CAPÍTULO 15 LA SOCIEDAD Y LOS RIESGOS NATURALES (ESTUDIO DE ALGUNOS EFECTOS DE LOS SISMOS RECIENTES EN CIUDAD GUZMÁN, JALISCO*

Jesús Manuel Macías M.

INTRODUCCIÓN

Esta breve contribución acerca del evento sísmico sucedido en setiembre de 1985 en la localidad de Ciudad Guzmán en el sur del Estado de Jalisco, intenta reflejar una somera reflexión analítica de los sucesos más importantes observados en el lugar durante el período que comprende a los meses de octubre de 1985 a marzo de 1986.

En realidad este trabajo es sólo una parte de otro más amplio que pretende realizar un seguimiento global al proceso de reconstrucción en Ciudad Guzmán, mismo que fue "clausurado oficialmente" en febrero de 1987.

En dicho trabajo se ha fijado como propósito fundamental observar el asunto de los riesgos naturales y concretamente de los terremotos, bajo una perspectiva regional que posibilite una explicación más próxima a la realidad, sin quedarse sólo en la observación aislada del evento sísmico en la ciudad en cuestión, ya que si bien suele pensarse que el propio evento es de suyo lo más importante, sostengo que las condiciones asociadas principalmente las del tipo socioeconómico, conformadas por una historia particular (regional) en el espacio son las que permitirían en todo caso entender cabalmente los efectos -tanto en magnitud como en intensidad- que se habrán de desprender de una eventualidad desastrosa.

Vale la pena también señalar que otros enfoques que se dan al estudio de los riesgos naturales se hacen sobre la base de analizar los marcos estrechos de las afectaciones en un lugar determinado sin considerar las determinaciones históricas y espaciales que han configurado esos marcos. Por esa razón refuerzo el argumento que alude a la necesidad de incurrir en aquellas dimensiones históricas, regionales y municipales o locales, sus determinaciones socioespaciales que permitan entender el por qué, el cómo y el dónde del tipo de los efectos producidos por los sismos toman determinadas características. Dicho en otros términos, me ha parecido un error investigar los efectos de los sismos per se -como se plantea en otros trabajos- como si la realidad fuera una manifestación inédita y exclusiva de un evento natural, como si los efectos únicamente dependieran de tales sucesos naturales.

Debo admitir, no obstante, que ciertas afirmaciones generales como las que indican que si bien los eventos naturales han existido desde mucho antes que las sociedades humanas, son justamente éstas (su evolución y desarrollo tecnológico así como su densificación demográfica que ha requerido de la aceleración de procesos de urbanización) quienes han amplificado los riesgos naturales ya que sus efectos nocivos se multiplican. Esas afirmaciones son incuestionables y dan ciertas pautas para entender uno de los aspectos que hacen más propenso al ser humano a sufrir desgracias colectivas.

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* Este artículo es una reproducción tomada de la revista CIESAS, "Cuadernos de la Casa Chata" No. 157, con el permiso de la revista.

También se ha señalado, sin entrar demasiado en sus causas, que en las áreas de países subdesarrollados los riesgos son mayores debido, en primer lugar, a las condiciones de hacinamiento en las aglomeraciones humanas y a la carencia de recursos financieros y tecnológicos para aminorar esos riesgos.

Salvo lo anterior, los esfuerzos investigativos de los riesgos naturales se han encaminado más a proporcionar líneas directrices a los gobiernos, a partir de los análisis rigurosos de las experiencias en este terreno, que a elucidar justamente las causales sociales agregadas que incrementan los riesgos.

Es preciso cuestionar también el porqué las medidas que se proponen por los investigadores de los riesgos naturales se orientan, fundamentalmente, y en lo que respecta a las condiciones de la autoridad, a controlar las respuestas de la población afectada, a tratar de restablecer el orden y la normalidad. En otro rango de proposiciones se encuentran aquellas que aconsejan la adopción de medidas preventivas de los riesgos que generalmente se establecen alrededor de previsiones científicas de aplicación de tecnologías que reducen el riesgo y de algunos programas de información así como del establecimiento de reglamentos de construcción.

La suposición imperativa de que toda la población afectada debe estar bajo control de la autoridad tiene varios implícitos, sobre todo el que se refiere en cuanto a la incapacidad de la misma población para enfrentar los desastres o, visto de otra manera, la peligrosidad potencial -para la autoridad- de que esa población sea la que enfrente sola ese tipo de eventualidad porque puede efectivamente subvertir un determinado orden impuesto.

La experiencia sufrida en la ciudad de México, en el año de 1984, cuando en el norte de la aglomeración y precisamente en el Barrio de San Juanico o San Juan Ixhuatepec hizo explosión una planta almacenadora de gas butano, demostró la extraordinaria capacidad del pueblo capitalino para brindar ayuda inmediata a los afectados, que rebasó a las gestiones de gobierno. Esa misma experiencia fue canalizada políticamente a propósito de los sismos de setiembre de 1985, cuando el gobierno enarboló la "capacidad solidaria" del pueblo mexicano para encubrir su propia incapacidad de intervención en el momento de la emergencia.

Estos son aspectos derivados de experiencias concretas que pueden abrir muchos accesos a nuevos planteamientos de investigación de los riesgos naturales en México, en donde se ha probado por los últimos aconteceres, que se precisa y con mucha urgencia de formar equipos de investigación de los riesgos naturales y resarcir para la organización de la sociedad civil la forma de estas acciones que han sido asignadas por los gobiernos a la institución militar que adolece, ciertamente, de muchas limitaciones en el terreno de la investigación socioeconómica y técnica.

Ahora bien, en el estudio que se presenta ahora se reúne una escueta crónica del desastre, así como algunos elementos de contenido del llamado Plan DN-III-E y su aplicación en Ciudad Guzmán como un complemento de información del momento de la emergencia. Luego se hacen comentarios respecto al inicio y desarrollo del proceso de reconstrucción que he distinguido como dual, ya que se observan dos esfuerzos paralelos en este sentido, uno popular y el otro institucional. Muchos de los razonamientos expresados líneas arriba pueden observarse aplicados al caso de Ciudad Guzmán en las conclusiones.

Finalmente, me resta hacer un reconocimiento especial a los compañeros Alán Tello, Celia Salas, Marina Botello, Martha Pérez, Carmen Romero y Florida Rodríguez, por haber realizado la labor de "vaciado" de encuestas en gráficas comparables, lo mismo a Carolina Serrat por su ayuda en el almacenamiento de datos en la computadora. Y en fin al grupo 0021 del Colegio de Geografía de la UNAM por el levantamiento de encuestas y por su entrega totalmente desinteresada en el análisis y discusión de los problemas afrontados en el trabajo de campo.

Crónica del Desastre: La Emergencia

Sin duda, el sismo del 19 de setiembre de 1985 fue el que más efectos destructivos provocó en la ciudad, pero fue el del día 20 el que penetró más en la sensibilidad frente al desastre de la población guzmanense. Los efectos destructivos de los sismos incidieron en la población en una coalición de intereses respecto a sus necesidades inmediatas.

El día 19 de setiembre a las 7:18 horas se empezó a sentir el movimiento telúrico en Ciudad Guzmán, la mayoría de los habitantes reaccionó buscando lugares abiertos, ante la amenaza de derrumbes. Esta reacción permitió que se salvaran varias vidas, sobre todo considerando que la casi totalidad de las viviendas guzmanenses son de una sola planta.

(MAPA 1 APROXIMADAMENTE AQUI)

Inmediatamente al término del movimiento sísmico, los pobladores salieron a las calles dominadas ya por escombros. Se iniciaron solicitudes de auxilio para remover escombros que había atrapado a gentes que no pudieron salir de sus casas y las ayudas no se hicieron esperar.

De pronto -cuentan diversos entrevistados afectados- se configuró, por todas las calles una escena caótica en la que se mezclaban diferentes reacciones de los guzmanenses: histeria, rezos, llantos y un vigoroso movimiento de personas removiendo escombros. Se escucharon por toda la ciudad los sonidos de las sirenas de auxilio médico, mientras las noticias sobre la magnitud del desastre corrían entre los vecinos: la caída de la catedral, la casi desaparición de la colonia Cristo Rey, etcétera. En esos momentos se interrumpió el suministro eléctrico en casi toda la ciudad, así como los servicios telefónicos y de telégrafos. Al sudoeste de la ciudad, donde se encuentran almacenamientos de gas butano, se podía percibir el olor a gas y de inmediato se corrió la voz entre los vecinos de esa zona, de abandonarla ante el peligro de una explosión o de incendios. Ambulancias, bomberos y policías se movilizaron. Los primeros hacia el rescate de víctimas, los bomberos hacia las instalaciones de gas y los policías a cualquier lugar. "Los vecinos lograron rescatar a varias personas atrapadas. Los heridos graves fueron llevados a puestos hospitalarios a recibir la urgente atención médica. La tragedia iba siendo conocida a medida que el tiempo transcurría. Se conocieron datos preliminares de muertos, de heridos y de quienes habían perdido su hogar. La gente corría de un lugar a otro en busca de familiares y amigos. Esta era la tragedia vivida y soportada por los zapotlanenses".

Ese día, los vecinos se ocuparon de limpiar sus escombros y localizar sus pertenencias, mientras iban reflexionando sobre el problema inmediato; cómo arreglar sus ruinas. Las autoridades municipales se reunieron para acordar un ¿qué hacer? Las autoridades religiosas organizaban una misa de cuerpo presente para el día siguiente. Las acciones municipales se concretaron a remover escombros.

El día 20 llegaron los representantes militares para operar el plan DN-III-E coordinándose con autoridades municipales y estatales, discutieron durante varias horas el asunto. Los policías seguían removiendo escombros y tratando de desalojar damnificados en espera de la designación de albergues. Algunos damnificados acudieron al seminario diocesano para albergarse. A las 12 horas de ese día, se celebró la misa de cuerpo presente en el corredor del panteón municipal, oficiada por el obispo, ante 12 ataúdes y más de 3 mil oyentes. A las 17:20 horas de ese día sucedió un segundo temblor de intensidad considerable, que imprimió pánico entre la población guzmanense. Antes de este sismo los intentos de desalojo de damnificados por parte de las autoridades municipales habían tenido cierta resistencia más bien motivada por no querer abandonar sus pertenencias. El segundo sismo incidió en eliminar esas resistencias y los afectados iniciaron la marcha hacia los 3 albergues oficiales (escuela de enfermería, Universidad de Guadalajara; clínica del IMSS y clínica de la SSA), y hacia el seminario diocesano.

