The purpose of this essay is to show the social effects produced by natural disasters which occured in Mexico during 1887, focusing on the flood that affected the city of San Luis Potosí. It describes the actions adopted by different groups of Mexican society when facing a natural hazard at the end of the Nineteenth-Century, and reflects on the relationship between social needs and the civil authorities' response.
Durante los últimos años se han acentuado las diferencias sociales, económicas y políticas, tanto en los países del Tercer Mundo como en aquéllos con un alto grado de desarrollo tecnológico. El paulatino deterioro de las condiciones materiales y niveles de vida, ha producido una mayor vulnerabilidad global de la humanidad frente a diversos fenómenos naturales adversos.
La presencia de erupciones volcánicas, terremotos, sequías, plagas, epidemias, huracanes o inundaciones incide generalmente de manera negativa en cualquier sociedad, pero sus consecuencias resultan catastróficas en aquéllas que presentan mayores grados de vulnerabilidad.2 En estas sociedades, el impacto de tales eventos magnifica sus efectos, pues no sólo alteran la vida cotidiana sino que ponen de manifiesto situaciones sociales, económicas y, en ocasiones, hasta políticas que si no llegan a ser críticas, al menos ocasionan una dislocación temporal.
El estudio de los fenómenos naturales ha sido muy extenso en las ciencias exactas o de la naturaleza, intentando prevenir los efectos que sobre las sociedades puedan tener determinados eventos geofísicos e hidroatmosféricos. En las ciencias sociales, en cambio, el estudio de los efectos producidos en las sociedades por un fenómeno natural es casi inexistente. Esto es un hecho inexplicable, ya que tales efectos repercuten en ciertas condiciones políticas, sociales y económicas, provocando un desastre natural, entendido como la interacción entre un evento físico y un entorno social, cuyo resultado afecta de manera diferencial a los diversos sectores rurales y/o urbanos que componen una sociedad. En otras palabras, los desastres naturales deben ser conceptualizados como una relación extrema entre fenómenos físicos y la estructura y organización de la sociedad, de tal manera que se constituyen en coyunturas en que, en ocasiones, "se supera la capacidad material de la población para absorber, amortiguar o evitar los efectos negativos del acontecimiento físico".3
Si bien en algunos trabajos contemporáneos de historiografía mexicana los desastres naturales han sido incluidos y en ocasiones analizados,4 la frecuente presencia de fenómenos naturales adversos y sus efectos cada vez más devastadores, hacen necesario comenzar a desarrollar investigaciones donde los fenómenos naturales y sus efectos no sean referencias colaterales, sino el objetivo central. Análisis en los que además de estudiar el fenómeno físico per se, se ponga especial énfasis en sus alcances, en sus resultados y en sus consecuencias desde una perspectiva histórica. De esta forma, el estudio del fenómeno natural iría aparejado con los hechos sociales, económicos y políticos dentro de los cuales se inscribe, lo cual permitiría determinar los diferentes componentes de la vulnerabilidad global e identificar las respuestas de la sociedad y el Estado ante los desastres naturales en diferentes momentos históricos.
Desde esta perspectiva, en este trabajo observaremos que las inundaciones no producidas, dirigidas o controladas por la intervención del hombre son consideradas como eventos destructivos. El origen de este tipo de inundaciones es, por regla general, atribuido a la presencia de algún fenómeno natural como el exceso de lluvias o un ciclón que, al producir un incremento en las corrientes de los ríos y desagües o en el volumen de agua de una presa, ocasionan su desbordamiento y, con ello, la destrucción de cuanto las aguas encuentran a su paso.
Como todo acontecimiento destructivo, natural o provocado por la intervención del hombre, las inundaciones producen reacciones y respuestas de diversa índole e intensidad, que están determinadas tanto por la magnitud del evento como por la vulnerabilidad, y la actitud que frente al mismo asumen los diversos grupos sociales y sus autoridades.5
El presente escrito relaciona diversos desastres naturales ocurridos en la República Mexicana durante 1887,6 pero tomando como hilo conductor el análisis de la colecta de fondos llevada a cabo para auxiliar a los damnificados por una inundación ocurrida en la ciudad de San Luis Potosí. A lo largo de esta exposición, se intentará establecer cómo actuaron y respondieron diversos grupos de la sociedad mexicana y los órganos políticos nacionales a fines de la centuria pasada, frente a una petición de ayuda para contrarrestar los efectos de un evento climatológico adverso.
Por último, cabe mencionar que este trabajo se inscribe dentro de una temática novedosa en la historiografía mexicana, la cual consiste en el estudio de los "desastres naturales", es decir, los fenómenos geofísicos e hidroatmosféricos y sus efectos en las sociedades rurales y urbanas. Esto no quiere decir que no existan trabajos dedicados al análisis de los fenómenos naturales y sus efectos, como podrían ser las sequías, de las cuales existe una abundante bibliografía, sino que es necesario abrir nuevos campos para el estudio de las sociedades decimonónicas.7
La ciudad de San Luis Potosí, capital del estado del mismo nombre, fue fundada en el año de 1592 y, con el transcurso de los años, llegó a ser uno de los puntos comerciales más importantes para los productos mineros y ganaderos provenientes de las grandes regiones norteñas. Durante el siglo XVIII y principios del XIX, San Luis se convirtió en el punto central por donde pasaba la plata procedente de las minas zacatecanas hacia el puerto de Tampico para su posterior envío a Europa; desde entonces la historia del puerto de Tampico se vinculó con la del estado potosino.
Durante el siglo XIX, la vida del estado estuvo íntimamente ligada a los acontecimientos políticos y económicos del país. Al menos durante la primera mitad del siglo, San Luis fue la cuna de innumerables movimientos con tendencias federalistas. Para las últimas décadas del periodo decimonónico, dicho estado fue uno de los pilares más fuertes del régimen porfirista al abrir sus campos a la inversión extranjera y a la explotación petrolera.
En términos demográficos, el estado contaba con una población indígena (nahuas y tenek) asentada en La Huasteca, principalmente, en tanto que la ciudad de San Luis era el lugar de residencia de mestizos y criollos, así como de la oligarquía que controlaba la vida económica, política y social del estado. Según un censo de 1889, la ciudad y su municipio contaban con 68,401 habitantes, distribuidos de manera desigual por los barrios citadinos.8
La ciudad de San Luis Potosí está situada en un valle cercado por las sierras de San Miguelito, La Pila, Bledos, Escalerillas, El Desierto, Mezquitic, Cañón de Bocas y los cerros de San Gerónimo, San Pedro, Cuesta del Campo, Portezuelo y la Calera. Dicha ubicación la convierte en receptáculo de las lluvias provenientes del Golfo de México, cuando los vientos las impulsan hasta rebasar el escudo de la Sierra Madre Occidental.9 Al norte y sur de dicha ciudad había dos ríos llamados de Santiago y de España, que sólo llevaban agua cuando las lluvias eran abundantes.10
Desde su fundación, la ciudad había sufrido periódicas inundaciones que reblandecían las paredes de adobe de las casas y bardas por lo que, a lo largo del periodo colonial, se construyeron diques con los cuales detener o controlar dichas inundaciones.11 Sin embargo, los intentos coloniales por prevenir las inundaciones se vieron frustrados en el siglo XIX, cuando la ciudad comenzó a extenderse hacia el poniente, con lo cual desapareció una zanja que desalojaba las lluvias.12
En San Luis Potosí, la temporada de lluvias generalmente inicia entre mediados de junio y fines de julio, y termina en los últimos días de septiembre; sin embargo, 1887 fue un año de fuertes precipitaciones pluviales en la ciudad y sus alrededores.13 Ya desde febrero, el río de Santiago había tenido una fuerte avenida que anunció la abundancia con que sobrevendría la época de lluvias.
La tarde del 14 de junio se precipitó en la ciudad y la cordillera noroeste una tempestad, que fue desplazándose hacia el sureste. De acuerdo con el informe rendido por el Observatorio del Instituto Literario y Científico de la ciudad de San Luis Potosí, este fenómeno atmosférico tuvo su origen en las sierras que circundaban a la ciudad y estuvo acompañado "de electricidad, con numerosas e intensas descargas, relámpagos continuos, granizada y fuerte aguacero".
La abundancia del agua descargada por la intensa lluvia no pudo ser contenida por los diques naturales y artificiales, algunos de éstos construidos desde 1771. Al mismo tiempo, la precipitación pluvial sobre los cerros bajó en caudalosas corrientes, lo que dio origen a una fuerte avenida que comenzó a llegar a la ciudad por el sureste a las 6 de la tarde y por el suroeste a las 8:30 de la noche, inundándola en gran parte y, en particular, los barrios ubicados desde el sureste al noroeste, como los de Tequisquiapan y Tlaxcala, así como las plazas de la Concepción y de la Leña, y las calles de La Soledad y La Salitrera (plano 1).
El barrio más afectado fue el de Tequisquiapan, situado al oeste de la ciudad ya que, además de la avenida mencionada, recibió también las aguas desbordadas de la corriente del mismo nombre, desagüe natural que, formando una curva en el centro de la ciudad, la atravesaba de sur a oriente. La altura media alcanzada por el agua en las calles y casas inundadas fue de 50 centímetros; quienes tuvieron ocasión de presenciar los acontecimientos
quedaron profundamente conmovidos [por] el imponente espectáculo de la corriente impetuosa que todo arrastraba, el siniestro ruido que seguía al desplome de cada casa, los gritos desesperados de los hombres que luchaban con el furioso elemento [...] y todo esto vino en medio de la tranquilidad del pacífico sueño.14
Desde las once de "esa luctuosa noche", como se la calificó, hasta la madrugada del día 15, las autoridades estatales y municipales encabezadas por el gobernador, recorrieron a caballo la zona afectada, auxiliando a las víctimas de la inundación y "dando disposiciones para evitar más desgracias". En esta última actividad se contó con el apoyo brindado por el Ing. Antonio Espinosa y Cervantes, Presidente del Ayuntamiento, y por el Ing. Blas Escontria, director del Instituto Científico; fueron ellos quienes dirigieron varias de las obras de desagüe que emprendieron "los gendarmes provistos de instrumentos de zapa [que] rompían diques o los ponían en las calles, según convenía".
"Centenares de familias sin abrigo ni hogar" conformaron el saldo final de la inundación, pues los daños materiales ocasionados consistieron básicamente en el deterioro de varias fincas, una de las cuales quedó totalmente destruida, y más de cuatrocientas casas que prácticamente quedaron en ruinas, doscientas de ellas tan sólo en el barrio de Tequisquiapan. Además de la destrucción de inmuebles, la inundación arrojó una decena de cadáveres, más de cien animales ahogados, "diversas pérdidas de muebles y demás objetos" y la incomunicación interna de la ciudad, al quedar bajo el agua las vías del tranvía de mulas, que era el único transporte público existente.15
Al quedar sin habitación ni pertenencias, oficialmente se dispuso asilar a "todos aquellos seres desgraciados" en los patios y corredores de la casa municipal de matanza, así como "en una gran casa que tiene en construcción el Señor Matías Hernández Soberón y en la matanza de su propiedad, llamada la Purísima". En todos estos sitios también se proporcionó vestido y alimentación a los damnificados durante los meses de julio y agosto.
