Diana M. Liverman
Departamento de Geografía, Penn State University

Los aspectos sociales que influyen en la vulnerabilidad incluyen el tamaño de la población y su localización; adaptaciones y desarrollos tecnológicos; percepción y elección individual; estructura política y económica; instituciones sociales específicas como mercados, legislación sobre formas de propiedad de la tierra y los recursos hidráulicos y formas tradicionales de gobierno. Junto a estos factores sociales o humanos, existe también la vulnerabilidad biofísica asociada a precipitaciones bajas o variables, tierras pobres o en pendiente. Sin embargo, la vulnerabilidad biofísica es crecientemente creada por la actividad humana, como la deforestación y el uso de combustibles fósiles que alteran las condiciones climatológicas y degradan el paisaje. Esta estructura, que combina el análisis biofísico y social, y la política económica con el comportamiento individual, puede ser llamada política ecológica de amenazas climáticas.

Mi investigación en México busca la forma de aplicar esas ideas en estudios empíricos de vulnerabilidad climática. Mi interés, en particular, se centra en la interacción entre transformaciones estructurales, económicas e institucionales, y la variación ambiental; la respuesta de individuos a esas transformaciones y; las formas en que la actividad humana -deforestación y contaminación del aire- puede estar alterando el clima e influyendo en la ocurrencia de eventos extremos.

La gente cree que el clima se está volviendo peligroso en México. Durante algunos veranos anteriores, realizamos una serie de entrevistas con pobladores de la ciudad de México, Oaxaca, Chiapas y Puebla para examinar las percepciones sobre las amenazas y el cambio climático.² La mayoría de los hombres y mujeres entrevistados opinó que los veranos se están volviendo más secos y calientes, con retrasos en los periodos de lluvia y huracanes más severos durante el otoño. En la ciudad de México la gente culpó del cambio a la contaminación del aire; en Oaxaca y Chiapas se aludió como causa a la deforestación.

Otro elemento que podría afectar la vulnerabilidad a sequías, son los cambios climáticos pronosticados por el calentamiento global. El modelo de desarrollo económico basado en energéticos fósiles para la industria y el transporte, ha incrementado los niveles de los llamados gases de invernadero en la atmósfera. La concentración de esos gases, que incluyen bióxido de carbono y metano y que atrapan el calor dentro del sistema terrestre, puede duplicarse para principios del próximo siglo. Los modelos computacionales para el análisis del clima global sugieren como resultado que éste cambiará dramáticamente, con incrementos de entre 2 y 3 grados centígrados de la temperatura global (IPCC, 1990).

Hemos utilizado los resultados de estos modelos para estimar posibles cambios en el clima, humedad del suelo y producción de maíz en diferentes regiones de México (Liverman y O'Brien, 1991; Liverman, 1992a; Liverman, 1992c). El calentamiento global podría traer temperaturas más altas, reducción de la disponibilidad de agua y mermas en la producción de maíz en gran parte del país (Cuadro 1). Asimismo, también podría aumentar la frecuencia de sequías y huracanes. México es extremadamente vulnerable a dichas condiciones de calentamiento y estiaje, y la capacidad de muchos campesinos mexicanos para adaptarse a tales cambios a través de la irrigación y la incorporación de nuevas variedades es muy limitada.

Es importante enfatizar que estos cambios son producto de la decisión de basar el desarrollo económico en combustibles fósiles, y de proseguir con este modelo a pesar de las aparentes implicaciones ambientales. El 80% de la emisión de bióxido de carbono es producto del consumo de combustible fósil, principalmente en los países industrializados, y el 20% de la deforestación. Más específicamente, Estados Unidos es responsable de casi el 20% de la emisión total de gases de invernadero. En México la emisión de este tipo de gases, proveniente del desarrollo energético y la producción de ganado (ambos orientados a la exportación), está creciendo dramáticamente (Liverman, 1992b). La Figura 2 muestra el curso de las emisiones provenientes de la actividad ganadera (que produce metano), la deforestación (que produce bióxido de carbono) y la producción de petróleo y gas durante los últimos veinte años.

En el siglo XX México ha experimentado pérdidas severas por amenazas naturales. En el verano de 1970 las pérdidas por sequía fueron serias, ya que muchas regiones del país perdieron más del 5% de la producción y una gran parte del centro y norte perdió más del 50% del área cultivada. Podemos explicar esos patrones a través de una combinación de factores físicos, técnicos y sociales. Por ejemplo, las pérdidas más bajas al noroeste están asociadas a la irrigación y las más altas de la región central, a tierras propensas a sequías y campesinos pobres que no tienen capacidad económica para volver a sembrar después del retraso en las lluvias.³

El análisis de patrones nacionales y datos censales pueden proporcionar sólo explicaciones e hipótesis limitadas acerca del cambio en la vulnerabilidad a amenazas en México. Una comprensión más profunda se pueden obtener de estudios de caso locales que tomen en cuenta transformaciones a nivel macro.

