó conocimiento del Sistema de Créditos Supervisados que había implementado el propio ENACE en otras partes del país. En este sistema de autoconstrucción cada familia asume la responsabilidad de la construcción y se hace cargo de conseguir sus propios materiales con un préstamo. Para ello, no obstante, se requería de una organización que realizara las gestiones. El grupo de jóvenes entonces convocó al club del barrio del que formaban parte. Era un antiguo club al cual estaban asociados todos los pobladores de uno de los más antiguos y tradicionales barrios de la ciudad, el barrio de Lluyllucucha. El club, a su vez, convocó al barrio entero. Inicialmente lo hizo para conformar un abstracto "Comité de Reconstrucción" para lo que no obtuvo respuesta. Convocó entonces otra vez anunciando el programa de créditos para reconstrucción de viviendas. La respuesta, entonces, fue masiva. No sólo asistió el barrio sino pobladores de otras partes de la ciudad. Formaron comisiones de empadronamiento, desembolsaron pequeñas cuotas, que se multiplicaban por el alto número de interesados, para financiar las gestiones y un viaje a Lima. Al día siguiente había largas colas de pobladores empadronándose. El interés por la reconstrucción había estado allí esperando la iniciativa que lo canalizara. Y fue un grupo de jóvenes, con el asesoramiento de una ONG, y un club tradicional de barrio, los que suplieron la inacción del gobierno local que se interesaba sólo por los servicios públicos, separaba lo público de lo privado y abandonaba a su suerte lo segundo. Algo central resulta el hecho de que el ya constituido Comité de Reconstrucción del barrio de Lluyllucucha, al asumir la relación con ENACE, incorporó en su gestión no sólo a los damnificados del barrio sino también a los interesados de otras zonas de la ciudad.

El Comité logró interesar rápidamente a ENACE y en poco tiempo del Programa aprobó más de mil créditos supervisados, a los que sólo le faltaba la decisión del gobierno central de otorgar los fondos para dar inicio a su ejecución. Esta última, sin embargo, no se dio sino hasta después del segundo sismo, frente al cual el Gobierno, instalado ya desde hacía cerca de 8 meses, tomó una decisión política que no había existido durante la inestable etapa en que ocurrió el primero.

La historia, sin embargo, no termina ahí. El segundo sismo encontraría al Comité ya constituido y actuando en función de la reconstrucción. Entonces asumió otros papeles, siempre supliendo a los formales que no funcionaban. En primer lugar, este segundo sismo, encuentra a la población del barrio organizada. Al producirse el sismo premonitor de la mañana que precedió al más fuerte de la noche, el Comité se pondría en movimiento: buscó las carpas que existían de la Emergencia del año anterior, alertó a la población del riesgo inminente, etc. Producido el sismo mayor, realizó inmediatamente la evaluación de los daños en el barrio, formuló las necesidades, e hizo una lista de los damnificados con el número y edades de los miembros de cada familia para distribuir la ropa que llegaría, etc. No se entregaría más ya cualquier ropa a cualquier familia sino la que cada una pudiera necesitar. La evaluación que ellos hicieron no correspondió a la que realizó el Colegio de Ingenieros por encargo del Municipio y que ponía más énfasis en los daños producidos en otras partes de la ciudad. Recurrieron entonces a distintas instituciones para pedir ayuda y ésta les fue otorgada directamente a ellos para que la distribuyan según sus criterios y organización. La Iglesia Católica y Cáritas de la provincia y la Cruz Roja Internacional –esta última criticaría al Gobierno local por las irregularidades en el reparto de la ayuda– los apoyaba directamente y recomendaba que la ayuda al barrio se canalizara a través de ellos. INDECI, que permaneció en la localidad por lo menos hasta setiembre de ese año, mantenía cierto recelo hacia esta organización autónoma. Un viaje a Lima y una entrevista con el Jefe del INDECI concluyó en una orden para que se entregue ayuda directamente al Comité y se hiciera en forma prioritaria.

En cuanto a los papeles asumidos por este Comité, tanto en relación a los Créditos Supervisados como a su actuación durante la emergencia del segundo sismo se cumplen, como dijimos, supliendo las deficiencias de las organizaciones formales: en el primer caso, con respecto a la reconstrucción de las viviendas y, en el segundo, con respecto a la distribución más adecuada de la ayuda. Otro papel que queremos reseñar, sin embargo, revela con claridad uno más tampoco cumplido por las autoridades: el del liderazgo.

En efecto, transcurrido un mes desde el segundo sismo, Moyobamba aún se encontraba con los escombros en las calles. El Comité de Lluyllucucha organizó entonces una "Jornada Cívica" para limpiar la ciudad. Solicitó a todas las empresas e instituciones de Moyobamba la donación de un día laboral para participar de la jornada. Solicitó asimismo maquinaria al municipio local y a los de otras provincias, y a la Corporación de Desarrollo del departamento. La respuesta de la población y de las instituciones fue mayor de lo que los organizadores esperaban: asistieron todos los barrios, delegaciones de los pueblos aledaños (Soritor envió un volquete y una numerosa delegación, igualmente lo hizo la ciudad de Rioja, como una muestra de solidaridad a pesar de que Moyobamba competía con ambos en la distribución de la ayuda). Frente a una multitud limpiando la ciudad, los recursos de la población surgieron como por arte de magia: se incorporaron los "comités de madres", se formaron ollas comunes, que funcionaron en casas prestadas por las familias. Cuando las maquinarias se paralizaron por falta de combustible se recurrió a la Iglesia y ella se comprometió a pagarlo. Para poder hacer uso inmediato del combustible, se solicitó la autorización del municipio para obtenerlo a crédito de los centros privados de expendio. Durante ese día la población, para justificar ante su empresa el día laboral, debieron firmar un registro que llevaba el Comité. Todo ello va legitimando al Comité ante la población y ante las instituciones hasta convertirlo en un interlocutor y un canal reconocido. En cierto sentido fue apareciendo una formalidad paralela a la oficial.

Finalmente cabe destacar un hecho. En Moyobamba el Frente de Defensa se encontraba disminuido. La experiencia reivindicativa del mismo no era tanta como la que arraigó en Soritor. El tamaño y la heterogeneidad de la población y la ciudad también tiene que ver con esto. En Soritor el Municipio se encontraba incorporado y subordinado al Frente. En Moyobamba la iniciativa de Lluyllucucha más bien surgió paralela y se mantuvo así. La experiencia fue distinta pero apuntó a lo mismo: en ambos casos la conexión orgánica con la base social y sus necesidades tomó diferentes formas según el contexto pero siempre fue crucial. Ella determinó la efectividad de la respuesta.

ONGs e iglesias

Todas las respuestas, sin embargo, no son tan espontáneas. Cuando participan organizaciones que se han dado como función permanente asistir socialmente a la zona o contribuir a su desarrollo, las respuestas responden a un diagnóstico y a un programa. Es el caso de las ONGs que, luego de producido el sismo y sin participar directamente en la ayuda a la emergencia, deciden iniciar programas de reconstrucción en una perspectiva de desarrollo de la región. O también el caso de las iglesias presentes en la zona –tanto de la Iglesia Católica, que es la mayoritaria, como de un conjunto de otras iglesias y grupos– que participan en la ayuda a la emergencia y luego inician programas de reconstrucción. ONGs e iglesias no se incorporan orgánicamente al Sistema de Defensa Civil: no participan de los Comités provinciales y distritales y distribuyen su ayuda en forma independiente usando sus propios canales. Únicamente hacen uso de la centralización que hace INDECI para el transporte de la ayuda a la zona.

La experiencia de ITDG: incorporación en la matriz local de la relación reconstrucción y desarrollo

Producido el primer sismo, ITDG, que tenía relaciones con la región en virtud sobre todo de una investigación sobre la historia y el desarrollo regional (Maskrey y otros 1991), decidió intervenir en la reconstrucción del Alto Mayo incorporando la variable desarrollo local y regional en ella. Envió inmediatamente a una misión que realizó una evaluación preliminar de los daños (Zambrano y Medina 1992).. Convocó a un conjunto de organismos internacionales y les ofreció la oportunidad de participar en la reconstrucción creando una nueva forma de intervención en los desastres que iba más allá de la ayuda a la emergencia. Con el apoyo de algunas de ellas y con sus recursos profesionales hizo un diagnóstico de las necesidades surgidas de los daños del sismo, de los recursos naturales y organizativos de la zona y determinó el sistema constructivo más adecuado al medio y las amenazas naturales, al mismo tiempo que formulaba un "Plan de Reconstrucción y Desarrollo del Alto Mayo" (Zambrano y Medina 1992-I: 145-165) que iba más allá: no sólo proponía la Quincha Mejorada (construcción tradicional de caña con mejoras que aumentan su sismoresistencia, durabilidad y apariencia) sino articulaba un programa de autoconstrucción de este tipo a problemáticas tales como la utilización de los recursos naturales locales (caña y otros tipos de madera), diversificación de la producción agrícola y forestal, revalorización y protección del medio ambiente, desarrollo de la actividad manufacturera, reforzamiento de la estructura urbana, etc. Asimismo identificaba a los actores locales y externos más idóneos para iniciar estos programas.

En agosto de ese año se presentó este Plan integral al conjunto de actores locales: gobiernos locales, organizaciones sociales de base, otras instituciones de la sociedad civil y organismos del Estado, tanto locales como centrales. La respuesta no se hizo esperar y provino de Soritor. Tenían interés en aplicar el sistema constructivo propuesto. La construcción demostrativa sería el local comunal. El municipio y la población, bajo la dirección del Frente de Defensa pusieron el terreno, los materiales de construcción y la mano de obra. Paralelamente se instaló un vivero forestal. El ITDG puso la dirección técnica y profesional en la construcción, y se asoció con una ONG local especialista en cuestiones ambientales para la instalación del vivero. Luego vinieron las primeras viviendas. Cuando se produjo el segundo sismo de abril de 1991 había cerca de 15 casas construidas y 70 en construcción en Soritor. Todas resistieron óptimamente el sismo. Entonces el programa adquirió una legitimación adicional. La sismoresistencia no era una sofisticación, tampoco una ficción. Significaba la diferencia entre quedar en la calle o volver a dormir a la propia casa después del sismo.

El proyecto de reconstrucción de viviendas, ubicado dentro de un plan integral de desarrollo, sin embargo, lograría ya interesar y comprometer a un conjunto más amplio de instituciones y actores. El Plan del Alto Mayo fue presentado en un seminario-taller en Moyobamba al conjunto de actores locales; al mismo tiempo una Exposición Fotográfica recorrió toda la zona y se produjeron programas radiales. Igualmente se envió ejemplares y se difundió el Plan y la propuesta tecnológica entre todas las instituciones del Estado (INDECI, ENACE, ININVI y el Sistema Nacional de Capacitación en Construcción Civil (SENCICO) del sector Vivienda) y entre diferentes organismos internacionales y agencias humanitarias.