La colonia Cristo Rey, ubicada sobre una ladera de la serranía al oriente de la ciudad, fue de las más afectadas, destruyéndose casi el 70% de sus construcciones, fue la que tuvo una atención especial por parte de las autoridades municipales para desalojarla y terminar las demoliciones en mucho propiciado por anteriores pretensiones de ordenamiento urbano consignadas en el Plan General Urbano de la Ciudad.

Dicho plan tenía también previsiones de modificar cauces viales (alineamientos). Todo esto fue percibido por los colonos de Cristo Rey que con oportunidades reflexionaron sobre lo que estaba pasando en medio de su desgracia y ante los desalojos y demoliciones demasiado apresurados, reorganizaron su comité vecinal e iniciaron acciones para hacer llamados a los damnificados que se estaban instalando en los albergues para que regresaran a sus predios y defendieran sus pertenencias. En esos momentos, unos cuantos días después de los sismos, se inició una respuesta organizada de los damnificados.

El ejército instaló el plan DN-III-E en el lapso de la emergencia y se subordinaron autoridades municipales y estatales. Se eligieron tres albergues, entre ellos la Escuela de Enfermería de la Universidad de Guadalajara - en este caso independientemente de la opinión del rector- designado para establecer ahí un almacén y fue tomado como centro de acopio a partir del cual empezaron a surtir de comida caliente a los otros dos albergues de la ciudad y a las poblaciones de Gómez Farías y Tecalitlán.

El ejército acordonó también las instalaciones declaradas "zonas de peligro" que fueron nueve templos, dos edificios privados, un hotel, la plaza de toros, tres cines y parte del portal 5 de mayo.

Las autoridades municipales tuvieron que subordinarse a las estatales. El día 19 el gobernador de la entidad sobrevoló la ciudad; ese día y los siguientes los responsables estatales de Obras Públicas y Desarrollo Urbano, organizaron inspecciones, censos, peritajes y, desde luego, la evaluación de los daños. Todo encaminado a formular un "programa de reconstrucción y mejoramiento de vivienda para la zona sur del estado" que pondría énfasis -según fue señalado por los responsables- en los municipios afectados por los sismos.

Con ello se soltó la cargada "institucional": Gobierno-Estado, Ejército Mexicano, Presidencias Municipales, Departamento de Seguridad Pública, Seguro Social, Servicios Coordinados de Salud Pública, Cruz Roja, Bomberos, Voluntariado, Departamento de Obras Públicas, Brigadas Voluntarias, Colegio de Arquitectos, Colegio de Ingenieros, Universidad de Guadalajara, Clubes de Servicios, Cámara de Industria de la Construcción, CONASUPO, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, Secretaría de Programación y Presupuesto, Comisión Federal de Electricidad. Todos participantes del citado "Programa".

Las consecuencias de los sismos en cuanto a las destrucciones reflejan valoraciones cuantitativas que indican totales desacuerdos, según las diferentes fuentes emisoras de los datos respectivos. El cuadro de la página siguiente contiene esas valoraciones de seis diversas fuentes, compiladas o emitidas en diferentes momentos.

Distinguidas las afectaciones a las viviendas particulares, entre las destruidas por completo o parcialmente, se señalan cifras que van desde el 30% hasta el 10% para las viviendas colapsadas, y del 60% al 14.6% para las destruidas parcialmente. Sumados los dos conceptos para indicar en términos generales las viviendas afectadas, las cifras van del 90% al 20.1%, lo que tiene muchos números de por medio.

A los datos contenidos en el cuadro siguiente podríamos agregar otros más, consignados en diferentes diarios publicados desde unos cuantos días posteriores a los sucesos sísmicos hasta fechas recientes, todo conteniendo informaciones completamente desiguales. Aparte de que pudiera existir una deliberada intensión de mal informar, creo que en algunos casos las cifras tan disparadas entre sí, corresponden a una falta de contextualización, es decir, se confunden cifras a nivel regional (sur de Jalisco) con las locales (Ciudad Guzmán) o municipal, otra razón puede ser que se hayan emitido datos a partir de muestras estadísticas. Desde luego la confusión es provocada y localizada para o en los emisores. De todas maneras el hecho no deja de ser digno de considerarse seriamente respecto a sus causales.

VIVIENDAS AFECTADAS POR LOS SISMOS EN CIUDAD GUZMAN, SEGÚN DIFERENTES FUENTES

* Con respecto al total de viviendas en Ciudad Guzmán, que según el Comité de Reconstrucción del Estado de Jalisco es de 6,500 (Uno Más Uno, 17/III/86). Vale la pena señalar que datos de la presidencia municipal designan la existencia de 9,304 viviendas en total (El Sureño, 12/X/85).

1. Delgadillo, J. y M. Bassols, Op. cit., p. 104.

2. Ramos, F., "Terremoto en Ciudad Guzmán". En: Revista Encuentro, No. 22, noviembre de 1985, p. 24. A estas cifras hay que agregar 1,495 casas consideradas con daños leves.

3. Información proporcionada por el arquitecto Manuel Gómez Garza; Jefe del Departamento de Obras Públicas del Edo. de Jalisco (El Sureño, 4 de octubre de 1985).

4. Datos proporcionados en el trabajo de campo por la doctora Zambrano, Directora de la Escuela de Enfermería, U. de G., 21 de octubre de 1985.

5. Datos proporcionados por Benito ? en trabajo de campo, 10 de marzo de 1986.

6. Datos proporcionados por Julio Zamora Bátiz, Coordinador General del Comité de Reconstrucción del Sur de Jalisco (Uno Más Uno, 17/III/86).

Me parece que las informaciones más apegadas a la realidad son las proporcionadas por la Organización Popular de Damnificados de Ciudad Guzmán, que señalan un 20% de casas colapsadas y un 24.6% de viviendas parcialmente destruidas para sumar casi un 45% de todas las viviendas de Ciudad Guzmán afectadas en diferentes grados por los sismos.

Los datos de la presidencia municipal guzmanense se aproximan también a la realidad en la medida en que consignan 212 viviendas colapsadas y 2.449 con daños parciales de diferente grado, que es en relación a las 9.304 viviendas totales existentes en la ciudad, arrojan cerca del 40% de viviendas afectadas.

Las cifras de la población afectada adolecen del mismo mal que las anteriores, no obstante me parece pertinente simular su complejidad comparando datos de dos fuentes, por un a lado, un censo levantado por empleados de la Universidad. de Guadalajara, afirmando que el total de la población afectada ascendió a 4.958 personas reunidas en 814 familias , por otra parte el Comité de construcción del Sur de Jalisco afirmó que el total de familias afectadas ascendió a 2.500 que representan aproximadamente 15.000 damnificados, es decir, el 15% de la población guzmanense; dato este último que me parece más apegado a la realidad.

Hay otro aspecto de las consecuencias del desastre, y es el que alude a la pérdida de vidas humanas. Los datos oficiales son bien contradictorios, si lo han sido respecto a edificaciones afectadas y a la población damnificada, en este rubro se acentúan. El Comité de Reconstrucción del Sur de Jalisco contiene afirmaciones de que en Ciudad Guzmán sólo murieron 11 personas , mientras que un periódico local (El Noticiero) publicó el 29 de setiembre de 1985, los nombres de 21 personas que murieron en el momento mismo de la tragedia. Otras fuentes determinaron en 25 el número de muertos . El estudio de Delgadillo y Bassols (Op. cit.) señala que "... en estimaciones de los lugareños, la cifra llega hasta 70 muertes".

En cuanto al número de heridos, las diversas fuentes coinciden en que fueron poco más de 600 los atendidos de varias sesiones.

El Plan DN-III-E

La erupción del volcán Chichonal, en marzo de 1982, fue quizás el desastre natural que más publicitó la operación de un programa de auxilio a la población civil, diseñado por el Ejército Mexicano y aprobado para su ejecución en 1966, y que se designa como Plan DN-III-E "Plan de Auxilio a la población Civil en casos de desastres de alcance nacional".

Durante la tragedia provocada por los sismos de setiembre de 1985 en la ciudad de México y en otras poblaciones de los estados de México, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Morelos e Hidalgo, la operación del Plan DN-III-E fue una de las respuestas que ofreció de inmediato el Gobierno de la República a instancias de la institución militar.

La operación de ese plan se verificó en lo fundamental, en la Ciudad de México y en Ciudad Guzmán, Jalisco. Conviene hacer una breve referencia a los orígenes, propósitos y alcances del operativo para considerar luego su puesta en marcha en Ciudad Guzmán.

Diversos desastres naturales, como inundaciones, habían evidenciado la escasa capacidad organizativa de los diferentes niveles de gobierno en la prestación de auxilio a la población afectada. Descoordinación, duplicidad de esfuerzos y dispendio y manejos confusos de medios de ayuda, habían caracterizado las acciones de rescate gubernamentales.

En el período del presidente Gustavo Díaz Ordaz, se encargó a las fuerzas armadas el diseño de un plan de emergencia que tuviera como objeto evitar el caos de las medidas gubernamentales, que restaba presencia y deterioraba la imagen del gobierno ante las desgracias del pueblo, colateralmente se desprende la intensión de eficientizar las medidas de auxilio.

"El Plan DN-III-E tiene como propósito: aminorar o limitar los efectos de un desastre en una zona devastada, establecer las medidas tendientes a capacitar la actuación de las unidades del ejército y Fuerza Aérea Mexicana, para intervenir eficientemente en auxilio de la población civil, así como coordinar y brindar el apoyo a otras dependencias del ejecutivo con responsabilidad en tareas de auxilio.