Remediada la apremiante necesidad de alojar a las víctimas de la inundación, la mañana del 16 de junio el gobernador nombró una comisión colectora o junta de beneficencia encargada de reunir donativos "para socorrer a esas familias desoladas". Con la creación de esta Junta, el gobernador desplazó a la institución que jurisdiccionalmente tenía que hacerse cargo del asunto: el Ayuntamiento.16 No obstante, la Junta quedó integrada por regidores del Ayuntamiento y comerciantes de la ciudad de San Luis de la siguiente manera: Antonio Espinosa y Cervantes, presidente; Alejo Monsiváis, secretario; Matías Hernández Soberón, tesorero; Felipe Muriedas, Juan Bustamante, Blas Escontria, Enrique Schroeder, Teófilo Porras y Luis Aguerre, vocales. A su vez, la Junta nombró comisiones auxiliares que se encargaron de recolectar dinero en diversos lugares y sectores sociales y administrativos del estado. En dichas comisiones participaron tanto los integrantes de la Junta colectora, como algunos miembros de las familias más ricas de la ciudad.
Es interesante señalar que los integrantes de dicha Junta pertenecían a las familias oligárquicas potosinas, fuertemente identificadas con el porfirismo. La familia Espinosa tenía grandes intereses en la minería, al igual que la Escontria; la familia Soberón, en la industria y la minería, además de ser comisionistas. Blas Escontria sería gobernador del estado de 1898 a 1904 y uno de los principales accionistas, junto con Diez Gutiérrez y Espinosa, en la fundación de una compañía constructora en 1897. Luis Aguerre era dueño de una de las tres mercerías y ferreterías de la ciudad, a la par que fungía como agente consular de Francia.17
Como la ayuda pecuniaria habría de ser solicitada al país entero, "desde el primer Magistrado de la República [...] hasta el que lleva sobre sus hombros el capital de su industria", la Junta comenzó por solicitar la cooperación de los representantes de las distintas autoridades políticas locales, estatales y federales, así como de las comandancias militares y obispados.
El 22 de junio, la Junta elaboró una serie de cartas dirigidas al Presidente de la República, a los ministros del gabinete y a los senadores y diputados por San Luis Potosí en el Congreso de la Unión. En la carta que la Junta dirigió al diputado por el estado de México, Ángel Carpio, lo nombró su representante en la ciudad de México, encomendándole entregar personalmente las cartas correspondientes a cada una de las autoridades federales mencionadas y colectar los donativos que éstas hicieran, los cuales debían remitirse al tesorero de la Junta colectora.
El Dr. Carpio manifestó a la Junta haber cumplido con el primer encargo e informó que había organizado, en unión de algunos de los diputados por San Luis Potosí, dos espectáculos públicos a beneficio de los damnificados por la inundación: una zarzuela en el Teatro Nacional de la ciudad de México, que estaba próxima a realizarse, y una corrida de toros que aún estaba negociándose. Dos meses después la Junta pidió al Dr. Carpio que tuviera la bondad de comunicar el resultado de sus gestiones, pues se planeaba proceder al reparto de los fondos colectados.
La respuesta a esta última petición nos ofrece los resultados obtenidos en la acción emprendida para obtener donativos de parte de los representantes del gobierno federal. En primer lugar, de las misivas enviadas a las autoridades federales, sólo tres fueron contestadas, las dirigidas al senador Manuel Medina, al diputado Eduardo Dublán y la del propio Dr. Carpio. En segundo lugar, el Presidente de la República, tres de sus seis ministros (Relaciones, Gobernación y Hacienda), uno de los cuatro senadores y seis de los once diputados, contribuyeron con el valor de su respectiva localidad para la función en el Teatro Nacional.18 Tercero, de los seis diputados, tres enviaron donativos personales: Justino Fernández ($50.00), Alberto Palacios ($50.00) y Eduardo Dublán ($100.00); este último también cooperó costeando la impresión de invitaciones, programas y boletos para la función de zarzuela. Cuarto, la remesa por el producto líquido de dicho espectáculo, que ascendió a $356.91, fue enviada a principios de septiembre, ya que se "estaba en espera de ver si se arreglaba la corrida de toros, pero ésta no pudo tener verificativo". En síntesis, con 23 cartas enviadas a las autoridades federales, se obtuvieron $556.91 en un periodo de dos meses y medio.
Lo interesante de estos hechos es que en ningún momento las autoridades federales respondieron como aparatos político-rectores, sino a título individual. Ni el presidente Porfirio Díaz, ni el ministro de Relaciones tomaron cartas en el asunto; tampoco respondieron de manera oficial a las solicitudes de la Junta, dando la impresión de no tomar en cuenta el desastre y conmoción sufrida por una parte de la población de la capital del estado.
Una explicación posible es que las autoridades federales consideraron que la Junta no tenía ningún sustento jurídico-administrativo oficial, a pesar de que el gobernador potosino descargó esa función en dicho comité y no en el Ayuntamiento como instancia política, desplazándolo así de su papel de intermediario entre los poderes políticos y la sociedad.19 Además, en ningún momento hubo cartas oficiales del gobierno potosino solicitando ayuda al gobierno central. Esto pudo haber ocasionado que la Junta haya tenido sólo una representatividad local, sustentada en un reconocimiento tácito de su corta existencia, la cual correspondía a una función específica dentro de un momento histórico dado: el momento de la emergencia, provocado por el impacto del fenómeno natural en la sociedad o en un sector de ella.
Para solicitar la ayuda de los estados de la federación (véase mapa 1), la Junta envió dos cartas a cada uno de los gobernadores, la primera el 21 de junio y la segunda el 20 de agosto; a los jefes de las zonas militares el 24 de junio y el 23 de agosto y a los obispos y arzobispos de la República en junio 27 y agosto 27.
La correspondencia resultante de estas peticiones cubre de principios de julio a fines de noviembre de 1887 y ofrece una visión de la situación del resto de los estados durante el segundo semestre de ese año. Las respuestas explican, al mismo tiempo, la actitud que adoptaron tanto las diferentes instancias estatales, como la población que éstas gobernaban, frente a una demanda de auxilio ante un desastre de origen natural.
Vinculándola con la actitud adoptada, dicha correspondencia puede distribuirse en cuatro tipos de respuesta:
1) estados de los que no se recibió contestación a las cartas, ni enviaron donativos: Aguascalientes, Campeche, Michoacán, Puebla, Querétaro y Veracruz;
2) estados de los que no se recibió contestación a las cartas, pero que enviaron donativos: Coahuila y Nuevo León;
3) estados de los que se recibió contestación, pero ningún donativo: Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, México, Morelos, Tabasco y Tlaxcala;
4) estados de los que se recibió contestación de parte alguna de las autoridades, así como donativos: Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Hidalgo, Jalisco, Sinaloa, Sonora, Oaxaca, Tamaulipas, Yucatán y Zacatecas.20
Es de señalar que, en las respuestas dadas por los estados, influyó el hecho de que 1887 parecía presagiar grandes problemas para la sociedad, pues las poblaciones de la provincia mexicana apenas se recuperaban de un año anterior lleno de inundaciones, sequías, plagas, heladas y nevadas. Los habitantes estaban esperanzados que el nuevo año trajera menos calamidades para sus ya vacíos estómagos y bolsillos.
A pesar de los ruegos al cielo, a partir de mayo de 1887 la prensa mexicana comenzó a divulgar la existencia de serios trastornos provocados por lluvias torrenciales, ciclones, inundaciones, sequías, plagas y terremotos, acontecimientos que se extendían a lo largo del país. Así, mientras los estados ubicados en las zonas tropicales del centro y sureste sufrían una abundancia de agua, algunos estados de las zonas áridas y semiáridas del norte se enfrentaban a una escasez del vital líquido. Las lluvias excesivas, en particular, ocasionarían graves problemas a los habitantes del país, tal como lo señalara el Observatorio Meteorológico Central de la ciudad de México en julio de ese mismo año:
es de notarse la pluviosidad del mes [junio] en una gran parte de la Mesa Central con abundantes lluvias en toda la vertiente hacia el Golfo; en algunas partes del litoral ha habido huracanes, y en algunas localidades del interior del país, se han verificado algunas grandes avenidas fluviales; este mes parece indicar un año más abundante que el pasado, y podríamos decir que apenas es un tercio aproximado de lo que lloverá en todo el año.21
La proliferación de noticias parecería evidenciar que México se encontraba frente a un colapso provocado por la naturaleza, después de algunos años de relativa "paz social" y estabilidad política. Sin embargo, una superficial revisión de las noticias periodísticas publicadas en los lustros anterior y posterior a 1887, indica que durante esos años se reportaron, al menos, 75 inundaciones, 9 ciclones, 41 granizadas, 70 sequías, 63 plagas. Muestra también que estos acontecimientos tuvieron una recurrencia temporal algo indefinida, pero dentro de parámetros estadísticamente proyectables, y que las zonas afectadas fueron, en términos generales, las mismas que durante 1887 sufrieron los impactos de fenómenos naturales iguales o similares en cuanto a tipo y magnitud del evento.
Para comprender la respuesta diferencial que los estados de la República tuvieron para con el desastre potosino, revisaremos a continuación las condiciones en que se encontraban tanto en 1887, como en los años previos.
A mediados de 1887 los estados de Michoacán, Puebla, Querétaro y Veracruz padecieron una fuerte oleada de calor, a la que siguieron "lluvias torrenciales" desde los primeros días de junio.22 Las lluvias ocasionaron daños múltiples en los cuatro estados, tales como pérdida de siembras de maíz, frijol y trigo; suspensión de los trabajos agrícolas; muertes; derrumbes de cerros; deterioro en edificios, puentes y ferrovías; y alteración en los horarios y corridas del ferrocarril, con los consecuentes perjuicios que esto representaba para el comercio, principalmente en zonas que eran consideradas como vitales para la economía mexicana.
Además de estos daños, Querétaro resintió las consecuencias tanto de la sequía intraestival que se produjo de mediados de julio a mediados de agosto (exactamente cuando se esperaba recoger buenas cosechas), como la muerte de muchos habitantes por una fuerte disentería, que se desarrolló a causa del estancamiento del agua pluvial y la escasez de agua potable.23
En Puebla, dos fuertes inundaciones (junio 21 y agosto 28) en la ciudad capital produjeron no sólo la destrucción de obras públicas sino de casas habitación, lo cual ocasionó que innumerables habitantes vagaran "sin hogar y con la aflicción retratada en el semblante".24 La respuesta oficial en este caso consistió en reparar la infraestructura afectada por la lluvia, dejando de lado la posible ayuda a los damnificados y marcando así la pauta de qué era lo que necesitaba una mayor atención por parte de las autoridades.