Aquí también hubo una respuesta. Cáritas, de la Iglesia Católica, se interesó en el proyecto y, mediante un convenio con ITDG dio los fondos necesarios para extender el proyecto a nivel de todo el Alto Mayo. Hoy, al tercer año consecutivo, hay más de 500 casas, cerca de 20 escuelas y de 10 iglesias terminadas. ENACE también se interesó y llegó a ofrecer el financiamiento para 300 casas. Sin embargo, el acuerdo no llegó a cristalizar. En Lima hubo quien no entendía por qué asociarse a una ONG si podían hacerlo solos. Lamentablemente las realizaciones de ENACE que más abajo reseñamos dejan ver hasta qué punto le fue difícil acceder al estrato de la población que optaba por la Quincha Mejorada en lugar de los sistemas convencionales, más caros (sólo un 12% del total de los 3,591 beneficiarios de ENACE optó por quincha). UNDRO/PNUD también se interesó en el aspecto capacitación y promovió un convenio entre ININVI e ITDG. El convenio se realizó, las acciones se ejecutaron, pero el trabajo compartido fue menor y no se tejió entre las dos instituciones una relación que realmente hiciera fluir entre ambas los recursos de cada cual potenciándolos entre sí e inscribiéndolos en un Plan de desarrollo para la zona. Estas dos experiencias vuelven a presentar a los organismos del Estado como los actores menos permeables a la conexión con la dinámica local.

De lo que el Estado se marginó, sin embargo, no fue solamente de un proyecto de reconstrucción de viviendas con tecnología apropiada a las amenazas y características de la zona. Sobre las 558 casas directamente construidas por el Proyecto, hoy pueden encontrarse alrededor de 2,000 casas que han sido construidas independientemente por los pobladores del Alto Mayo y que reproducen las características principales de la propuesta de ITDG. Asimismo, la mayoría de las ampliaciones realizadas a las casas construidas por el proyecto por sus habitantes utilizan la misma tecnología. No tienen el grado de sismoresistencia ni la durabilidad que las del proyecto pero tampoco la peligrosidad definitiva del tapial y adobe que reemplazan. El número de 2,000 indica hasta qué punto había necesidad de esa alternativa y cómo el 12% obtenido por ENACE no es representativo de la realidad poblacional sino del estrato social al que acceden los sistemas de crédito del Estado. En cuanto a las organizaciones sociales de base, mientras que el proyecto se inició con el Frente de Defensa de Soritor, en otros distritos de la región participaron diferentes grupos de barrio, comités de reconstrucción, grupos parroquiales y otros. La efectividad de las acciones de reconstrucción tuvieron una relación directa con el nivel y la capacidad de organización local de la población y en muchos lugares, si bien se construyeron las casa previstas, no se llegó a integrar la reconstrucción en una dinámica mayor de desarrollo, como sucedió en Soritor y Lluyllucucha.

Cabe preguntar por qué la quincha mejorada fue apropiada por la población de Soritor y otros distritos del Alto Mayo, mientras que otras tecnologías apropiadas (como el adobe estabilizado o la quincha prefabricada ), que fueron propuestas para la reconstrucción por otras organizaciones privadas y gubernamentales, no llegaron a implementarse más que en unas cuantas construcciones demostrativas. Por un lado, existía el factor de costo. La quincha mejorada representaba sólo el 47 % del costo de una construcción en albañilería convencional de ladrillos de arcilla. En general la población tenía acceso a los materiales locales necesarios para la construcción en quincha, como la caña, madera y barro. En cambio, muchos de los insumos necesarios para construir en albañilería convencional como el cemento y las varas de fierro, tuvieron un precio sumamente inflado en la zona por los altos costos de transporte de las plantas de producción en la costa peruana. En segundo lugar, y sobre todo debido a su comportamiento positivo en el sismo de abril 1991, la quincha mejorada convenció por su sismoresistencia. Esa población, que por falta de recursos económicos no pudo contemplar la opción de la albañilería convencional, prefirió la quincha mejorada a la opción de reconstruir con tapial o adobe, sistemas constructivos que habían producidos resultados tan nefastos en los dos sismos. Cabe destacar que la quincha mejorada representó un costo de sólo el 127% de una construcción en tapial. En tercer lugar, la quincha mejorada no requería ni equipos ni técnicas sofisticadas en su construcción y podía ser fácilmente apropiado y manejado por los constructores de la zona; una facilidad que no tuvo su competidor, la quincha prefabricada, una cuestión que retomaremos más adelante. Finalmente, con sus bases y enlucido de cemento, tampoco reprodujo el modelo de quincha tradicional rural de la selva, sino que asemejaba la imagen de una vivienda urbana. De esta manera se satisficieron hasta cierto punto las aspiraciones culturales y sociales de muchos de los pobladores de bajos ingresos de la región.

La réplica espontánea de la tecnología por la población, por otro lado, es parte de un proceso mayor. El Plan de Reconstrucción y Desarrollo del Alto Mayo logró articular a las poblaciones de base, la Iglesia Católica y agencias de ayuda en un proyecto de desarrollo. El ITDG fue quien inició e hizo de centro de la relaciones. El éxito del proyecto, sin embargo, proviene del fondo de la realidad social: la necesidad de la población con la que conectó y que la muestra no sólo las 558 casas del proyecto sino las 2,000 de réplica. Es esa necesidad la que le da sentido a los otros aspectos que incorpora el proyecto: el vivero para recuperar y promover las especies maderables locales necesarias inicia la valoración del medio ambiente; la capacitación de los constructores locales y el mejoramiento de la fabricación de tejas inicia ya el fortalecimiento de la actividad manufacturera; se inician acciones de mejoramiento de los sistemas sanitarios de agua y desagüe de la zona. Es decir, de la reconstrucción se pasa al desarrollo, pero un desarrollo que nace de las características de realidad local misma.

La réplica, por otro lado, no se dio únicamente a nivel del sistema constructivo. Hay otras iniciativas que indican que la necesidad pugna por salir a otro nivel. En efecto, en diciembre de 1990, cerca de dos meses después que el ITDG organizara el seminario-taller "Tecnología Apropiada para la Mitigación de Desastres", en el que presentó el Plan de Reconstrucción y Desarrollo, el Frente de Defensa de Soritor, por propia iniciativa, convocó a otro seminario-taller "Organización para la Reconstrucción del Alto Mayo", obteniendo la presencia de más de cien dirigentes y autoridades de toda la zona, lo que indica, por lo menos, su poder de convocatoria en ese momento. Se planteó la aplicación del Plan a nivel regional y la formación del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo del Alto Mayo. La iniciativa sólo se cristalizó hasta cierto punto. Sirvió para darle mayor cobertura al proyecto. Pero sobre todo muestra hasta qué punto hay una dinámica a la que el Estado no logra servir, se automargina, permitiendo que esta historia siga siendo paralela. No es ocioso imaginar lo que sucedería si el Estado asumiera esa dinámica de la base.

En el ámbito de las iglesias evangélicas: ONGs en otra matriz

ITDG y la Iglesia Católica no fueron, sin embargo, las únicas instituciones de este tipo que actuaron. La idea de ITDG y Cáritas de una reconstrucción con incidencia en el desarrollo regional coincidió con el hecho de que la población mayoritaria del Alto Mayo es católica. El proyecto se sirvió de la red de agentes pastorales y la estructura parroquial de la Iglesia Católica, pero no puede decirse que haya sido ni concebido ni ejecutado para la población de una determinada confesión. En el caso de los programas promovidos por algunas iglesias evangélicas pareciera en cambio adquirir más importancia la atención a una feligresía. Hay zonas en el Alto Mayo (como la Zona III mencionada arriba) en que la proporción de la población que es protestante es significativa. Mayormente en las zonas de más alta proporción de población inmigrante de la sierra (en las zonas de población predominantemente oriunda la mayoritaria es católica). Varias experiencias de reconstrucción parecieran inscribirse en esa matriz puesta por estas otras iglesias.

Una ONG nacional que realizó un programa de construcción de viviendas y que trabajó en ese ámbito fue PREDES. Esta institución también hizo una evaluación a los pocos días de producido el primer sismo, por encargo de la misma institución que luego apoyó el proyecto de ITDG, y luego propuso un plan que más tarde se ejecutó con el apoyo de fondos de las iglesias evangélicas. Trabajó en la provincia de Rioja, en las localidades de Nueva Jerusalén, La Unión y Azunguillo, poblados de reciente formación en base a población inmigrante de la sierra norte y de confesión protestante. Después de un fracaso inicial cuando se construyó dos aulas en adobe mejorado que sufrieron daños en el sismo de abril 1991, PREDES decidió adoptar también la quincha mejorada. Construyó alrededor de 50 viviendas y realizó talleres de capacitación de docentes en convenio con las Unidades de Servicios Educativos (USE) del Ministerio de Educación. Las USE son de las instituciones con mayor capacidad para recibir cooperación de otras instituciones. La capacitación a profesores es una acción que puede realizarse sin compromisos a largo plazo pero al mismo tiempo corre el riesgo de convertirse en acciones puntuales sin mayor consolidación posterior. PREDES recibió apoyo del Concejo Provincial de Rioja (volquetes y materiales a menor costo) y se benefició del dinamismo de este Concejo coordinando con el Comité de Defensa Civil de esa provincia los lugares en que realizaron su acción. PREDES se encontró también en la zona con la misma facilidad de réplica para la Quincha Mejorada de la que hemos hecho mención para el proyecto ITDG-Cáritas. Sin embargo, terminado el proyecto de acción de reconstrucción, éste no parece haberse insertado en nuevas acciones de desarrollo. La organización de la población evangélica parece más débil y más atomizada. Por lo menos en algunos casos es menos versátil. PREDES debió convertir a las organizaciones de base que encontró en comités específicamente dedicados a los asuntos del proyecto, debió transformarlos en una organización ad hoc. Eso parece haber incidido en que, terminado el proyecto de construcción, éste no haya trascendido esa acción. Si bien la respuesta al desastre de las poblaciones e iglesias evangélicas del Alto Mayo requiere de mayor estudio, salvo algunas excepciones, todo indica una menor participación de las instituciones evangélicas locales en una perspectiva de desarrollo integrada a los procesos sociopolíticos. No se trata necesariamente de una concepción convencional del desarrollo sino más bien de una cierta compartimentación de la acción de reconstrucción.

El caso del Programa de Asistencia a los Damnificados del Alto Mayo (PRADAM), creado por la Iglesia Evangélica en Moyobamba y que contó con el apoyo de varias instituciones evangélicas de ayuda de Estados Unidos, Gran Bretaña y Holanda, tiene ese rasgo. Si bien trabajó también en lotes de los propios beneficiarios del proyecto (entre 55 y 60), creó nuevos asentamientos con la compra de un terreno en las afueras de la ciudad de Moyobamba de cerca de 80 lotes, reproduciendo esa tendencia fundacional de pueblos que se le ha visto a estas confesiones en el Alto Mayo y que coincide con el origen migratorio de su feligresía. Este hecho hace que deban poner un acento inicial mayor en la habilitación urbana, movimientos de tierra y acciones preliminares para la infraestructura de agua potable y luz. Luego el proyecto proporciona el material básico de la construcción. La justificación manifiesta del proyecto revela una motivación proselitista que no se esconde: se trata de "una labor de la Iglesia Evangélica que muestra que, en este tipo de eventos, es unida". Después de construir dos locales demostrativos, uno con adobe mejorado y otro con quincha prefabricada, PRADAM también se vio obligado a optar por la quincha mejorada.