Por otra parte, se tiene la de evitar que el esfuerzo de nuestro Gobierno desmerezca ante la opinión pública nacional y mundial, así como que personas o grupos interesados exploten en su propio beneficio estas situaciones y medren con el dolor popular; finalmente, crear en nuestro pueblo un ambiente de confianza y de respeto a la capacidad de nuestro gobierno en general, y de sus fuerzas armadas para que mediante su colaboración se limiten o reduzcan los efectos del desastre".

Debido a que los desastres han mostrado que con la situación de emergencia que provocan se generan condiciones de disturbio en las que se trastoca la cotidianidad y consecuentemente la estructuración de los sistemas de control de la autoridad ("y del orden público"), los servicios, etcétera, el plan DN-III-E fue diseñado para controlar las situaciones y "Mantener el orden y asegurar el buen gobierno o restableciendo a la mayor parte de la población en caso de que así se haga necesario".

Por esa razón el operativo prevé una organización de masas que en términos ejecutivos recae en la oficialía militar, concretamente en el secretario de la Defensa Nacional, que es la encargada de coordinar a otras autoridades civiles, para realizar el plan. Esto implica una subordinación de factores en la autoridad militar en la zona de desastre.

Además, dicho plan establece como obligatorio que en las zonas militares se realicen proyectos preventivos que reúnan la determinación de áreas susceptibles a sufrir desastres naturales, y la prospección de acciones de ayuda a la población afectada, de medidas de seguridad, etcétera.

Teóricamente la ejecución del plan se realiza en tres etapas, a saber:

1) Antes del desastre:

* Recolección y difusión de información meteorológica por el órgano director.

* Organización de la Red de Alarma.

* Censo de albergues disponibles.

* Censo de centros de hospitalización.

* Evacuación hacia los refugios y albergues cuando el desastre es inminente.

* Seguridad a las áreas evacuadas.

2) Al presentarse el desastre:

* Rescate de rezagados.

* Alimentación y atención médica en los albergues y poblados aislados, hasta la normalización de la situación.

* Protección a la propiedad pública y privada en las áreas evacuadas y en los propios albergues.

3) Después del desastre:

* Saneamiento de las áreas dañadas.

* Despeje y reconstrucción de caminos.

* Rehabilitación de la población en sus hogares.

* Abastecimiento de diversos artículos de beneficio y atención médica, hasta lograr la normalización de las actividades en las áreas dañadas.

La operación del Plan DN-III-E en Ciudad Guzmán, a decir de dos oficiales encargados de su funcionamiento, fue un éxito, porque se logró la coordinación de las diferentes secretarías o departamentos así como de las autoridades municipales para ejecutar las medidas de emergencia.

No obstante -según se observó- la llegada del ejército a Ciudad Guzmán el día 20 de setiembre de 1985, y la contactación con las autoridades civiles llevó algunas horas en las que se tuvieron discusiones respecto a las acciones a tomar, lo que obligó a los oficiales a detener las reuniones para proceder a la elección de los albergues y de las formas de acopio de víveres y ropa, así como de la elaboración de alimentos y su abasto.

He señalado que se designaron tres albergues: la Escuela de Enfermería y la de Veterinaria de la Universidad de Guadalajara, donde además se instaló el centro de acopio: las clínicas del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) y de la SSA, donde además se brindó atención médica a los heridos. De la Escuela de Enfermería surtieron de alimentos calientes a los otros dos albergues tres veces al día. Posteriormente designaron un conducto de abastecimiento de la misma Escuela de Enfermería hacia las poblaciones de Gómez Farías y Tecalitlán.

El ejército prácticamente se redujo a esas actividades en los albergues y a la vigilancia de las construcciones riesgosas. Otros aspectos como el reparto de ropa y otros artículos dentro de los mismos albergues, así como la reglamentación fue cubierta por los encargados civiles de las instalaciones. El operativo duró exactamente un mes, el día 20 de octubre los responsables militares decidieron retirar el plan, señalando que la situación estaba en vías de normalización y que en esas condiciones podía estar bajo el control de las autoridades civiles.

Además detectaron molestia en aumento de parte de los damnificados, respecto a los encargados civiles del albergue, porque estaban dosificando demasiado la ayuda que les proporcionaban (en comida, ropa, calzado, mantas, dulces, pañales, etcétera) y que era producto de cuantiosas donaciones. Estimaron los militares que esas molestias podían tomar otro cauce -"hacerse políticos"- y prefirieron no involucrar su misión.

La forma en que operó el Plan DN-III-E en ciudad Guzmán, con todo y que ofreció resultados esperados, evidenció grandes fallas sobre todo en el renglón de las acciones preventivas, lo que en buena medida es un reflejo de lo que adolece el Plan DN-III-E. La llegada del ejército a la ciudad y el tiempo transcurrido en la elección de los albergues mostró que no se tenía previamente identificado este aspecto.

Me parece que el plan en cuestión está diseñado para operar con cierto grado de eficiencia en situaciones de desastres previsibles, como los provocados por condiciones meteorológicas (inundaciones, ciclones y hasta tornados), en el caso de un suceso sísmico (y aún en el de la erupción de un volcán, por ejemplo el Chichonal, que es posible prever con varias horas de anticipación) difícilmente predecible con exactitud hasta de años, las dos primeras etapas -antes y durante el desastre- no se cumplen sino junto con la tercera, que teóricamente se ejecuta después del desastre, lo que en mucho dificulta el esquema de la operación. Esto, a mi juicio, no requiere de grandes modificaciones al plan, sino que más bien se hace necesario considerar seriamente la eventualidad sísmica en los planes de las comandancias de zonas militares, es decir, caracterizar con registros sismológicos las áreas eventualmente sujetas a este tipo de desastres y reforzar la periodicidad de los registros de instalaciones susceptibles a funcionar como albergues, centros de hospitalización, etcétera, tomando en cuenta el menor riesgo sísmico de las instalaciones a partir de estudios de ingeniería y emplazamiento.

El Proceso de Reconstrucción

El proceso de reconstrucción que se ha generado en Ciudad Guzmán ha adoptado formas que tienen que ver con diversas condiciones históricas, urbanas y sociopolíticas.

Las precarias condiciones de existencia de la mayoría de la población urbana guzmanense, acentuadas en los últimos cinco años por el crecimiento acelerado de la población en la ciudad que pasó de alrededor de 60 mil en 1980 a 100 mil en 1985, la retracción de la economía nacional y regional, así como la multiplicación de habitantes por vivienda, fue conformando un ámbito urbano de alta presión sobre el espacio y de potencial dinámica sociopolítica de clase.

El clero secular guzmanense identificado con la teología de la liberación, ha participado desde por lo menos 1965 en labores organizacionales en los ámbitos populares en los que la fe cristiana ha sido, de tiempo, un elemento importante de vinculación social. El gobierno municipal -o lo gobiernos- ha estado atento a regular sus acciones de autoridad, más bien por intereses políticos externos y se ha separado de las demandas inmediatas del pueblo. El Plan General Urbano de Ciudad Guzmán, de manufactura Municipio-Estado-Nación, difundido en 1982, recoge una visión de reordenamiento urbano netamente servil a los intereses de las clases privilegiadas y del capital nacional y transnacional.

Esas circunstancias principalmente, y lo que se deriva de ellas prácticamente, han conformado un proceso de reconstrucción dual, en donde los esfuerzos de los diferentes niveles de gobierno marchan por desigual camino respecto a las propias iniciativas populares en su reconstrucción.

Para ilustrar esta dualidad en el proceso de reconstrucción, creo pertinente hacer una introspectiva hacia los damnificados, para entender quiénes son. Me valgo de las encuestas levantadas por alumnos del Colegio de Geografía de la UNAM, dirigidos por el que esto escribe, en una visita a la ciudad en cuestión, un mes después del suceso sísmico.

De la población encuestada el 81% dependía económicamente del restante 19%. Comparado con la cifra de la población en edad productiva que es del 60.5% del total, se puede ver la magnitud del desempleo y aún más si consideramos que en la mayoría de los casos encuestados, de las personas que perciben ingresos tenían trabajo eventuales o subempleos).

Ciertamente, el desastre no tocó prácticamente la planta productiva, como lo han señalado los informes oficiales, y lo que sucede es que la planta productiva guzmanense -como se ha visto en el apartado anterior- es caracterizada por comercios y empleos llamados "no productivos" en el sector de los servicios en lo fundamental.

Los empleos de los jefes de familia damnificados se concentran básicamente en los sectores de la construcción, 17% (albañiles, ladrilleros, peones), agrícola y pecuario 12% (jornaleros, agricultores), comercio y servicios -no gubernamentales-, 13% (abarrotes, vendedores ambulantes, meseros, comerciantes, etcétera); empleados municipales 4.6% (policía, aseo público, empleados del ayuntamiento); empleados de oficinas del gobierno estatal y federal 13.5%; obreros 22% y un 20% de los trabajadores damnificados se empleaban en diferentes actividades como: domésticas, carpinteros, electricistas, costureras, cargadores, etc.

Lo anterior indica que por lo menos el 22% de los trabajadores dependían de empleos que poco tienen que ver con afectaciones urbanas, me refiero al sector agrícola y con respecto a los ocupados en la construcción, cuya fuente de empleo teóricamente no se pierde con el desastre sísmico, sino que por lo contrario tiende a afirmarse con las necesidades de construcción. Otro 20% de los trabajadores damnificados se ocupaba en labores cuya plaza de trabajo dependía en buena medida de su capacitación y promoción personal (carpinteros, electricistas, costureras, cargadores), mientras que las domésticas tampoco sostenían relación laboral alguna y es presumible que su fuente de ingresos no se haya visto afectada debido a que se empleaban en casas de familias de mediana y alta capacidad económica, habitantes en general de casas de material que en su mayoría no sufrió daños.

No se registraron daños significativos en fábricas o talleres, con lo que el personal damnificado que laboraba en ellas tampoco perdió, en general, su fuente de ingresos, 22%; el resto de los empleados percibían ingresos del erario público por la prestación de servicios personales.