Michoacán, invadido desde junio de 1886 por plagas de langosta, epidemias en el ganado porcino y la viruela, padeció una consecuente carestía de productos básicos y alza en los precios. Esta situación propició un incremento de "menesterosos" y, consecuentemente, una fuerte inestabilidad política, ya que las autoridades locales se quejaron de que el gobierno estatal no brindaba la ayuda necesaria para evitar que la gente huyera de las poblaciones.25
En cuanto a Veracruz, que en septiembre de 1886 había sufrido graves perjuicios en el ramo agropecuario a consecuencia de la inundación de varias poblaciones, padeció nuevas inundaciones entre septiembre y octubre de 1887, algunas de ellas debidas a las fuertes precipitaciones que, del 15 al 17 de octubre de 1887, trajo un ciclón que "por esa parte del litoral fue menos fuerte que por las costas de Tabasco, Campeche y Yucatán".
Las lluvias excesivas se presentaron por todo el país; los meses de junio y julio de 1887 fueron demasiado pródigos con el agua, tan esperada por los agricultores después de una temporada seca. En Aguascalientes, una granizada a mediados de mayo "causó algunos perjuicios a los chilares y huertos frutales" y, en junio, el exceso de lluvias inundó los campos y sementeras.26
Guanajuato sufrió inundaciones en cuatro poblaciones, mientras que Jalisco sólo en una; sin embargo, en ambos estados se produjo tanto la pérdida de vidas humanas, cosechas y animales como la destrucción de casas, campos de cultivo y obras públicas, dejando a "muchas familias en una situación aflictiva".27 Estas inundaciones provocaron una crisis habitacional y alimentaria, además de perjudicar al comercio y a la agricultura por la suspensión de las vías de comunicación. Debido a ello, el gobierno de Jalisco ordenó a los jefes políticos de ese estado organizar juntas que reunieran donativos para ayudar a las víctimas.
Los estados de México, Tlaxcala, Hidalgo y Morelos también sufrieron el embate de fenómenos naturales durante 1887, pues las lluvias excesivas y las granizadas ocasionaron severas inundaciones que destruyeron sementeras, plantíos, ganados y casas habitación, y provocaron una escasez de maíz y trigo. En el primero, además, la viruela y las enfermedades gastrointestinales diezmaban a la población, en tanto el llamado "mal rojo" se ensañaba con el ganado porcino; mientras tanto, la autoridad eclesiástica en Hidalgo realizaba colectas para solucionar "los graves perjuicios a la población y los agricultores". En Morelos la agricultura se dañó por las lluvias, pero las zonas urbanas también resintieron las excesivas precipitaciones pluviales, que ocasionaron pérdidas considerables para gran número de sus habitantes, hecho que obligó al gobernador a ordenar colectas en toda la entidad para "ayudar a las familias [afectadas por] este desastre".28
En junio de 1887 las autoridades eclesiásticas y civiles de Colima manifestaron que, desde cuatro años atrás, "el estado atraviesa por una época difícil en virtud de que la langosta ha invadido nuestros campos", situación acentuada por otras "calamidades públicas como pestes y epidemias". En tanto que el Gobernador de Guerrero señaló que su estado atravesaba por serios problemas, a consecuencia de las plagas de langosta y la sequía que durante 1886 y principios de 1887 habían mermado la producción agropecuaria;29 en ese mismo estado, la plaga y la sequía también acendraron las diferencias existentes entre el poder legislativo y el ejecutivo, quienes se imputaban mutuamente la ineficiencia para ayudar a la población.30
En Oaxaca, los fuertes temporales de septiembre de 1886 y un posterior terremoto a principios de octubre, dañaron siembras, ganado, viviendas y vías de comunicación. Debido a ello, "fue preciso abrir suscripciones para auxilio de las víctimas" no sólo en la entidad sino en todo el país, ya que:
muchísimos infelices han quedado sin hogar y sin propiedades, sin elementos para combatir la epidemia que se les viene encima [y al] no ser suficientes los recursos del estado para ir en su ayuda, [el gobernador solicitó] el auxilio de los demás estados de la Confederación.31
La insuficiencia de fondos en el erario oaxaqueño pudo haber sido provocada porque, desde 1883, el estado había sido "blanco de la adversidad" por las epidemias de fiebre amarilla, cólera, sarampión, tifo y tosferina que diezmaron la población; por las sequías intraestivales y las plagas de langosta que "en repetidas ocasiones han destruido extensos sembrados, sustituyendo con escasez y hambre la comodidad y la abundancia", así como por granizadas y heladas que perjudicaron la producción agropecuaria, deterioraron las construcciones y destruyeron las vías del ferrocarril.32
En Campeche, el ciclón del 15 al 17 de octubre 1887 provocó inundaciones en varias poblaciones; ocasionó múltiples muertes; destruyó ranchos, casas habitación y obras públicas; acabó con salinas, arrozales, cañaverales y sementeras de maíz, y los fuertes vientos arrojaron algunos buques a la playa. Las pérdidas sufridas a consecuencia de este fenómeno natural redundaron en "una gran escasez de carne de res y demás artículos de primera necesidad", además de dislocar el comercio interno y externo al perderse gran cantidad de embarcaciones dedicadas al cabotaje con las localidades ubicadas en la costa del Golfo de México y la península.
En Yucatán, el inicio de la temporada de lluvias ocasionó algunos percances, pero también prometió "las mejores esperanzas de recoger las más pingües cosechas". Éstas se esfumaron cuando la langosta destruyó innumerables plantíos de maíz, frijol, tabaco, yuca y caña de azúcar, en tanto que la sequía intraestival causó la pérdida de las siembras en algunas poblaciones. El reinicio de las lluvias y la parcial extinción de la langosta en algunos puntos, renovaron las expectativas de obtener abundantes cosechas, lo cual pudo haber sucedido en poblaciones del sur del estado, pero no en las del norte y oriente que resintieron los estragos causados por el ciclón que, a mediados de octubre, afectó a ésta y otras entidades de las costas del Golfo.
Mientras las poblaciones ubicadas en el centro, sur y sureste de México sufrían de la abundancia de agua, algunos estados del norte se enfrentaron a una escasez del vital líquido.33 Con ciertas diferencias regionales, entre junio y agosto de 1887, la sequía cedió su lugar a una abundante lluvia.
En Coahuila y Nuevo León la sequía ocasionó la muerte de ganado, así como la pérdida de cosechas, con la consecuente escasez de semillas. Pero la agricultura de los estados norteños no sólo fue afectada por la sequía, sino también por una plaga de gusano que infestó los cultivos de algodón, a lo que se unieron fuertes vientos que destrozaron sementeras, plantíos de árboles y casas de techos de paja.
En Nuevo León, el inicio de la temporada de lluvias, a mediados de junio, frenó la emigración que, debido a la falta de agua, iban a realizar algunas familias. Durante los siguientes meses, la continuidad de las lluvias llevó a pensar que las cosechas serían abundantes, pero las prometedoras expectativas se desvanecieron a fines de septiembre, cuando la intensidad de las mismas provocó inundaciones en muchos de los pueblos del norte y oriente del estado neoleonés. Estas inundaciones ocasionaron la pérdida de gran número de casas, fincas y ranchos, el deterioro de varias obras públicas, particularmente ferroviarias, la destrucción de sementeras de maíz, frijol y otras semillas, así como de algunos plantíos de caña de azúcar, uno de los más importantes productos de comercio para los pobladores del estado.
A la apremiante situación que en términos económicos representaron las pérdidas ocasionadas por la sequía y más tarde por el exceso de lluvias, habría que agregar que en ese momento las autoridades y la población neoleonesas centraban su atención en las elecciones que, para renovar el aparato estatal, se llevaron a cabo en agosto y septiembre de 1887 y, con las cuales, se pretendió restablecer el orden constitucional en la entidad, alterado desde fines de 1885 a consecuencia de las elecciones municipales.
Mientras tanto en Coahuila, las heladas y escarchas que se presentaron de noviembre de 1886 a mediados de junio de 1887, provocaron la pérdida de las cosechas de algodón, frijol y maíz. En octubre, las fuertes lluvias ocasionaron que los alrededores de varias poblaciones se inundaran, malográndose las cosechas y muriendo varios centenares de cabezas de ganado mayor y menor. A la vez, apareció una epidemia de viruela que disminuyó la población.34
En cuanto a los estados de Chihuahua y Durango, los efectos de la prolongada sequía y la subsecuente abundancia de lluvias mantuvieron ocupada la atención de sus respectivas autoridades. Sobre todo en Chihuahua donde, además, desde principios de mayo se estaban reuniendo víveres, vestidos y donativos para auxiliar a los afectados por la erupción de un volcán, fenómeno que había provocado "levantamientos de tierra" y temblores que, a su vez, ocasionaron la destrucción de gran cantidad de casas habitación.35 Adicionalmente, Chihuahua atravesaba por una situación política difícil provocada por la división entre los miembros de su legislatura, lo que incluso requirió el arbitraje del Presidente de la República.
En Sinaloa se vivía una situación similar a la de todo el norte, debido a la penuria ocasionada por la presencia sucesiva de sequía, lluvias y plaga de langosta. Estos eventos, al destruir las cosechas, habían producido escasez, alza de precios y especulación de los artículos de primera necesidad.36 Además, un ciclón que tuvo lugar entre el 6 y 8 de octubre en las costas del Pacífico, provocó el desbordamiento de ríos y graves perjuicios en las poblaciones sinaloenses. Nayarit se vio gravemente afectado por este mismo ciclón, que "redujo a escombros" varias poblaciones, dejando más de cuatro mil damnificados tan sólo en una de ellas.
La población de Sonora, afectada por la prolongada sequía y por las plagas de langosta, vivía una situación semejante a la descrita para Chihuahua, ya que varios pueblos al oriente del estado resultaron gravemente dañados por los terremotos de principios de mayo.37 Por otra parte, el ciclón de principios de octubre en las costas del Pacífico, ocasionó la destrucción de algunas casas habitación y la inundación de varios pueblos al suroeste del estado, los cuales quedaron "en la más completa miseria".38
En Tamaulipas, la sequía de mediados de 1886 ocasionó la pérdida de cosechas. A ello se agregaron los daños originados por una inundación acaecida el 22 de septiembre de 1886, tan violenta y destructiva, que el propio Presidente de la República pidió a los gobiernos estatales del país se sirvieran "promover suscripciones entre los habitantes para favorecer a las víctimas de esta catástrofe".39 A mediados de 1887, la abundancia de lluvias produjo el crecimiento de los ríos e inundaciones en varias poblaciones. Finalmente, un ciclón ocurrido el 21 de septiembre terminó por hacer "angustiosa la situación de estas comarcas".
Resulta evidente que las autoridades de prácticamente todas las entidades federativas de la República Mexicana estaban sumamente ocupadas en solucionar los efectos de fenómenos naturales adversos ocurridos en sus respectivos territorios. Debido a ello, sólo algunos tuvieron ocasión de contestar las misivas enviadas por la Junta colectora de San Luis Potosí y, menos aún, se encargaron de reunir donativos para enviárselos. No obstante las condiciones vividas por la población mexicana, el total recaudado en los estados para socorrer a los damnificados por la inundación en San Luis ascendió a $5,664.58.