Otro caso es la participación del Ejército de Salvación en la reconstrucción. Algo destacable es que es la primera ocasión que realizan uno de estos programas en el país. Antes sólo lo hacían colaborando en el momento de la emergencia. Esta es una institución cuya presencia en el país se remonta a 1910. Enterados del desastre por la radio dispusieron envío de ayuda a la zona y, con su estructura de tipo militar, organizaron un "programa de choque" que consistió en jabones, baldes, medicinas, desinfectante y repelente de insectos. Decidieron luego participar en la reconstrucción. Para ello conversaron con las autoridades de Rioja, El Porvenir y Moyobamba. Nuevamente, el interés de las autoridades de Rioja hizo que el proyecto se llevara a cabo en esa provincia. Sin embargo, fue el Concejo quien decidió que se realizara en El Porvenir. Seleccionó el lugar para el nuevo asentamiento y a los beneficiarios. El Ejército de Salvación tiene como política no intervenir en la selección de los beneficiarios. La población de El Porvenir vivía en forma dispersa, el Programa los juntó. Se construyeron 200 casas con bloquetas de concreto con mano de obra de los beneficiarios. Se construían por conjuntos de 50 casas. El primer bloque se terminó en ocho meses en el año 1991. El trabajo era colectivo y, al terminar cada conjunto las casas se sorteaban entre los beneficiarios. El Ejército de Salvación ponía los materiales (cemento, fierro, madera para las puertas y ventanas, y calaminas).

De esta experiencia, cabe destacar dos aspectos. En primer lugar, el tipo particular de colaboración con un Concejo dinámico y cumplir su meta sin comprometerse demasiado en los conflictos que puede vivir la localidad. Una especie de intervención entre aséptica y espiritual: el Concejo seleccionó el lugar y los beneficiarios, puso la maquinaria y otorgaría los títulos de propiedad. El Ejército de Salvación, además de los materiales, ponía un maestro de obras, un paramédico y un pastor para que predique el evangelio. Ese es su objetivo: "ayudar a los pobladores que se esfuerzan y predicar". El otro aspecto a destacar es que se trata de su primera experiencia en reconstrucción y es considerada favorable y positiva. El Ejército de Salvación valora lo obtenido gracias al trabajo colectivo. Destacan el hecho de que los pobladores se organizaron para obtener la conexión a la red de fluido eléctrico y de teléfonos, que no estaba previsto que pasara por ese lugar. Para el Ejército de Salvación, el paternalismo y verticalidad no es un problema. Según sus propias declaraciones, ellos, como institución benefactora ponen las reglas y los participantes deben atenerse a ellas.

Sin embargo, la cooperación que lograron con el Concejo de Rioja no representa lo que han obtenido de los sectores del Estado. Con el INDECI sólo transportaron su ayuda. Trataron de coordinar pero "¡Hay tanta oficina en el INDECI!". Con frecuencia han manifestado, "cheque en mano", su interés al Ministerio de Relaciones Exteriores de realizar proyectos conjuntos, pero no han obtenido respuesta. Aquí podemos encontrar una organización más en espera de encontrar su lugar en una matriz mayor.

La Participación del Estado

El Gobierno Central: de un antiguo paralelismo al intento de un plan orgánico

Hemos visto hasta qué punto la respuesta del Estado a la reconstrucción fue mínima y, además, dispersa durante todo el periodo posterior al primer sismo. Al producirse el segundo sismo hubo un cambio importante. INDECI y el Sistema Nacional de Defensa Civil se pusieron en funcionamiento pero, sobre todo, el Gobierno central tomó la decisión política de intervenir más orgánicamente. Para ello encargó al sector o Ministerio de Vivienda y Construcción la reconstrucción del Alto Mayo. Al momento la cartera de Vivienda y Construcción se encontraba en manos de un profesional de reconocida trayectoria en el ámbito empresarial y académico. Presidía, además, el Comité Peruano del Decenio de las Naciones Unidas para la Reducción de los Desastres Naturales.

El interés del Gobierno por la reconstrucción del Alto Mayo se mostró en que inmediatamente fue aprobado el Programa de Créditos Supervisados de ENACE, que se encontraba esperando esa decisión desde al año anterior, pero también por la presencia del Ministro de Vivienda y los responsables de los distintos organismos especializados del sector vivienda en la zona.

En efecto, en el transcurso del mes siguiente al sismo se realizó en Moyobamba una reunión pública a la que asistieron todas las autoridades locales y en donde tuvieron la oportunidad de presentar sus demandas. Estuvieron presentes junto con el Ministro, los responsables de ENACE, ININVI, INADUR, SENAPA, SENCICO y el Banco de Materiales y otros organismos del Estado, como el Proyecto Especial Alto Mayo. Participaron también instituciones con vínculos con el sector como el CISMID. Allí cada uno de los sectores planteó los planes a ejecutar. De esta forma los programas del Estado recibieron una legitimación del Ministro.

En ese mismo evento se anunció la ejecución del programa de ENACE y una partida con la que comenzó a trabajar el Banco de Materiales. Dicho Banco llegó a otorgar 1,469 créditos entre 1991 y 1992, mayormente a trabajadores estables y dependientes de medianos ingresos. Por su parte, durante los años 1991 y 1993 ENACE había ejecutado 3,591 créditos, de los cuales 3,161 eran viviendas de ladrillo y 430 de Quincha Mejorada. Cabe destacar que este sistema, que se inscribe en el de la autoconstrucción y se realiza con mano de obra de los propios beneficiarios, se ha mostrado como el que mejor se adapta a las características de zonas pobres pero con recursos de tiempo y mano de obra. Sin embargo, los problemas ya señalados en páginas anteriores hicieron que sólo fueran los sectores de mayores recursos los que pudieron beneficiarse de ellos. Son estos sectores quienes por razones obvias escogieron mayoritariamente la albañilería convencional de ladrillo, lo cual explica la poca proporción de créditos ejecutados en quincha mejorada. Estos créditos se han ejecutado en las ciudades de Moyobamba y Rioja y en el pueblo de Soritor en donde, por la presión de la población, se otorgaron facilidades adicionales.

En cuanto a INADUR, ya en el primer sismo las autoridades edilicias se enteraron que era el INADUR el llamado a apoyarlos en los Planes de Ordenamiento Urbano. A pesar de la demanda, el apoyo no se concretó sino hasta este segundo sismo. Así, llegaron misiones a Rioja y Moyobamba, en donde estos planes fueron formulados. Estos nuevos planes, sin embargo, venían a incorporarse a una vieja historia. Moyobamba, por ejemplo, tenía ya uno desde 1970 (a dos años del sismo de 1968), que no había podido ponerse en ejecución hasta el momento. A pesar de su existencia, luego del segundo sismo aún se discutía si correspondía expropiar y cómo indemnizar a quienes debían retirar tres metros sus casas para ampliar las calles y evitar el acrecentamiento de daños en caso de sismos. Los planes de Rioja y Moyobamba se reactualizaron, pero la escasez de personal técnico en los gobiernos locales ha impedido su ejecución. La colaboración del CISMID recogida en la formulación de estos planes, por ejemplo, depende de que éstos puedan ser ejecutados por los organismos locales.

Tanto ININVI como SENCICO realizaron cursos de capacitación que debían articularse a proyectos como el que veremos más adelante financiado con una donación del Gobierno del Japón. Igualmente, SENAPA y ElectroPerú trabajarían con esos fondos, lo que más adelante analizamos.

Hubo, por otro lado, de parte del Ministro de Vivienda una iniciativa que marcaba otra diferencia. Mediante Resolución Vice-ministerial se formalizó la existencia de una Comisión en Lima encargada de coordinar y supervisar la ejecución de las acciones de los distintos organismos del sector Vivienda comprometidos en brindar apoyo al Alto Mayo. Se trataba de evitar duplicidades y, al mismo tiempo, supervisar el cumplimiento de las metas. Había allí larvariamente un plan de reconstrucción de parte del gobierno central. Participaban allí todas las instituciones ya mencionadas del sector más el Banco de Vivienda. Esta comisión se formó en los momentos de la emergencia del segundo sismo y funcionó con mayor o menor regularidad hasta diciembre de ese año. Todo indica que después del informe del año que presentaron los funcionarios encargados de mantenerla activa, no se retomó. Todo indica que dejó de funcionar al dejar el cargo el Ministro cuya trayectoria profesional y académica –además del cargo que cumplía al presidir el Comité Peruano para el Decenio Internacional de la Reducción de los Desastres– le hizo concebir la actuación del Estado de una forma distinta. Actualmente el sector de Vivienda y Construcción ha sido prácticamente desmantelado como parte de la reducción y liberalización del Estado peruano que viene ejecutando el Gobierno.

Ese intento de un Plan de Reconstrucción liderado por el Gobierno central para el Alto Mayo, que expresaba esa Comisión, adquiere mayor interés cuando sabemos que a ella se invitó a un representante de INDECI que asistió por lo menos a las primeras reuniones. La separación práctica que existe entre la atención de las emergencias y la promoción de la prevención en manos de INDECI, y las labores de reconstrucción y desarrollo teóricamente encargadas a los otros organismos y sectores del Estado parecía allí comenzar a romperse. Por lo menos se tendía al interior de los organismos regulares de desarrollo del Estado un puente hacia el Sistema Nacional de Defensa Civil. Si tal puente se fortaleciera, los comités provinciales y distritales de Defensa Civil dejarían de ser órganos temporales para situaciones excepcionales y podrían adquirir nuevos papeles en la conexión entre las demandas y características locales y las acciones del Estado. Por un lado, lamentablemente, al depender aún este intento de la iniciativa de una persona, los cambios relativamente normales a nivel de los cargos políticos en el Gobierno comprometen la continuidad de estos proyectos a nivel de la estructura misma del Estado. Pero por otro lado, el problema es más complejo, pues los Comités y el Sistema Nacional de Defensa Civil tampoco parecen haber encontrado aún la forma de incorporar a la población, sus características y sus necesidades: esas que al conectar con ellas desatan procesos de reconstrucción como los que hemos visto en el anterior acápite.

La experiencia de la donación japonesa: el papel de enlace del INDECI, posibilidades y límites

Junto con toda la ayuda que llegó al Alto Mayo al momento de la emergencia, proveniente de diferentes organismos internacionales (gobiernos extranjeros, agencias bilaterales y multilaterales de ayuda, ONGs internacionales), de las dependencias del Estado, y de las instituciones de la sociedad civil nacional, hubo una que merece especial atención. Fue la donación de US $300,000 que hizo el Gobierno de Japón al Gobierno Peruano para la reconstrucción del Alto Mayo. Esto se produjo a los pocos días de ocurrido el segundo sismo, en abril de 1991.

Esta donación fue tramitada por la Embajada del Japón a través del Ministerio de Relaciones Exteriores con conocimiento del INDECI, en el cual recayó por tratarse de una donación para "contribuir con la ejecución del programa de emergencia del Gobierno peruano" para la población del Alto Mayo. Indica que la ayuda internacional que llega al Gobierno peruano para la emergencia o la rehabilitación en un caso de desastre es canalizada y recae bajo la responsabilidad del INDECI. Y que a éste le corresponde legalmente recibirla, a diferencia de las otras entidades del Estado que acceden a los préstamos y donaciones internacionales para otros efectos. Si esos fondos llegan a ser utilizados en programas de reconstrucción lo serán a través de otro tipo de curso. El que toda la correspondencia entre la Embajada del Japón y el Ministerio de Relaciones Exteriores se haya realizado con copia al INDECI muestra que éste fue considerado –si no estuvo presente– en la decisión de cómo se canalizaba la ayuda.