En suma y respecto al tema en discusión, la tragedia evidenció que los damnificados poco tenían que perder -me refiero a la estructura de las ocupaciones- salvo su vida y desde luego su "intimidad protegida", es decir, sus casas, habitaciones, sus espacios familiares.

La situación de la vivienda al momento del suceso sísmico en los casos analizados es como sigue: el 11% de las viviendas afectadas eran casas solas propias, contra el 28.3% de casas solas rentadas, cuyos habitantes pagaban rentas mensuales que fluctuaban entre 2 mil pesos, la cuota más baja, hasta 10 mil pesos la cuota más alta. El 15% de las viviendas dañadas fue consignado como casas solas prestadas. Cerca del 23% de las viviendas dañadas estaban ubicadas en vecindades donde sus moradores pagaban rentas mensuales de entre mil pesos y 5 mil pesos.

(MAPA 2 APROXIMADAMENTE AQUI)

Las cifras anteriores demuestran que el 60% de las viviendas afectadas no eran propiedad de quienes las habitaban, lo cual supone un alto número de población inquilina. De hecho también en este rubro, los damnificados poco perdieron a no ser del lugar de vivienda, que aunque no propia, de todas maneras se fueron a la calle y en ese sentido es la magnitud de las pérdidas.

La situación del inquilinato -respecto a la vivienda- del subempleo o empleos eventuales y la gran proporción de población económicamente dependiente, así como las relaciones urbanas reguladas por la autoridad (Plan General Urbano), son factores que contribuyeron a conformar ciertas respuestas de los damnificados frente a la reconstrucción, hay que agregar la consideración de la organización civil y religiosa, así como de los grupos de poder existentes en Ciudad Guzmán antes de los sismos de setiembre, para entender la forma en que se ha delineado el citado proceso de reconstrucción.

La Reconstrucción Institucional

Unos días después de la ocurrencia de los sismos destructores, el gobierno de la entidad instaló un "Comité pro- Reconstrucción del Sur de Jalisco", con la participación del gobernador, secretario y subsecretario de Gobierno, jefe de Obras Públicas del Estado, el delegado de SEDUE, el Comandante de la XV zona militar, el rector de la Universidad de Guadalajara y el Presidente Municipal de Ciudad Guzmán.

Dicha comisión empezó a funcionar cuantificando y clasificando los daños, distribuyendo brigadas de estudio en la zona de Ciudad Guzmán, una en Gómez Farías y otra en Tecalitlán. Ciertamente antes que la evaluación de los daños, el citado comité procedió a remover escombros y a despejar las calles (descombre, limpieza y demolición de fincas) con ayuda de "excavadoras, cargadores frontales, motoconformación y camiones de volteo, que en gran parte fue facilitado por la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción, Delegación Jalisco". (El Sureño, 28/IX(85).

Al mismo tiempo se anunciaba la instalación en Ciudad Guzmán de un parque de materiales de construcción, mientras que se trabajaba en la rehabilitación de escuelas. El DIF-Jalisco y la Cruz Roja local centralizaban buena parte de las donaciones en ropa, alimentos y medicinas.

Las organizaciones empresariales jalisciences no formaron un frente común respecto a la reconstrucción. El centro empresarial de Jalisco concedió al gobierno del estado la coordinación de los trabajos de reconstrucción, se pronunció en favor de que los donativos administrados por el gobierno se centraran especialmente en material de construcción y equipo. Otros organismos empresariales también prefirieron "ver de cerca" los trabajos de reconstrucción, sin comprometerse a acciones concretas con el propio gobierno. La Cámara de la Industria de Transformación, la CANACO de Guadalajara, e industrias individuales se sumaron a la reconstrucción institucional.

Se puso en marcha el Programa de Reconstrucción y Mejoramiento de la Vivienda para la Zona Sur de Jalisco, citado antes. Por el Comité Pro-Reconstrucción, la organización de sus funciones en 10 zonas en que se dividió Ciudad Guzmán, tenía también el propósito de conminar a los guzmanenses a colaborar con el gobierno en el descombre, demolición y limpieza. Particularmente se hicieron esfuerzos con los habitantes de la colonia Cristo Rey, a la que me referiré en el apartado siguiente.

La publicidad de los trabajos del Comité, informaba que se hacían estudios socioeconómicos (trabajo social) para determinar "el grado de necesidad para la reconstrucción". Se argüía asimismo que era necesario que la población contribuyera con el comité desocupando sus casas dañadas -en aras de proteger sus vidas, y no verse en la necesidad de "recurrir a presiones de otra índole".

A principios de octubre de 1985, con motivo de una donación de 500 millones de pesos anunciada por la Cruz Roja Mexicana, para los damnificados, se celebró en el palacio de gobierno de Guadalajara, una conferencia de prensa en la que se informó de las evaluaciones de los daños en Ciudad Guzmán, Gómez Farías y San Andrés Ixtlán y el cálculo de construcción de 81.000 m² para resarcir las viviendas afectadas en las tres poblaciones. Ahí mismo se dejó ver que el gobierno del estado preparaba una mejor organización para dar marcha a las tareas de reconstrucción tal vez derivada de la limitación del Comité Pro-Reconstrucción que al parecer avanzó sólo en evaluaciones no demasiado certeras y en las actividades de demolición y limpieza de escombros.

El jueves 10 de octubre de ese año, el Presidente de la República realizó una visita a Ciudad Guzmán. Tras ofrecer su "más sentido pésame", elogió la limpieza de las calles y la destreza de las uñas propias con las que se rascaron los gobernantes jaliscienses durante los primeros días de la tragedia "sin pedir ayudas extraordinarias del gobierno federal". Ahí mismo fue informado por el gobernador de la entidad de las pérdidas de vidas y materiales como saldo de los sismos de setiembre; y en el mismo acto el gobernador dio la cifra de 5 mil 515 millones de pesos como gastos calculados necesarios para financiar la reconstrucción.

También se dio a conocer "un programa de atención inmediata al problema de la vivienda popular... con apoyo crediticio para los damnificados, facilidades para adquirir materiales y asesoría técnica para la reconstrucción. Señaló que con el apoyo económico de $500.000.000,oo aportados por la Cruz Roja Mexicana se constituye un fondo inicial para realizar en Ciudad Guzmán, un fraccionamiento de carácter social, sobre un terreno de seis hectáreas adquirido por el gobierno del estado. El proyecto contempla la construcción de 400 pies de casa que se ofrecerán en primer lugar a quienes careciendo de propiedad particular y estando sujetos al régimen de renta han quedado sin casa habitación".

Una semana más tarde se anunció la próxima instalación de un "Comité Estatal de Reconstrucción", con una composición similar al "Comité" anterior, pero con lineamientos de acción más precisos, a saber: la primera acción hace referencia a la cita de líneas arriba, es decir, con los dineros de la Cruz Roja, se compraría un terreno en Ciudad Guzmán para construir un fraccionamiento para viviendas con instalaciones mínimas indispensables (pie de casa) y dando prioridad a los inquilinos a los que se apoyaría con créditos "tipo FONAPO". La segunda se refería a la promoción de la auto-construcción, con materiales y créditos "baratos y oportunos" para los damnificados.

El día 29 de octubre, el periódico oficial del estado dio a conocer un decreto con el que se creaba la "Comisión Estatal de Reconstrucción del Sur de Jalisco (CERSJ)" y en los primeros días de noviembre ya daba a conocer, por conducto de su coordinador, las condiciones en las que se haría la concesión de créditos para los damnificados: dichos créditos debían pagarse con un interés del 9% a plazo de 11 años. El requisito "único" (¡!) sería el de percibir hasta dos y media veces el salario mínimo.

Ahora bien, en los casos de damnificados que tuvieran ingresos mayores al plazo de pago se reduciría a 7 años. Para los inquilinos se preveía que se sujetaran a las condiciones de pago de 11 años, si cumplían con el requisito de ingresos fijados. El mismo coordinador de la CERSJ indicaba la existencia de diseños arquitectónicos para los "pies de casa" a financiar y la intensión de brindar asesoría técnica en las construcciones.

Lo anterior era fijado como una de las prioridades de la CERSJ, otra de ellas contemplaba la reparación de escuelas. Por esas fechas el que era Presidente Municipal de Ciudad Guzmán y miembro de la CERSJ advertía a los damnificados que los donativos recibidos por la Comisión serían únicamente encausados a la reconstrucción de escuelas, hospitales e instituciones públicas. En consecuencia la ayuda a los damnificados se daría gestionando créditos financieros y en materiales de construcción provenientes de la banca nacionalizada o de un fondo que se pensaba formar con la participación de entidades públicas y asociaciones civiles; advirtió finalmente que "no esperarán que se les regale una vivienda".

Por otra parte, a mediados de noviembre de 1985, se hicieron públicas otras donaciones recibidas por el gobierno de la entidad, que ascendían a más de 93 millones de pesos, provenientes de sindicatos y empresas privadas de Guadalajara y que serían canalizados a través del DIF-Jalisco para las "tareas de reconstrucción".

Para esas fechas ya la organización popular de damnificados había acelerado su proceso de organización y cuestionaba los requisitos oficiales para la concesión de créditos. En esos momentos se encontraba en plena campaña el candidato a presidente municipal del PRI, quien sostenía estrecha relación con los funcionarios de la CERSJ, y en su campaña por los diferentes barrios de la ciudad contribuía a hacer más confuso el panorama de las acciones de la CERSJ: "ha aclarado... que la primera etapa consistirá en proporcionar préstamos a las personas que justifiquen ingresos acordes con el salario mínimo y la ausencia de vivienda. Al dejar claro lo anterior dijo que a los segundos (sic) que se les concederá créditos será a quienes habiendo sido inquilinos hayan quedado sin vivienda, comprobando también que cuentan con un salario mínimo general, pagaderos a 10 ó 15 años, según el caso y en cómodas mensualidades".