Aunque sólo trece de las treinta entidades existentes en ese entonces se solidarizaron efectivamente con la causa de San Luis, sorprende el apoyo obtenido por ésta en un país que, eminentemente agrícola, se vio empobrecido por las pérdidas de cosechas y ganados que, ocasionadas por sequías, lluvias, inundaciones, plagas y epizootias, redundaron en una intermitente escasez de productos de primera necesidad.
Si a ello se agregan las epidemias que diezmaron la población; las pérdidas materiales ocasionadas por fenómenos atmosféricos y geológicos como los temblores, que en ese año en particular fueron abundantes; que la Iglesia emprendió colectas para cumplir objetivos propios y del calendario religioso; y que el Estado, con un erario en permanente déficit, también llevó a cabo recaudaciones públicas para tener fondos con qué satisfacer tanto la construcción de monumentos conmemorativos como las festividades del calendario cívico, asombra aún más que las acciones emprendidas para obtener fondos con los cuales auxiliar a las víctimas de los desastres naturales, invariablemente contaran con el decidido apoyo económico de la población.
Esto sucedió no sólo para San Luis Potosí, sino para todos los casos en que se solicitó y se recibió la colaboración de los estados de la federación para socorrer a las víctimas de eventos naturales de gran envergadura, tal como ocurrió durante 1886 a favor de Tamaulipas y Oaxaca, o durante 1887 para Nayarit.
No obstante la respuesta obtenida de los gobiernos estatales, oficialmente sólo los de Hidalgo, Oaxaca y Zacatecas enviaron dinero, siendo la aportación hidalguense la más sustanciosa, a pesar de los problemas que sus pobladores enfrentaban debido también, como se ha visto, a la presencia de fenómenos naturales destructivos. Muchas de las respuestas de los gobernadores se redujeron al cumplimiento de sus funciones, en términos de dar a los jefes políticos las órdenes pertinentes para que se avocaran a recolectar dinero entre los habitantes de sus respectivas jurisdicciones. Es imposible establecer la veracidad de tales afirmaciones, así como las razones por las cuales algunos estados no enviaron donativos. En algunos casos quizá se debió a una negativa de la población a colaborar en favor de "desconocidos", o bien a que se encontraba ya cansada de contribuir a las arcas de un gobierno que no los protegía debidamente frente a los embates de la naturaleza, y que sólo se limitaba a solicitar constantemente todo tipo de contribuciones federales, estatales o municipales.
En general, la solidaridad de la población frente a este tipo de fenómenos, solamente se presentaba cuando los habitantes se veían directamente afectados o cuando, a pesar de no ser dañados por el fenómeno, su entorno se dislocaba. Tal es el caso de Zacatecas e Hidalgo, para quienes una contingencia en la ciudad de San Luis Potosí representaba atrasos y problemas en el paso comercial y vía de acceso hacia el puerto de Tampico y el noreste de México, respectivamente.
Para solicitar la ayuda de los habitantes del estado, la Junta colectora emprendió varias acciones. La primera de ellas fue solicitar a los jefes políticos que abrieran "suscripciones entre las diversas clases sociales" de sus respectivos partidos, petición que los jefes políticos aceptaron y extendieron a los presidentes municipales.
A fin de reunir fondos, tanto los jefes políticos como los presidentes municipales no sólo realizaron las correspondientes colectas, sino que algunos de ellos organizaron espectáculos y reuniones públicas. Así, los partidos del Venado y Matehuala reunieron sus donativos exclusivamente de corridas de toros; en Cerritos y Ciudad del Maíz se efectuaron representaciones teatrales "de jóvenes aficionados", cuyo producto incrementó el total de los donativos colectados; y en Ríoverde la comisión de señoritas, encabezada por Francisca Verástegui,40 organizó una especie de "kermesse" o fiesta popular denominada "jamaica", que aumentó considerablemente los fondos remitidos. El importe total de los donativos colectados por las Jefaturas Políticas ascendió a $2,470.80, cantidad que fue enviada entre fines de julio y principios de octubre de 1887.
El resultado obtenido en esta recaudación refleja un alto grado de solidaridad entre los habitantes del estado, aunque no puede descartarse la posibilidad de que algunos sectores de la población se vieran coaccionados a colaborar; sobre todo si se considera que los potosinos no se encontraban en bonanza, debido a la circunstancia de que si bien al iniciarse la temporada de lluvias se esperaba obtener buenas cosechas, su posterior abundancia inundó los sembrados y deterioró las construcciones. La sequía intraestival de julio y agosto, provocó que las cosechas que habían resistido el exceso de agua estuvieran a punto de perderse y aunque sólo se dañaron en parte, hubo una disminución de la producción agrícola. La epidemia porcina del denominado "mal rojo", que ocasionó perjuicios en varios estados (México, Michoacán, Guanajuato y Jalisco), se propagó a San Luis Potosí, con todos los daños que ello implicó.41
Estas condiciones agravaron el deterioro económico de la población de los partidos, particularmente los del oriente del estado potosino. No obstante, sus habitantes realizaron verdaderos esfuerzos por colaborar con la ayuda que se les solicitaba, como fue el caso de Ciudad Valles, cuyo donativo fue reunido a partir de pequeñas contribuciones de sus habitantes. La situación de miseria fue claramente expresada por el jefe político de Alaquines, quien manifestó que "el resultado no ha sido tan favorable como era de esperarse, atendiendo a la crítica situación de los desgraciados, pero demostraron, según sus categorías, sus filantrópicos sentimientos". En contraste con lo anterior, el jefe político de Tancáhuitz, por su parte, consideró que el escaso donativo obtenido se debió a que "por estos rumbos los sentimientos humanitarios casi no se conocen".
Por lo que respecta a la autoridad eclesiástica, la Junta comisionó al obispo Ignacio Montes de Oca y Obregón para que se encargara de recolectar los donativos del "venerable clero de la diócesi[s]". Al mismo tiempo, la Junta le dirigió una misiva solicitándole tanto el concurso de su influencia para la participación del clero, como "el contingente de su peculio particular". A esta última petición Montes de Oca respondió que "aunque he distribuido ya a las víctimas de la inundación considerables socorros, remito cien pesos".42 El resto de los donativos del clero, $48.00, fueron colectados por la Junta en la suscripción pública que había abierto el 24 de junio.
Con el fin de obtener la colaboración del sector empresarial, la Junta se dirigió a los encargados y propietarios de las industrias más importantes del estado y de su capital.
Entre los empresarios potosinos se encontraban los dueños de las negociaciones mineras de La Concepción, La Paz y La Luz, así como el apoderado de la negociación de sales situada en el partido de Salinas. Los mineros no contestaron las misivas que se les enviaron, pero de La Concepción y de La Luz se recibieron donativos por un total de $325.00. Por su parte, el apoderado de la negociación de sales manifestó a la Junta que su donativo ya había sido entregado y se remitiría "con las demás cantidades que se reúnan en la suscripción abierta por las autoridades" de Salinas.
En cuanto a los industriales de la capital potosina, debe mencionarse que si bien existían varias fábricas de jabón, velas, tabacos, cerveza, cerillos y sombreros, la Junta se dirigió tan sólo a los representantes de las dos más importantes tanto por su producción como por el número de operarios que laboraban en cada una de ellas. La Cervecería de San Luis y la Tabacalera La Fama fueron las dos industrias a cuyos empresarios la Junta solicitó "se digne[n] colectar entre los obreros de su fábrica los donativos con que quieran contribuir al alivio" de los damnificados.43 La primera de estas empresas era una sociedad en participación y su representante, Anastasio Alcocer, no contestó la carta que se le mandó, pero "se sirvió contribuir por sí [con $10.00] y por los obreros de su fábrica [con $6.37]". Por su parte, el propietario de La Fama, Antonio Delgado Rentería, respondió que las operarias de su fábrica se negaban a colaborar y con ello ver disminuido su ingreso. En voz del dueño, las operarias argumentaron que "cual más cual menos todas han sufrido los desastres de la inundación, por lo que más están para recibir que para dar". Rentería se limitó a enviar una contribución personal de $50.00.
La Junta también dirigió una carta al intendente del Ferrocarril Central Mexicano, solicitándole "contribuya con la cantidad que la Compañía de que es U. digno representante, quiera cooperar para socorrer" a las víctimas de la inundación. El intendente no respondió a la misiva, pero envió un donativo por $50.00.
Además del apoyo económico brindado por las autoridades y los empresarios potosinos, la Junta recibió de la colonia francesa los fondos que ésta tenía reunidos "para cubrir los primeros gastos de nuestra fiesta patriótica anual". Este donativo, por un total de $400.00, fue entregado a la Junta por su vocal Luis Aguerre, quien era también propietario de una compañía comercial y agente consular de Francia en San Luis Potosí, posición que probablemente le permitió influir en sus compatriotas para efectuar el mencionado donativo. La fiesta conmemorativa francesa no dejó de celebrarse, pues "en justa correspondencia al rasgo filantrópico [...] el Sr. gobernador y sus amigos, le dieron a esta colonia una comida" el 14 de julio.
Hasta aquí se ha hecho referencia a las solicitudes que la Junta colectora de San Luis Potosí dirigió directamente, tanto a las autoridades civiles y eclesiásticas, como a los empresarios de la entidad, y a la respuesta obtenida. Pero la Junta también emprendió, desde el momento mismo de su instauración, otra acción para cumplir con el fin de su creación. Esta acción consistió en nombrar varias comisiones colectoras auxiliares para solicitar el apoyo de los siguientes sectores: militares y empleados federales, empleados del estado, empleados del municipio, clero de la diócesis, comercio y agricultura, fincas urbanas, maiceros, profesiones y artes, profesores de instrucción primaria pública, profesores particulares y, finalmente, de señoras de la alta sociedad potosina.
Así, estas comisiones colectoras auxiliares se encargaron de reunir donativos "de todas las clases sociales" del estado. Tres de estas comisiones fueron designadas para solicitar la cooperación de los funcionarios y empleados de las diferentes instancias de la administración pública estatal.
Para obtener los donativos de los militares y empleados federales radicados en la ciudad de San Luis Potosí, se comisionó a José F. Verástegui, José Antonio Ramos y al general Ignacio Bravo. Estas personas aceptaron "gustosas tan noble comisión" y a principios de julio remitieron la cantidad por ellas colectada que ascendió a $133.00.
En el gobernador, general Carlos Diez Gutiérrez, recayó la comisión de recabar los donativos de todos los empleados del estado, para lo cual el funcionario ordenó "a las oficinas respectivas, reúnan lo que fuere posible".44 En este rubro estuvieron incluidos distintos niveles de empleados estatales, que comprendían desde los representantes de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, hasta el cuerpo de gendarmes y la inspección de policía "de a pie", pasando por la jefatura política de la ciudad de San Luis Potosí, la Casa de Moneda y la Contaduría de Glosa.45 Todas estas dependencias enviaron, entre fines de junio y mediados de agosto, sus donativos por un total de $409.50.