Recibida la donación, el INDECI inmediatamente formó una "Comisión Técnica encargada de evaluar, dar prioridad y determinar las acciones o proyectos de rehabilitación para la zona afectada [...] a ser ejecutados con la donación de US $300.000 del Gobierno de Japón". Esta Comisión fue conformada por el sub-jefe del INDECI, que la presidía; la Dirección de Prevención del mismo; un representante del Ministerio de Vivienda, que había sido encargado por el gobierno central de la reconstrucción del Alto Mayo; y por un representante de la Embajada del Japón. Desde un inicio de las sesiones de la Comisión estuvieron presentes ININVI, promoviendo un sistema constructivo de Quincha Prefabricada, y SENAPA, ambos del sector Vivienda. En las primeras reuniones estuvo también presente el CISMID, que compartía con el ININVI la misma propuesta técnica que más abajo discutimos. Inmediatamente también, el INDECI convocó a los sectores de Salud, Educación y Energía y Minas así como a los gobiernos locales provinciales en su calidad de titulares de los comités provinciales de Defensa Civil, así como al Gobierno Regional Transitorio –CORDESAM. Les solicitó "la presentación de propuestas sobre Proyectos de Rehabilitación" y "remitir un informe sobre las necesidades de rehabilitación de su jurisdicción y una propuesta priorizada de proyectos". INDECI incentivó y promovió la participación de los gobiernos locales y de los organismos estatales en la presentación de propuestas, intentando conectar las demandas locales con los recursos institucionales del Estado. Todos los actores convocados respondieron con sus demandas y propuestas. Más adelante se incorporó como invitado al Instituto Nacional de Infraestructura Educativa (INIE), que tiene interés en la reconstrucción de las escuelas dañadas.

Producida la negociación, la propuesta de distribución de la donación que hace INDECI y que es aprobada por unanimidad en la Comisión es: 59% para el sector Vivienda (ININVI y SENAPA), 18% para Educación, 13% Energía y Minas y 8% para Salud. Destaca el sector Vivienda como el principal beneficiario de la ayuda. Pero en particular ININVI, que recibe el 83% de la parte correspondiente a Vivienda, es decir, el 49% del total de la donación. Con su 10% SENAPA rehabilitaría los componentes vitales del sistema de Agua Potable y Alcantarillado de las ciudades de Rioja y Moyobamba y con su 13% ElectroPerú, del sector Energía y Minas, rehabilitaría las redes de distribución de energía eléctrica también de ambas ciudades. Salud y Educación, sobre todo reconstruirían infraestructura y locales. ININVI construiría dos talleres de fabricación de componentes de Quincha Pre-fabricada a ser utilizados, en primer lugar, en reconstrucción de escuelas y luego en otras edificaciones. Lo paradójico es que, siendo el principal beneficiario, fue el que más dificultades tuvo para lograr sus metas. No obstante estar prácticamente terminada la construcción de los talleres sólo dos meses después de lo estipulado en el contrato entre ININVI e INDECI (firmado el contrato en octubre de 1991, debía estar terminado en marzo del siguiente año y fueron concluidos en mayo), en agosto de 1992 el INDECI debe enviar una misión a la región para evaluar en el terreno los múltiples reclamos de los Gobiernos locales por retrasos en la construcción de las aulas y escuelas. La misión constató que, cuando las obras se habían realizado, los paneles no habían sido fabricados en los talleres sino en la misma zona de trabajo. En general se adujo: 1) la existencia de un sólo maestro de obras del ININVI, es decir, falta de personal en la zona; 2) dificultades de comunicación administrativa, es decir, problema no resuelto de incomunicación entre la administración financiera central y la regional; 3) poca capacidad de los aserraderos de la región para entrega de maderas aserradas y dificultad para la obtención y transporte de materiales convencionales escasos en la zona; y, 4) falta de participación de la población, y –en un caso– falta de coordinación para determinar la ubicación de las aulas a construir, que también alude a la distancia del proyecto con respecto a la población de base o beneficiarios. Es importante anotar que, en los informes, se destaca el hecho que, cuando las obras han avanzado, ha sido gracias a la participación de la población, revelando el potencial que el proyecto no logró canalizar. En octubre de 1992 hay muchas obras sin concluir y el Taller de Rioja no funciona. Algunas obras se inauguraron recién en noviembre. Actualmente aún no han sido entregados los informes finales del proyecto y son muy pocas las construcciones que puede mostrar como realización.

La propuesta tecnológica de la Quincha Pre-fabricada se distingue de la Quincha Mejorada. En primer lugar porque la primera utiliza paneles fabricados previamente, supuestamente a mayor escala y en menos tiempo, en talleres aparte, que son los que ha construido ININVI, y que luego son colocados en el lugar de la construcción. Y en segundo lugar, porque para la fabricación de estos paneles y otras partes de la construcción utiliza madera aserrada. La Quincha Mejorada teje las paredes de caña o quincha en el mismo lugar de la construcción haciendo mayor uso del recurso tiempo y trabajo familiar, y utiliza madera rolliza sin aserrar. Esta madera es más abundante en la región, de más fácil acceso y no requiere de aserraderos que son escasos en la zona. Adicionalmente suma aspectos que aumentan la sismoresistencia de la Quincha tradicional (amarres de diverso tipo entre otras cosas) y su durabilidad (particularmente cimientos de concreto que protegen a la madera de la humedad del suelo que, al conservarla, incide al mismo tiempo también en la sismoresistencia de la construcción). En el laboratorio, la Quincha Mejorada es de más lenta construcción pero, en una zona como el Alto Mayo, la mano de obra y el tiempo no son un problema, un recurso escaso, sino todo lo contrario; y, en cambio, la velocidad de construcción de los paneles de Quincha Pre-fabricada depende de condiciones que sólo se dan en el laboratorio, en otras zonas y con otros beneficiarios.

La inadecuación al medio de esta tecnología se ve confirmada por el éxito obtenido en la zona por la otra, tanto en las realizaciones directas de los proyectos de ITDG-Cáritas y de PREDES como en la réplica de parte de la población. La propuesta tecnológica no es sólo el sistema constructivo en sí sino la incorporación al medio social y su apropiación por los beneficiarios, cosa que no ha ocurrido. Asimismo, una propuesta tiene que tener en cuenta los recursos humanos especializados con los que cuenta para llevar adelante la parte que le corresponde a la institución promotora y vemos cómo el ININVI no pudo tenerlos en la zona. También debe tener en cuenta la relación entre el centro y la zona de realización. Los responsables de las obras se quejaron de no contar con los fondos en los momentos oportunos. Los problemas administrativos y de personal indican la débil presencia del Estado en la zona. Finalmente, la inadecuación de la propuesta tecnológica indica cómo el poco conocimiento de la zona le impide al Estado y otros organismos respuestas apropiadas. Todo esto concluye en el hecho de que el INDECI, al circunscribirse a los organismos del Estado para hacer el enlace entre las donaciones extranjeras y las necesidades locales asume las actuales limitaciones de esos organismos del Estado y limita la adecuación de su propia respuesta como organismo especializado en la atención de las emergencias y la rehabilitación. Debe tener, por tanto, otros interlocutores. Es preciso resaltar que en ningún momento se contempló utilizar la donación Japonesa para reforzar y dar dinamismo a programas del sector no gubernamental, como los que hemos mencionado arriba. Mientras existieron programas exitosos de reconstrucción que pudieron haber sido extendidos a nuevos sectores de la población con el concurso de mayores recursos económicos, en paralelo encontramos a recursos económicos entrampados por falta de articulación con las necesidades locales.

Por lo menos formalmente, los gobiernos locales, como titulares de los Comités de Defensa Civil locales, deberían ser los eslabones necesarios para lograr el enlace. Es verdad que no fueron parte de la Comisión Técnica ni participaron en forma determinante en la priorización y selección que hizo la Comisión. Pero en algunos de los Planes de Rehabilitación o Propuestas a las que se dio prioridad, que enviaron a solicitud del INDECI, aparecía como propuesta la Quincha Pre-fabricada. En otros se hablaba indistintamente de la Pre-fabricada y la Mejorada. Podemos pensar que, si hubieran participado directamente en las negociaciones, los resultados no hubieran sido muy distintos. Eso cuestiona a los Concejos o gobiernos locales y a los comités locales (en particular a los provinciales) de Defensa Civil como órganos que no han logrado incorporar las necesidades y características locales a su acción y a los actores diversos que puedan dar cuenta de ellas. El problema, por tanto, no se reduce al INDECI y a sus interlocutores estatales, sino incluye a los gobiernos locales. Y aquí aparece la necesidad de otros interlocutores tanto para el INDECI a nivel central como para los comités locales de Defensa Civil a nivel de la base. Se trata de otras instituciones como son las ONGs y las iglesias y las organizaciones sociales de base. Las limitaciones del enlace que hace el Sistema Nacional de Defensa Civil en el caso analizado, entonces, proviene no sólo de circunscribirse a los organismos del Estado sino de que el Sistema Nacional de Defensa Civil (tanto en el centro como en la base: en este segundo caso, léase Comités locales) se circunscriba a los recursos formales y convencionales del Estado y de la sociedad. Las limitaciones que el Sistema exhibe en este caso de reconstrucción con la donación japonesa son las mismas que muestran la existencia de los casos locales de reconstrucción paralela y las dificultades en la distribución de la ayuda en la Emergencia.

 

El Análisis de la Gestión del Desastre

 

Introducción

  En el capítulo anterior hemos hecho una larga descripción de la gestión de los desastres producida desde el conjunto del universo social al que nos remite cada actor y el conjunto de los actores que participan de algún modo. Hemos visto que ese universo es más amplio que la escena local del desastre, que el país, y que incluye la comunidad internacional. Hemos partido de la escena local y de cada una de las respuestas allí encontradas nos hemos remitido al universo social e institucional particular de donde brotan esas respuestas. Cada uno de estos universos particulares ya parecen dibujar actores sociales en sentido más estricto: pueden ser varias instituciones pero respondiendo a un mismo interés y a una misma percepción de la realidad; su acción, por tanto, tiene el mismo sentido. Estos son: el Estado y sus distintos sectores, los Gobiernos locales, los sectores intermedios de la sociedad, los medios de comunicación, la comunidad internacional y las agencias internacionales de ayuda, la población de base y sus organizaciones autónomas, las iglesias y las ONGs de desarrollo. Ninguna clasificación ni orden es suficiente para incorporar y dar cuenta de todos los aspectos y rasgos de la sociedad, ni siquiera de los más directamente involucrados en la gestión de un desastre. Tampoco para incorporar con absoluto rigor a todas las instituciones. Quizá un rigor superior nos permitiría hacerlo, pero el riesgo de perder las especificidades del caso son muchas. Hemos optado por el rigor suficiente para que el caso sea entendido y comparable. Justamente, el concepto de "actor social", cuya denominación misma incide en la acción pero al mismo tiempo en la ubicación y papel que cumple en una escena y en la sociedad, usado en forma flexible, nos permite hacerlo.

De lo que se trata en este capítulo es de identificar la gestión que hace la sociedad de la situación de desastre. Ésta es realizado por actores que establecen una determinada relación con el hecho y entre ellos. La relación con el hecho y entre ellos revela la estructura con que la sociedad contó y cuenta para la gestión del desastre. Cada actor, sin embargo, tiene una diferente percepción, diferentes intereses y actúa en función de ellos. Se revela entonces que la gestión del desastre responde a su ubicación en la sociedad y el proceso social. La gestión, entonces, es parte de la sociedad y el proceso social. No puede entenderse sino desde esta perspectiva.