A tres meses de ocurridos los sismos destructores, la reconstrucción institucional no había dado casi nada, salvo la amenaza de ajetreos burocráticos para asignar "ayuda" financiera. La organización popular de damnificados que para ese entonces ya había formado un "comité" realizó movilizaciones impresionantes en Ciudad Guzmán para desenmascarar a la reconstrucción institucional respecto a las acciones de "ayuda" y para presionar al CERSJ con el objeto de que modificara no sólo el tortuguismo y su ineficiencia, sino los requisitos y la concepción misma de ofrecer créditos a los damnificados, al mismo tiempo en que obligaban a negociar el plan de vialidades (alineamientos) de la ciudad. El 18 de diciembre, el comité central de damnificados envió sendas cartas al gobernador de la entidad y al presidente municipal, donde a título de "pliego petitorio" condicionan la participación de los damnificados en la reconstrucción institucional.

Sólo hasta esas fechas el CERSJ dio a conocer por fin el plan de creación del nuevo fraccionamiento, que se haría con el citado donativo de la Cruz Roja Mexicana señalando su localización (a espaldas del edificio de la Cruz Roja Local) y la lotificación para construir 400 pies de casa.

El ayuntamiento guzmanense por su parte, se vio en la necesidad de regular respecto a sus intenciones de desalojar o, dicho en otros términos, de desaparecer la colonia Cristo Rey, obedeciendo aparentemente al Plan General Urbano de la ciudad, que establecía la limitación al crecimiento urbano en esa zona. Tan reculó que empezó a tomar iniciativas (dirigidas desde luego por el CERSJ) para reconstruir viviendas, y edificar otras nuevas en la misma colonia, como resultado de sus intentos frustrados de acopiar argumentos técnicos y científicos que apoyaran los desalojos bajo el sustento de que era zona esa en extremo riesgosa. Otros frentes de la reconstrucción institucional respondieron ante la movilización popular de los damnificados. El INFONAVIT anunció que construiría más de 2 mil viviendas durante 1986 en la zona sur de Jalisco.

El 28 de enero de 1986, la CERSJ dio a conocer las medidas adoptadas hasta esa fecha y algunas cifras de los fondos que se habían constituido. Menos de mil familias eran las que según la CERSJ estaban siendo atendidas con créditos. Asimismo también los industriales "cuyas empresas resultaron afectadas con el temblor" resultaron ser sujetos de crédito, es decir, y con toda seguridad, damnificados que cubrían el requisito de ingresos de dos veces el salario mínimo.

Los fondos: el revolvente (del Fondo Nacional de Reconstrucción) de $1.000.000,00; donativos canalizados por la tesorería general de Jalisco: $250.000.000,00 y $200.000.000,00 que se recibieron en la cuenta No. 1 de NAFINSA en Jalisco; otros $500.000.000,00 asignados por el CAPFCE para la reconstrucción de escuelas afectadas en el sur de la entidad.

Por otro lado, la CERSJ señaló que se estaba resolviendo fundamentalmente el problema de quienes tenían casa y se quedaron sin ella totalmente, estando en proceso la construcción de 372 nuevas viviendas dispersas en Ciudad Guzmán; se construían además 170 casas en lotes de damnificados y 300 casas en "nuevas áreas de expansión", sumadas serían 842 nuevas casas, de las que 542 se edificarían en los espacios urbanos internos de la ciudad. Nada se dijo del nuevo fraccionamiento de la Cruz Roja ni de sus 400 pies de casa. Nada se dijo del problema de los inquilinos, pero sí se aludió a una reestructuración del Plan General Urbano de Ciudad Guzmán a cuya modificación se aprestaba la CERSJ con el auxilio de investigadores y alumnos de la Facultad de Geografía de la Universidad de Guadalajara. Curiosamente otras instancias ligadas a esa universidad, como la recién creada Asociación de Egresados de la Escuela Regional de Enfermería, denunciaron públicamente "malos manejos" e ineficacia de la CERSJ. No obstante la CERSJ insistiría luego en que avanzaba en la construcción de 400 viviendas para damnificados, que se reparaban 152 casas y que otras 305 eran reparadas por los damnificados con apoyo de esa comisión. Números confusos en cuanto a las acciones en construcciones, pero muy claros ofrecía la CERSJ en cuanto a las raciones alimenticias que surtía aún a damnificados que a finales de febrero de 1986 permanecían todavía en albergues: 29,925 raciones distribuidas hasta esa fecha.

En una entrevista concedida por el coordinador de la CERSJ a un corresponsal del diario Uno más Uno, a mediados de marzo de 1986, aquel informó que apenas se entregarían las primeras 100 casas reconstruidas (4% de lo calculado a reconstruir), es decir, un avance del 4% pero además indicó que en otros 6 meses podría ser concluida la reconstrucción, contado con los recursos suficientes que estimó en 4.500 millones de pesos (cfr. la cifra del gobernador de la entidad de 5 mil millones de pesos, dada a conocer al Presidente de la República, el 10 de octubre de 1985, como gastos necesarios para la reconstrucción.)

Por otra parte, reconoció que por lo menos el 30% de las casas que se están edificando son autoconstruidas y que sólo se les vende materiales con un supuesto ahorro del 60%. "En cuanto a los aspectos financieros, el préstamo máximo para construcción es de un millón 200 mil pesos, y para reconstrucción de 600 mil hasta 800 mil pesos. La tasa de interés será del 9% anual. El plazo para el pago se determinará con base en los salarios. Por ejemplo para la construcción total, los que ganan menos del salario mínimo (NB) pagarán en 20 años, mientras que los que perciben 2.5 veces más de ese ingreso liquidarán en 10 años. Igualmente para mejoramiento de vivienda los de menor ingreso saldarán en 15 años y los de mayor en 10. Se dará un período de gracia sin interés, de doce meses a los de menor ingreso y de seis para los de mayor ingreso".

Evidentemente los cálculos de la CERSJ así como las valoraciones y los datos de acciones de reconstrucción se manifiestan sobre la base o suposición de que es esta comisión quien cubre los costos totales (materiales, económicos, organizacionales, etc.) de la reconstrucción. La realidad es otra, la mayoría de esos costos -según mi acopio de información, cerrada en marzo-abril de este año- corren por cuenta de la organización popular.

La Reconstrucción Popular

Cierto es que en Ciudad Guzmán la ocurrencia de sismos es cosa de sobra conocida por sus habitantes; sin embargo, los terremotos de setiembre a pesar de no haber causado tantas muertes como otros sucesos sísmicos anteriores, si alcanzaron la mayor destrucción generalizada de edificaciones e incidieron de manera inédita en la cotidianidad urbana de alta densidad demográfica.

La deficiente calidad de vida de la mayoría de los guzmanenses, así como la agudización de los problemas del desempleo, subempleo y la escasez de alternativas al respecto acentuadas por la crisis del país, aunado todo a las determinaciones económicas y políticas impuestas desde fuera, como resultado del proceso regional señalado antes, iban condicionando de muchas maneras la respuesta que la población tendría que dar al desastre.

Las condiciones de vivienda se habían empeorado en los últimos cinco años (que corresponden con la agudización de la crisis nacional), densificándose el hábitat al que se subdividiría por medio de paredes y techos casi improvisados para hacer más viviendas dentro del mismo espacio. De ello se veían las repercusiones en el alza de la renta del suelo urbano que permitió a particulares y a autoridades municipales imprimir nuevos sellos de especulación con el suelo urbano mediante la construcción de fraccionamientos y colonias residenciales o medias. Vivienda y trabajo serían las principales necesidades de los proletarios e incluso estratos medios guzmanenses.

En esas condiciones las fuerzas actuantes de la sociedad guzmanense se desenvolvían al suceder los terremotos de setiembre de 1985. Particularmente las organizaciones religiosas tendrían un papel relevante en la medida en que desde mediados de la década pasada sostenían una actividad muy vinculada con las demandas populares (me refiero a los católicos, es decir, al clero secular y a los religiosos, principalmente los jesuitas) como una respuesta a su identificación con la llamada "teología de la liberación". La penetración de la iglesia católica en la cotidianidad del pueblo de Guzmán, no sólo se hacía mediante la fe -de tiempo muy acendrada en las conciencias- sino a través de la reflexión sobre sus condiciones materiales de existencia.

Tal vez el análisis de un caso representado por la colonia Cristo Rey o Montaña Oriente, ilustre de manera adecuada los vínculos de la reflexión cristiana con la lucha por el espacio urbano.

La citada colonia se creó hace cerca de 10 años mediante la compra de lotes en terrenos ejidales, que por su naturaleza se vendieron a precios y plazos más accesibles a los compradores. La irregularidad implícita de la creación de esa colonia obligó a sus pobladores a mantener una organización para garantizar primero la defensa de su lote y después del surtimiento de los servicios urbanos (agua, energía eléctrica) por parte del municipio, cosa que fueron logrando paulatinamente. Luego se enfrentaron al Plan General Urbano de Ciudad Guzmán que imponía restricciones y condicionamiento para el abasto de servicios urbanos, y con ello también tuvieron que resistir los hostigamientos de las autoridades municipales.

Cuando se hicieron presentes los terremotos setembrinos, la colonia Cristo Rey resultó muy afectada de hecho en términos de entidad intraurbana fue la que más daños sufrió. (70% de sus edificaciones dañadas, representando 45% del total de las edificaciones afectadas en Ciudad Guzmán). Los colonos, en los momentos posteriores a los sismos, respondieron de la misma manera que el resto de los guzmanenses, es decir, con incertidumbre, miedo solidario y fueron presa de los primeros desalojos institucionales.

Esto último motivó una reacción casi espontánea de los colonos que de inmediato se opusieron al desalojo y emprendieron la tarea de llamar a sus vecinos que se encontraban alojados en albergues para que retornaran a defender sus posiciones. Ayudados por el clero, establecieron un albergue independiente y canales alternativos de acopio de donaciones en víveres, ropa y medicinas al mismo tiempo en que organizaban reuniones para atisbar las perspectivas de su propia reconstrucción.

Los hostigamientos de las autoridades municipales se recalcitraron en esos momentos en que blandían el argumento de la peligrosidad del terreno para ser habitado. Tales fueron las presiones que tanto autoridades (involucrado el gobernador de la entidad) como colonos, negociaron un acuerdo: si se demostraba la inhabitabilidad de los terrenos de la colonia por la peligrosidad sísmica, los vecinos se trasladarían a lotes sin servicios urbanos que proporcionaría el ayuntamiento.