La Administración Principal de Rentas fue la última de las dependencias del gobierno estatal en enviar su dádiva ya que, si bien la suscripción entre los empleados de Hacienda se abrió al recibir las instrucciones del gobernador, hubo que esperar a reunir las remesas de las administraciones subalternas y de las receptorías foráneas. En estas oficinas también se aceptaron donaciones "que espontáneamente dieron no pocos particulares", vecinos de Catorce, Pozos, Armadillo, Villa de Arriaga y Zaragoza. Al principiar septiembre, el total de los donativos de los empleados hacendarios, con un monto total de $410.99, fue remitido al Secretario de Gobierno.
Los comisionados para colectar los donativos de los empleados municipales de la ciudad de San Luis Potosí fueron el tesorero municipal, Valente Viramontes, y su secretario, Urbano Flores.46 La cantidad colectada tanto de la Tesorería Municipal como de la Secretaría del Ayuntamiento, que ascendió a $84.00, se envió a la Junta a principios de julio.
Para recibir los donativos de los profesores de instrucción primaria particular y pública, la Junta nombró otras dos comisiones colectoras auxiliares. Austasio Guerrero, Narciso Armenta y Cayetano Cardona, fueron los encargados de obtener la participación de los profesores particulares y prometieron "desempeñar con la mayor diligencia" la tarea que se les encomendó, aunque la cantidad que remitieron al iniciar julio no correspondió a sus promesas, pues sólo llegó a $24.00. En cambio, los integrantes de la comisión de profesores de instrucción primaria pública (Juan Ramos, Juan Rentería y Herculano Cortés), no contestaron las misivas que se les enviaron, pero remitieron un sustancioso donativo de $358.00 a principios de noviembre.
Una sexta comisión quedó integrada por Blas Escontria, Felipe Muriedas y Matías Hernández Soberón,47 quienes se encargaron de reunir los donativos provenientes de los sectores comercial y agrícola. Como comerciantes, Felipe Muriedas y Matías Hernández Soberón, pudieron conseguir no sólo los donativos de otros importantes comerciantes, sino que los dueños de los establecimientos pequeños reunieran fondos entre sus empleados. De esta forma, la cantidad de $2,505.75 obtenida por esta comisión fue la más alta de las colectadas a través de este medio.48
Tres comisiones más estuvieron encargadas de obtener donativos: de los maiceros, Jesús Bustamante y Antonio C. Sánchez; del área de profesiones, artes y oficios, Teófilo Porras, Luis Aguerre y el Dr. Alejo Monsiváis; y del ramo de fincas urbanas, Juan Bustamante, Enrique Schroeder y Antonio Espinosa y Cervantes. El monto total de los donativos reunidos por estas tres comisiones auxiliares ascendió a $461.46.
También se nombró una comisión de señoras, integrada por Luisa M. viuda de Cabrera, Emilia Cabrera de Salas, Francisca Othón de Muriedas y Catalina O. viuda de Tovar.49 Aunque la documentación nos permite saber que la primera no aceptó y la segunda envió una carta accediendo a formar parte de dicha comisión, no es posible establecer cuál fue la labor desempeñada por este comité. Quizá su participación haya tenido que ver, al igual que la comisión de señoritas organizada en Ríoverde antes reseñada, con la organización de espectáculos públicos tales como conciertos, funciones teatrales o corridas de toros, pero no hay documentación que lo confirme.
La organización de espectáculos públicos por parte de algunos ciudadanos potosinos fue otra fuente de obtención de donativos.
El 18 de junio, el "aplaudido diestro potosino" Pedro Nolasco Acosta, ofreció al gobernador de San Luis Potosí "dar una corrida de toros cuyo producto líquido sirva para socorrer a los que sufren". Con el fin de que la función tuviera "los mayores productos que posibles sean", el gobernador instruyó a la Junta para que se pusiera de acuerdo con dicho torero; la Junta, a su vez, comisionó a los señores Marcelino Muriel, Juan Gutiérrez Castillo y Francisco Hernández Ceballos para que la organizaran. La corrida debía verificarse el 24 de junio, pero se pospuso en dos ocasiones, llevándose a cabo hasta el 3 de julio. El 8 de agosto los señores Muriel y Hernández Ceballos entregaron a la Junta el producto de este espectáculo, por un total de $221.03.
Un segundo ofrecimiento fue el del regidor Diego Ramírez, quien manifestó haber organizado "una cuadrilla de jóvenes aficionados en tauromaquia", para dar una corrida posterior a la de Nolasco Acosta. Al mismo tiempo, el Sr. Eugenio Rojas ofreció hacer lo mismo con los empleados de los tranvías. Con el propósito de unir en una sola ambas propuestas, la Junta nombró un comité de siete personas que se encargaran de ello. A principios de octubre se solicitó a los comisionados que informaran si el espectáculo "podrá por fin verificarse, pues se quiere saber la cantidad líquida con que se puede contar para efectuar la reparación de fincas". Dos de los comisionados, Marcelino Muriel y Alberto López Hermosa, no contestaron; Juan Gutiérrez Castillo pidió se le eximiera "del cargo que me confirió" la Junta; uno más, Francisco Silva Monedero, respondió que la corrida de toros no podía verificarse porque "ya tuvo lugar en favor del fondo para las fiestas nacionales del 15 y 16 de septiembre y aunque se quisiera arreglar otra, no hay plaza disponible ni toros para ello"; los tres comisionados restantes, Diego Ramírez, Antonio Salazar y Lino Maldonado, declararon que iban "a dar principio al encargo que se nos confía", pero la Junta colectora debía conseguir plaza, reinas y hacer las invitaciones. Como cabe suponer, tantos inconvenientes impidieron que la corrida de toros, organizada por los aficionados para favorecer a los damnificados, se llevara a cabo.
Otro evento organizado para favorecer a los inundados, consistió en un concierto celebrado el 1º de julio. Para darle mayor lucimiento, durante la función se distribuyeron los premios que los potosinos obtuvieron en la exposición industrial y comercial, celebrada en Nueva Orleans a principios de 1885. El producto de este espectáculo, por un total de $450.00, fue entregado a la Junta por Blas Escontria, quien fungió como tesorero del acto.
Un ofrecimiento más fue el de la compañía dramática, la cual se comprometió a escenificar el 10 de julio una obra a beneficio de los inundados. Se pidió a Juan Bustamante, Jesús Monjarás e Ignacio Muriel que acordaran lo conveniente con el director de dicha compañía, encargo que aceptaron. La función se verificó el 14 de julio y el producto de $47.46, fue entregado cuatro días después al tesorero de la Junta. La entrega la efectuó Juan Bustamante, quien agradeció la cooperación de los otros dos comisionados y, quizá percatándose de los problemas por venir o harto de tantas comisiones, manifestó que tenía "urgente necesidad de salir de la ciudad" y pidió a la Junta "resolver de conformidad".
Una última muestra de "filantropía" fue la de Manuel Gómez de la Casa, administrador y agente de la compañía dramática Solórzano y Galán Rivas. A través del vocal Teófilo Porras, Gómez de la Casa expresó a la Junta su deseo de "ceder la parte de los productos que le correspondían" de la representación celebrada el 28 de julio. En virtud de este ofrecimiento, el espectáculo contó con el apoyo de la Junta, lo cual fue convenientemente aprovechado por el agente, "pues el teatro se llenó como pocas veces a pesar de haber aumentado el precio de las principales localidades". Una vez realizado el evento, la Junta pidió al agente teatral en dos ocasiones, agosto 20 y septiembre 1º, que se sirviera cumplir con lo ofrecido, pero no obtuvo contestación. Ante este silencio, la Junta dirigió una carta al gobernador para ponerlo al tanto de la situación y "suplicarle tome las providencias conducentes a que la Junta no sea burlada, ni el público engañado, ni los inundados defraudados". El gobernador no respondió a la misiva de la Junta.
A pesar de los numerosos problemas que tuvo que enfrentar en la organización y realización de estos espectáculos, la Junta reportó haber recaudado la cuantiosa cantidad de $732.48 a través de las diversiones públicas efectuadas en la ciudad de San Luis Potosí.
Pero no sólo en los casos de diversiones públicas existieron dificultades en cuanto al cumplimiento de promesas. El Ayuntamiento de la ciudad acordó, el 21 de junio, erogar la suma de $200.00 "para socorrer a las personas que sufrieron con la inundación". Al principiar noviembre, se pidió al tesorero municipal "se sirva entregar la cantidad indicada que es lo único que falta para que esta Junta cierre sus cuentas", pero el funcionario nunca contestó.
El total de donativos recaudado en la ciudad de San Luis Potosí ascendió a $6,042.18, cantidad que sumada a las recibidas de las autoridades federales ($556.91), los estados ($5,664.58) y las Jefaturas Políticas potosinas ($2,470.80), hizo un total global de $14,734.47, reunidos a lo largo de cinco meses. Dicha cantidad debía ser distribuida entre los damnificados.
La Junta nombrada por el gobernador a fin de colectar fondos para beneficiar a las víctimas de la inundación, no estuvo autorizada a distribuir los donativos que obtuviera. No obstante, la Junta recabó información sobre el número de familias alojadas en los improvisados albergues que se establecieron y se ocupó "de investigar minuciosamente las necesidades de las personas más urgidas". Con los datos obtenidos, la Junta solicitó y obtuvo la autorización del gobierno estatal para disponer de $500.00, con los cuales "socorrer a algunas familias [que carecían] del diario sustento y del indispensable vestido". En la petición, la Junta se comprometió a "proceder con la mayor reserva y justificación" en este reparto de fondos.
Para distribuir entre los damnificados "más urgidos" los fondos autorizados por el gobierno, la Junta comisionó a su vocal Teófilo Porras, quien en cinco ocasiones (junio 18 y 25, julio 2, 7 y 15), recibió cantidades parciales de $100.00 cada una. Como la suma convenida en primera instancia resultó insuficiente, se pidió y obtuvo un nuevo consentimiento para disponer de $100.00 más, cantidad que fue entregada a mediados de agosto al mencionado vocal para su distribución.
Al finalizar julio, la Junta acordó poner a disposición del Supremo Gobierno la cantidad de $7,012.36, producto líquido de lo colectado hasta ese momento. La relación de los donativos reunidos hasta el 2 de agosto, tanto de las cantidades entregadas "para ministraciones a inundados" como de gastos de papelería e impresión de volantes y recibos, fue enviada a los principales periódicos para su publicación.50 Al publicarse esta relación, algún diario supuso, con razón, que ya se había iniciado la distribución de los fondos colectados. Ante esto, el periódico oficial se ocupó de aclarar que la comisión "encargada de tomar nota de los perjuicios originados por la inundación, no ha rendido aún su dictamen", pero en cuanto éste se tuviera, la junta distribuidora procedería al reparto "con la mayor justificación y equidad".