En el periodo posterior a la Revolución Mexicana ocurrió un cambio en la estructura de tenencia de la tierra en el país que buscaba remediar la concentración y desocupación legada por la colonia. Extensas áreas de tierra fueron puestas al alcance de los campesinos mediante la formación de ejidos y otras instituciones de tenencia cooperativa y comunitaria. La tierra del ejido es poseída en común por sus miembros quienes usualmente la trabajan individualmente.

Existe una relación sumamente compleja entre la Reforma Agraria y la vulnerabilidad en México. Por una parte, la redistribución de la tierra redujo la vulnerabilidad de un número significativo de pobres y desposeídos, dándoles la oportunidad para subsistir produciendo alimentos en su propio trozo de terreno. Pero gran parte de las tierras redistribuidas eran de baja calidad y estaban en zonas proclives a peligros; biofísicamente limitadas por las pocas lluvias, suelos pobres o ubicadas en pendientes pronunciadas. La tierra irrigada ha tendido a permanecer en manos del sector privado. Los ejidos están en desventaja en cuanto al acceso a la irrigación, crédito e implementos químicos porque tienden a ser pobres y a depender de agencias estatales ineficientes.

La vulnerabilidad de los ejidos está consignada en estudios empíricos basados en información censal sobre pérdidas agrícolas generadas por amenazas naturales. En el verano de 1970 el promedio de pérdidas en los ejidos por sequías fue del 17%, comparado con el 14.5% de pérdidas sufridas por los terratenientes con más de 5 hectáreas. En invierno, el promedio de las pérdidas para los ejidos fue del 11.6% comparado con el 8.6% del sector privado. El mismo patrón se repite en datos censales de años anteriores y por causa de otras amenazas como inundaciones y heladas. Muchos ejidatarios experimentan estas pérdidas tanto en lo que se refiere a los insumos de los productos que venden como a su propio nivel nutricional.

La tecnología ha cambiado considerablemente en el campo mexicano durante el presente siglo. En términos de la vulnerabilidad, tal vez el cambio más importante haya sido el crecimiento de sistemas de irrigación donde el agua se obtiene de pozos y depósitos. Gran parte de estas tierras, particularmente en el norte del país, se han desarrollado como distritos de riego con inversiones masivas del gobierno federal. La irrigación proporciona una barrera importante contra las sequías y las presas pueden controlar inundaciones en terrenos agrícolas. Los sistemas de riego, además, pueden reducir el riesgo de heladas.

Pero la irrigación no siempre es una garantía contra las sequías. Cuando las precipitaciones son particularmente bajas, por dos o más años, las reservas y yacimientos bajan a niveles donde el riego se vuelve imposible o costoso (Figura 3). Las instituciones de administración del agua son en general localizadas y tradicionalistas, pero los distritos de riego, hoy coordinados por la Comisión Nacional del Agua, tienen procedimientos formales de distribución del recurso en épocas de sequía. Ejidos y cosechas de gran valor son supuestamente prioritarios, aunque en la práctica los más ricos y poderosos son los que obtienen el agua. En muchas comunidades tradicionales como las de Oaxaca, jueces de riego electos localmente distribuyen el recurso de acuerdo a derechos establecidos hace mucho tiempo. Algunas de esas instituciones tradicionales están desapareciendo frente a cambios culturales y económicos, y los conflictos por el agua se están incrementando (Lees 1976).

Dilley (1993) recabó información acerca del impacto de la utilización de bombas mecánicas y el uso no regulado de yacimientos sobre la vulnerabilidad a sequías en Oaxaca. Mapeó la gran declinación en los niveles de los yacimientos asociados con el crecimiento de la alfalfa y la adquisición de bombas de gasolina. En los resultados se pudo percibir un sensible incremento en las sequías y en el abatimiento de los pozos.