De ese acuerdo se desprenderían las acciones referidas líneas antes relativas a los desesperados e infructuosos intentos del gobierno municipal por reunir argumentos científicos y técnicos que probarán la inhabitabilidad de la zona, y la colaboración lograda por los colonos de Cristo Rey, del ITESO que afirmó su permanencia.

Debido a que la experiencia de la colonia Cristo Rey fue muy importante en la organización de los damnificados de Guzmán, creo pertinente hacer un acercamiento a las condiciones de esa colonia, al momento de presentarse los sismos aludidos, y me valgo del análisis de las encuestas aplicadas por los estudiantes del Colegio de Geografía de la UNAM, referidas antes.

La población de Cristo Rey se mantienen de empleos diversificados pero concentrándose en el sector de la construcción, donde el 25% de la muestra labora como albañiles, ladrilleros y peones, otro 20% trabaja en actividades agrícolas y pecuarias y otro 20% trabajan como empleados de gobierno.

Hay un alto porcentaje (15%) de mujeres que trabajan, en su mayoría, como empleadas domésticas, y sólo un 8% son obreros de empresas particulares; cerca de un 9% trabajan en actividades ligadas al comercio y a los servicios. Salta a la vista que la mayoría de las ocupaciones son de remuneraciones eventuales y remarca las condiciones económicamente deprimidas de los colonos y sobre todo si se le compara con el análisis similar de los damnificados de Guzmán.

Ahora bien, debido a las características bajo las cuales se creó la colonia citada, la mayoría de sus pobladores vivían en casa sola propia (60%), mientras que un 15% vivía en casa sola rentada, un 14.5% en casa sola prestada y sólo un 5.5% de los colonos habitaba en vecindades pagando rentas congeladas; el resto se consignó viviendo en casas consideradas bajo el rubro de tenencia de "otras".

Me parece que dadas esas condiciones, la mayoría de los afectados de la colonia eran propietarios de sus casas, lo cual sumado al proceso de organización general de los damnificados en la ciudad, nucleados mediante comités de barrio, empezaron a plantear alternativas de reconstrucción que atendían más a las preocupaciones de propietarios que de inquilinos.

El caso de Cristo Rey, el plan de vialidad de Ciudad Guzmán, la ineficacia de los esfuerzos de la reconstrucción institucional y el empeoramiento de las condiciones de vida de los damnificados tanto en los albergues como en sus propias ruinas, entre otras cosas, fueron motivando la organización de los damnificados de Ciudad Guzmán que tomó formas espaciales que abarcaron toda la cabecera municipal y empezó a gestarse como una organización paralela a la organización del gobierno, y en ello el papel del clero fue fundamental. Cierto presbítero refería que el clero aportó a los damnificados "agentes bien preparados" y la experiencia de 8 años de trabajo con el pueblo, mientras que el gobierno sólo ofreció policías.

Cierto es que la reconstrucción institucional inició sus operaciones con una organización espacial totalmente arbitraria dividiendo a la ciudad en 10 zonas o "frentes" que al parecer se delinearon a partir de las primeras impresiones sobre los grados de destrucción de las viviendas, o tal vez correspondiendo al proyecto de obras de alineamientos; cada frente se cubrió por un ingeniero o arquitecto responsable. "Dos técnicos de apoyo, cuatro elementos del ejército y cinco policías con unidad móvil y radio", luego esos frentes sólo sirvieron para demoler fincas y limpiar calles, pero curiosamente la CERSJ basó sus operaciones en esa división de la ciudad, que en realidad no tiene correspondencia con nada que involucre la participación de los ciudadanos guzmanenses.

Contrariamente a lo anterior, el clero ofreció su organización espacial a los damnificados: La "organización popular" o Comité Central de Damnificados empezó a gestarse sobre la base de las 9 parroquias (zonas) en que está dividida la ciudad, en cada zona se creó un "comité de zona", que reunía representantes de comités de calles, y los representantes de la zona conformaban el comité central. También la organización popular determinó sus etapas operativas (emergencia-reconstrucción) que fueron siempre alternativas a las acciones gubernamentales. El clero utilizó sus redes de relaciones nacionales e internacionales para efectuar acopio y canalización de donativos, así como de asesoría técnica en diversas esferas.

La "organización popular" fue adquiriendo un nivel de organización tal, que involucró a la mayoría de los damnificados en las tareas de su reconstrucción, no sólo contemplaba aspectos financieros y técnicos relativos a las labores de reedificación de viviendas sino que alcanzó terreno en la acción política frente al CERSJ y frente a los problemas urbanos que atañen a la población de manera inmediata como el citado plan de vialidad.

Dos meses después de los sismos, la situación de los damnificados que se encontraban en los albergues era cada vez más difícil, debido sobre todo a restricciones reglamentarias (horarios y mayor rigurosidad en la dotación de despensas); muchos de ellos habían abandonado antes los albergues para integrarse a sus barrios, esto coincidió con algunas medidas adoptadas por la dirigencia de la organización popular que consideraba que en la etapa de reconstrucción los damnificados debían hacer frente a su realidad.

Por otro lado las confusiones y deficiencias de la CERSJ, los requisitos fijados para otorgar crédito, las múltiples donaciones hechas públicas que debía administrar aquella comisión pero que los damnificados no veían por ninguna parte, aunado todo a la prepotencia de la ayuda oficial, fue fortaleciendo la unidad y claridad de los damnificados. Además el plan de vialidad se veía cada vez más como una amenaza que atentaría contra los ya de por sí afectados ciudadanos restándoles espacios a sus viviendas por la ampliación de las calles, y sin ninguna seguridad de que recibirían una indemnización justa.

Llegó el momento en que la organización popular de damnificados decidió hacer presiones a las autoridades municipales y a la CERSJ para esclarecer los términos de la ayuda que la reconstrucción institucional debía brindar y que tanto proclamaba para que los damnificados se dejaran ayudar. A mediados de diciembre de 1985 el Comité Central de damnificados realizó una multitudinaria manifestación en la plaza central para respaldar un pliego petitorio que sometieron a las autoridades, mismo que recogía las reflexiones populares en cuanto al proceso de reconstrucción.

Resumían los casi tres meses de vivir como damnificados en viviendas improvisadas o hacinados con otros vecinos, además de subrayar la pérdida de empleos de muchos de ellos, como un factor que empeoraba sus condiciones de sobrevivencia. Aglutinando también a los damnificados de Gómez Farías, el Comité Central de damnificados argumentaba que la inoperancia de la CERSJ y sus propias condiciones de existencia les había obligado a organizarse para discutir y participar en su proceso de reconstrucción; solicitaron al gobernador de la entidad, discutir el proceso de reconstrucción, es decir, participar activamente en él y no esperar los designios de las autoridades directamente responsables de la reconstrucción que ya habían dado muestras de ineptitud y prepotencia, como medidas clásicas para imponer los lineamientos de la reconstrucción.

En otros términos los damnificados proponían a las autoridades "negociar" la reconstrucción, con lo cual implicaban la exigencia de que se les reconociera como fuerza u organización independiente del gobierno, pero al mismo tiempo dispuesta a colaborar con él a condición de que la ayuda tuviera un sustento razonable en términos de que el financiamiento proveniente de donaciones de grupos de la sociedad civil no fuera negociado por las autoridades cobrándoles intereses por muy bajos que fueran.

Al mismo tiempo el Comité Central de damnificados condicionaba la puesta en marcha del plan de vialidad, es decir, de los alineamientos para que en última instancia éstos se efectuaran también con la participación de los afectados, ejerciendo implícitamente su derecho a opinar y defenderse de las obras urbanas que se les imponían arbitrariamente, así como lo que de ello se desprende en cuanto a las indemnizaciones que exigían fueran pagadas en efectivo y a precios comerciales. Además, la organización de damnificados iba más allá en su demanda, pues también exigía hacer valer el derecho de los ciudadanos de opinar y ser consultados para la realización del Plan de Desarrollo Urbano y "que no se tome el pretexto del alineamiento para distraer la atención del problema principal que es la reconstrucción; pedimos que no se sigan aprovechando las circunstancias adversas que vivimos para embellecer la ciudad, cuando no podemos satisfacer nuestras necesidades más elementales."

En el punto relativo a los créditos para la reconstrucción de viviendas, textualmente se indicaba: "NO aceptamos que el donativo que nos enviaron como regalo a los damnificados, se aproveche para negociar con el 9% de interés. Pedimos que en el peor de los casos las autoridades negocien con ese dinero pero sin intereses." "Nuestras familias no están en posibilidad de satisfacer los excesivos requerimientos que nos pretenden imponer". El pliego petitorio tenía otro punto que consideraba la situación de los inquilinos, y requería para ellos la concesión de terrenos y créditos sin intereses. Asimismo pedían que se eximieran de todo compromiso como respuesta a la ayuda otorgada a las viudas, ancianos y a los más pobres "de entre los pobres" de los damnificados.

Otros puntos del pliego petitorio se señalaban como claramente contestatarios a las medidas previamente adoptadas por los préstamos de reconstrucción institucionales, a saber: se requería que los préstamos se hicieran en efectivo, debido a que la CERSJ los había ofrecido en materiales de construcción; que se concedieran créditos a grupos organizados, debido a que el CC de damnificados ensayaba la organización de cooperativas de autoconstrucción y era necesario el reconocimiento tácito de las mismas al considerarlas sujetos de crédito. Pedían también que se eliminara el requisito de la CERSJ de exigir escrituras de las propiedades debido a la natural desconfianza respecto a su manejo por parte de las autoridades.

Finalmente y para reafirmar la independencia del movimiento en el proceso de reconstrucción exigían que se reconocieran a los cuerpos técnicos que les iban asesorando en los proyectos y diseños de construcción, asimismo pedían "que se respete el derecho de recibir ayudas solidarias de otros pueblos" ante la centralización y condicionamiento del gobierno de aceptar ayuda siempre y cuando ésta fuese canalizada a través de sus organismos.