Finalmente, la gestión que se hace del desastre puede entenderse como una sola. No como la de cada actor, tampoco la suma sino el resultado de la acción y relación de todos. Justamente porque esta gestión, entendida como un hecho global, puede ser mejor incorporada conceptualmente al proceso social, podemos ver entonces al proceso social mismo no sólo respondiendo sino gestionando el desastre en un sentido u otro.

Activa o pasivamente, manteniendo o cambiando su curso, incorporando o no la experiencia, empeorando o mejorando la situación, el desastre aparece como un suceso en el que pueden aparecer nuevos hechos, después de los cuales la sociedad no es la misma, o producirse hechos relativamente novedosos, después de los cuales todo vuelve a ser lo mismo. Si el proceso lo analizamos desde los actores, sin embargo, no es sólo la respuesta sino la gestión lo que podemos ver. La acción releva intereses, perspectivas y abre un espacio para las voluntades. Por eso, el análisis de la gestión lo hacemos por actores, para destacar la relación que establecen con el desastre y con los otros actores que determinarán la forma en que la sociedad, como proceso, gestionó el desastre y si produjo o no nuevos procesos.

 

La Gestión del Desastre de Parte del Estado

Por actores estatales entendemos fundamentalmente a los que dependen del gobierno central. Es decir, el gobierno central propiamente dicho y los sectores que dependen de él: cada uno de los ministerios y sus dependencias. Volviendo a la discusión sobre los actores, en el caso del Estado, por ejemplo, podríamos hablar de sus distintos estamentos. En ese caso, los gobiernos locales podrían ser su primer o último estamento, el más cercano a la población. Perderíamos allí su rasgo de institución nacida de un proceso electoral distinto al del gobierno central y sus sectores, con frecuencia en conflicto con él, gobierno local que aparece a veces articulando instituciones y organizaciones sociales de base locales y en conflicto con los otros poderes del Estado. Considerar en una categoría distinta a los gobiernos locales nos permitirá contraponer sociedad y escena locales a centro, sociedad y escena nacionales. Nos permitirá contraponer a actores endógenos y exógenos a la región, en realidades nacionales como la peruana en la que las regiones y los movimientos sociales regionales tienen su importancia y que se revela en el caso de los desastres. Más aun en el caso que tratamos.

Pensando en los actores estatales de esta forma, consideraremos como parte de ellos a la administración estatal regional, es decir, los organismos del Estado en la región (una oficina de la Empresa Nacional de Comercialización de Insumos -ENCI- o una oficina de ENACE o incluso la CORDESAM, órgano regional del Poder Ejecutivo), dando cuenta del hecho de que responden a las directivas centrales del gobierno central, a pesar de formar parte de la región. Ese sería el estamento más bajo del Estado en este sentido. Estado se acerca más aquí a gobierno central o Poder Ejecutivo. El órgano principal que el Estado y el gobierno central tienen para actuar en situaciones de desastre es el Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), órgano conductor del Sistema Nacional de Defensa Civil (SINADECI). Para seguir la lógica del desastre comenzaremos por él y luego veremos cómo participan los otros sectores y actores en la gestión del desastre.

 

El INDECI, el Sistema Nacional de Defensa Civil y los otros Sectores del Estado

El país cuenta desde 1972 con un Instituto Nacional de Defensa Civil (INDECI), que es el órgano conductor de un Sistema Nacional de Defensa Civil, que debe funcionar a nivel de todo el país y organizar al conjunto de la sociedad en función de la prevención y atención de los desastres y de la rehabilitación. El Instituto y Sistema cuentan actualmente con una legislación que, si bien le permite teóricamente al INDECI organizar y conducir ese sistema, en la práctica este sistema sólo se implementa en los momentos y lugares de la emergencia.

El INDECI, como organismo, es permanente, tiene un conjunto de direcciones que lo conforman y demuestra una gran actividad. El INDECI tiene formalmente incorporados en su estructura orgánica al conjunto de los sectores de Estado, a través de un Consejo Consultivo Central en el que éstos deben estar representados por funcionarios del más alto nivel. De esa forma el INDECI debe utilizar y coordinar la acción de todos los sectores del Estado en relación a los desastres.

Asimismo tiene un Consejo Consultivo Internacional en el que están representados, a través de sus embajadas los organismos internacionales (gobiernos extranjeros, las agencias bilaterales y multilaterales y las ONGs internacionales interesados en prestar ayuda en casos de desastre).

Tiene también un Consejo Consultivo Científico Tecnológico en el que se encuentran representadas las instituciones capaces de dar asesoramiento en los aspectos sobre todo físico-naturales e ingenieriles de los desastres.

Finalmente el INDECI tiene un conjunto de Direcciones con las que realiza sus acciones: las direcciones de Doctrina e Instrucción, la de Prevención, la dirección de Operaciones y la de Logística.

Esto en cuanto al INDECI. En cuanto al Sistema Nacional de Defensa Civil, la legislación contempla que, en todo distrito y provincia del país debe conformarse un Comité de Defensa Civil, distrital o provincial, según sea el caso, convocado y presidido por el Gobierno Local. La legislación, asimismo, faculta a los gobiernos locales a convocar, para formar parte del comité, a todas las instituciones y organizaciones que crea conveniente: allí pueden ser convocados los colegios profesionales, las universidades, las asociaciones culturales y de desarrollo y las organizaciones sociales de base. Por una lado, estos comités debieran existir permanentemente pero, en la práctica, sólo se constituyen en los momentos de la emergencia para recibir y distribuir la ayuda y manejar la situación de emergencia. Sólo eventual y muy relativamente van más allá e ingresan a la rehabilitación y reconstrucción. Y por otro lado, en cuanto a la incorporación de las instituciones civiles a nivel distrital y provincial, esto depende de la capacidad de convocatoria, eficiencia e interés de los gobiernos locales.

Deben existir también, a nivel regional., una Dirección Ejecutiva Regional de Defensa Civil, cuya articulación con los nuevos gobiernos regionales se encuentra en proceso de definición pero que, en la práctica, hoy dependen de la Jefatura del INDECI. El INDECI y el Sistema Nacional de Defensa Civil forman parte del sector Defensa (Ministerio de Defensa, normalmente entendido como el Ministerio de las Fuerzas Armadas). El Sistema y sus direcciones ejecutivas regionales se encuentran aún organizados según las Regiones Militares en que se encuentra dividido el país, diferente de la regionalización política. Aunque el propio INDECI postula la reorganización del Sistema en función de la nueva regionalización del país, aún eso no está definido. Finalmente, tanto la jefatura del INDECI y sus direcciones, como las Direcciones Regionales, se encuentran a cargo de las Fuerzas Armadas.

En cada uno de los gobiernos locales debiera existir también una Oficina de Defensa Civil. Lo mismo en cada sector o ministerio del Estado y en cada uno de sus organismos.

Este Sistema debiera estar extendido a nivel de todo el país. Sin embargo –como dijimos– sólo se implementa en los momentos y lugares de la emergencia. Según reconoce el propio INDECI, menos del 50% de sus componentes se encuentran instalados u operativos. Todo indica que la cifra es optimista. Los Consejos Consultivos actúan también sobre todo en función de las emergencias, los comités locales de Defensa Civil sólo se instalan en esas ocasiones con una representatividad relativa, las oficinas prácticamente no existen. Sin embargo, el INDECI actúa y hace actuar mal que bien a los comités locales durante las emergencias. Es innegable su dinamismo y esfuerzo.

El INDECI funciona en base a la aplicación de dos principios contenidos en la legislación existente y que hace respetar con gran celo en toda la medida de sus posibilidades: que toda la ayuda a una emergencia debe ser centralizada y canalizada a través del INDECI y el Sistema; y que, en el momento y en el área de desastre toda la autoridad recae en él. Para ello cuenta con la capacidad para recibir la ayuda nacional e internacional voluntaria y, en cuanto a la distribución de la misma, cuenta con la legislación que contempla que, en todo distrito y provincia del país debe conformarse un Comité de Defensa Civil a través del cual debe distribuirse la ayuda.

Producido un desastre, los gobiernos recurren al gobierno central, que los remite al INDECI, o se dirigen directamente al INDECI. En ambos casos se hace instalar el Comité Provincial o Distrital. Cuando se trata de desastres recurrentes, se reactiva el Comité que ya en otra ocasión se ha constituido. A veces los Comités sólo se instalan con la presencia física del INDECI en la zona. La primera misión que envía el INDECI es una en la que van los técnicos a evaluar la situación y llegan con ayuda convencional. Con frecuencia allí recién se instalan los Comités. Según la gravedad de la situación, el INDECI convoca más o menos formalmente a sus Consejos Consultivos para obtener ayuda y cooperación.

El INDECI, sin embargo, no decide qué ayuda recibe. Cuando el desastre es mayor, la ayuda llega sin solicitarse. Los gobiernos extranjeros y agencias con frecuencia se comunican para decir qué van a enviar y no para preguntar qué se necesita. Con frecuencia también el INDECI tiene que trasladar a la zona del desastre ayuda que sabe que no es necesaria: el caso de los 5,000 sacos de arroz que envió un país amigo para la primera emergencia del Alto Mayo, en donde los agricultores veían malograrse en sus almacenes su producción de arroz por falta de transporte al mercado, es suficiente para ilustrarlo. Razones políticas o la posibilidad que la prensa quiera hacer un escándalo lo obliga a actuar así. Otras veces, las más, una ayuda no suficientemente adecuada es considerada mejor que nada. Producido un desastre hay que actuar, no siempre se decide libremente cómo y en qué. De todo esto el INDECI es consciente y, aceptándolo, busca mejorar su respuesta. Cualquier entrevista con alguno de sus jefes lo hace patente. Y es justamente por ello que también pueden verse cambios y progresos. Uno de ellos es la regularidad con que el INDECI y los organismos internacionales están haciendo funcionar el Consejo Consultivo Internacional, que comienza a reunirse periódicamente, incluso cuando no hay emergencias. Esto justamente tiene que ver con la posibilidad de obtener una ayuda más adecuada. Sin embargo, aun en este caso, la idoneidad de la ayuda se refiere únicamente a la emergencia.

El otro acento está puesto en la capacitación. Incluso la prevención es entendida con frecuencia exclusivamente como capacitación. La Dirección de Prevención, en cambio, debe encargarse de representar al INDECI en aquellas ocasiones en que la ayuda extranjera, canalizada a través de ellos, lo pone en la situación de participar en la rehabilitación y reconstrucción. Es el caso que hemos visto en el Alto Mayo. Cuando le tocó intervenir de este modo, lo hizo enlazando la ayuda exterior, los organismos del Estado y los comités locales de Defensa Civil. Incluso hizo una labor de seguimiento y fiscalización, pero no llegó a promover nuevas formas, más adecuadas, de reconstrucción. Lo vemos sí convocando a los gobiernos locales a conectarse con las entidades estatales. Eso indica una gran consistencia con su doctrina y concepción del Sistema pero, como hemos visto en el caso de la donación japonesa, eso no garantiza la eficiencia de la respuesta. No hay una Dirección de Rehabilitación, Reconstrucción o Desarrollo. La mayor parte de ello se ejecuta a través de la Dirección de Prevención. La atención que presta a su papel de atención de la emergencia y a la prevención indica que su práctica responde a una concepción del desastre, sobre todo como producto del fenómeno físico y la imprevisión de la población. La imprevisión es ignorancia y a esta se responde con instrucción. El desastre no es visto como un fenómeno que se produce por la vulnerabilidad múltiple de la población que hace que la amenaza física se vuelva un riesgo inminente como resultado de un proceso social más complejo. Por eso es que la emergencia no encuentra relación con la reconstrucción-desarrollo.