A fines de julio, un sector de los damnificados hizo publicar una "manifestación de gratitud de los inundados de Tequisquiapan". En este escrito, catorce firmantes expresaron su agradecimiento "al sentir que por todas partes somos objeto y motivo [...] de demostraciones con que se nos favorece y consuela". Con ésta y otras declaraciones de gratitud, los damnificados hicieron explícito su conocimiento de los donativos reunidos hasta ese momento pero también, en forma tácita, mostraron cierta desconfianza en cuanto al monto de los mismos.
Al principiar agosto, un segundo escrito, con al menos 27 firmas, fue publicado. A través de éste, otro sector de los damnificados se adhirió a las declaraciones de gratitud de los signatarios de la primera, pero también expresó que
la manifestación [...] no viene suscrita sino por un reducido número de personas [que] han juzgado inútil el concurso de nuestras pobres firmas, olvidando que la voz del reconocimiento es más poderosa cuando brota de mayor número de corazones y que el homenaje tiene más valía a medida que sale del mayor número de beneficiados.51
El simple hecho de publicar el primer escrito, hizo evidente que los damnificados comenzaban a impacientarse por no recibir aún el beneficio que esperaban. La impaciencia pudo haber sido ocasionada por un progresivo estado de tensión, causado por vivir hacinados en albergues improvisados que, originalmente y quizá a la vez, eran construcciones utilizadas para la matanza de animales comestibles, es decir, rastros.52
Al mismo tiempo, la segunda carta tácitamente puso de manifiesto que para esas fechas ya existían serias divisiones y conflictos entre los damnificados. Los problemas y dificultades bien pudieron haber sido ocasionados por la convivencia en lugares inadecuados, el hacinamiento, la tardanza en la distribución de socorros, la entrega de "ministraciones a los más urgidos" o por factores psicológicos como la pérdida, real o supuesta, permanente o temporal, de un cierto estatus y nivel de vida. Como quiera que haya sido, la creciente presión de los damnificados constituyó uno de los factores que obligó a la junta distribuidora a iniciar el reparto de los donativos, aun sin que se hubiese emitido el correspondiente dictamen y sin que la Junta colectora hubiera dado por terminados sus trabajos.
El 27 de octubre dio comienzo el reparto de los fondos entre "los asilados en las casas de matanzas y del Sr. Soberón, que por su extrema pobreza se les impartió este auxilio, y aquellas personas que perdieron muebles, ropa y algunos otros objetos". Al principiar diciembre, se informó "a las personas que hayan sufrido algunos deterioros en sus fincas", que del 9 al 15 de dicho mes podían acudir a la Secretaría del Ayuntamiento a recibir "el auxilio que por dichas pérdidas les ha señalado" la junta distribuidora.
La Junta colectora rindió su informe final en febrero de 1888, "no habiéndolo hecho con anterioridad por razones bien conocidas de ese Superior Gobierno". En este informe la Junta reportó haber entregado a la junta distribuidora la suma de $13,987.16, cantidad líquida resultante después de haber restado al total de donativos las partidas entregadas al vocal Teófilo Porras y los gastos de operación de la Junta.53
Sobre cómo, a quiénes y en qué medida se repartieron los fondos colectados, no fue posible localizar documentación. Por lo mismo, tampoco es factible establecer cómo se evaluaron las pérdidas materiales, humanas y materiales, ni cuántos de los daminificados pudieron reconstruir sus propiedades y reiniciar su vida cotidiana después de la inundación. Sin embargo, si se considera un promedio de 1,600 personas afectadas por ella y se divide entre éstas la cantidad líquida, resultaría que cada damnificado debió haber recibido $8.70 aproximadamente; pero si se considera que cada casa afectada pertenecía a una familia, entonces el dinero distribuido fue de casi $35.00 para cada una de las familias residentes en las cuatrocientas casas afectadas.
La inundación de San Luis Potosí tuvo su origen en diversas causas que, parcialmente o en conjunto, contribuyeron a ella. Entre dichas causas encontramos: algunos desagües construidos cerca del nacimiento del río de Santiago, el desbordamiento del tanque existente en uno de los ranchos de los suburbios, las caudalosas corrientes que bajaron por las montañas que forman las sierras de Escalerillas, Mezquitic y Bocas, y la falta de capacidad en el acueducto de Tequisquiapan. Si bien todos estos agentes fueron importantes, es indudable que el principal fue el desbordamiento del río Tequisquiapan.
Dada su ubicación a las faldas de las sierras que la rodean, la ciudad de San Luis Potosí presentaba, hacia fines del siglo XIX y principios del XX, ciertas características en el declive de sus calles. De sur a norte la inclinación del terreno era de tres metros por kilómetro, en tanto que del sur hacia el oeste era de ocho metros por kilómetro. Esto significa que, en una inundación, las aguas circulaban naturalmente desde el sur hacia el norte, pero eran más rápidas hacia el oeste, donde la velocidad del agua podía alcanzar hasta 1.5 km por hora, más que suficiente para destruir casas y arrastrar personas y animales a gran distancia.
La corriente o acueducto de Tequisquiapan, separaba el área propiamente urbana de lo que podría calificarse como área suburbana del oeste y norte de la ciudad. En esta zona se encontraban los barrios de Tequisquiapan al oeste, y Santiago y Tlaxcala al norte, así como infinidad de huertas pertenecientes a personas como, por ejemplo, Juan Bustamante y Pedro Nolasco Acosta, quienes más tarde participaron en alguna de las comisiones auxiliares de la Junta.
El curso de la corriente del Tequisquiapan nacía en los Charcos de Santa Ana, al suroeste de la ciudad; atravesaba la parte más oriental del barrio de Tequisquiapan, rebasaba el norte del área urbana por su parte oeste y describía una curva hacia el este, para salir de San Luis por ese lado. El acueducto recibía el nombre de "Corriente de Santiago" a partir del punto en que se desviaba hacia el este; todo el conjunto era conocido también como "La Corriente Seca" o, simplemente, "La Corriente".54
La zanja por donde circulaban las aguas de "La Corriente" fue construida durante el siglo XVII (de 1688 a 1690), siguiendo tanto la natural inclinación del terreno, como el curso que llevaban las aguas cuando llovía. Aunque de poca profundidad, la zanja fue lo suficientemente ancha como para evitar que el agua de las lluvias, que descendía por la sierra occidental, inundara las calles y plazas citadinas.
En 1881, se empezó a construir un canal en el lugar de la antigua zanja o corriente, siguiendo su cauce desde el lado sur del Puente de la Matanza, hasta su salida por la parte este de la ciudad. La amplitud dada al canal le pareció insuficiente al munícipe Ángel Betancourt, quien manifestó sus temores de que si se hacía desaparecer la antigua zanja, la ciudad quedaba expuesta a sufrir inundaciones. Sin embargo, los peritos consideraron infundados estos temores, por lo que se hizo el canal y se modificó, terraplenándola, gran parte de la antigua zanja.55 La boca o entrada del canal quedó tapada con una verja de barrotes de hierro que, a largo plazo, habría de imposibilitar un desagüe rápido al quedar obstruida con los escombros, creándose así una barrera para la circulación del agua.
Por otra parte, en 1885 se ampliaron las angostas calles que iban desde el centro de la ciudad a la iglesia de Tequisquiapan, resultando una calzada (hoy Av. Venustiano Carranza) "recta, elegante, amplia y espaciosa".56 Estas modificaciones obligaron a ensanchar el Puente de la Matanza, que cruzaba la corriente del Tequisquiapan, por lo que es probable que se le pusieran soportes que en alguna medida obstaculizaron el paso del agua.
Las modificaciones practicadas entre 1881 y 1885, fueron las que realmente ocasionaron que en la noche del 14 de junio de 1887 se inundara gran parte de la ciudad, pues "siendo grande la cantidad de agua que por el caño de la corriente pasaba, éste no pudo contenerla".
Los diversos fenómenos naturales, como escasez o abundancia de lluvias, heladas, terremotos o granizadas, afectan de manera diversa y distinta la vida cotidiana de las sociedades. Los efectos que puedan tener dichos fenómenos pueden variar, así como su localización.
En México, durante el periodo de 1882 a 1892, poblaciones importantes estuvieron anualmente expuestas a más de un evento geofísico o hidroatmosférico extremo, que impactó sobre matrices sociales que, de alguna manera, estaban "acostumbradas" a desenvolverse en un contexto de vulnerabilidad física permanente. De esto podría inferirse que, probablemente, las sociedades de las distintas poblaciones mexicanas desarrollaron mecanismos de adaptación a medios físicamente vulnerables.
Esta última afirmación lleva a considerar dos aspectos de una misma situación, ya que el desarrollo de mecanismos de adaptación al medio no significa, por un lado, dar solución a los diferentes componentes de la vulnerabilidad global, aunque, por el otro, ayuda a explicar, al menos en parte y no de manera determinante, cuestiones como: que en un periodo en que el país se vio empobrecido por las pérdidas de cosechas, ganados y casas habitación (ocasionadas por sequías, lluvias, inundaciones, plagas y epidemias), los mexicanos no se hubieran expresado por medio de manifestaciones públicas en las que, como reflejo de la escasez de productos de primera necesidad, se exigiera solucionar una situación crítica vivida en momentos de falta de recursos; que hubiera muy poco incremento del bandolerismo en las regiones que durante 1887 fueron más afectadas por los fenómenos naturales;57 o que en los informes oficiales no exista evidencia de movimientos migratorios masivos.
Las inundaciones son efectos derivados de precipitaciones pluviales excesivas, las cuales pueden trastocar la vida cotidiana de las sociedades asentadas en entornos urbanos; aunque no se descartan los desastres ocasionados por salidas de su cauce de ríos ubicados en zonas agrícolas. La implicación de estas afirmaciones parecería ser que la inundación de San Luis Potosí en 1887 fue un desastre fortuito que resultó exclusivamente de un proceso hidroatmosférico. Sin embargo, esto no es así ya que, como se ha visto, una parte integral del acontecimiento estuvo previamente determinada por circunstancias sociales que van desde la distribución de los asentamientos de la población, que fueron conformando el declive de las calles potosinas, hasta las subyacentes y no mencionadas influencias de carácter económico y político que llevaron a decidir la modificación del acueducto del Tequisquiapan en 1881 y 1885. De esta forma, a la vulnerabilidad física de la ciudad de San Luis Potosí, propiciada por una numerosa población asentada en una zona de riesgo físico (falda de montaña), se añadió una vulnerabilidad técnica en cuanto a la construcción de las calles y de la infraestructura básica para el desagüe de la ciudad.
Si bien la inundación del 14 de junio de 1887 en la ciudad de San Luis Potosí no ocasionó conflictos entre la sociedad y los aparatos políticos, sí permitió que los habitantes cuestionaran la efectividad de las medidas tomadas por el gobierno. La formación de una junta colectora de dinero para ayuda de los damnificados fue un paliativo a la situación de crisis social existente, ya que la función de dicha Junta fue la de recolectar fondos, mas no la de distribuirlos. En este aspecto faltó el eslabón que uniera ambas funciones. Como se mencionó, existió un momento en que frente a la inexistencia de una junta distribuidora, los miembros de la colectora tuvieron que repartir una parte de los fondos entre los damnificados.