Por otra parte, los damnificados solicitaron al gobierno dos tipos de colaboración concreta: la primera hace referencia a su solicitud de asesoría en problemas de ingeniería sísmica, particularmente para las edificaciones ubicadas en o al lado de ciertas fallas geológicas detectadas en Guzmán. El otro tipo de ayuda expresa fue que se crearan fuentes de trabajo para los damnificados.

Efectivamente, las presiones de los damnificados y su pliego petitorio obligaron a las autoridades a negociar. Los resultados de esa negociación no fueron demasiado convincentes para los damnificados, y de ahí su ulterior respuesta.

El acuerdo al que llegaron con las autoridades contempló los siguientes aspectos: los alineamientos se hacían según lo dispuesto en el Plan General Urbano de la cabecera municipal, consultando a los vecinos respecto a la "aplicación de esa disposición" y considerando al Comité de Barrio. Respecto a los créditos y su cobro, las autoridades no cedieron en nada, salvo que convenían en hacer un análisis confrontando informaciones proporcionadas por los comités de barrio con las que obraban en la CERSJ para de ahí ver a quiénes de las "personas ancianas, incapacitadas o enfermas" se les podría proporcionar "casas sin costos".

Respecto al otorgamiento de créditos y terrenos sin costo para los inquilinos, convinieron en que "los grupos de inquilinos podrían trabajar con la comisión estatal en la construcción de sus viviendas", como si en el contexto de la negociación se pudiera acordar lo contrario, luego señalaron a un grupo de 400 inquilinos "que podrían participar en este programa", y eso es todo, es decir, tampoco cedieron un ápice.

Frente a la demanda de que los créditos fueran en efectivo, las autoridades convinieron en que "una vez acordadas con la comisión estatal de reconstrucción las características de las obras y el volumen del crédito, el acreditado podrá comprar algunos materiales al costo en el Parque de Materiales de la Comisión Estatal. Cada semana se pagará el gasto hecho y documentado según el avance de la obra". Como se ve lo que concesionó la autoridad sale de la concepción de lo que es un "crédito" y consecuentemente tampoco aquí cedieron.

En la demanda de reconocimiento y crédito para grupos organizados, el acuerdo establece que: "hay crédito para grupos organizados individualizando cada contrato" con lo que tampoco cedieron porque el sustento de los créditos sigue siendo individual, aunque tal vez se ha perfilado un cierto reconocimiento a los grupos organizados.

En otros asuntos como el reconocimiento a los asesores técnicos el acuerdo fue muy institucional, es decir, "la ayuda técnica que se preste por profesionales registrados o instituciones será válida cuando esté debidamente firmada por el responsable". De todas maneras, este acuerdo resultó útil a los damnificados en la medida en que salvaba la obstinación de las autoridades municipales de sólo acreditar a los técnicos que ellos y sólo ellos reconocían.

Respecto a la demanda de asesoría en ingeniería sísmica, las autoridades respondieron que ya se contaba con un estudio de la Universidad de Guadalajara, cosa que era falsa. Por otra parte, el requerimiento de que se respetara a los damnificados el derecho a recibir ayudas directas de otros organismos, recibió la siguiente respuesta: "es derecho de todos recibir la ayuda que se les ofrezca venga de donde venga, (pero) coordinándola con la comisión estatal de reconstrucción para mayor beneficio de todos..." Evidentemente la respuesta se dio en estricto apego a los lineamientos gubernamentales que continuaban condicionando la recepción de ayuda a su administración. Y finalmente, ante la demanda de "que se creen fuentes de trabajo para los damnificados", la respuesta "sí, se crearán fuentes de trabajo", cosa que cierra con broche de oro una "negociación" sólo formal, en la que las autoridades nada o muy poco cedieron.

Los resultados de aquella confrontación fueron precisamente los que marcaron la división o la dualidad de la reconstrucción en Ciudad Guzmán. La CERSJ mantuvo sus actividades con mucho dinero pero con pocos damnificados a los que se les agregaron los industriales, profesionistas y comerciantes afectados.

La organización popular cerró filas y aglutinó a 1.600 familias para trabajar en cooperativas de autoconstrucción, agregando organismos como PROVIPO (Provivienda Popular) que surgen de experiencias populares en lucha por viviendas y que prácticamente formuló alternativas para inquilinos; así como otras organizaciones vinculadas a las religiosas.

Tengo la impresión de que ante esto la CERSJ reblandeció sus requisitos y trámites para no evidenciar su quiebra política y atraer a damnificados, con la seducción de la ayuda fácil pero no sujeta a negociación, con lo cual además pretendería minar las filas de la organización popular.

De todas maneras la reconstrucción institucional ha mostrado enormes flaquezas y la escasa vinculación entre lo que se dice y lo que se hace. Valga pues comentar el caso de la concreción del fraccionamiento de la Cruz Roja anunciado tempranamente por el gobernador de la entidad, cuya concresión no pude apreciar en el último período de trabajo de campo (marzo-abril), mientras que sí pude corroborar que muchas de las acciones crediticias manejadas por la CERSJ se canalizaban al fraccionamiento municipal "Constitución" que hasta antes de los sucesos sísmicos tenía pocas demandas y consecuentemente poco éxito, a pesar de que el mandatario estatal lo tomó como ejemplo de la experiencia que respaldaría la creación del fraccionamiento de la Cruz Roja.

Otro asunto de singular importancia lo constituye la fijación de requisitos para conceder créditos que formuló la CERSJ y que establecía el ingreso de 2.5 veces el salario mínimo como condición para recibir ayuda y sobre todo si consideramos la jactanciosa actitud de las autoridades de haber realizado censos y estudios socioeconómicos entre la población afectada, ayudados por sus empleados y otros de la Universidad de Guadalajara, en momentos inmediatos a la catástrofe. No se entiende, en consecuencia, la fijación de ese requisito a menos que se quisiera ayudar sólo a un grupo reducido de damnificados (que sí cubrirían ese requisito), o bien la situación se explicaría en razón de una muy deficiente coordinación de los esfuerzos institucionales de reconstrucción.

Cierto es -como ya señalé- que tuvieron que hechar marcha atrás al respecto.

El asunto es que esos "errores" o deficiencias son extremadamente cuestionables en instancias de poder. Y hay que agregar la enorme prepotencia llevada al extremo por el expresidente municipal de Ciudad Guzmán que advirtió gratuitamente a los damnificados respecto a que no se les regalarían casas.

Pero mucho también puede decirse, en el mismo sentido, de la CERSJ que dejando de reconocer la fuerza y vitalidad de la organización popular, le impuso sus determinaciones haciendo artificios prepotentes del manejo demagógico de una negociación formal abortada por los hechos. Salta a la vista, por lo demás, la escasa visión de los gobernantes al fijar las prioridades de la reconstrucción; sólo a quienes se hallan muy alejados de la realidad se les ocurre destinar el dinero de las donaciones para financiar los edificios públicos y las escuelas y anunciarlo cínicamente y sin ninguna explicación a quienes se encuentran, por la desgracia, en la calle. Por lo demás, la reconstrucción en Ciudad Guzmán sigue en marcha...

CONCLUSIONES

De los antecedentes

Ciudad Guzmán es pues una aglomeración urbana que tiene en su historia muchos capítulos de desastres provocados por eventos sísmicos y vulcanológicos. La conformación actual en el rango de la reproducción de la fuerza de trabajo es una consecuencia de diferentes fenómenos sociales y económicos que han establecido una serie de ocupaciones y subocupaciones de la población mayoritaria, ligada a la función urbana establecida por el cambio del rol regional, de un proceso de desintegración de las antiguas formas regionales y la integración de esos espacios a un desarrollo capitalista muy dependiente del gran capital nacional y transnacional. La reproducción de la fuerza de trabajo se hace a partir de esas circunstancias en donde tanto el crecimiento natural como las migraciones del contexto rural hacia la aglomeración urbana ha determinado desde hace relativamente pocos años, una densificación demográfica que ha presionado sobre los ámbitos de vivienda, sobre las fuentes de empleo, y desde luego, sobre el consumo en todos los órdenes.

Económicamente la población mayoritaria de Ciudad Guzmán ha desplegado diversos mecanismos para enfrentar sus condiciones materiales en un contexto urbano que bien poco ha podido atender, tanto en el renglón del trabajo, como en el de la vivienda, como son los subempleos y el propio desempleo, que sólo ha asegurado la reproducción de las unidades domésticas basadas en niveles infrasubsistentes, en los que gracias a las relaciones de ayuda entre familias extensas se han podido mantener. Estos aspectos han sido reflejados en las estadísticas presentadas antes.

Socialmente los guzmanenses antes de los sismos de 1985 no habían desarrollado vínculos de organización globales para demandar la satisfacción de sus necesidades, sino que en ciertas instancias como la organización de los colonos de Cristo Rey, Provipo y algunos círculos de reflexión promovidos por el clero secular, entre otros casos, era en las que se generaban algunos mecanismos de defensa y/o demandas de mejores condiciones de vida.

El gobierno municipal había realizado algunos proyectos para dar salida a las demandas de vivienda, como lo fue el Fraccionamiento Constitución; que para la población no presentaba una alternativa viable, tanto por dudas en un manejo administrativo como por carecer de los servicios urbanos indispensables.

La articulación de los gobiernos federal, estatal y municipal respecto al manejo de la ciudad (en los aspectos urbanos propiamente dichos) se había dado a partir del Plan General Urbano que contenía ciertas determinaciones de las cuales lo que concernía a los cambios vitales, y la limitación del crecimiento de la ciudad hacia el oriente, eran los que a ojos de los ciudadanos guzmanenses, se veían como los más amenazantes a sus ya precarias condiciones de sobrevivencia urbana.