Aunque está pendiente un estudio definitivo sobre lo que ocurre en otras partes del país, todo indica que en la reconstrucción el INDECI prácticamente no participa, y al Sistema y a los Comités locales tampoco se les hace participar suficientemente; menos aun en el desarrollo. Entonces la instrucción para la prevención queda colgada, sostenida desde arriba, difícilmente incorporable a la necesidad sentida de las poblaciones.

La reconstrucción es dejada para la acción de los otros sectores del Estado. Y, como hemos visto en el Alto Mayo, ésta se realiza usando los programas y canales regulares del Estado. En una zona como el Alto Mayo, marginal a la dinámica económica y política del país, la debilidad de la presencia del Estado se suma a la poca consideración de estos programas de las dinámicas poblacionales y el resultado es que la reconstrucción no se produce o se produce por otras vías.

Ese paralelismo entre la actuación del INDECI y las funciones atribuidas al Sistema Nacional de Defensa Civil, por un lado, y la acción de reconstrucción, por otro, desconoce la relación entre los desastres, los procesos de acumulación de vulnerabilidades y el desarrollo.

 

Los Organismos Internacionales

Los gobiernos extranjeros y demás organismos internacionales participan sobre todo en el momento de la Emergencia. También ellos hacen esa separación entre la problemática del desastre y la del desarrollo. La principal ayuda llega en el momento de la emergencia y es canalizada por el INDECI dentro de los parámetros ya expuestos. Sin embargo, por la iniciativa de una ONG llegaron a comprometerse en programas de reconstrucción.

Los organismos internacionales participan en la gestión del desastre sobre todo a través de los actores nacionales (INDECI, Gobierno, ONGs). En ese sentido, depende de ellos. Es verdad, sin embargo, que no todo depende de los actores nacionales: los organismos internacionales tienen sus prioridades. En general éstas coinciden más con las acciones convencionales que separan emergencia y reconstrucción y, en ese sentido potencian esa línea.

Se puede ver en la participación de los organismos internacionales dos grandes tipos: 1) la participación que se da a través de los canales oficiales, en donde la tendencia de los organismos internacionales frente a los desastres de ayuda a la emergencia se encuentra y se potencia entre sí con la tendencia de los canales oficiales de tratar la gestión de un desastre como una emergencia a salvar; y, 2) aquella que se compromete en programas de reconstrucción. Esta segunda se hace por canales diferentes a los del Sistema de Nacional de Defensa Civil, y se produce por la intervención de, sobre todo una, pero también otras ONGs, que intervienen en situaciones de desastres, en otra perspectiva. Este tipo de participación de los organismos internacionales en los desastres es minoritaria y relativamente nueva y aún son muy escasos los programas que se han implementado. El éxito de estos pocos proyectos, sin embargo, son suficientes para comprender hasta qué punto un nuevo enfoque de gestión de desastres puede ser de gran significado para estos actores.

Otro aspecto a destacar es que en las agencias de la Iglesia Católica y de otras iglesias se encuentra con frecuencia una disponibilidad a innovar que a veces no se encuentra en igual medida en otros organismos. Nuevamente la cercanía al medio y sus necesidades resulta un factor determinante. Es posible que estas agencias vinculadas a las iglesias den mayor cabida a los diagnósticos y propuestas que llegan desde sus administradores nacionales que otras que deben responder más a la línea de sus gobiernos y centros, más condicionados por las realidades y tendencias en sus propios países. Sin embargo, hay otras agencias y ONGs internacionales que se encuentran también en la misma disposición. Cabe destacar también que éstas son justamente las que llevan más tiempo en la problemática de los desastres y que ven que la cooperación en el momento de la emergencia no sólo no llega a ser lo suficientemente adecuada sino que no cambia las condiciones que hacen que éstos sigan produciéndose. Poco a poco van encontrándose las instituciones más ligadas al medio desde la problemática del desarrollo y las más ligadas a la problemática de los desastres.

 

Los Gobiernos Locales

El principal papel que parecen cumplir los Concejos o gobiernos locales es el de cabeza de los Comités de Defensa Civil. En ese sentido destaca también su papel en la emergencia. Su función como gobierno local, sin embargo, lo obliga a asumir un papel en la rehabilitación de los servicios públicos. Cuando esta rehabilitación se hace con donaciones extranjeras canalizadas a través del INDECI, este papel sigue teóricamente vinculado a su papel de presidente del comité local. Pero este comité no tiene necesariamente que funcionar para que el fondo sea ejecutado. Poco a poco el comité pierde sentido y deja de funcionar. El gobierno local, en su forma convencional, lo reemplaza. Y vuelven a ser marginadas las organizaciones sociales de base.

Durante la Emergencia los gobiernos locales parecen cumplir el papel de enlace entre el Estado y la sociedad local. El Estado, a través del INDECI, canaliza la ayuda a la sociedad local. El Gobierno local parece un lugar muy importante en la gestión de los desastres. De su comportamiento y de su relación con el medio, sus recursos y sus organizaciones, depende mucho. Esto, sin embargo, contrasta con la debilidad de estos gobiernos (presupuestaria, institucional, etc.) Y de allí que, al depender en gran parte toda la participación del Estado de los gobiernos locales (INDECI lleva la ayuda pero los Comités la distribuyen) la participación estatal adolezca de tantas deficiencias.

Esta realidad hace que los sectores del Estado quieran actuar independiente. Sin embargo, tampoco estos tienen ni la capacidad suficiente, ni presencia en la región, ni relaciones con el medio como para obtener una gestión adecuada.

No obstante lo dicho, los gobiernos locales tienen la legitimidad social suficiente para convocar a algunos actores que encuentran allí un canal de participación y que, de otra manera, quedarían al margen. Es el caso de los colegios profesionales, como el Colegio de Ingenieros, que participa en la evaluación de los daños y en la formulación de normas técnicas. Incluso en los municipios más débiles del Alto Mayo, como el de Moyobamba, los vemos participar. En Municipios más dinámicos se logra hacer participar incluso a organizaciones gremiales con mayor tradición reivindicativa como el sindicato de profesores (SUTEP) con mayores lazos con la población de base. El Municipio, como cabeza local del Sistema de Defensa Civil, tiene en gran parte en sus manos la posibilidad de hacer participar a las organizaciones sociales de base y a otras instituciones con presencia local como las iglesias y las ONGs, que podrían colaborar en hacer más adecuada la gestión. En varios casos (Moyobamba, Rioja) los frentes de defensa y las organizaciones sociales de barrio llegaron a tener, especialmente luego del segundo sismo, una participación importante en los comités locales de Defensa Civil. No lograron, sin embargo, pasar más allá del papel de distribuidores de la ayuda o de fiscalización. En Rioja el Frente de Defensa compartió con la Fiscalía Provincial la Comisión de Fiscalización del Comité y en Moyobamba tenía un representante en cada comisión en que se dividió las tareas el comité (recepción de la ayuda, distribución, etc.), pero no accedieron a la posibilidad de instaurar un tipo de gestión distinto que respondiera al conjunto de las necesidades y características de las poblaciones y de la zona. Una cosa así sólo se logró en Soritor, en donde el Frente asumió el liderazgo de la gestión y el gobierno local asumió un papel subordinado. Habana, en donde la gestión fue realizada casi exclusivamente por el Concejo y el Comité local, fue uno de los lugares donde la gestión del desastre fue menos eficaz.

En resumen, la gestión de los desastres en el Alto Mayo de los gobiernos locales fue fundamentalmente pasiva frente a la intervención foránea. Hicieron de receptores y distribuidores de la ayuda a la emergencia y no instauraron ni ejecutaron un programa de reconstrucción.

 

Las Organizaciones No Gubernamentales

Este estar entrampados del Estado-base social, y sus causas al interior del proceso social, político e institucional, es entendido en general por las organizaciones no-gubernamentales que, justamente, en general en el Perú, han nacido para suplir funciones que se consideran propias del Estado. Actúan haciendo que sus propios recursos científico-tecnológicos, profesionales e institucionales en general, pongan en relación los recursos financieros de ayuda con las necesidades y las poblaciones de base. Esto se hace por canales paralelos a la acción del Estado y de los gobiernos locales mayores, es decir, de los provinciales. Tienen mayor posibilidad de vincularse a los gobiernos locales distritales. Su método de darle espacio a las organizaciones sociales de base (barriales, comunales, etc.) hace, en sólo aparente paradoja, que sus programas obtengan incidencia en toda la región. Comprender a la región como una red de relaciones de base (económicas, sociales y políticas), la incorporación de estas relaciones a su diagnóstico de la "sociedad real" por sobre la "formal" es lo que le da su eficiencia.

Sin embargo, estas organizaciones no-gubernamentales, prácticamente no participan en la ayuda a la emergencia. Su capacidad institucional y especificidad no se lo permite. Eso aumenta el paralelismo de su acción de reconstrucción frente al Estado, que privilegia la gestión de los desastres como emergencias. No obstante, en el Alto Mayo han habido, por un lado, intentos de coordinación con las entidades estatales en los procesos de reconstrucción: un caso es el convenio múltiple entre UNDRO/PNUD, el ITDG y el ININVI en capacitación para la reconstrucción, otro es el intento de convenio entre el ITDG y el Sistema de Créditos Supervisados de ENACE. En el primero no se logró mucho trabajo compartido, el segundo no logró concretarse y, por otro lado, las ONGs, al encontrarse más presentes en la región, tuvieron un conocimiento sobre lo ocurrido en los momentos de la emergencia y un interés en ella que permitiría pensar en nuevas formas de colaboración. Frente a los gobiernos locales, sus éxitos y recursos técnicos y profesionales les han dado una legitimidad que no debe ser desaprovechada.

El trabajo de las ONGs, por las razones ya señaladas, se realiza en otra matriz. Es justamente la de las relaciones locales en ámbitos menores en donde las relaciones de base le sirven de canal de realización, de soporte y, al mismo tiempo, resultan fortalecidas por la acción. En ese tipo de relaciones también se ubican otras instituciones o actores. Es el caso de las iglesias. Por ello el programa de reconstrucción más exitoso se realizó entre una ONG y la Iglesia Católica, no sólo porque una agencia de ayuda suya se comprometió (Cáritas) sino porque el proyecto se sirvió de la organización de agentes pastorales que tiene esta iglesia, que es la más antigua y mayoritaria tanto en el país como en la zona y región. Es posible pensar que ese programa pudo llevarse a cabo sin la participación de la Iglesia Católica, no es difícil imaginar el distinto desarrollo, pero sin duda se puede decir que la colaboración facilitó su eficiencia e incidencia regional. Además de lo cuantioso de la ayuda económica otorgada por Cáritas, que fue un factor también de incidencia, el enraizamiento de la experiencia se debe en gran parte a que se ha realizado con una institución y una estructura permanente en la región y que también ésta ha asimilado la experiencia.