El riego es sólo uno de los cambios técnicos asociados a la propagación de la llamada Revolución Verde en México, que también ha involucrado un incremento en el uso de fertilizantes químicos, pesticidas y semillas "mejoradas" o híbridas. Una vez más, la Revolución Verde es una mezcla de bendición y desgracia en cuanto a la vulnerabilidad rural a sequías. En condiciones climáticas favorables, las semillas mejoradas y los fertilizantes proporcionan la posibilidad de obtener cosechas mucho más grandes de trigo o maíz, especialmente con sistemas de irrigación. Sin embargo, cuando las sequías, heladas o inundaciones destruyen las cosechas, los campesinos en general quedan endeudados debido al costo de los insumos técnicos. Anteriormente los campesinos no compraban insumos, guardaban semilla de un año a otro y probablemente usaban algún tipo de fertilizantes caseros, verde o animal. Podían molestarse por perder las cosechas como consecuencia de una amenaza natural y padecer hambre, pero no estar en un riesgo financiero mayor.

Se ha dicho además que las nuevas semillas híbridas, diseñadas para alta producción en condiciones favorables, son más sensibles a variaciones climáticas y plagas, y que dicha vulnerabilidad ha aumentado en los monocultivos (Michaels, 1979). La respuesta institucional a este problema ha sido el aseguramiento de las cosechas y algunas acciones contra desastres, pero solamente una proporción relativamente pequeña de las siembras anuales están cubiertas por seguros y el estado ha sido incapaz de compensar completamente a los campesinos en tiempos de crisis económica.

El siglo XX ha traído la integración del mercado mexicano al sistema mercantil y financiero internacional. El agro mexicano provee alimento para una población de más de 85 millones. Durante el presente siglo, alimentar a esa población -que se ha duplicado en los últimos 30 años- ha sido un gran reto. Calva (1988) sugiere que más de 20 millones de mexicanos tienen deficiencias calóricas o proteínicas. En 1990 un estudio encontró que más del 21% de los niños menores de cinco años estaban desnutridos. La seguridad alimenticia de la nación ha sido siempre una prioridad política.⁴

Hasta hace poco, el gobierno ha subsidiado fuertemente a productores y consumidores. Por ejemplo, se han garantizado altos precios del maíz para impulsar su producción mientras que las tortillas se han mantenido a bajo costo, especialmente para consumidores urbanos que compran tortillas preparadas. Los mecanismos de aplicación de subsidios han cambiado con el tiempo, algunas veces apoyando a los productores y otras beneficiando a los consumidores. Estas políticas están siendo ahora reformadas con la desregulación y la liberalización de la economía mexicana (Appendini, 1992).

En décadas recientes, la importación de granos se ha convertido en un componente clave de la política alimentaria. A principio de los años setenta México llegó a ser un importador neto; en particular, las importaciones de maíz crecieron del 20 al 25 porciento en la provisión total durante la década de los ochenta. La producción de maíz de subsistencia ha sido desplazada por la de trigo, leche, azúcar, cereales y fibra para mercados domésticos, industriales y urbanos. Sobre todo, el sistema agrícola está cada vez más orientado a la producción para exportación -de frutas, vegetales y ganado- aún cuando han habido periodos en los cuales el estado ha intervenido, mediante subsidios, para alentar la producción de granos básicos. Esto ha tenido como resultado altas ganancias para muchos agricultores y ha servido como un soporte de la balanza comercial, pero también ha incrementado la vulnerabilidad a la variación de los precios del mercado y a los términos comerciales desventajosos.

Por otro lado, el aumento del cultivo de frutas, vegetales y cereales ha incrementado la demanda de agua y generado diversos problemas en algunas regiones del país. Por ejemplo, la alfalfa y la lechuga consumen mucha más agua que el maíz y son además más vulnerables a heladas. En la Figura 4 se compara el consumo de agua de diferentes cultivos en el Valle del Yaqui, al norte de México. Un ejemplo más es el del Valle de Oaxaca, donde el cambio a la producción de alfalfa frente a la de leche y queso ha originado severos problemas de agua.

A partir de 1989 la política agrícola, bajo el gobierno de Salinas, sufrió un cambio completo como parte de la reestructuración de la economía mexicana hacia su integración al mercado mundial. El cambio comprendió la reorganización de instituciones con el objeto de reducir la intervención estatal y atraer la inversión privada a la agricultura, ganadería y explotación forestal. Las partes centrales incluyen la reducción de créditos subsidiados al campo; privatización de industrias de insumos como fertilizantes y semillas; la abolición de precios preferenciales; y la liberalización del mercado para todos los cultivos excepto maíz y frijol. Y con ello, se ha vuelto aún más difícil para los campesinos pobres asegurar sus cosechas ya que muchos de ellos están atrapados entre los altos costos de producción y los bajos precios de venta.