De la emergencia y la reconstrucción

Cuando se sucedieron los temblores; se crearon los damnificados, intervino el ejército, los munícipes desalojaron y descombraron; llegó el gobierno y su corte, luego el Presidente y su corte, en fin se produjo en un corto lapso de tiempo una gran movilización social. Los damnificados se empezaron a organizar para lo cual los núcleos anteriores de organización civil, jugaron un papel muy importante. El movimiento social, a mi juicio, desembocó en una serie de demandas que se encaminaban más bien hacia la solución de los problemas sociales más acuciantes, es decir, la vivienda y el empleo, que a "aminorar riesgos sísmicos". De hecho aquellos problemas habían sido desnudados por los sismos, de tal suerte que este asunto me parece de extraordinaria relevancia en el terreno de los efectos producidos por los movimientos telúricos. En esta parte del proceso fue muy evidente que las autoridades de todos los rangos carecían de información respecto al asunto de los riesgos sísmicos, a pesar de la contundente historia tectónica y vulcanológica del lugar. Prueba de ello fue la búsqueda de información en ese momento relativa a ese problema y la improvisación de acciones (como los intentos de desalojo, cancelación de permisos de construcción, etcétera) que sólo acentuaron el descontento de los grupos de damnificados.

El concepto de "ajuste sísmico" puede nutrirse mucho con la experiencia de Ciudad Guzmán, y a mí me parece muy revelador el hecho de que las condiciones deficientes de existencia urbana -la miseria pues- hayan configurado una movilización social que hizo a un lado el riesgo sísmico (aunque no del todo, puesto que en los programas de construcción y reconstrucción de viviendas, tanto damnificados como autoridades, resolvieron olvidar al adobe como material de edificación) para orientarse a resolver la cuestión de la vivienda en el corto y mediano plazo. Sin plantearse, como punto de referencia en la toma de decisiones, otras alternativas que contemplaran precisamente el riesgo sísmico o bien el de tipo vulcanológico que les ha creado históricamente muchos malestares. En este sentido muchos esfuerzos de la investigación de los riesgos naturales se han encaminado por los terrenos de la percepción, de los riesgos en la población, y a veces no se explican el por qué los núcleos sociales permanecen haciéndole frente a los riesgos aún cuando entienden la eventualidad de esos sucesos naturales. La experiencia de Ciudad Guzmán, del sur de Jalisco, es sumamente importante porque ahí se pueden encontrar algunas respuestas sociales caracterizadas simple y llanamente por la ausencia de otras alternativas, y para ser más claro: la imposibilidad de acudir a otras acciones -mucho más eficientes en el aspecto de la seguridad- en las actuales condiciones de existencia social.

Para no dejar lo anterior a expensas de interpretaciones deformadoras, debo hacer otras precisiones. La primera es que no implicó la necesidad de hacer revoluciones sociales para terminar con los riesgos de los temblores. Más bien la realidad de la existencia social exige una atención cuidadosa que debe llegar a la explicación de las respuestas que ofrece socialmente un núcleo de población damnificada, como en el caso de Ciudad Guzmán. Debe quedar claro -para los investigadores de los riesgos naturales y a quien corresponda- que la justicia social es un concepto que no puede dejarse de lado cuando se discute la cuestión del "ajuste" o de "aminorar" los riesgos sísmicos.

Otra precisión: a nivel de la sociedad global, las responsabilidades frente a los riesgos de la naturaleza no deben diluirse en la "sorpresa" y la consecuente improvisación de acciones de respuesta. En este sentido la responsabilidad de un gobierno que administra los ingresos y los egresos de la sociedad, es mayor y su legitimidad está, en parte, sujeta a la forma en que encara esas responsabilidades.

Ahora, regresando al asunto de la justicia social, cabe hacer otra reflexión: en las indagaciones de Jackson y Burton (1980) se afirma que a pesar de que el ajuste predominante en el presente, que consiste en financiar la rehabilitación y la reconstrucción, es políticamente conveniente para los gobiernos, resulta ser, por otro lado, el que en opinión de los autores tiene un efecto más negativo en la reducción de los riesgos. Este planteamiento se basa en que ese hecho repercute en desviar el énfasis del enfrentamiento con la pérdida y en influir hacia los afectados un sentimiento de negación de responsabilidad respecto a los riesgos. Asimismo estiman que con ello el peso de la pérdida se distribuye (o repercute) en toda la sociedad, sugiriendo entonces que los riesgos sean de exclusiva responsabilidad de quienes están sujetos a ellas.

En el caso de Ciudad Guzmán, las acciones gubernamentales -por lo menos las vistas en el lapso de trabajo de campo- estuvieron muy alejadas de presentarse como una verdadera opción de financiamiento, tanto en rehabilitación como en la reconstrucción. La solidaridad civil nacional e internacional aunque se veía llegar fue canalizada en buena parte por los conductos oficiales de tal suerte que en el momento post-desastre, las acciones organizativas de los damnificados no desviaron su enfrentamiento respecto a las pérdidas sino más bien fue el contrario. Ahora bien, la cuestión de la responsabilidad en los riesgos, es sumamente importante, y hay que intentar llegar a aquella aunque sea aproximadamente. ¿Cómo se pueden fincar o absolver responsabilidades frente a los riesgos sísmicos? En otro tipo de sociedad seguramente habrá otras respuestas a la pregunta. En México buena parte de su territorio está sujeto a esos riesgos, empezando desde el norte de la Península de Baja California y llegando al centro, occidente y sur de Oaxaca que abarcan las áreas de mayor densidad demográfica. La ocupación del territorio, desde el punto de vista histórico, no se ha dado por considerar los riesgos naturales, sino en una secuencia de conquistas de espacios que ha tenido muchas implicaciones económicas, políticas y hasta estratégicas. Muchas de las zonas sismológicamente riesgosas, mantienen en la actualidad importantes explotaciones de recursos naturales y grandes producciones agropecuarias, como el caso del sur de Jalisco, que han aglutinado a fuertes núcleos de población. La concentración demográfica de la ciudad de México, de proporciones monstruosas, se ha dado precisamente porque es el lugar que ha centralizado las mayores alternativas productivas y en donde han llegado numerosas masas de población campesina de todos los rincones del país, aun de áreas no sísmicas. Por lo que en consecuencia propongo considerar lo siguiente:

* Los motivos de los grupos humanos para ocupar determinadas áreas, se deben, entre las principales razones, a necesidades de primer orden, como es el poder producir para reproducirse. En un país como el nuestro que no goza precisamente de una estructura socioeconómica equitativa, la población dentro de esos marcos, se agrupa conformando una cierta división territorial de la producción, del trabajo, etc., de la que la sociedad global se sirve y reproduce; lo que en consecuencia hace que esa sociedad sea precisamente la responsable de que ciertos grupos humanos se hallen instalados en zonas de riesgos naturales. Dicho en otros términos: en una sociedad históricamente determinada, la distribución espacial de los agentes de la producción (tierra, trabajo y capital) corresponden a sus propias determinaciones, ya que es esa su base de reproducción y en consecuencia no les son ajenos aquellos factores de la naturaleza que ofrecen riesgos a alguna de sus instancias.

* Como la reconstrucción en Ciudad Guzmán está en marcha, no deseo formular otras observaciones concluyentes, sólo me interesa hacer una crítica a la manera en que las autoridades enfrentaron el problema de la reconstrucción. Durante la emergencia, los diferentes niveles de gobierno tuvieron un exceso de titubeos que más bien parecían reflejar sus propias contradicciones y la inexistencia de información respecto a estos asuntos, como ya señalé. De tal manera que ello permite interpretar que sus acciones inmediatas y luego las que ejercieron cuando empezaron a clarificar su proyecto de reconstrucción, estaban muy alejados de un propósito real de asumir sus responsabilidades. La intervención militar en el momento de la emergencia pareció imponerse al vacío de autoridades y -honor a quien honor merece- a pesar de lo cuestionable del famoso Plan DN-III-E fue la única medida de gobierno que cumplió sus propósitos.

* En el corto período del proceso de reconstrucción que examiné, las relaciones entre los damnificados organizados y las autoridades tuvieron que romperse para seguir caminos diferentes, y a mi juicio, ello se debió a que cuando las autoridades empezaron a tomar las decisiones lo hicieron bajo un inflexible principio de autoridad que sólo los desautorizó. Ello es muy preocupante y me parece que justifica lo suficiente la legitimidad del proceso de reconstrucción popular. Y es preocupante no porque se deba conceder a la autoridad la preeminencia en las acciones de este tipo, sino porque las prácticas políticas de acopio de medios para la reconstrucción, enarboladas por los gobernantes, desestimaron la capacidad del pueblo lo que no hace sino desviar los verdaderos esfuerzos por resolver una desgracia que ha de ser temporal, en cuanto a las afectaciones primarias. Lo que quedó demostrado en ese entonces es que el pueblo no requiere de sanciones de la autoridad, respecto a su capacidad de regularse y que por el contrario, en determinado momento, la autoridad es un verdadero estorbo.

* Los efectos observables de los sismos en Ciudad Guzmán evidenciaron, en resumen, las contradicciones de clase que conforman a nuestra sociedad, las agudizaron, lo que consecuentemente caracterizó la movilización post-desastre. Si hago críticas a las acciones gubernamentales, es precisamente porque jugaron un papel importante en la movilización social, tratando de controlarla -y no sé hasta qué punto lo logren. Ciertamente debiera de conceder que el gobierno no es el culpable de todo, pero es un gran culpable cuando funciona denodadamente para mantener las condiciones que hacen explosión en momentos como el propio desastre sísmico. Tal vez otros alcances dejarían ver que no es el gobierno el estorbo, sino la sociedad misma que lo ha engendrado.

Deseo terminar este trabajo con la mención al asunto de la objetividad científica. Cuando la suerte de un pueblo está en cuestión, la objetividad está de su parte, o dicho en otros términos, la objetividad se ciñe al derecho de ese pueblo a autodeterminarse. A lo largo de la exposición del trabajo se pudo perfilar tal vez, una posición parcial del autor, desde luego, al lado de la movilización popular, esto es cierto y lo confirmo en estas líneas. No hay razones para esconderlo. Las desgracias del pueblo mexicano no pueden esperar de la ciencia un papel neutral.

BIBLIOGRAFÍA

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