Otra de las experiencias exitosas de las ONGs en el Alto Mayo también tuvo financiamiento de agencias de iglesias. Es el caso de PREDES y las Iglesias evangélicas. Terminado el proyecto, la labor no ha continuado ni se ha insertado en nuevas. Esto indica que, en los proyectos de las ONGs hay también diferencias. Justamente, otro aspecto a resaltar es el hecho de que los proyectos de las ONGs se realizan con mayor éxito allí en donde encuentran organizaciones locales con fuerza. PREDES debió reorganizar o rediseñar las organizaciones que se pusieron a su disposición para que sirvieran al proyecto. No sabemos qué ha ocurrido con esas organizaciones pero es posible pensar que, si se diseñaron únicamente para hacer funcionar el proyecto, han dejado de funcionar al terminar éste. Retomaremos el tema en el acápite referido a las organizaciones sociales de base, pero es importante señalar que la organización existente es normalmente para las ONGs un criterio importante para seleccionar sus áreas de trabajo. En general, de la consistencia y versatilidad de ellas depende en mucho la continuidad y proyección del trabajo. Los proyectos, sin embargo, pueden potenciar en forma mayor o menor las organizaciones que encuentran.

Finalmente, hay ONGs que logran articularse más que otras con otras similares. Las hay ONGs que, proviniendo de fuera y teniendo presencia en la región, logran asociarse en ciertos trabajos a las ONGs locales. Esto depende, normalmente, de la perspectiva de desarrollo regional que tengan. Cuando piensan en potenciar los recursos institucionales de la región buscan esa asociación.

 

Las Iglesias

Entre las instituciones locales que más participan en el manejo del desastre se encuentran las iglesias. De ellas hemos hablado bastante en el transcurso del análisis de la respuesta al desastre. Su participación tiene varias características.

En primer lugar se trata de instituciones de larga permanencia en la región. En el caso de la Iglesia Católica, se remonta al siglo XVI y la primera colonización. La mayor parte de la población del Alto Mayo es católica. En el caso de las iglesias protestantes su difusión más significativa se da con la migración de la población serrana a la región. En ambos casos, sin embargo, su resistencia a participar en los canales oficiales de distribución de la ayuda, y gestión de los desastres es evidente. Optan, como las ONGs, por hacerlo en forma paralela al mecanismo oficial. Las ONGs buscan integrarse a la matriz local y allí se encuentran con las iglesias. Poco a poco las iglesias encuentran en la matriz local a las ONGs. Por otro lado, las ONGs le prestan un recurso técnico, tanto propiamente técnico como de experiencia en programas de desarrollo, que las iglesias locales no necesariamente tienen.

Una diferencia importante con las ONGs es que, en general, las iglesias participan en la ayuda a la emergencia. Esto depende normalmente de los mayores recursos institucionales con que cuentan las iglesias. En general, su organización pastoral, de parroquias y red de agentes pastorales les permite la distribución de la ayuda según criterios cercanos a las necesidades y características locales. Su acceso a instituciones de ayuda internacional, general pero no únicamente de su propia confesión, les permite acceder a la ayuda. Finalmente, tienen una larga tradición de asistencia a las necesidades de la subsistencia. Las iglesias pueden también ser víctimas del socorrismo y asistencialismo. Sin embargo, su propia cercanía a la población y las necesidades de base las hace sumamente permeables a las propuesta de desarrollo desde las situaciones de desastre.

En el caso del Alto Mayo, las iglesias tampoco tiene interés en asociarse ni a los gobiernos locales menores, es decir los distritales, y tampoco a las organizaciones sociales de base, que tienen una participación directa en los movimientos sociales. Su temor a verse envueltos en conflictos que dificultarían su acción pastoral y de ayuda a la reconstrucción, es quizá el factor determinante. Siempre ejecutan sus acciones a través de sus propias organizaciones. En ese sentido han sido las ONGs las que, por su más fácil acceso a esas organizaciones sociopolíticas, han cumplido en la práctica un papel de enlace entre las iglesias (en particular la católica) y esas organizaciones. Así también las ONGs pueden hacer de enlace entre la larga experiencia de las iglesias y las propuestas de desarrollo que pueden ser promovidas por las ONGs entre esas organizaciones sociales. La relación de las ONGs con las iglesias, por otro lado, les da a las ONGs una legitimidad adicional frente a la sociedad regional y frente a los gobiernos locales en esas propuestas de desarrollo.

 

Las Organizaciones Sociales de Base

Las organizaciones sociales de base son de diferentes tipos. Tenemos, en primer lugar, las más tradicionales. Un caso típico es el Club del barrio de Lluyllucucha, que no asume en un primer momento del desastre ninguna acción al respecto. Será la inacción de la representación política formal, el estímulo de un grupo de jóvenes y el asesoramiento externo de una ONG con presencia regional la que transformará su función. A partir de su convocatoria se crean nuevas organizaciones ("Comité de Reconstrucción del barrio de Lluyllucucha") y luego comités de sectores más pequeños al interior del barrio para la distribución de la ayuda. La organización tradicional del barrio, en cuyo interiror responde a la solidez de las relaciones cara a cara, de la tradición e incluso mitología barrial, es la que sirve de soporte a una nueva organización. La nueva organización, pero sobre la anterior base, inicia la reconstrucción y hace explosionar un proceso que se extenderá a toda la ciudad e incluso asumirá necesidades nuevas: nacen los comités de pavimentación de calles que antes del sismo no estaban pavimentadas, etc. Son las necesidades del desastre las que las crea sobre bases antiguas y permanentes y adquieren nuevos roles.

Un segundo caso son las organizaciones que ya existían cumpliendo funciones respecto a la subsistencia y surgidas por la crisis económica. Es el caso de los clubes de madres, comités de mujeres, comités del vaso de leche y comedores populares. Estos son convocados por los gobiernos locales (caso Rioja) y se acercan al Comité de Defensa Civil pidiendo ayuda (caso Moyobamba). Existían antes del desastre y cumplen una función en la distribución de la ayuda durante la emergencia. A veces nacen en la emergencia para hacerse beneficiarios de la ayuda. Cuando han nacido antes es fácilmente comprensible que continúen luego; cuando nacen para hacerse beneficiarios de la ayuda, también, porque es la necesidad la que las ha creado sobre la base también de relaciones de vecindad. También son relaciones cara a cara. Pero es más comprensible aún que, en el caso de los que nacen en la emergencia, permanezcan después porque también los ya existentes, una buena parte de ellos por lo menos, han nacido a partir de programas de ayuda anteriores (de entidades privadas, de los Concejos, etc.) Cuando se acaba la ayuda (tanto fuera o dentro de la situación creada por el desastre) estos comités siempre continúan, agenciándose recursos propios, buscando nuevos. La diferencia con el caso de Lluyllucucha es que cumplen un papel más restringido a la subsistencia: alimentación, salud, etc. Son necesidades de la subsistencia, antes que de reconstrucción.

Lo que equipara a estas organizaciones es que en ambos casos surgen, en primer lugar, de una necesidad, ya más permanente en el caso de los de la subsistencia, nueva en el caso de la reconstrucción; y, en segundo lugar, que se trata de organizaciones que usan los recursos de relación que son propios de la población. Pero también es muy importante destacar en ambos casos la influencia externa. En el caso de los comités ligados a la subsistencia hay una ayuda alimentaria que llega que viene a concitar su creación y a sostener en un primer momento su formación. En el caso de Lluyllucucha hay un asesoramiento externo (una ONG) que los pone en contacto con un recurso del Estado (ENACE). Esto es importante para no concebir a la sociedad como un todo abstracto (que en concreto está dividido en una población y su organización que no tiene nada que ver con el centro), sino en partes y procesos que tienen conexión entre sí. Las acciones vienen a profundizar las fisuras o a establecer puentes. Normalmente el problema está en la existencia de incomunicación entre los recursos sociales.

En términos de la gestión del desastre, en ambos casos hay también una diferencia. Las organizaciones que nacen en el desastre tienen un manejo más activo. El "Comité de Reconstrucción de Lluyllucucha" llega a liderar; remplaza al gobierno local en el liderazgo. Y, en su liderazgo, llega a dar espacio a los comités de la subsistencia a cumplir una función. Es el caso de los clubes de madres que organizan ollas comunes en la Jornada Cívica de limpieza de la ciudad de Moyobamba. El Comité de Reconstrucción de Lluyllucucha llega a articular incluso a la Iglesia Católica, una de las instituciones que más se resiste a participar en el comité local, y al Sistema de Defensa Civil. Son las organizaciones de grado superior capaces de poner en movimiento el conjunto de los recursos de la sociedad, las que son necesarias, y la experiencia de Lluyllucucha lo hace patente. Surgen a partir del fracaso o inacción de la representación política formal: los gobiernos locales. Por eso es que el análisis de la gestión de los desastres en el Alto Mayo demuestra que la gestión de ellos es un problema fundamentalmente de representación política, capaz esta última de representar y canalizar ese conjunto de recursos sociales. Cuando hablamos de representación política no nos referimos tanto a los partidos políticos como a la participación del conjunto de los actores en las decisiones y gestión; en el caso de los desastres, en la gestión de los problemas que plantea.

El caso de Soritor no expresa sino lo mismo. El Frente nace para reivindicar frente al Estado un conjunto de derechos de la población. Subsume al gobierno local porque éste no ha logrado hacer lo que el Frente se propone. Cuando llega el desastre se encuentra en un momento de revitalización que le permite cumplir las funciones que debiera cumplir el gobierno local. Logra hacerlo porque también se basa en relaciones locales. Sabe quién representa a quién. Sabe del conflicto de intereses y lo asume en función de la colectividad, lo cual teóricamente es propio también del gobierno local. Esto lo hace a través de un ejercicio riguroso de la democracia.

Finalmente, este otro aspecto no debe perderse. Las organizaciones que remplazan a la representación política formal son organizaciones democráticas. En cierto sentido los gobiernos locales también lo son. Son elegidos por la propia población, pero dentro de procesos en los que hay factores que no son controlados por ella y en donde los intereses más cercanos a su realidad cotidiana se pierden. Se trata entonces de una democracia de base que probablemente no sea posible de desarrollar en el centro o cúspide de organismos mayores. Por eso es necesario la incorporación de estas otras organizaciones, como tales, en organismos mayores como los Concejos. Los procesos más eficientes de gestión de los desastres en el Alto Mayo se dan, justamente, cuando este tipo de democracia de base se da. Ese tipo de democracia es el que permite conectarse con los procesos de base en donde se encuentran las necesidades y los recursos, sin los cuales la gestión local es sólo respuesta pasiva a la ayuda externa. La ayuda externa deja de ser respuesta y pasa a ser insumo de la gestión cuando se conecta con ellos.

Finalmente, la permanencia o no de las organizaciones nacidas como respuesta a los desastres y que participan en la gestión, vuelve a plantear el problema de la gestión como uno de representación política. Es decir, cómo hacer para que las formas institucionales que el país tiene para la gestión de los desastres asegure la conexión cuya existencia hemos descubierto como determinante en los procesod de gestión más eficientes. Asimismo, pensamos que la conexión con estos procesos es la única o, por lo menos, la principal condición para que la gestión del desastre deje de ser diversa y llena de paralelismos que acrecienten su inadecuación y le resten eficiencia para que sea una integrada. Una en donde los distintos actores sean capaces de colocar y poner su especificidad en función de una gestión colectiva.