El que la Junta colectora tuviera representatividad a nivel local, cumpliera una función temporal y desplazara al Ayuntamiento de la ciudad de San Luis Potosí como intermediario entre el poder político y la sociedad, son elementos que revelan aspectos de la vulnerabilidad política e institucional del país al momento de la inundación.
En primer lugar, la estructura política del país no estaba tan centralizada como para impedir la toma de decisiones a nivel estatal, por ello el gobernador pudo desplazar al Ayuntamiento de su papel de intermediario y, aunque la junta colectora no fue reconocida oficialmente por el gobierno federal, implícitamente sí lo fue tanto a nivel de los miembros de dicho gobierno, como por los gobiernos del resto de los estados.
Esta ambivalencia parece revelar que la inundación de San Luis Potosí se produjo en un periodo de transición hacia el centralismo político, caracterizado tanto por los problemas políticos en varios estados y que 1887 fuera el año en que se reformó el artículo 78 constitucional para que Porfirio Díaz pudiera reelegirse, como por el hecho de que las disposiciones dictadas por el gobierno federal con respecto a desastres naturales ocurridos a fines de 1886, por ejemplo en Tamaulipas, siguieran teniendo actualidad casi un año después de acaecidos, superponiéndose así con los efectos de fenómenos naturales posteriores que también requerieran atención.
Al irse alineando a las decisiones tomadas por el poder central, los niveles estatales y locales incrementaron paulatinamente su debilidad (vulnerabilidad política e institucional), pues la centralización en la toma de decisiones no permitiría una mayor adecuación de las acciones a los problemas resentidos en esos niveles.
En segundo lugar, este proceso de centralización estuvo marcado por un proceso paralelo en el que el Estado se fue identificando cada vez más, política e institucionalmente, con los intereses privados de los grupos dominantes. Las viejas oligarquías agrarias y los reducidos grupos burgueses que les dieron cabida, fueron imponiendo un estilo autoritario de hacer política en el que los criterios de modernización siguieron a los del sector privado, de ahí la puesta al día del sistema bancario, la creación de instancias de fomento industrial, facilidades arancelarias para las exportaciones e importaciones, etc.; pero en terrenos de mayor gravitación social, el Estado estuvo casi ausente.
De esta manera, la burocracia, la prevalencia de la división política y el dominio de criterios personalistas, obstaculizaron las respuestas ágiles y adecuadas a la realidad presente en momentos de emergencia provocadas por el impacto de fenómenos naturales en la sociedad, o en alguno de sus sectores.
En tercer lugar, la función temporal de la junta colectora muestra que la presencia institucional después del impacto del fenómeno natural en la sociedad, fue efímera y estuvo fundamentalmente relacionada con los momentos coyunturales de emergencia. Aunque la Junta estuvo involucrada en la problemática del "desastre natural" y llevó a cabo actividades que pueden evaluarse como relativamente positivas, el hecho de que tuviera una corta existencia impidió que, a pesar de contar con los conocimientos y elementos mínimamente necesarios, se formase alguna instancia pública que a futuro realizara acciones relacionadas con los periodos pre y post-emergencia.
El nombramiento y el papel que jugaron los miembros tanto de la Junta como de las comisiones auxiliares dedicadas a recabar fondos, no fueron del todo fortuitos. El hecho de que casi todos sus miembros fueran individuos prominentes de la oligarquía potosina, permite suponer que se consideró que ellos tenían un mejor poder de convocatoria y, por lo mismo, más posibilidad de recaudar fondos que los aquéllos pertenecientes a otros sectores. La aceptación por parte de los miembros de las familias oligárquicas para formar parte de los comités, representa el pensamiento de la época, una especie de "obligación moral" que tenían los "ricos" de ayudar a los "desvalidos". De esta manera, se consolidaba el lento proceso de desplazamiento de la Iglesia del papel que había desempeñado durante el periodo colonial y la primera mitad del siglo XIX, como intermediaria en momentos de emergencia.
Además de los enlaces que todo esto pueda tener con la vulnerabilidad política e institucional, se descubren otros aspectos relacionados con la vulnerabilidad social y la vulnerabilidad económica. El hecho de que fueran los representantes de la oligarquía potosina quienes integraron la junta colectora, podría interpretarse como el reflejo de un bajo nivel de cohesión y organización de la población, así como de una cierta debilidad financiera municipal, dada su reducida participación en torno a la solución del problema ocasionado por la inundación. Si bien al momento de producirse ésta, los pobladores se ayudaron entre sí, más tarde exhibieron una falta de solidaridad individual con objetivos colectivos. Esto es evidente en el caso de los espectáculos públicos organizados por Diego Ramírez y Manuel Gómez de la Casa, o en el de la promesa de donativo hecha por el Ayuntamiento de la ciudad de San Luis Potosí, casos en los que aún la misma junta colectora se manifestó incompetente.
Igual falta de solidaridad aparece en las negativas a contribuir con donativos de parte de los obreros de las empresas privadas más importantes de la capital potosina y en la notoria utilización de la situación tanto por el torero Pedro Nolasco Acosta para adquirir mayor popularidad, como por los miembros de la colonia francesa para mejorar su imagen pública, aún deteriorada por los acontecimientos nacionales ocurridos durante el periodo 1863-1867.
Por supuesto que lo anterior también obliga a considerar que, en un momento dado, pudiera haber surgido entre la población una falta de confianza en las colectas públicas que beneficiaban más a los organizadores que a los supuestos beneficiarios. Asimismo, es posible que la baja cohesión de la población se haya debido a que las reuniones que por diversos motivos organizaban los estratos medios y bajos de la sociedad terminaban, más temprano que tarde, calificadas de conspiraciones políticas. No obstante, éstas y otras cuestiones, como por ejemplo la improvisación de albergues, la larga duración de los periodos de recolección de fondos, la esperanza de los damnificados en una pronta ayuda pecuniaria, delatan a una sociedad débil y resignada en espera de las acciones "benefactoras" de un gobierno paternalista, de una oligarquía pudiente o, en última instancia, de un Dios omnipotente.
Esta tendencia a desplazar hacia otros niveles la actuación, aparentemente dejó a la sociedad sin posibilidad real de encontrar soluciones a nivel familiar y comunitario. Sin embargo, las fuentes consultadas no proporcionan elementos suficientes para determinar cuáles fueron las concepciones ideológicas, culturales y educativas que respecto a los efectos de un evento climatológico adverso pudieran haberse expresado. En efecto, en el caso de la inundación de San Luis, como en otros, la voz del "pueblo" se encuentra poco documentada. Con excepción de las cartas de "agradecimiento" de los damnificados, poco sabemos de la respuesta de la población por solucionar los problemas a que se enfrentaba. Llama la atención sobre todo que en los reportes oficiales del gobernador Diez Gutiérrez correspondientes a 1887, no se haga referencia a un desastre que desestabilizó momentáneamente a la sociedad potosina.
Por último y para finalizar este análisis, habría que considerar si, después de la experiencia sufrida, el gobierno y la sociedad potosina fueron capaces de prevenir o prever la posibilidad de un nuevo desastre como la inundación.
La mañana del 18 de junio de 1888 se desató una torrencial tempestad en la capital de San Luis Potosí. La abundancia de agua no pudo ser contenida y originó una inundación en gran parte de la ciudad. Los barrios más afectados fueron el de San Miguelito, en el sur citadino, y nuevamente el de Tequisquiapan. Frente al hecho consumado, y sin haber tomado las precauciones necesarias que evitarían una catástrofe como la del año anterior, el gobernador potosino, "que personalmente ha procurado salvar del peligro a los inundados, ha dispuesto que se abra nuevamente el cauce del Tequisquiapan", dándole su antigua forma y suficiente campo al paso de las aguas. Poco más de veinte años después pudo afirmarse que, desde entonces, "ya por esa parte, no han sufrido los vecinos otra inundación".
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Fuente: Cronología sustentada con base en los materiales descritos en el artículo.
Fuente: Cronología sustentada con base en los materiales descritos en el artículo.
Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí (AHESLP)
Archivo Histórico de la Universidad Iberoamericana (AHUIA): Colección Porfirio Díaz (CPD)
Archivo Municipal de Saltillo (AMS): Presidencia Municipal
Diario del Hogar, junio a julio 1887
El Estandarte, septiembre 1909
La Ley. Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de México, enero a diciembre 1887
Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, enero a diciembre 1887
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Jalisco, enero 1887 a junio 1888
Periódico Oficial. Organo del Gobierno del Territorio de Tepic, septiembre 1886 a dicciembre 1887
Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, noviembre 1886 a diciembre 1887
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Puebla, mayo a agosto 1887
La Sombra de Arteaga. Periódico Oficial del Gobierno de Querétaro, enero a diciembre 1887
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, enero 1887 a julio 1888
Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Veracruz-Llave, junio a noviembre 1887
El Siglo Diez y Nueve, abril 1884 a julio 1888
1 Este trabajo forma parte del proyecto colectivo "Desastres agrícolas en México, Siglos XVI-XIX" (CIESAS/CONACyT), de cuyo acervo utilizamos la mayoría de los materiales presentados.Agradecemos al personal del Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí, quienes por medio de su directora, Lic. María Isabel Monroy, nos otorgaron todas las facilidades para la búsqueda y localización del material que en parte sustenta el presente artículo. Asimismo, damos las gracias a los miembros del proyecto: Alma García, Virginia García Acosta y Juan Manuel Pérez Zevallos, con quienes discutimos fructíferamente versiones previas, siendo el resultado final de nuestra entera responsabilidad.
2 Maskrey estima que la vulnerabilidad se determina por ciertos procesos sociales, económicos y políticos, siendo los países pobres o subdesarrollados los más afectados (Maskrey, 1989:19ss). Wilches-Chaux considera que la vulnerabilidad es la incapacidad de cualquier sociedad para absorber un cambio del medio ambiente, el cual constituye un riesgo; distingue once tipos de vulnerabilidad (natural, física, económica, social, política, técnica, ideológica, cultural, educativa, ecológica e institucional), que no están inconexos sino en estrecha relación (Wilches-Chaux, 1993:25-49).
3 Caputo y Herzer, 1987:1.
4 Cfr. los trabajos de Chávez Orozco, Florescano, Cardoso, Galicia, Van Young, Brading, García Acosta y Hamnett, citados en la bibliografía.
5 Cfr. Céspedes y Ríos, 1985:235-258. Estos autores analizan el impacto producido en Paraguay, entre los años de 1979 y 1983, por las crecientes excepcionales de los ríos Paraná y Paraguay; también realizan un estudio del nivel de vulnerabilidad de los asentamientos, así como de los efectos en la población damnificada y la producción alimentaria.
6 Véanse los apéndices 1 y 2, donde se han concentrado en cuadros los factores climatológicos, epidemias y temblores ocurridos en 1887, divididos en dos grandes regiones: centro-sur y norte.