 

Siglas usadas en este capítulo

 

CIP

Colegio de Ingenieros del Perú

CISMID

Centro Peruano Japonés de Investigaciones Sísmicas y Mitigación de Desastres

ENACE

Empresa Nacional de Edificaciones

ENCI

Empresa Nacional de Comercialización de Insumos

IGP

Instituto Geofísico del Perú

INADUR

Instituto Nacional de Desarrollo Urbano

INDECI

Instituto Nacional de Defensa Civil

INEI

Instituto Nacional de Estadística e Informática

INIE

Instituto Nacional de Infraestructura Educativa

ININIVI

Instituto Nacional de Normalización de la Vivienda

ITDG

Intermediate Technology Development Group

ONERN

Oficina Nacional de Evaluación de Recursos Naturales

ONG

Organización No Gubernamental

PRADAM

Programa de Asistencia a los Damnificados del Alto Mayo

PREDES

Centro de Estudios y Prevención de Desastres

SENAPA

Servicio Nacional de Agua Potable y Alcantarillado

SENCICO

Servicio Nacional de Capacitación para la Industria de la Construcción

SINADECI

Sistema Nacional de Defensa Civil

USE

Unidad de Servicio Educativo

 

 

 

Notas

 

  1. . En ese entonces el Perú se hallaba dividido en 24 departamentos. Cada uno de los departamentos estaba subdividido en provincias, y éstas, a su vez, en distritos. A partir de la Constitución de 1979 se inició en el país un proceso de regionalización que retomaremos en nota aparte. Para efectos del análisis, este estudio se concentra en las provincias de Rioja y Moyobamba, las dos que componen el Alto Mayo, la unidad geográfica al mismo tiempo que social e histórica que tratamos. No se considera Rodríguez de Mendoza ni otros lugares más alejados en donde el sismo tuvo efectos menores. Justamente lo que se intenta es analizar el manejo del desastre y los mecanismos de respuesta al interior de un contexto social particular, como es el de esta unidad diferenciada (el Alto Mayo), con sus relaciones y características internas y una relación también particular con el exterior de la región. Estas dos provincias que corresponden al Alto Mayo, por otro lado, constituyen más del 60% del total del área y más del 80% de la población afectada por el sismo. Asimismo en ellas se produjeron los efectos más severos. A partir de aquí, entonces, las cifras corresponden únicamente al Alto Mayo.
  2. . En 1992 ITDG publicó Los Desastres Sí Avisan (Medina y Romero, eds.) que recoge, entre otros, informes, diagnósticos y otros documentos del Alto Mayo producidos desde 1990. Usamos la referencia de este libro por ser de más fácil acceso que los documentos originales.
  3. . Salvo las menciones particulares a fuentes, la totalidad de los datos utilizados para este sismo han sido tomados del informe que el ITDG produjo en la segunda quincena de abril de ese año, en base a los datos proporcionados por los comités de Defensa Civil de Moyobamba y Rioja y cotejados con su propia evaluación (Zambrano y Medina 1991).
  4. . "Actor social" es un concepto muy utilizado hoy en día con diferentes significados. Es una clase social, un sector de la población, un tipo de organizaciones y hasta una persona en particular. En las ciencias políticas y sociología el concepto de "actor social" normalmente corresponde a un grupo social que interpreta la realidad social de una determinada manera a partir de sus intereses y propone un proyecto para toda la sociedad que teóricamente da cuenta del interés de todos. Son intereses, percepciones y proyecto. Aquí usamos el término en forma amplia. Cuando hablamos de 182 actores incluimos, incluso, personalidades significativas. Lo hacemos para destacar que la participación de cada una de ellas lleva implícita una percepción de lo que es un desastre y, consecuentemente, un tipo de respuesta. A medida que avanzamos en el análisis del manejo del desastre, y en base a la categorización de los diversos actores, el estudio va acercándose a la definición más rigurosa de los actores en función de grupos y sectores, más que de personas.
  5. . Cada provincia y distrito en el país, cuentan con un Concejo provincial o distrital, según sea el caso. Esta es la denominación oficial de los Municipios, provinciales o distritales. Por tener un origen electoral diferente al del Presidente y vicepresidentes de la República, senadores y diputados -que son elegidos en elecciones generales nacionales para un período de 5 años, a diferencia de los municipios que son elegidos, en fecha diferente, por un período de 3 años- y por el tipo de función que se les asigna, los Concejos o Municipios son también llamados Gobiernos locales. El Gobierno local está presidido por el Alcalde y conformado por un Concejo compuesto de un número diferente de regidores según la población distrital o provincial. A todo ellos se les denomina autoridades ediles.
  6. . En el país, los profesionales se encuentran organizados en gremios que los representan en sus reivindicaciones y prestan algunos servicios a sus afiliados y al Estado. El Estado les asigna ciertas funciones oficiales: el Colegio de Abogados cumple algunos roles en el Poder Judicial, el de Ingenieros debe ser consultado en algunos temas, etc. Desde la década del 70 -época de modernización, crecimiento del Estado y de los sectores medios- los colegios profesionales han venido cumpliendo en el país un rol cada vez más activo. Los colegios profesionales se organizan a nivel nacional y tienen sus filiales en los departamentos y provincias. En ocasiones, incluso en algunos de los distritos más importantes.
  7. . El sismo del 29 de mayo de 1990 se produjo entre la primera y segunda vuelta de las elecciones generales en el país. El Frente político conservador al que nos estamos refiriendo es el Frente Democrático (FREDEMO), una de las dos opciones electorales que quedaron para segunda vuelta en la justa electoral. Independientemente de otras motivaciones, el fin proselitista también era evidente: toda la ayuda venía con el logotipo electoral del Programa de Asistencia Social (PAS) que esa opción electoral proponía para ser implementada en caso de llegar al gobierno. La situación crearía mayor confusión en Rioja por pertenecer la principal autoridad edil de la provincia a las filas de ese partido.
  8. . INDECI: Instituto Nacional de Defensa Civil, órgano rector del Sistema Nacional de Defensa Civil (SINADECI), encargado por el Estado peruano de la prevención, atención y rehabilitación en casos de desastre. Más adelante nos detendremos en su análisis.
  9. . Al mismo tiempo que los Gobiernos locales elegidos cada 3 años por la población, cada juridicción político-territorial en el país tiene una "autoridad política" o representante del Presidente de la República y Poder Ejecutivo. Esta autoridad es designada –generalmente para todo el periodo presidencial– por este poder. Así -en orden de mayor a menor- los departamentos tienen un Prefecto, las provincias un Sub Prefecto, los distritos un Gobernador y los pueblos y caseríos un Teniente Gobernador.
  10. . Es preciso señalar que el periodo de emergencia coincidió con la época de cosecha de arroz en la zona (entre junio y agosto). En Habana, una población de agricultores, la cosecha ocupa totalmente la atención de los pobladores. Mientras duró la cosecha, los pobladores se encontraban en sus chacras y no tenían interés en demoler sus viviendas de tapial porque, aunque se encontraban inhabitables, les servirían para almacenar la producción hasta el momento de ser vendida. Cabe pensar, por ejemplo, que la presencia de la base en los Comités de Defensa Civil hubiera permitido incorporar más adecuadamente este tipo de factores que inciden en la respuesta de una población a un desastre.
  11. . Este Informe preliminar fue elaborado y comunicado en junio de ese mismo año y circuló entre las instituciones tanto gubernamentales como no gubernamentales que tuvieron que ver directamente en ese momento con el Alto Mayo. La referencia bibliográfica que usamos corresponde, como lo señalamos en nota anterior, a la publicación que dos años más tarde la recogió junto con otros trabajos sobre desastres en el Alto Mayo y otros puntos del país (Medina, J. y R. Romero, Los desastres sí avisan, Lima, ITDG, 1992: 131-144), publicación de más fácil acceso que el informe original. Igual ocurre con el Plan de Reconstrucción y Desarrollo del Alto Mayo, publicado y ampliamente circulado en agosto de 1990, y que más adelante citamos con la referencia a esta publicación de 1992 que también lo recogió.
  12. . Ver nota anterior.
  13. . Hasta ese momento existían los Frentes distritales (Soritor, Habana, etc.) y los Frentes provinciales (Rioja, Moyobamba, etc.) El Frente de Soritor en ese momento planteaba un Frente del Alto Mayo que uniera las dos provincias afectadas por el sismo, que corresponden –como considera este estudio– a una unidad geográfica y social en el interior de la región.
  14. . Actualmente el país se encuentra organizado en 12 regiones que agrupan los antiguos 24 departamentos en que ha estado dividido. Al constituirse las regiones han desaparecido los departamentos y todas las funciones políticas que estos tenían han pasado a las regiones, con algunas nuevas funciones. No han desaparecido, sin embargo, las provincias en que se dividían los antiguos departamentos, ni los distritos en que se dividen estas. Las distintas provincias han sido agrupadas en sub-regiones que, sólo en algunos casos, coinciden con los antiguos departamentos. El departamento de San Martín inicialmente fue considerado para formar parte de una sola región junto con el departamento de La Libertad, en parte costeño y en parte serrano. Tal como reseña el primer capítulo de este estudio, San Martín se opuso al considerar el papel subordinado que le asignaba tal propuesta y reivindicando su identidad amazónica. Luego de un Plebiscito considerado por la legislación de Regionalización del país, el antiguo departamento de San Martín se ha convertido en una región. Al ocurrir esto, y para reemplazar a la Corporación de Desarrollo del Departamento (CORDESAM) que eran los órganos rectores del Poder Ejecutivo a nivel departamental, fue nombrado -por el Gobierno Central- un "Gobierno Regional Transitorio" hasta que se realizaran las elecciones regionales para conformar la Asamblea Regional. Antes que estas se realizaran, el 5 de abril de 1992 se interrumplió el proceso democrático en el país, prolongándose indefinidamente las funciones de este Gobierno Transitorio. Actualmente, mientras se elabora una nueva Constitución del Estado, la regionalización del país se encuentra en discusión y no se sabe aún qué ocurrirá con ella.
  15. . Entender que en la prevención se juega lo más importante (la prevención eliminaría la posibilidad del desastre), es una concepción nada desdeñable, siempre y cuando la prevención se entienda como la disminución de la vulnerabilidad múltiple y que esta acción se privilegie por sobre la sola atención de las emergencias.
  16. . Actualmente la Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina ha iniciado un estudio al respecto.
  17. . Cabe destacar cómo en sus publicaciones e, incluso, en la legislación, frases como "reparación de los daños" (Decreto Ley No. 19338: Ley del Sistema de Defensa Civil)(INDECI 1989: 2) o "presentando ayuda adecuada hasta alcanzar las condiciones básicas de rehabilitación, que permitan el desarrollo contínuo de actividades en la zona" (D.S. 005-88-SGMD: Reglamento del Sistema de Defensa Civil (INDECI 1989: 17) se expresa su concepto de rehabilitación y de reconstrucción, en las pocas ocasiones en que se usa este último término.
  18. . Cáritas Internacional sigue siendo una institución de la Iglesia Católica en el mundo. En el Perú actualmente hay un proceso por el cual busca convertirse en una ONG nacional independiente de la Iglesia católica para tener mayor libertad de acción y comprometer menos la institucionalidad de esa Iglesia. Seguirá siendo una ONG propiedad y dirigida por un conjunto de obispos. El cambio es, por ahora, más formal que real, pero indica una nueva proyección.