7 Como un ejemplo de los trabajos sobre desastres naturales desde una perspectiva histórica, véanse los reunidos en García Acosta, coord., 1992.
8 Cabrera, 1991:16.
9 Este hecho ha provocado que la región conocida como La Huasteca, ubicada al sureste del estado, sea una de las más fértiles, ya que se encuentra entre la costa y la sierra.
10 Cabrera, 1991:8.
11 Los cabildos, durante el período colonial, y los ayuntamientos, en el siglo XIX, fueron las primeras instancias que tomaron medidas para mediatizar los efectos de los fenómenos naturales. Esta práctica se dio en otros países de Latinoamérica, como fue el caso de Puerto Rico, donde los ayuntamientos tuvieron una participación activa para socorrer a los damnificados por el huracán de San Ciriaco en 1899 (Schwartz, 1992:312-313).
12 Villa, 1988:60.
13 La mayor parte de la información sobre la inundación en la ciudad de San Luis Potosí y los fenómenos naturales que impactaron al resto de las entidades federativas de la República Mexicana, fue tomada de periódicos de la época y del documento localizado en el Archivo Histórico del Estado de San Luis Potosí (en adelante AHESLP). La relación de estas fuentes aparece en la bibliografía. Para mayor fluidez de la lectura, se han eliminado las notas relativas a estas fuentes y se han conservado las que se refieren a otro tipo, que confirman y/o amplían la información.
14 Memoria, 1888, f.39.
15 Villa, 1988:60.
16 Una situación semejante ocurrió en Puerto Rico en 1899, cuando el gobernador norteamericano nombró comisiones entre los hombres más prominentes de la isla, creando a la par un "puente de caridad" entre el continente y la isla. Posteriormente, debido a una orden política, los ayuntamientos se hicieron cargo de la situación, hecho que no demerita que en una primera etapa los cabildos puertorriqueños no hayan intentado tomar la batuta (Schwartz, 1992:307).
17 Márquez, 1986:368-369 y 375; Villa, 1988:338; Cabrera, 1991:87-90.
18 El valor de las localidades en palco, según la misma carta, osciló entre $20.00 y $50.00.
19 Situación diferente a la llamada "hambruna del norte", acaecida entre 1849 y 1852, en la que los ayuntamientos de Nuevo León, Durango, Aguascalientes, Coahuila y Jalisco desempeñaron el papel de intermediarios y amortiguadores de la crisis (González Navarro, 1983:10-16).
20 Se han incluido tanto las respuestas oficiales de los gobernadores, como aquéllas provenientes de otro tipo de autoridad (eclesiástica y militar) o de particulares.
21 Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Jalisco, julio 3 de 1887.
22 A diferencia del resto del estado de Veracruz, en el puerto del mismo nombre las lluvias comenzaron a fines de julio, se interrumpieron durante la sequía intraestival de agosto y reiniciaron a fines de dicho mes. Se considera la presencia de una sequía intraestival o canícula cuando hay un receso parcial de las precipitaciones pluviales justo a la mitad de la estación de lluvias. Sobre sequías estivales en Europa durante los siglos XVI, XVII y XVIII, véase Le Roy Ladurie, 1991:153-177.
23 Padilla y Rodríguez, 1980:110. En el siglo XIX se consideraban como principales causas de mortandad la disentería, la pulmonía, la diarrea, la inflamación y las heridas (McCaa, 1993:101).
24 La ciudad de Puebla, capital del estado del mismo nombre, contaba con aproximadamente 85,816 habitantes (Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Puebla, julio 31 de 1887).
25 Memoria... de Michoacán, 1889:25-26 y 146-147; Sánchez, 1987:137-138.
26 Memoria... de Aguascalientes, 1887, docs. 69 y 88.
27 El Observatorio Meteorológico de León, Guanajuato, reportó que el mes de junio había tenido 26 días de lluvia en la ciudad y sus alrededores, teniendo el día 14 una lluvia acompañada de granizo (Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Guanajuato, julio 8 de 1887).
28 En Yautepec, Morelos, los daños consistieron en treinta casas "sumergidas por la corriente" y destrucción de plantíos, huertos y ganado (Galván, 1951:340).
29 Memoria... de Guerrero, 1886:11; Memoria... de Guerrero, 1887:2, 9 y 27.
30 Las dificultades se iniciaron a finales de 1885, cuando el gobernador Francisco Arce y los miembros del congreso estatal tuvieron diferencias respecto a la administración política y económica de la entidad, lo que reflejó serios problemas en torno a las esferas jurisdiccionales de cada poder político. En abril de 1886 el congreso ofreció al ejecutivo "que le dejaría hacer cuanto se le antojase en el ramo administrativo, si se le entregaba por completo la dirección de la política en los asuntos del Estado", pero Arce rechazó la propuesta (Memoria... de Guerrero, 1887:2 y 27; Memoria... de Guerrero, 1890:31).
31 "Luis Mier y Terán, Gobernador de Oaxaca, a Próspero Cahuantzi, Gobernador de Tlaxcala, Oaxaca, octubre 15 de 1886", en: AHUIA, CPD, 1886, leg. 11, caja 24, fs. 11627 y 11953 (g. 2199).
32 Archivo Histórico de la Universidad Iberoamericana (en adelante AHUIA), Colección Porfirio Díaz (en adelante CPD), 1886, leg. 10, caja 5, fs. 7145-7146 y 1887; "El general Ruiz manifiesta que debido a cuatro años de malas cosechas ha habido una notable emigración de campesinos a los estados de la frontera", en: AHUIA, CPD, 1886, leg. 12, caja 5, f. 2333; Memoria... de Oaxaca, 1884, doc. 51 y cuadro 4; Memoria... de Oaxaca, 1887:2; Galván, 1951:318; Padilla y Rodríguez, 1980:109; Espinosa, 1987:147; Romero, 1990:35.
33 Padilla y Rodríguez, 1980:109-110.
34 "El gobernador del estado [Coahuila] transcribe la solicitud del ejecutivo del estado de San Luis Potosí pidiendo ayuda para los damnificados por la inundación", en: Archivo Municipal de Saltillo (en adelante AMS), Presidencia Municipal, caja 130/3, exp.123, f.1-2v.
35 Molina, 1991:265.
36 Padilla y Rodríguez, 1980:109.
37 El terremoto del 3 de mayo de 1887 constituyó un verdadero acontecimiento, ya que se considera que el tipo de movimiento de tierra acaecido en Sonora sólo se da cada mil o dos mil años (Molina, 1991:255-272).
38 Padilla y Rodríguez, 1980:110; Cuevas, 1989:191-192.
39 "Informe de la comisión de socorros a favor de los inundados de Matamoros, México, septiembre 12 de 1887", en: AHUIA, CPD, 1887, leg. 12, caja 17, f.8142-8143; Galván, 1951:336.
40 Los miembros de la familia Verástegui eran descendientes de nobles vascos instalados como hacendados en Ríoverde. Algunos de sus miembros fueron jefes políticos de la región que controlaban. Durante la gubernatura de Blas Escontria, Paulo Verástegui llegó a ser diputado (Villa, 1988:135).
41 Padilla y Rodríguez, 1980:110.
42 Montes de Oca ayudó en innumerables ocasiones a los empresarios potosinos y tuvo una enorme influencia en la vida política del estado (Márquez, 1986:311-312).
43 Cada una de estas fábricas tenía alrededor de 700 empleados (Cabrera, 1991:80-90).
44 La familia Diez Gutiérrez tenía fuertes intereses en la industria, minería y agricultura; Carlos era considerado como uno de los latifundistas más influyentes en el país. Cuando intentó llevar a cabo su quinta reelección, un grupo de la oligarquía potosina protestó ante el presidente Díaz. Aun así, tanto Carlos como Pedro Diez gobernaron el estado de 1876 a 1898 (Villa, 1988:135 y 338-339).
45 Contaduría de Glosa: dependencia del poder legislativo encargada de la revisión de cuentas de todas las oficinas públicas, cuidando de que los gastos estuvieran hechos conforme a la ley.
46 La familia Viramontes tenía fuertes intereses en la minería y en la pequeña industria.
47 Matías Hernández Soberón era comisionista de toda clase de artículos, principalmente granos y semillas. Felipe Muriedas era propietario de uno de los más importantes almacenes de ropa, un prominente terrateniente de San Luis y tenía intereses en la minería, la construcción, los transportes y la industria; además controlaba una parte de los dos más grandes latifundios: La Angostura y El Gogorron, el segundo de los cuales tenía talleres de hilados y tejidos, así como cerca de cien mil borregos. Entre 1890 y 1893, frente a la escasez de agua en la ciudad, se le otorgó una concesión al señor Wastell para abastecerla, la cual le fue retirada, otorgándosela a una compañía formada precisamente por Soberón y Muriedas (Cabrera, 1991:88; Villa, 1988:133, 138 y 339; Márquez, 1986:374-375).
48 En esta cantidad se incluyeron los donativos de la Cervecería de San Luis y de La Fama.
49 La familia Cabrera tenía fuertes lazos con la oligarquía potosina.
50 La citada relación fue publicada por el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de San Luis Potosí los días 10, 13, 20 y 24 de agosto de 1887. Una segunda relación, complementaria de la primera, se remitió a los periódicos a mediados del octubre, pero el periódico citado no la publicó.
51 Periódico Official del Gobierno del Estado de San Luis Potosí, agosto 3 de 1887.
52 Si se considera un promedio de cuatro habitantes por casa, resulta que la inundación dejó alrededor de 1,600 personas sin habitación, es decir, que aproximadamente el 2.5% de la población quedó sin lugar dónde vivir y fue alojada en dos rastros y una casa en construcción.
53 Después de la suma puesta a disposición del gobierno estatal en agosto, es muy probable que el dinero restante se haya entregado en dos partidas, una a mediados de octubre y otra posteriormente, ya que el último rubro de los egresos estuvo fechado el 17 de enero de 1888.
54 El curso que a finales del siglo XIX seguía "La Corriente", actualmente es la Avenida Reforma y en la confluencia de ésta con la Avenida Venustiano Carranza (antes Avenida Carlos Diez Gutiérrez) se encontraba el puente que, cruzando la corriente, introducía a la calzada que llevaba al barrio de Tequisquiapan. Este puente también era conocido como Puente de la Matanza, por estar cercano a la casa municipal de matanza o rastro.
55 Villa, 1988:60.
56 Cabrera, 1991:75.
57 En las cronologías presentadas por diversos autores, no se mencionan tumultos de ninguna clase durante los años de 1887 y 1888. Al respecto véanse los distintos trabajos sobre las luchas de campesinos, textileros, mineros y ferrocarrileros reunidos por Reina (1983). Por otra parte, es claro que si en el momento de los desastres hubiera existido algún movimiento rural o político, éste se hubiera visto menguado por la falta de bastimentos, llevándolo a su posible derrota. No creemos que se hubiera nutrido de descontentos.
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